Es una verdad ampliamente aceptada en la doctrina, el hecho de que el proceso es el "eslabón perdido" del sistema de tutela sustantiva de derechos, en el sentido que aquél garantiza la exigibilidad o justiciabilidad de los derechos materiales o sustantivos, lo cual calza plenamente con su naturaleza instrumental, pero que a su vez tiene un efecto "reflejo" en el núcleo duro de las políticas instrumentadas por el Estado para lograr sus fines últimos; esto en materia de la Constitución Laboral encuentra plena sintonía con las líneas de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente y Buenas Prácticas Laborales. En ese sentido, el presente trabajo plantea indagar como una política procesal "pura" (la reforma del proceso laboral) puede influir o tener incidencia en la médula de las políticas sociales consensuadas respecto de las Buenas Prácticas Laborales.

El aborto en el Perú está prohibido de manera parcial pues legalmente solo se permite su práctica en determinados supuestos, como son el aborto terapéutico, sentimental y eugenésico, regulados en los artículos 119 y 120 del Código Penal. De dicho panorama se colige que la vida de las mujeres debe estar en riesgo para que se les permita interrumpir sus embarazos, lo cual nos lleva a preguntarnos por qué está penalizado el aborto libre, voluntario y legal en el Perú en el cual sean las mujeres las que decidan cuándo solicitar un aborto. Así, este trabajo recoge aquella interrogante y se plantea una pregunta específica: ¿por qué la regulación penal menoscaba los derechos de las mujeres que desean interrumpir sus embarazos? Como hipótesis, este trabajo sustenta que la regulación peruana del aborto se construye como un castigo hacia las mujeres al dotar de validez absoluta al derecho a la vida del embrión, desatendiendo que las mujeres son titulares del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, la integridad física y la integridad psicológica, y a ser tratadas como fines y no medios e ignorando las recomendaciones de organismos internacionales, los cuales se muestran a favor de la despenalización del aborto. De esta manera, este artículo postula que la regulación del aborto carece de fundamentos jurídicos, lesiona derechos de las mujeres, simpatiza con las posturas provida y no es una medida idónea para el fin legítimo de protección de los bienes jurídicos propios de un estado constitucional. / Abortion is partially legal in Peru due to the fact that it can only be done in some cases, such as a therapeutic, sentimental or eugenic abortion procedure, which can be found in articles 119 and 120 from the Penal Code. Such scenario suggests that the life of women must be in danger in order to ask for an abortion, which leads us to question why is it illegal to have a free, voluntary and legal abortion procedure in Peru, in which it would be women who choose whether to have it or not. So, this work picks up that question and constructs another one: why does the criminal law violate the rights of women who wish to have an abortion done? As a hypothesis, this narrative suggests that the peruvian regulation of abortion is actually a punishment for women as it gives absolute worth to the embryo and its right to live, while lacking to protect some of the following rights that women have: the right to the free development of personality, the right to health, the right to a physical and mental integrity, the right to not be treated as means to an end, meanwhile choosing to ignore the recommendations from international organisms which defend the decriminalization of abortion. So, this work explains that the regulation of abortion in Peru lacks of lawful arguments, violates the rights of women, sympathizes with prolife affirmations and is not suitable to achieve the aim of protection of legal assets common in a constitutional state of law.

El presente trabajo de investigación expone la problemática que existe para las personas trans su empleabilidad e inserción laboral, cuyo objetivo general es exponer la discriminación de la que son víctimas por su identidad y expresión de género lo cual perpetúa la marginación a la que son sometidos en los diferentes espacios de su vida y limita o hasta evita que logren desarrollar un proyecto de vida en dignidad. Asimismo, se evidencia que el derecho del trabajo es una herramienta que nos permite utilizar sus principios y características, las mismas que al emanar en un espacio tan importante como el laboral; puede reivindicar los derechos de este colectivo y permitirles el real disfrute y gozo de todos sus derechos fundamentales en este espacio. A su vez, se plantea una solución en miras de buscar la inserción de las personas trans en el empleo decente desde condiciones de igualdad, así como establecer medidas que permitan una real erradicación de la discriminación múltiple hacia este grupo vulnerable, tomando como partida las herramientas que nos brinda el Sistema de Inspección Laboral a cargo de Sunafil. / This research work exposes the problems that exist for trans persons in their employability and labor insertion, which general objective is to expose the discrimination that they are victims due to their gender identity and expression, that perpetuates the marginalization to which they are subjected in the different spaces of their life and limits them from being able to develop a life project in dignity. Likewise, is evidenced that labor law is a tool that allows us to use its principles and characteristics, which emanates in a space as important as working places; can vindicate the rights of this group and allow them the real enjoyment of all their fundamental rights. At the same time, a solution is proposed in order to seek the insertion of trans persons in decent employment under conditions of equality, as well as to establish measures that allow a real eradication of multiple discrimination towards this vulnerable group, taking as a starting point the tools provided by the Labor Inspection System in charge of Sunafil.

En la actualidad, el uso de plataformas digitales para generar ingresos es una práctica común. Estos ingresos pueden originarse en diversas actividades, tales como la creación de contenido publicitario, la suscripción para acceder a contenido exclusivo, la cesión de espacios para insertar anuncios publicitarios, entre otros. En el presente informe jurídico se discute, a la luz de la legislación, jurisprudencia y doctrina, sobre el tratamiento tributario aplicable a las rentas generadas por personas naturales, específicamente a través de la cesión de espacios en sus plataformas digitales para insertar publicidad de terceros. Tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal mantienen una posición firme en que las referidas actividades generan rentas de tercera categoría, al involucrar la combinación de capital y de trabajo. Sin embargo, el tema aún sigue siendo objeto de debate. Por un lado, algunos autores sostienen que dichas rentas podrían ser clasificadas como de primera categoría, al basarse principalmente en la explotación de un capital. Otros expertos señalan que deberían ser consideradas como rentas de cuarta categoría, dado que provienen del trabajo independiente de las personas naturales. Considerando la popularidad y relevancia económica de estos ingresos, resulta importante analizar la naturaleza de las actividades que generan estas rentas para efectos de otorgarles un tratamiento tributario que sea coherente y justo. / The use of digital platforms to generate revenue is currently a very common practice. This income can be generated through different activities, such as the creation of advertising content, the subscription to have access to exclusive content, the granting of spaces to insert advertisements, among others. This legal report discusses, on the basis of legislation, jurisprudence and doctrine, the tax treatment applicable to income generated by natural persons, specifically through the granting of spaces in their digital platforms in order to include third-party advertisements. The Tax Administration and the Tax Court hold a strong opinion that the referred activities generate third category income, since they involve a combination of capital and labor. However, this topic is still under discussion. On the one hand, some authors argue that such income could be considered as first category income, since it is mainly based on the exploitation of capital. Other experts state that it should be treated as fourth category income, as it comes from the independent work of natural persons. In view of the popular nature and economic relevance of this income, it is important to analyze the specific nature of the activities that generate this income in order to determine a consistent and fair tax treatment.

En el presente trabajo se propone realizar el estudio y análisis de algunas normas o políticas de la regulación de la actividad de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en el Perú, a través del Test de la proporcionalidad (adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), lo cual conlleva la revisión de los fines que se pretenden alcanzar con las mismas. El estudio abarca distintos tópicos tales como la libertad de empresa, el análisis o ponderación de las políticas regulatorias, constitución económica, y recoge las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en dicha materia. Cabe indicar que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas se desarrolla en nuestro país bajo algunos costos, y al ser una actividad que el Estado permite de manera excepcional, incluso desincentiva, dichos costos suelen ser muy altos, siendo asumidos no sólo por los empresarios que deseen ingresar en dicho negocio (libre iniciativa privada), sino también por la sociedad y sus usuarios de dichos establecimientos. Dichos costos se sustentan o deberían sustentarse en los fines y objetivos de la regulación. En este sentido, a través del Test de la proporcionalidad se pretende analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son idóneos para alcanzar los fines y objetivos que se han propuesto.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) es, qué duda cabe, una de las instituciones más emblemáticas y mejor valoradas de nuestro país. Desde hace más de 150 años, esta organización cívica conformada por voluntarios asume altruistamente la responsabilidad de combatir incendios y atender todo tipo de emergencias que puedan poner en peligro la vida de las personas, el medio ambiente y la propiedad pública o privada. A pesar de la relevancia histórica de esta insigne institución y de la innegable importancia del servicio público que diariamente presta a favor de la sociedad, el apoyo que el Estado le destina y su tratamiento legislativo no siempre han sido los más favorables para el cumplimiento de sus fines. Ante esta realidad, a fines del año 2016 el Estado se propuso reformar el CGBVP con la intención de fortalecerlo, para lo cual se aprobó un nuevo marco legislativo aplicable a la institución a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 1260. Sin embargo, como se verá en este trabajo, diversas disposiciones del Decreto Legislativo 1260 y de su posterior Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2017-IN, se alejan claramente de su supuesta intención, lo que denota un claro descuido en la elaboración de la normativa aprobada. Incluso, a poco más de un año de su promulgación, ya han empezado a evidenciarse problemas prácticos derivados del actual diseño legislativo1. Ante tales evidencias, a través del presente trabajo se propone un análisis racional de la nueva legislación del CGBVP en base a la metodología de la evaluación de impacto normativo en su modalidad ex post. A tal efecto, se analiza el Decreto Legislativo 1260 en base al Test de Proporcionalidad según el cual, por un lado, se evalúa su constitucionalidad; y, por otro, se evalúa también su razonabilidad, considerando los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Finalmente, en base a los resultados del análisis se efectúan algunas propuestas de mejora para la legislación aplicable al CGBVP. / Trabajo de investigación

La investigación se avoca a una de las instituciones que por situaciones reales sus conceptos se han variado durante el paso del tiempo. La evolución de las creencias y costumbres del ser humano han reflejado diversas figuras que se han suscitado en ampliar el concepto actual de familia que se viene manejando dentro de nuestro marco normativo. Como primer objetivo es investigar las modificaciones que no se han visto reflejadas dentro de nuestra legislación; sin embargo, han sido empleadas por legislaciones comparadas que han reflejado criterios positivos en la aceptación de las distintas sociedades. Asimismo, también indagamos la manera en que nuestro ordenamiento está reaccionando a las nuevas tendencias de la unión convivencial desde su concepto hasta las propuestas de cambio que se deben realizar. Como finalidad buscamos la reflexión por parte de nuestros legisladores para una adecuada aplicación de los resultados de la presente investigación en la que se necesita una comprensión sobre los nuevos retos que vienen generando efecto dentro del marco normativo. El método empleado como parte del estudio de las normas jurídicas nacionales y comparadas es el exegético que con el análisis de cada legislación conllevará a homologar criterios con países tanto europeos como americanos. También se utiliza el método dogmático que nos permitirá estudiar las posturas investigativas y la propia apreciación para generar nuevos criterios Por último, se propone desarrollar una figura autónoma al concepto, así como un tratamiento autónomo que permita utilizar los diferentes criterios generando independencia, armonía e interés de la población nacional.

Consuetudinariamente y amparados en el principio de primacía de la voluntad de las partes, se vienen aplicando en nuestro país Cláusulas de No Competencia Post- Contractual en materia laboral, las cuales limitan de forma convenida el derecho a la libertad de trabajo por el pago de una contraprestación económica. No obstante, la falta de regulación puede generar abuso del derecho, entre otros motivos por el mayor poder de decisión del empleador en determinar los términos contractuales.

La investigación parte de la observación de diversos conflictos jurídicos que surgen a raíz del normal desenvolvimiento de una empresa (sociedad), premisa por la que nos enfocamos en aquellos relacionados a la manifestación de voluntad societaria emitida por los órganos sociales, toda vez que, éstos, muchas veces no son acertadas y ocasionan perjuicio (económico, patrimonial, entre otros) a los socios, a la sociedad en sí, e incluso a terceros; razón por la que, la Ley Nº 26887, dispone que los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, a través de un proceso abreviado, o un proceso sumarísimo, conforme a las estipulaciones del artículo 143° de la referida Ley. En mérito a ello, el Objetivo de la presente investigación es determinar la forma en la que se puede solucionar la existencia de diferentes vías procedimentales en los procesos de impugnación de acuerdos societario; apoyándonos, por ende, en las diversas opiniones de juristas, doctrinarios, en la ley societaria vigente, y otras leyes sustantivas y procesales de aplicación supletoria. Utilizando consecuentemente, el Método universal científico, y, el método general Inductivo y Descriptivo, los cuales permitieron descubrir y desentrañar los elementos que ocasionan la demora procesal innecesaria en los procesos de impugnación señalados. Llegando a observar que, la regulación vigente, relacionado a la existencia de diferentes vías procedimentales (abreviado y sumarísimo), afecta a la tramitación judicial de los procesos de impugnación, pues los convierte en procesos deficientes, latos, y con una demora procesal excesiva; concluyendo por ende, en la posibilidad de que el proceso de impugnación de acuerdo societario debe ser célere, por lo que, debe tramitarse, únicamente, en la vía del proceso sumarísimo, razón por la que se propone la modificación el artículo 143° de la Ley General de Sociedades.

En un escenario transformado por la innovación tecnológica, la regulación de contenidos audiovisuales no ha logrado seguirle el paso al surgimiento de un nuevo ecosistema digital. Esto se traduce en que, si bien el Estado reconoce la necesidad de regular los contenidos audiovisuales que se difunden de manera tradicional, a través de la televisión de señal abierta y la televisión paga, no es el mismo el caso de los contenidos que se transmiten a través de internet, siguiendo el modelo over-the-top. Los servicios OTT que distribuyen contenido audiovisual utilizan la conexión a internet que un usuario obtiene a través de un ISP (Internet Service Provider). Estos servicios no se encuentran regulados, pese a que la naturaleza de los contenidos difundidos es la misma, diferenciándose principalmente en el medio a través del cual se distribuyen. La presente investigación parte gira en torno a determinar si es necesario regular estos contenidos. / Trabajo de investigación