La motivación para desarrollar el presente trabajo responde a la importancia de identificar un medio que permita que el actuar empresarial, no afecte el derecho a la protección datos personales del trabajador, el que en muchas ocasiones puede ser objeto de vulneración, no necesariamente voluntaria por parte de la empresa. Al respecto, se analiza el régimen jurídico de la libertad de empresa en el Perú, precisándose las facultades de las que ésta goza de manera general y en el ámbito de la relación laboral, específicamente y se examina si existen limitaciones al ejercicio de dicho derecho en el ámbito laboral, analizándose de qué manera se podrían evitar las injerencias del poder de la empresa frente al trabajador y a la vez salvaguardar la libertad de empresa. Cabe indicar que el presente trabajo desarrolla el contenido del derecho a la protección de datos personales del trabajador, mostrándose de un lado prácticas empresariales que pueden afectarlo y de otro lado, estándares de prevención internacional, que siguen empresas para no vulnerarlo. En consecuencia, el presente trabajo propone el ejercicio del ejercicio del derecho al olvido, como un mecanismo para evitar que ciertas prácticas empresariales vulneren el adecuado tratamiento de los datos personales de los trabajadores.

Sabemos que el Sistema de Pensiones Peruano necesita ser reformado, toda vez que existen diferentes sectores poblacionales que vienen siendo afectados por el Sistema Previsional actual, el mismo que anteriormente ya ha sido reformado bajo el “Modelo Paralelo” permitiendo que coexistan el sistema privado de capitalización con el sistema público de reparto. Estos sectores tienen demandas específicas según sus propias necesidades, como por ejemplo el sector no contributivo que requieren del Estado el aseguramiento de una pensión; el sector contributivo afiliado al Sistema Público de Pensiones que demandan acceder a una pensión proporcional a su tiempo de aportación, y a montos de pensión más elevados; el sector contributivo afiliado al Sistema Privado que requieren se les asegure un monto de pensión mínima cuando su fondo de capitalización sea insuficiente; y en general el sector contributivo constituido por trabajadores dependientes, quienes requieren que la afiliación y aportación a un sistema de pensiones sea voluntario y no obligatorio. Ante esta situación, consideramos que la solución debe estar basada en una reforma integral, por ello con el presente trabajo proponemos el establecer un Sistema Multipilar de Pensiones en nuestro país, ya que debido a su estructura éste cubriría la mayor cantidad de demandas manifestadas por los peruanos.

Hace cinco años, a raíz de la publicación del Decreto Supremo N° 014-2011-TR, el arbitraje laboral económico, que resuelve la negociación colectiva entre organizaciones sindicales y empleadores, ha cobrado una gran importancia. A la fecha, podríamos catalogarlo como la novedad más resaltante que se ha presentado en el último lustro en lo que respecta a mecanismos de solución de conflictos laborales económicos.

El presente trabajo académico tiene por objetivo determinar los alcances del control judicial que los tribunales peruanos pueden ejercer, en vía de anulación de laudo, frente a vulneraciones al principio de congruencia en sede arbitral. La primera sección de este trabajo académico contiene el marco teórico sobre las instituciones procesales vinculadas al principio de congruencia y al arbitraje en el Perú. La segunda sección, por su parte, desarrolla el análisis crítico del autor respecto de las posibilidades de tutelar, en vía de anulación de laudo, las diversas afectaciones al principio de congruencia. A partir de lo explorado, el autor concluye que, en gran medida, las diversas vulneraciones al principio de congruencia constituyen causales de anulación de laudo bajo el amparo del artículo 63.1.d) de la Ley de Arbitraje. / The purpose of this academic paper is to determine the scope of the judicial control that Peruvian courts may exercise, by way of annulment of the award, against violations of the principle of congruence in arbitration. The first section of this academic work contains the theoretical framework on the procedural law concepts related to the principle of consistency and arbitration in Peru. The second section, on the other hand, develops the author's critical analysis of the possibilities of protecting, by way of annulment of the award, the various affectations to the principle of congruence. Based on what has been explored, the author concludes that the various violations of the principle of consistency constitute grounds for annulment of the award under Peruvian law and case law. / Trabajo académico

La presente investigación, se dirige en el marco general del Derecho Administrativo y especialmente en el Derecho de Protección al Consumidor. En ese sentido, partiendo de la finalidad que cumple el Sistema de Protección al Consumidor en adelante el “Sistema” y por tanto el Código de Protección y Defensa de los consumidores, en adelante el “Código”, se analiza cuál debe ser la naturaleza del procedimiento de protección al consumidor que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte. Es así que, la investigación se divide en introducción, 4 capítulos, problema de investigación, conclusión y bibliografía. En la parte introductoria se desarrolla, la pregunta principal, objetivos de la investigación, planteamiento del problema de manera general, hipótesis, justificación del tema, así como las fuentes analizadas.. Asimismo, se desarrollan cuatro capítulos. En el primer capítulo se analiza la finalidad del Sistema y la Política Nacional de Protección al Consumidor, que son las bases de la protección al consumidor. En el segundo capítulo se analiza de forma general la aplicación de la Ley del procedimiento Administrativo General. En el tercer capítulo, se analiza la situación actual del procedimiento, a fin de dar conocer sus características y herramientas con las que se cuenta normativamente. En el cuarto capítulo, se plantea la solución al problema y se brinda argumentos por los que el procedimiento trilateral sería el más idóneo en el caso de denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor. De acuerdo a ello, se demuestra que el procedimiento administrativo que se sigue ante el Indecopi por denuncia de parte en procedimientos de protección al consumidor, debe ser trilateral y no sancionador, considerando al procedimiento sancionador, sólo una herramienta más con las que cuenta la Administración Pública para disuadir conductas infractoras y no el fin en sí mismo del referido Sistema.

El controvertido régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios y la creación del título valor denominado factura negociable serán los protagonistas en este trabajo de investigación que tiene por objeto demostrar que ambos regímenes son incompatibles entres si, dado que uno de ellos puede colisionar directamente con los derechos que cautela el otro. INTRODUCCIÓN Para tal fin, este trabajo de investigación se sustenta en que la circulación del título valor factura negociable debe restringirse únicamente a facturas o boletas comerciales más no a recibos por honorarios, en el supuesto de que un trabajador contratado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios transfiera su recibo por honorarios mediante endoso a un tercero, produciéndose una novación subjetiva de obligación, ya que pasamos de una obligación laboral a una netamente comercial. Sin embargo; cabe precisar que lo que transfiere el trabajador no es solo una suma de dinero sino que esa suma de dinero incorpora su remuneración, la misma que en nuestro ordenamiento ha sido elevada a rango constitucional calificándosele como irrenunciable y estableciéndose ciertas reglas para su disposición. En ese sentido nos encontramos ante una disyuntiva entre el derecho comercial y el laboral, entre la libre circulación y autonomía de un título valor contra la intangibilidad de la remuneración. Par tal fin, en esta investigación se utilizará diversos métodos, como el metodológico explorativo, ya que al haberse escrito poco sobre el tema es necesario hacer un análisis explorativo detallado. Luego de ello se analizarán ambos supuestos para que una vez expuestos sean confrontados, demostrándose que ambos son incompatibles entre sí en el extremo anteriormente señalado. En principio, se iniciará con el análisis de la factura negociable en la legislación peruana, señalando los antecedentes de la misma y su naturaleza jurídica. La segunda sección tiene por objeto analizar de manera general la protección de la remuneración en nuestro ordenamiento nacional. Finalmente, se contrastará la incompatibilidad existente que originaría una colisión entre el derecho cambiario y el derecho laboral.

Resumen: No es novedad la pretensión de objetivar las valoraciones jurídico-penales en el tratamiento de los delitos. Sí lo es que a las restricciones de los derechos fundamentales se les exija legitimación que, a decir del autor, encuentra contenido material en la lectura constitucional de la actuación de operadores de justicia y restricción o limitación de los derechos fundamentales del involucrado en un suceso de riesgo prohibido a título de delito imprudente. El autor denuncia, en los casos que presenta, la manipulación de personas a quienes se les lesionó la dignidad y otros derechos cuando fueron sometidas a un proceso que eventualmente produjo sentencias condenatorias o declaración de culpabilidad que se enmarcan en procesos penales que califican de meros rituales. / Abstract: It is not new the attempt to make legal assessments more objective in the treatment of crimes. However, it is new to require the limitation to restrictions on fundamental rights. According to the author, the content of this limitation is located in the constitutional interpretation of judges and prosecutors and in the restriction or limitation of fundamental rights of the accused of a negligent crime. In the cases presented by the author, he denounces the manipulation of people that had their dignity and other rights injured when they were subjected to a trial that declared them guilty under criminal proceedings which are mere rituals. / Tesis

La tesis: “El remedio aplicable frente a la resolución unilateral del Contrato Chinchero: Estudios sobre el problema de una cláusula patológica”. Tema justificado en derecho civil, para aplicar correctamente los remedios “resolución por incumplimiento”, “receso o desistimiento contractual”, “condición meramente potestativa”; y principios de interpretación del contrato. Problema: análisis de la cláusula por la que el concedente resuelve unilateralmente el Contrato Chinchero. Objetivos: identificar la naturaleza jurídica de cláusula recesal y remedios aplicables a una cláusula patológica que ataca la validez y vigencia del contrato. Hipótesis planteadas, en primer lugar desconocimiento de operadores del derecho sobre el correcto uso del receso contractual; y, en segundo lugar uso de remedios contractuales para el tratamiento de una cláusula patológica que afecta un contrato válidamente celebrado. Se emplea el método exegético, dogmático y funcional. Resultados: la naturaleza jurídica de la cláusula que resolvió unilateralmente el Contrato Chinchero: “Por razones de interés público debidamente fundadas, el concedente puede resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento” (cláusula 15.5.1); corresponde a una de receso convencional por “justa causa”, que adolece de patología porque la redacción de justa causa en estricto contempla el supuesto de una condición meramente potestativa, ya que el hecho concreto - supuesto condicional extintivo unilateral del contrato, está a cargo del arbitrio exclusivo del Concedente; quien por decisión personalísima, criterio discrecional y libre albedrío; decide en el momento que lo desee sin justificación, motivación y probanza adecuada el término del contrato, lo que conlleva un ejercicio arbitrario y abusivo de la parte que está en mejor posición contractual. Concluimos con el tratamiento de la cláusula patológica que al contener una condición meramente potestativa; de acuerdo con la doctrina italiana, alemana y española; así como parte de doctrina nacional, debe tenerse por “no puesta”; en mérito del principio de conservación; en aplicación conjuntiva con la buena fe objetiva contractual, fuerza vinculante del contrato y seguridad jurídica; manteniéndose la validez y eficacia del contrato.

De la lectura e interpretación del artículo 326 del Código Civil, se tiene que, aquella unión convivencial no alineada a los parámetros señalados en el mismo articulado (unión impropia), no producirá efectos jurídicos. La medida pareciese adecuada si lo que se pretende es omitir de legalidad a aquellas uniones que no mantengan vocación de concreción y realización familiar. No obstante, dicha situación resulta perniciosa si su materialización y configuración escapa del parámetro fáctico bajo la cual fue pensada. Este es el caso de la unión impropia revestida de buena fe, en donde, al menos un integrante desconoce que su relación carece de legalidad; así, aquel mantiene una idea ficta: su unión es reconocida y genera derechos. Ante ello la norma es clara y de manera genérica, le niega el reconocimiento de efectos jurídicos. Teniendo claro ello, el objeto de la presente investigación se enfoca en la posibilidad de otorgar efectos jurídicos en favor del conviviente concurrente de buena fe; para ello, se realizará un análisis exegético, dogmático, comparativo y funcional de la unión de hecho impropia de buena fe, para así, ensayar una nueva fórmula de tutela frente a estos casos. Finalmente, concluimos con la siguiente premisa: a través del método integrativo de la norma, derechos de la personalidad, buena fe y dignidad humana, resulta factible otorgar efectos jurídicos en favor de dicho conviviente, consecuentemente, la buena fe, en todas formas, merece ser tutelada.

En el presente informe de relevancia jurídica se analiza el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 2005 por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI contra el Consorcio de Servicio de Transporte Turístico Machu Picchu S.A.C. en mérito de la denuncia presentada por la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco por presuntamente haber incurrido en una conducta de abuso de posición de dominio en la modalidad de precio excesivo y discriminación explotativa. La denuncia de la AATC estuvo motivada por el incremento en la tarifa de transporte que había comunicado CONSETTUR para el 2005 en su calidad de único operador en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de Machu Picchu en la que prestaba el servicio de transporte terrestre. Específicamente, la AATC denunció el alza en la tarifa de “turista extranjero” que incrementó de $ 9.00 a $ 12.00 y señaló que dicho aumento constituía un precio excesivo impuesto por el concesionario. En el procedimiento sancionador se analiza, principalmente, si la conducta de CONSETTUR se encontraba prohibida bajo el Decreto Legislativo 701 y, por lo tanto, si podía ser sancionada por la autoridad de competencia. Asimismo, en el marco de su competencia, el INDECOPI propuso una abogacía de la competencia con la finalidad de promover la competencia en una futura licitación para la concesión de la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de Machu Picchu. En esa línea, la primera parte del presente informe tiene como finalidad determinar el objeto y alcance de la política de competencia en el país y, sobre ello, si la conducta que se le imputa al concesionario se encuentra tipificada como una modalidad de abuso de posición de dominio y debe ser sancionada por el INDECOPI. Para ello, se analizará el modelo constitucional con especial énfasis en su manifestación económica, así como la legislación en la materia y su compatibilidad con la conducta imputada a CONSETTUR en el presente caso. En la segunda parte, se determinará si el diseño de la licitación pública convocada por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu para la concesión de la ruta de Aguas Calientes – Puente Ruinas – Ciudadela de MP promovió la competencia entre la inversión privada por operar la ruta con la finalidad de que se elija al mejor postor posible para prestar el servicio de transporte terrestre a favor de los usuarios. Para ello, se analizará los requisitos sobre los que se convocó en concurso público, así como particularidades del mismo que determinaron la elección del postor ganador.