El presente informe jurídico versa sobre el estudio de la Resolución 2365- 2018/SPC-INDECOPI conforme a las infracciones cometidas a los artículos 2.1, 19, 25 y 67,4 literal c) del Código de Protección al Consumidor – Ley N° 29571 (en adelante, el Código de Consumo), por parte de la Clínica San Gabriel (en adelante, La Clínica) contra la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado (en adelante, el Consumidor) al brindarle un servicio médico deficiente, puesto que del análisis del caso se puede desprender que las consecuencias o riesgos de la intervención quirúrgica, denominada litotricia intracorpórea, no fueron trasladadas de forma oportuna al Consumidor a través del consentimiento informado.. En tal sentido, la presente Resolución concluyó que la Clínica generó una clara afectación al artículo 2.1 del Código de Consumo por no lograr demostrar que ha otorgado una información clara, sencilla, suficiente, oportuna y veraz al Consumidor referente al riesgo de ruptura ureteral,, toda vez que la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado se realizó la intervención sin tener claro cuales serían los riesgos de la operación médica denominada Litotrica Intracorpórea, la cual desencadenó la pérdida de su uréter y riñón derecho, por medio, de una nefrectomía. Asimismo, la referida Resolución consideró que no hubo afectación alguna a los artículos 19 y 25 del Código de Consumo referentes a la prestación del servicio de litotricia intracorpórea, la cual a criterio de la Sala fue generada de forma correcta y cumpliendo las medidas de seguridad conforme a los avances de la ciencia y técnica del momento. / The present legal report deals with the research of Resolution 2365-2018/SPCINDECOPI pursuant to the violations committed to Articles 2. 1, 19, 25 and 67.4 literal c) of the Consumer Protection Code - Law No. 29571 (hereinafter, the Consumer Code), by the San Gabriel Clinic (hereinafter, The Clinic) against Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado (hereinafter, the Consumer) by providing her with a deficient medical service, since from the analysis of the case it can be inferred that the consequences or risks of the surgical intervention, called intracorporeal lithotripsy, were not transferred in a timely manner to the Consumer through the informed consent In this sense, this Resolution concluded that the Clinic generated a clear affectation to article 2.1 of the Consumer Code for failing to demonstrate that it has provided clear, simple, sufficient and truthful information to the Consumer regarding the risk of ureteral rupture, since Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado underwent the intervention without being clear about the risks of the medical operation called Intracorporeal Lithotripsy, which triggered the loss of her ureter and right kidney, by means of a nephrectomy. Likewise, the aforementioned Resolution considered that there was no affectation to articles 19 and 25 of the Consumer Code regarding the provision of the service, which, at the discretion of the Chamber, was generated correctly and complying with the security measures in accordance with the advances of the science and technology of the moment.

La indebida aplicación del artículo 9° de la Ley de Tributación Municipal genera que las municipalidades en aquellos casos donde dos o más personas se disputan la titularidad de un predio como propietarios o poseedores y solicitan su inscripción como contribuyentes, procedan al reconocimiento de ambos sujetos como deudores tributarios del Impuesto Predial, amparándose indebidamente en la citada norma. El citado actuar tiene como consecuencia que las municipalidades dirijan su acción de cobro a dos o más sujetos de forma simultánea, lo que conlleva a un doble cobro del impuesto o un doble pago por parte de más de un supuesto deudor tributario, lo que no resulta arreglado a ley. Si bien existen diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal en relación a nuestra problemática, no obstante, la jurisprudencia no ha definido cuál es la forma de otorgar la calidad de contribuyente cuando hay dos o más personas que afirman ser deudores tributarios directos, y entre los cuales existe un conflicto de propiedad. En ese sentido, resulta necesario plantear alternativas para hacer frente a la citada problemática, determinando que más allá de la verificación de los medios probatorios presentados por las partes, es necesaria la adopción de medidas legislativas, dado que en nuestra legislación existe un sistema consensual de transferencia de propiedad inmobiliaria, por lo que no hay reglas claras para determinar quién es el propietario.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.

En el presente trabajo académico se desarrolla un análisis del conflicto que se origina en la redacción de la normativa de contratación estatal peruana, referente a la nulidad de oficio del contrato administrativo, esto es, aquel que ha sido producto de un proceso de contratación en los que se han llevado a cabo actos que contravienen estas normas, lo que en suma con las potestades administrativas discrecionales que ostenta la entidad estatal que lo suscribe, deviene en una distorsión interpretativa de la misma, con consecuencias de diferente envergadura: desde una percepción general de impunidad ante las contrataciones nulas, hasta la convalidación de una serie de actos de corrupción1. Por ello, el exceso de discrecionalidad de la entidad debe ser objeto de control a través de la norma, separando de manera clara los actos anulables de los nulos, donde los primeros adolecen de vicios que no afectan el orden público, por lo que es posible privilegiar el interés general en su valoración sobre aquellos; mientras que, en los segundos, no cabe esta potestad al ser el ordenamiento jurídico el que ya ha realizado esta valoración y los califica de vicios que no pueden convalidarse debido a su innegable afectación del orden público. Por tanto, ningún acto propiamente nulo puede ser objeto de discrecionalidad en su declaratoria. Es así que mediante el análisis teórico de los presupuestos doctrinarios, en conjunto con una interpretación sistemática de la normativa en cuestión, se concluye en ratificar lo antedicho, debido a que no se puede negar la naturaleza de un acto que es nulo, ni aun amparándose en las potestades discrecionales de las que puede hacer uso una entidad.

La presente investigación aborda el problema de los Sistemas de Armas Autónomas Letales (SAAL), debido a que se tratan de armas que no dependen de un control humano, sino de su programación basada en inteligencia artificial (IA) para seleccionar y atacar objetivos militares. Este asunto constituye uno de los campos más novedosos del Derecho Internacional debido al creciente avance de la tecnología militar para poner en funcionamiento robots carentes de juicio humano en los conflictos armados. En tal sentido, esta investigación cuestiona si el uso de los SAAL es conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), principalmente con los Principios Distinción, Proporcionalidad, Precaución y Humanidad, con el objetivo de determinar cómo está regulado este tipo de armamento robótico en la conducción de las hostilidades. Por lo mencionado, se justifica que los SAAL, a pesar de que aún no están desplegados en los conflictos armados, están generando un intenso debate y preocupación mundial respecto a su legalidad y aplicación el DIH, como medio y método de guerra. Para comprender el marco general de regulación de las armas en el DIH se utilizó el análisis y el método sistémico. Finalmente, se concluye que el uso de los SAAL no es conforme al DIH porque viola los principios que constituyen su base y fundamento jurídico, siendo los seres humanos quienes deben mantener siempre el control y dirección de las hostilidades, para garantizar la observancia y cumplimiento del derecho de los conflictos armados.

El presente informe jurídico tiene como propósito analizar de manera detallada los argumentos y criterios esgrimidos en la Resolución N°2272-2018/SPC/INDECOPI, respecto a una denuncia por operaciones no reconocidas realizadas como consecuencia de la supuesta clonación de la tarjeta de crédito de la denunciante. En ese sentido, se analizará cuáles son las medidas de seguridad que la entidad financiera debe aplicar para cargar válidamente operaciones en la línea de crédito de la titular, particularmente en operaciones de disposiciones de efectivo y cumplir con el deber de idoneidad; asimismo, se analizará el criterio utilizado por la Sala para acreditar la clonación de una tarjeta y la posibilidad de flexibilizar la carga probatoria, considerando el principio de verdad material y las posiciones de las partes involucradas. Finalmente, se analizará la naturaleza y finalidad de la sanción administrativa como elemento disuasivo de futuras conductas infractores por parte de las entidades financieras y su relación con la materialización de operaciones no reconocidas. / The purpose of this legal report is to analyze in detail the arguments and criteria used in Resolution No.2272-2018/SPC/INDECOPI, regarding a complaint for unrecognized operations carried out as a result of the alleged cloning of the credit card of the complainant. In this sense, it will be analyzed which are the security measures that the financial institution must apply to validly charge operations in the line of credit of the holder, particularly in operations of cash dispositions and comply with the duty of suitability; Likewise, the criteria used by the Chamber to prove the cloning of a card and the possibility of making the burden of proof more flexible will be analyzed, taking into account the rules of the burden of proof, the principle of material truth and the positions of the parties involved. Finally, the nature and purpose of the administrative sanction will be analyzed as a dissuasive element of future infringing behavior by financial entities and its relationship with the materialization of unrecognized operations.

La transparencia constituye principio esencial dentro de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que a su vez forma parte del gran principio denominado Buen Gobierno, que sirve como orientador a las actuaciones de las entidades de la Administración Pública para el cumplimiento de sus objetivos, siendo su finalidad garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, tal principio se materializa a través del derecho de acceso a la información pública, el mismo que cuenta con herramientas por parte del Estado para conocer información que tiene carácter público y que la ciudadanía pueda ejercer un rol fiscalización en la gestión pública. No obstante, resulta importante analizar si estas herramientas, para hacer efectivo el mencionado derecho fundamental, terminan siendo eficaces, o por el contrario, debido a la burocracia estatal se termina desnaturalizando la transparencia en el Estado. Por tales motivos, el presente trabajo se centra en el análisis del principio de buen gobierno, específicamente de los subprincipios de transparencia y eficacia, y su concordancia con los mecanismos procesales y procedimentales para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; del mismo modo, se realiza un análisis sobre la eficacia del proceso de hábeas data y del procedimiento recursivo ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como resultado, se tiene que el principio de Buen Gobierno se encuentra garantizado con el rol que cumple el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la resolución de controversias en materia de acceso a la información pública, debido a que con la celeridad de sus procedimientos los ciudadanos pueden obtener un resultado más eficaz en protección del citado derecho fundamental.

En el presente Artículo pretende resaltar la importancia de la necesidad de la regulación de las Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS) en nuestro país en base a una investigación académica realizada respecto al desarrollo y evolución de estas TERAS, así como su relevancia para que las personas que padecen de infertilidad puedan ejercer su Derecho a la Reproducción, derecho que se pretende demostrar que está recogido por nuestro ordenamiento. En ese sentido y desde un punto de vista de Derecho de Protección al Consumidor, se va también a demostrar cómo es que este servicio médico es importante para los consumidores que adquieren este servicio, en tanto que actualmente se viene brindando por entidades públicas y privadas de salud. Esto a razón de un caso práctico llevando ante INDECOPI, donde se trató acerca de la idoneidad de una de las TERAS, esto es, la Fertilización in Vitro, en función a su propia naturaleza y además se señalará la importancia de la uniformización de un formulario de consentimiento informado cuando se adquiera este tipo de servicios. / This Article aims to highlight the importance of the need for the regulation of Assisted Reproduction Techniques (ART) in our country based on an academic research carried out regarding the development and evolution of these ART, as well as its relevance for people who suffer from infertility can exercise their Right to Reproduction, a right that is intended to demonstrate that it is included in our legal system. In that sense and from a Consumer Protection Law point of view, it will also be demonstrated how this medical service is important for consumers who purchase this service, as it is currently being provided by public and private entities. of health. This is due to a practical case brought to INDECOPI, where it was discussed about the suitability of one of the ART, that is, IFV, according to its own nature and also the importance of the standardization of a form was pointed out. informed consent when acquiring this type of service.

El presente informe jurídico analiza el fallo n° 43835/11 expedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde valora si la prohibición del uso del velo integral en lugares públicos por parte Estado francés vulnera los derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), específicamente, el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8); la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9); la libertad de expresión (artículo 10); y, de forma separada y en conjunta con los artículos mencionados anteriormente, la prohibición de discriminación (artículo 14). El TEDH en su resolución concluye que no existe violación del CEDH por parte de la República francesa. Es difícil estar de acuerdo con este fallo. Ser considera que se no se empleó de manera adecuada el principio de subsidiariedad y se realizó una incorrecta interpretación del consenso europeo para otorgarle un amplio margen de apreciación al Estado francés. De esa manera, se aplicó de manera inadecuada el principio de proporcionalidad sobre los posibles derechos lesionados de la peticionaria versus el interés estatal. / This legal report analyses Judgment no. 43835/11 issued by the European Court of Human Rights (HUDOC) where it assesses whether the French State's ban on the wearing of the full-face veil in public places violates the rights protected by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), specifically, the right to respect for private and family life (Article 8); freedom of thought, conscience and religion (Article 9); freedom of expression (Article 10); and, separately and in conjunction with the aforementioned articles, the prohibition of discrimination (Article 14); freedom of thought, conscience and religion (Article 9); freedom of expression (Article 10); and, separately and in conjunction with the above-mentioned articles, the prohibition of discrimination (Article 14). The HUDOC in its ruling concludes that there is no violation of the ECHR by the French Republic. It is difficult to agree whit this ruling. It is considered that the principle of subsidiarity was not effectively use. Also too, an incorrect interpretation of the European consensus was made to grant wide margin of appreciation to the French State. In this way, the HUDOC avoid conducting the test of conventionality on the possible rights of the petitioner versus the State's interest.

El sector financiero de nuestro país se constituye como una de las industrias donde la relación comercial proveedor- consumidor es un de las más críticas en materia de protección al consumidor, ello es así debido a la complejidad de sus productos y servicios, la asimetría en la información, o la falta de educación financiera, que ponen en situación de desventaja a los consumidores. Por este motivo, el Estado ejerciendo su función protectora implementa normativa especializada que busca equilibrar esta relación, resguardando los derechos del consumidor. La complejidad de esta normativa constituye para las empresas de esta industria la configuración del riesgo legal que debe ser gestionado de manera oportuna y eficaz para así evitar contingencias que las impacten negativamente. Ello ha generado que las empresas de banca múltiple implementen programas preventivos de cumplimiento; sin embargo, las empresas de microfinanzas (parte importante de este sector) aun no desarrollan de manera eficaz este tipo de buenas prácticas. En función de ello, es que el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar la viabilidad de la implementación de programas de cumplimiento especializados en materia de protección al consumidor en empresas del sector financiero, específicamente en empresas del ámbito de las microfinanzas (cajas municipales, financieras, etc.) con la finalidad de prevenir los riesgos legales de cumplimiento normativo y vulneración de derechos a clientes y usuarios de estas empresas del sector. Para ello se realiza el estudio de caso del Programa de Compliance de Protección al Consumidor del banco BBVA Perú, a fin de determinar si la implementación de estos programas en las empresas microfinancieras, constituye una herramienta eficaz y viable que disminuya el número de infracciones a las normas del Código de Protección al Consumidor, lo que se traducirá en relaciones de consumo más eficientes y transparentes.