El tema de investigación gira en base a la depreciación. Un instituto legislado a nivel tributario pero que tiene connotaciones contables. La mencionada característica no es dificultad para su estudio, pues el derecho tributario toma a la contabilidad como fuente de información. Para este trabajo de investigación será básico tener en cuenta lo dicho, dado que desde el registro contable se generan las divergencias. Es el caso del valor residual, que constituye un importe no reconocido tributariamente pero por el contrario el tratamiento contable basado en la NIC y NIIF, si lo hace. Esta particularidad determina que se trastoque el instituto de la depreciación que necesita del registro contable para que sea deducido en el pago anual del Impuesto a la Renta. Por tanto, la proposición del trabajo de investigación es hacer efectivo lo mencionado en el artículo 20°, que deprecia el importe pagado por el activo fijo. Propuesta que en definitiva cambiaría el criterio actual de la Administración Tributaria sobre la depreciación. Añadir que como consecuencia del estudio del referido instituto se ha podido detectar el requisito esencial de la contabilización del activo fijo para efectuar la depreciación. Consiguientemente, el reglamento, que estipula lo mencionado estaría transgrediendo lo ordenado por la ley. La investigación otorga el paso inicial para que se busque la corrección a nivel legislativo. De esta manera, se intenta conseguir la coherencia entre la Ley y el Reglamento referente a la depreciación. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene por objeto comprobar o desmitificar las críticas al Nuevo RUS (Régimen Único Simplificado), con relación a que dicho régimen distorsiona el sistema tributario porque la determinación objetiva de la base permite que contribuyentes con iguales capacidades económicas se adscriban a un régimen tributario distinto, existiendo así un aprovechamiento indebido de este régimen especial para pequeños contribuyentes. Ante la ausencia de un análisis constitucional del Nuevo RUS, la presente investigación realiza un acercamiento a los principios constitucionales que limitan la potestad tributaria, en especial el que sustenta el Nuevo RUS, el principio de solidaridad, y el que afecta, el principio de capacidad contributiva. Haciendo uso del método dogmático y el método de ponderación se verifica que el régimen tributario materia de análisis si bien afecta el principio de capacidad contributiva lo hace en un grado medio, pero ello no hace que el Nuevo RUS sea ilegítimo porque la importancia del principio de solidaridad es alta. Lo importante de este estudio es que desmitifica el discurso elaborado por los críticos de este régimen, y se pueda concluir que el Nuevo RUS sacrifica en cierta medida el principio de capacidad contributiva, mas no prescindiendo de él, y por el logro de sus fines, sobre la base del principio de solidaridad, logra consagrarse como una figura tributaria compatible con el ordenamiento constitucional / The purpose of this research is to verify or demystify the criticisms of the New RUS (Unique Simplified Regime). Such criticisms refer that the mentioned regime distorts the tax system because the objective determination of the base of this tax allows taxpayers with equal economic capacity to be assigned to different tax regime, generating an undue advantage over the New RUS. Given the absence of a constitutional jurisprudence about the New RUS, this research will approach us to the constitutional principles that limit taxation power such as the principle of solidarity that support the New RUS and then the research will address the principle of contributory capacity, which is affected. Using the dogmatic and weighing methodologies we conclude that the New RUS affects the principle of contributory capacity in a medium degree, it does not mean that the New RUS is not legitimate because the importance of the principle of solidarity, which supports the mentioned regime, is high. The importance of this research is that it demystifies some criticisms against the New RUS. It can be said that this regime affects the principle of contributory capacity but it does not infringe the mentioned principle. Consequently, we believe that the New RUS is a tax that is in accordance with the Constitution.

El SIMA Perú S.A. (SIMA Perú), una empresa estatal de derecho privado, opera siguiendo las políticas que determina el Ministerio de Defensa, así como la Comandancia General de la Marina y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); es autónoma en sus decisiones y comprende al SIMA Callao S.A., SIMA Iquitos y SIMA Chimbote. Nos referiremos al SIMA Perú para desarrollar los temas generales propios de la empresa y para efectos de puntualizar ejemplos específicos, haremos referencia al SIMA Callao S.A. (SIMAC). Esta empresa dicta reglamentos, mediante los cuales describe conductas afines al giro de su negocio, que son de obligatorio cumplimiento para todos sus trabajadores y que contribuyen con los objetivos planteados y con la seguridad de todos. En el SIMAC trabajan empleados civiles y personal militar de la Marina de Guerra del Perú (personal militar naval), ambos deben conocer y cumplir las reglas impuestas por el SIMA Perú; sin embargo, el personal militar se gobierna por sus propias leyes y reglamentos, según lo dispuesto en la Constitución Política del Perú e incluso, tienen su propia Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas del Perú, Ley N° 29131 (régimen disciplinario militar) que es muy distinto al régimen disciplinario que tiene el SIMA Perú. Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar si puede ser aplicable el régimen disciplinario militar al personal militar naval que trabaja en el SIMAC, en el ámbito de las funciones que realiza en dicha empresa o no; de encontrarnos en este último caso, se evalúa proponer un cambio a dicho régimen disciplinario y/o una alternativa de solución viable, que permita emplear un régimen disciplinario coherente, preservando la condición que tiene un militar y la disciplina que debe existir en una empresa del Estado.

La huelga, conforme se encuentra regulada en Perú, es aquel derecho por medio del cual los trabajadores organizados acuerdan paralizar sus labores a modo de protesta en contra de su empleador, ya sea en el marco de una negociación colectiva o fuera de esta. Este derecho, como todo derecho fundamental, posee límites externos provenientes de su convivencia con otros derechos y, límites internos, provenientes de su conceptualización legislativa; siendo que, toda forma de huelga que se aleje del concepto legislativo será considerado como una huelga ilegal. En esa línea, resulta urgente modernizar al derecho de huelga, flexibilizando sus modalidades de acción de modo que se adecúe a la variedad de tipos de relaciones laborales y no se circunscriba a un modelo de empresa tradicional, donde la forma idónea de causar daño al empleador era con la paralización total y masiva del trabajo. En dicho orden de ideas, consideramos que el derecho de huelga adquiere mayor efectividad si se deja en manos de los trabajadores la decisión de la forma de protesta que realizarán en contra de su empleador, en vista a que, la paralización del trabajo no siempre es la manera mas efectiva de causar daño si tenemos en cuenta que no todas las compañías funcionan de la misma manera. Siendo esto así, la presente tesis analiza la efectividad de la huelga conforme se encuentra regulada y la posibilidad de implementar un modelo de huelga dinámico que permita a los trabajadores determinar la forma de manifestación de dicho derecho, pues, al igual que las relaciones laborales, el derecho de huelga está en la necesidad de variar acorde a las características del mundo laboral moderno, el mismo que se quedó congelado en el tiempo, pensado para una empresa de producción, donde la falta de mano de obra perjudicaba enormemente al empleador

El 20 de setiembre de 2020, se publicó el VIII Pleno Casatorio Civil. En esta sentencia, la Corte Suprema determinó que el acto jurídico de disposición de bienes de la sociedad conyugal, en el que interviene solo uno de los cónyuges, es nulo. Así, en el presente informe jurídico, se analiza cuáles son las implicancias de la decisión de la Corte Suprema en las partes del acto jurídico, el cónyuge que no intervino y posibles terceros. También se analiza los efectos de la nulidad del acto jurídico en un ámbito registral, lo que implica determinar si hay o no alguna afectación al tercero registral de buena fe. Además, se pretende dar una apreciación propia con respecto a si el acto jurídico de disposición de bienes sociales, efectuado por un solo cónyuge, es nulo, anulable o ineficaz. A partir de este análisis, en base a doctrina y jurisprudencia, se concluye que la tesis de la ineficacia es la más adecuada, no solo porque la ausencia de uno de los cónyuges en el acto constituye una falta de legitimación, sino porque esta tesis cautela los intereses de todos los intervinientes en este acto, incluyendo al cónyuge que no intervino y al comprador de buena fe. / On September 20th, 2020, the VIII Pleno Casatorio Civil was published. In this ruling, the Supreme Court determined that the legal act of disposition of assets of the marital partnership, in which only one of the spouses intervenes, is null. Thus, this legal report analyzes the implications of the Supreme Court's decision on the parties of the legal act, the spouse who did not intervene and possible third parties. It also analyzes the effects of the nullity of the legal act in a registry scope, which also implies determining whether or not there is any affectation to the third party who contracts under the parameters established by article 2014 of the Civil Code In addition, it is intended to give its own assessment as to whether the legal act of disposition of matrimonial property, carried out by only one spouse, is null, voidable or ineffective. From this analysis, based on doctrine and jurisprudence, it is concluded that the ineffectiveness thesis is the most appropriate, not only because the absence of one of the spouses in the act constitutes a lack of legal standing, but also because this thesis safeguards the interests of all the participants in this act, including the spouse who did not intervene and the bona fide purchaser

El trabajo presenta el balance del control jurisdiccional realizado por el Tribunal Constitucional (TC) sobre las decisiones de no ratificación de magistrados (jueces y fiscales) expedidas por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), periodo 2009 al 2018. El control del ejercicio de la potestad de ratificar está principalmente a cargo del TC, quien viene diseñando en sus resoluciones el equilibrio que debería existir entre esta potestad con la de impartir justicia, cada vez que resuelve los procesos de amparo sobre la decisión de no ratificar a un magistrado. En las dos primeras décadas de este siglo el control se hizo con interpretaciones y aplicaciones que, si bien evolucionan en favor de la protección, se trata de una tutela al debido proceso relativizado, limitada a examinar o constatar que la decisión administrativa cuente con justificación interna (formal), evaluando la corrección lógica y la coherencia narrativa del razonamiento (premisas normativas y fácticas) que permitan su enlace con la decisión. La tutela constitucional es desconfiada en brindar una protección que controle la validez de la justificación externa de la decisión administrativa, pues no evalúa la corrección constitucional de las interpretaciones y/o argumentos expresados por el ex CNM en sus resoluciones, ni aplica criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que si resulta controlable en las destituciones. La falta de un control judicial más riguroso sobre el ejercicio de la potestad de ratificar podría permitir y/o convalidar eventuales arbitrariedades que, a su vez, podrían influir en el sistema democrático de gobierno, la existencia de un sano equilibrio de potestades y el respeto mutuo de competencias. Finalmente, además de realizar el balance cuantitativo y estadístico, se analizan críticamente las resoluciones jurisdiccionales del TC para conocer la realidad práctica del control que ejerce sobre las decisiones de no ratificación, específicamente del deber de motivar y la intensidad que emplea como parámetro de control vinculante, para lo cual también se recurre a la prueba exacta de Fisher.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los principales problemas jurídicos identificados en la Resolución N° 141-2020-OEFA/TFA-SE, emitida en el marco del procedimiento sancionador iniciado contra Pluspetrol Norte S.A. por haber incurrido en la conducta infractora de no realizar la descontaminación efectiva de las áreas impactadas a consecuencia de una emergencia ambiental producido en el Lote 8. Para el análisis de la referida resolución se empleó el método de trabajo jurídico para casos complejos, por cuanto la interpretación de las premisas normativas se hizo a la luz de los principios que rigen tanto la normativa ambiental como el procedimiento administrativo general. De este modo, en primer lugar, se arribó a la conclusión de que en primera instancia se contravino el Principio de debido procedimiento y el Principio de Razonabilidad que rigen el procedimiento administrativo general. En segundo lugar, que se requiere la actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Lote 8 para que este instrumento de adecuación sea concordante con el Reglamento de la Ley N° 27410, Ley SEIA, de modo que contenga medidas preventivas ante el riesgo de ocurrencia de emergencias ambientales. / The objective of this paper is to analyze the main legal problems identified in Resolution No. 141-2020-OEFA/TFA-SE, issued within the framework of administrative sanctioning process against Pluspetrol Norte S.A. for having incurred in the infringement of not carrying out the effective decontamination of the affected areas as a result of an environmental emergency that occurred in Lote 8. For the analysis of the referred resolution, it was used the legal method for complex cases because of the interpretation of the normative provisions was made under the principles of the environmental regulations and the general administrative procedure. Accordingly, in the first conclusion was reached that in the first instance the Principle of due procedure and the Principle of Reasonableness were violated. Secondly, the updating of the Environmental Management and Adaptation Program (PAMA) of Lote 8 is required in order to this adaptation instrument is in coherence with the Law No. 27410, SEIA Law, with the purpose it contains preventive measures against the risk of occurrence of environmental emergencies

El presente informe tiene como objetivo resolver los problemas de relevancia jurídica que se encuentran en la opinión interpretativa emitida por OSITRAN en la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2009-CD-OSITRAN, a través de la cual se interpreta el término “debidamente saneado” regulado en el numeral 2 del Anexo11 del contrato de concesión para la administración y operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suscrito entre Lima Airport Partners SRL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese sentido, la controversia que dio origen a la opinión interpretativa gira en torno a si el contenido del término “debidamente saneado” determina a cuál de las partes se debe asignar los riesgos referidos al i) saneamiento ambiental, y ii) el retiro de escombros, puesto que ello no se encuentra regulado expresamente en el numeral 2 del Anexo 11 del contrato de concesión. Por este motivo, resaltamos la importancia del análisis de la presente resolución de consejo directivo puesto que nos permite analizar a los siguientes puntos: i) a quien le corresponde asumir los riesgos referidos al saneamiento ambiental y el retiro de escombros, y si su asignación se realizó de una manera correcta; y ii) sí el pronunciamiento del OSITRAN es vinculante para las partes en el contrato de concesión y si esta vía administrativa es la idónea

A través de una sentencia de vista que demuestra múltiples tipos de contrataciones a una obrera municipal que realiza la misma labor desde 1994 y que fue cesada a menos de dos semanas de haber presentado una queja por hostigamiento sexual ante su empleador, este informe explica un fenómeno que ha sido normalizado a través del tiempo tanto en el ámbito laboral privado como en el público y que acarrea graves consecuencias para el trabajador víctima de este, una de ellas, y la más grave para el sistema laboral, es la obstaculización a la tan anhelada la indeterminación laboral, yendo en contra de la estabilidad laboral. Pues la trabajadora sufrió de una desnaturalización de contratos desde iniciar la relación laboral, pues el servicio que realizaba para la municipalidad era perenne. Ello se demuestra a través de la ley de la materia y diversa doctrina que nos lleva a concluir que la trabajadora debió estar bajo la indeterminación desde su primer día de labores. Asimismo, se observan las distintas excepciones presentadas que se declararon fundadas, pese a que no tenían un análisis profundo detrás, por lo que se concluye de manera opuesta al juzgado. Finalmente, este informe busca que se comprenda la importancia de realizar correctamente un proceso de queja de hostigamiento sexual, así como la necesidad de generar un nexo causal sólido para poder respaldar el despido nulo solicitado, con un mayor sustento, se concluye que el juzgado acertó al conceder el despido nulo a la trabajadora

Los Joint Venture son contratos asociativos utilizados a nivel mundial, con la finalidad que las partes (ya sean personas naturales o jurídicas) que lo conforman cooperen entre ellas. No obstante al uso casi global de estos contratos, en la actualidad aún existen algunas diferencias de trato jurídico y practico que podemos advertir, tal como se encuentra establecido en normativas norteamericanas, españolas, alemanas, peruanas, entre otros; sin embargo, este problema, no parte únicamente con la regulación de este tipo de contratos, sino que parte por el reconocimiento general de los contratos asociativos, o llamados también “partnership”, ya que en algunos países como es el caso de España, Estados Unidos, y Alemania, permiten constituir personas jurídicas con estos instrumentos societarios, a diferencias de nuestra regulación que, de acuerdo a nuestra ley societaria, se encuentra prohibida esta posibilidad. Justamente esta situación jurídica asimétrica que tenemos frente a lo que en mercado se acepta, es la justificación de este trabajo, toda vez que de aquí parte problemas de índole económico, internacional y sobre todo nacional, ya que la participación de estas agrupaciones de empresas es sumamente importante tenerla en cuenta para nuestra económica y evolución como país, al igual como en otros países se encuentra reconocido, con lo cual, mi principal objetivo determinar si con la inclusión de los Joint Venture en nuestra Ley General de Sociedades, se podría cambiar la perspectiva de los contratos asociativos, facilitando la funcionalidad empresarial de las agrupaciones conformadas por estos contratos. En el desarrollo de la presente investigación se demuestra cómo es que la practica comercial y jurídica de otras materias, han tratado a estas agrupaciones como personas jurídicas, razón por la cual, se llegó a la conclusión que, lo ideal sería incluir la posibilidad que, a través de estos contratos asociativos podamos constituir personas jurídicas nuevas. / Trabajo de investigación