El presente trabajo de investigación estudia la Junta de Resolución de Disputas (JRD) como un mecanismo alternativo para resolver controversias derivadas de contratos de obras públicas suscritos bajo la normativa de contratación estatal. Sobre el particular, se realiza un análisis a partir del estudio del contrato de obra y la problemática vinculada durante los proyectos de infraestructura pública, así como la naturaleza de la JRD establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las modificatorias realizadas a través del Decreto Supremo N° 250-2020-EF. De igual forma, se revisan las experiencias de países que han utilizado este mecanismo tales como Honduras, Chile, Brasil y Estados Unidos, y la implementación paulatina de la JRD en nuestro país. A partir de dicha revisión y los análisis obtenidos del desarrollo de la investigación, se concluye que si bien la JRD se presenta como una herramienta más eficaz dada la inclusión de profesional técnico para resolver estos conflictos, la implementación de este mecanismo en nuestro país viene dándose una forma muy pausada, razón por la cual y dependiendo de las necesidades y/o acuerdos a los que puedan arribar las partes, resulta necesario acudir al panel de expertos cuando se requiera una resolución a partir de un análisis técnico o la obra necesite una permanente asistencia. En ese sentido, resulta prioritario la promoción del uso de la JRD a través de un marco legislativo que resulte óptimo para las partes y cuya implementación sea factible a fin que los proyectos puedan ejecutarse en buenas condiciones.

La creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo y la unificación de sus mercados, sociedades y culturas impulsa la aplicación de políticas en países en desarrollo, caracterizadas por la desregulación y eliminación de trabas al intercambio de bienes, servicios, la libre circulación de capitales y las transferencias de tecnología. Estos aspectos se relacionan a cambios tanto en la naturaleza como en las relaciones entre la sociedad, el Estado y el gobierno. La volatilidad y escasa cuantía de los flujos financieros de cartera y la aparente realidad del salto en la senda del desarrollo de ciertas economías asiáticas beneficiarias de la entrada masiva de inversión extranjera directa, ha contribuido a que se prime a la entrada de este tipo de inversión frente a la inversión en cartera como instrumento para el desarrollo. Precisamente ha sido este escenario de cambios el que alteró las decisiones estratégicas de los gobiernos de los países en vías de desarrollo y de las corporaciones transnacionales, variando el marco institucional y legal del sistema de comercio mundial y de los modelos globales de inversión extranjera directa (IED), ha sido ello también el punto de partida por el cual hemos elaborado este trabajo de investigación donde uno de nuestros propósitos ha sido conocer la normatividad nacional y el entorno económico global existente hoy en materia de inversiones y del comercio en general, para lo cual se ha incidido en el análisis de la legislación comparada, específicamente en el estudio del marco legal de la IED previsto para los países de América Latina estableciendo las diferencias y semejanzas con el Perú. En el presente estudio examinamos la evolución histórica de la inversión extranjera, que se inicia a partir de la década de los 70 considerando para tal circunstancia el marco de regulación jurídica establecido desde la Decisión 24, y se desarrolle un análisis de las normas de promoción a la inversión extranjera en nuestro país, además del contexto económico en que tales normas se emiten y rigen las actividades económicas del país, conducente con dicho propósito hemos identificado el tipo de tratamiento que se concede a la inversión extranjera, sus derechos, protección e incentivos. La delimitación temporal de nuestro estudio empieza desde inicios de los años 70 y se extiende hasta los tiempos actuales.

A través de una sentencia de vista que demuestra múltiples tipos de contrataciones a una obrera municipal que realiza la misma labor desde 1994 y que fue cesada a menos de dos semanas de haber presentado una queja por hostigamiento sexual ante su empleador, este informe explica un fenómeno que ha sido normalizado a través del tiempo tanto en el ámbito laboral privado como en el público y que acarrea graves consecuencias para el trabajador víctima de este, una de ellas, y la más grave para el sistema laboral, es la obstaculización a la tan anhelada la indeterminación laboral, yendo en contra de la estabilidad laboral. Pues la trabajadora sufrió de una desnaturalización de contratos desde iniciar la relación laboral, pues el servicio que realizaba para la municipalidad era perenne. Ello se demuestra a través de la ley de la materia y diversa doctrina que nos lleva a concluir que la trabajadora debió estar bajo la indeterminación desde su primer día de labores. Asimismo, se observan las distintas excepciones presentadas que se declararon fundadas, pese a que no tenían un análisis profundo detrás, por lo que se concluye de manera opuesta al juzgado. Finalmente, este informe busca que se comprenda la importancia de realizar correctamente un proceso de queja de hostigamiento sexual, así como la necesidad de generar un nexo causal sólido para poder respaldar el despido nulo solicitado, con un mayor sustento, se concluye que el juzgado acertó al conceder el despido nulo a la trabajadora

En la realidad peruana, específicamente, entidades del Estado, se han dado irregularidades plasmadas en los pronunciamientos de instituciones administrativas como es el caso del INDECOPI; por lo que, en la presente investigación, se procederá a analizar los recientes y controvertidos pronunciamientos de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, emitidos en las Resoluciones N° 0219- 2018/SPC-INDECOPI del 2 de febrero de 2018 y N° 0243-2018/SPC-INDECOPI del 7 de febrero de 2018, mediante las cuales, la autoridad administrativa concluye que la restricción consistente en la prohibición de ingresar con alimentos y/o bebidas ajenas a los establecimientos comerciales de Cineplex S.A. y Cinemark del Perú S.R.L., constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores, específicamente, su derecho de elección. Pronunciamientos que consideramos ser abiertamente inconstitucionales por haber sido emitidos sin tener en consideración el test de ponderación desarrollado por el Tribunal Constitucional y el contenido esencial tanto de los derechos de los consumidores como los de la libertad empresarial. Es por ello que, ante dichos pronunciamientos, expresamos nuestro total desacuerdo; puesto que, se está realizando una excesiva protección a los derechos de los consumidores, dejando de lado la libertad empresarial, la misma que es reconocida constitucionalmente como derecho fundamental. / Trabajo de investigación

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis jurídico sobre los problemas vinculados a la Resolución No. 3252-2014/SPC- INDECOPI, los cuales se encuentran relacionados a la protección al consumidor en materia de servicios financieros. Al respecto, el señor Nelson Víctor Castillo Flores presentó una denuncia en contra del banco BBVA Continental S.A. por presunta infracción a la normativa de protección al consumidor debido a la supuesta inclusión de cláusulas abusivas en un contrato de refinanciamiento de deudas de productos masivos y un pagaré, y la no atención de un requerimiento de información y un reclamo presentado por el cliente en virtud de un contrato de préstamo. A raíz de ello, se busca demostrar que no se realizó un análisis adecuado en base a la normativa de protección del consumidor y la normativa sectorial emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto a la necesidad de aprobación administrativa previa del clausulado cuestionado por el consumidor, su carácter abusivo y el desequilibrio de los riesgos asumidos por las partes. Además, comprobar que existe un incumplimiento al deber de información y de la acuerda atención de reclamos por parte de la entidad bancaria. Para ello, mediante la utilización de los métodos descriptivo, documental, comparado y analítico, que involucran la revisión y evaluación de la normativa aplicable, doctrina y resoluciones administrativas relacionadas a los temas en controversia, se podrá concluir que el Indecopi no realizó un análisis adecuado respecto al carácter abusivo de las cláusulas generales de contratación, la aplicación de la normativa que regulan estos acuerdos; y, que su actuación ha sido insuficiente para sancionar la inadecuada atención de reclamos y de requerimientos de información por parte de las entidades bancarias

El presente trabajo analiza el Expediente E-2719. Esta investigación busca evidenciar la problemática sobre la discordancia existente por la regulación societaria y tributaria y las resoluciones de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, en relación con los requisitos con los cuales deberá contar una operación societaria para que califique como una reorganización simple para efectos fiscales. El objetivo principal de esta investigación es determinar si los criterios establecidos en las resoluciones emitidas por ambas entidades interpretan de manera correcta la normativa societaria y tributaria que regula la reorganización simple. Se parte de la hipótesis de que la normativa fiscal en tanto hace una remisión expresa de lo que se entiende y debe ser considerado como reorganización de sociedades, a la Ley General de Sociedades, lo establecido en dicha normativa deben ser los únicos requisitos para que una reorganización simple califique como tal para efectos fiscales y goce del efecto de neutralidad. Esto se realizará a través de una investigación bibliográfica, donde prima la revisión, análisis y evaluación de fuentes bibliográficas de autores que han examinado este tema para efectos de generar un objetivo, una hipótesis y se llegue a una conclusión como resultado principal de la Investigación. Se llega a la conclusión de que tanto SUNAT y el Tribunal Fiscal hacen una interpretación extensiva y por tanto contra la ley, de los requisitos indicados por las normas societarias para que una operación societaria califique como una reorganización simple y por tanto (en tanto la propia normativa fiscal hace remisión a la Ley General de Sociedades) no genere impacto tributario ya sea respecto al impuesto a la renta (IR) como para el impuesto general a las ventas (IGV).

La huelga, conforme se encuentra regulada en Perú, es aquel derecho por medio del cual los trabajadores organizados acuerdan paralizar sus labores a modo de protesta en contra de su empleador, ya sea en el marco de una negociación colectiva o fuera de esta. Este derecho, como todo derecho fundamental, posee límites externos provenientes de su convivencia con otros derechos y, límites internos, provenientes de su conceptualización legislativa; siendo que, toda forma de huelga que se aleje del concepto legislativo será considerado como una huelga ilegal. En esa línea, resulta urgente modernizar al derecho de huelga, flexibilizando sus modalidades de acción de modo que se adecúe a la variedad de tipos de relaciones laborales y no se circunscriba a un modelo de empresa tradicional, donde la forma idónea de causar daño al empleador era con la paralización total y masiva del trabajo. En dicho orden de ideas, consideramos que el derecho de huelga adquiere mayor efectividad si se deja en manos de los trabajadores la decisión de la forma de protesta que realizarán en contra de su empleador, en vista a que, la paralización del trabajo no siempre es la manera mas efectiva de causar daño si tenemos en cuenta que no todas las compañías funcionan de la misma manera. Siendo esto así, la presente tesis analiza la efectividad de la huelga conforme se encuentra regulada y la posibilidad de implementar un modelo de huelga dinámico que permita a los trabajadores determinar la forma de manifestación de dicho derecho, pues, al igual que las relaciones laborales, el derecho de huelga está en la necesidad de variar acorde a las características del mundo laboral moderno, el mismo que se quedó congelado en el tiempo, pensado para una empresa de producción, donde la falta de mano de obra perjudicaba enormemente al empleador

La investigación que se desarrolla en este informe se justifica en la relevancia de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia, siendo el principal el relativo al derecho a la salud, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su vulneración, con miras a consolidar y precisar el cambio de su jurisprudencia en materia de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCA). De igual importancia, es el análisis de la vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, y garantías judiciales; en su relación con el derecho a la salud; así como el de la afectación del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas directas de violaciones de sus derechos humanos, y el cumplimiento del principio de reparación integral. El objetivo de este trabajo es sustentar una posición respecto a la resolución brindada por la corte aludida, contribuyendo así al debate en materia de DESCA, en base al estándar de protección de derechos establecido por esta y la normativa internacional pertinente en la materia. Conforme lo anterior, en este informe sostenemos la pertinencia de la consolidación de la judiciabilidad directa de los DESCA a través de la corte en mención, y el sustento brindado para esta.

El presente trabajo busca exponer como se realiza la certificación ambiental de los proyectos de inversión del sector comunicaciones relacionados a las actividades de radio y telefonía otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (en adelante, “DGASA”), y la problemática sobre la evaluación y aprobación en la certificación y su exigibilidad para las actividades de radio las cuales no se habrían realizado de manera adecuada, como si ocurre para las actividades de telefonía. En tanto, de la información recopilada y entregada por la autoridad ambiental confirma la hipótesis de los criterios de evaluación, procedimiento y certificaciones realizadas por actividad de radio y telefonía, lo cual da lugar al planteamiento de solución de mejora, dirigida a salvaguardar la protección del medio ambiente. Asimismo, de la información recopilada se puede tener en consideración los criterios de evaluación que se toman en consideración para los proyectos del sector comunicaciones y la brecha que existe en la certificación ambiental por actividades del mismo sector concerniente a la telefonía y radio, y la problemática para la evaluación y su exigibilidad por el nivel de impacto ambiental que pudiera generar, debiendo realizarse la gestión para la implementación de mecanismos de evaluación sectoriales y el seguimiento del cumplimiento del marco normativo ambiental a través de la aprobación de un Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Comunicaciones.

En el Perú, desde hace casi 100 años no hemos ampliado las causales de aborto no punible; desde 1924 sólo tenemos despenalizado el aborto terapéutico, a pesar de la grave vulneración a los derechos de las mujeres que esto representa. Mientras tanto, en otros países de América Latina hay una marcada tendencia en avanzar hacia una despenalización del aborto por otras causales y en el modelo por plazos, siendo determinante el papel que han cumplido las Cortes Constitucionales de la región, a través de fallos que han declarado la constitucionalidad del aborto en determinados supuestos. Por eso, el presente trabajo académico busca proponer a jueces/zas constitucionales y la ciudadanía en general argumentos constitucionales para sustentar la inconstitucionalidad de los delitos de aborto consentido y autoaborto en el Perú, a la luz de los estándares internacionales del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así mismo, considerando la argumentación desarrollada por las Cortes Constitucionales de la región que han avanzado en reconocer la constitucionalidad del aborto en el modelo de causales o plazos. Sostenemos que, en la actualidad, hay razones suficientes para declarar la inconstitucionalidad de los mencionados delitos en el ordenamiento nacional y avanzar hacia un modelo de plazos para la permisión del aborto en el Perú, a través de la afirmación constitucional del Estado Laico y la incorporación del enfoque de género en la ponderación de los derechos en conflicto entre el concebido y la mujer; así mismo, en el respeto de principios como la progresividad de los derechos humanos y la interpretación de derechos fundamentales como la vida, dignidad, salud, así como la igualdad y no discriminación, conforme a los estándares que se han desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado