El Estado, los proveedores y los consumidores constituyen los tres agentes relevantes dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, siendo los consumidores la parte más frágil y por ende sobre los cuales el Estado despliega su rol tuitivo. Las asociaciones de consumidores, como representantes de la sociedad civil, ejercen un rol importante dentro de este diseño y por ello es relevante su fortalecimiento. A través del presente trabajo de investigación, se explora una de las aristas que pueden fortalecerlas, como es el caso del aspecto financiero, por parte del Estado y a través de un mayor acercamiento hacia los proveedores dentro del marco de convenios de cooperación. Sin duda ambos aspectos son controversiales dado el estado actual de la normativa en materia de protección del consumidor en el mercado peruano, más no necesariamente en el ámbito comparado con otros países. Por tanto, se concluye que la apertura de las opciones de financiamiento para las asociaciones de consumidores y convenios con proveedores incidirá en un mayor fortalecimiento y desempeño de la defensa de los consumidores, las mismas que deberán de estar sujetas a reglas de transparencia y disponibilidad presupuestal. Para ello, se aborda la problemática, se cuestiona los principales aspectos en pro de la propuesta y se plantea la forma normativa sobre la base del análisis del desempeño de las asociaciones de consumidores, el análisis comparado y regulatorio. / Trabajo de investigación

El expediente jurídico versa sobre un tema actual, complejo y muy desafiante, cuya investigación permitirá una visión panorámica y realista del derecho laboral peruano respecto al sector público. De esta manera, la hipótesis del presente informe radica en que los trabajadores públicos tienen el derecho a la negociación colectiva en materia económica, basados en un análisis de los principales instrumentos relacionados a los derechos fundamentales de la persona. La conclusión del presente informe evidenció a raíz de una interpretación sistemática de los cuerpos jurídicos nacionales e internacionales (entre ellos, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Convenios de la Organización Internacional de Trabajo, Comité Libertad Sindical, Comisión de Expertos para la Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se debe regular a nivel legal la negociación colectiva en el sector público a través de un diálogo social que procure el respeto de otros principios constitucionales como el presupuestario.

El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar si el Decreto Legislativo N° 1409, que aprueba el régimen de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, se encuentra diseñada de manera adecuada, que permita fomentar con la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y, de esa manera, contribuir con los índices de reducción de los niveles de informalidad en el país. Se debe tener en cuenta que, la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es una institución jurídica que ha sido importada en nuestro ordenamiento societario. Dicho régimen inició en el país de Colombia, con su creador el jurista Francisco Reyes Villamizar, donde en menos de 10 años desde su vigencia ha logrado desplazar a las formas societarias tradicionales y a coadyuvar a reducir los niveles de informalidad en el comercio. Poco a poco los países de Latinoamérica se han ido sumando con adoptar el régimen societario que es materia de investigación, motivo por el cual, la Organización de Estados Americanos decidió crear una Ley modelo que sirva a sus países miembros para crear esta nueva forma de constituir empresas, de manera simple, menos costosa y más beneficiosa. El impacto más relevante de esta forma societaria a nivel Latinoamérica ha sido la reducción del comercio informal. Es así que, se espera que el Decreto Legislativo N° 1409 contribuya con hacer más sencillo el gran reto hacia la formalización en nuestro país. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas principales que determinan la informalidad en el país y, las estudiaremos en función a la regulación de nuestro Decreto Legislativo N° 1409, a fin de evaluar si la norma aprobada resulta pertinente para subsanar dichas causas. Asimismo, la legislación comparada, en particular la colombiana, nos servirá de baremo para analizar la regulación de nuestra Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. / Trabajo de investigación

El autor alcanza una primera reflexión teórica sobre la confluencia de tres instituciones jurídicas de mucha relevancia para el Derecho Constitucional, el derecho fundamental a la propiedad, la expropiación y la patrimonialidad cultural, confluencia pacífica en abstracto pero conflictiva en la realidad, como demuestra con la legislación y la jurisprudencia vigentes, con la doctrina y los principios jurídico constitucionales a los que adscribe y con los varios casos que analiza, particularmente el emblemático y controversial caso Machupicchu, presente transversalmente en la investigación, sobre el cual sostiene que los propietarios de la ciudadela inca fueron indebidamente despojados de su derecho fundamental a raíz de una serie de inválidos actos de poder surgidos del mal entendimiento y la incorrecta aplicación de las materias inmersas y a partir del cual afirma que el único procedimiento válido de privación de dicho derecho sobre bienes inmuebles conformantes del Patrimonio Cultural de la Nación es la expropiación constitucionalmente válida a título de Patrimonio Cultural, una expropiación estricta y escrupulosamente cumplidora de cada uno de los rigores que le establece el sistema jurídico constitucional y que además precise cabalmente un destino necesariamente cultural para el bien, con lo cual incide en la necesidad de modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, eliminando sus contradicciones, modificar la Ley General de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, agregando importantes especificaciones al procedimiento y acaso precisándolo para bienes inmuebles culturales, y corregir todo el sistema legal de los bienes estatales.

El propósito de esta investigación es evaluar la eficacia de la norma antielusiva específica contenida en el inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (nueva NAE), vigente desde enero de 2021, para evitar la aplicación de estructuras elusivas que aprovechan la deducción de gastos financieros y que tienen como objetivo la erosión de la base imponible del impuesto y el traslado de beneficios (fenómeno BEPS), lo que perjudica la recaudación tributaria de nuestro país. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Para medir la eficacia de la nueva NAE, vigente desde enero de 2021, se seleccionaron 4 indicadores en base a los aspectos observables de la norma. Asimismo, mediante muestro por conveniencia, se seleccionaron estructuras elusivas contenidas en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1424, en otros trabajos realizados a nivel nacional e internacional, así como otras formuladas por los autores de la presente investigación. Las 8 estructuras seleccionadas se aplicaron frente a los indicadores de eficacia de la nueva NAE para verificar si la norma evita que cumplan su objetivo elusivo. Los resultados generales indican que la nueva NAE es eficaz solamente ante la estructura “Endeudamiento back to back”, no siendo eficaz ante las demás estructuras seleccionadas, permitiendo que logren ahorro fiscal a través del uso de modalidades elusivas, esto es, el fenómeno BEPS. De este modo, se concluye que, en sentido contrario a lo afirmado por el legislador peruano, la nueva NAE no evita la aplicación de estructuras elusivas que aprovechan la deducción de gastos financieros

En la realidad peruana, específicamente, entidades del Estado, se han dado irregularidades plasmadas en los pronunciamientos de instituciones administrativas como es el caso del INDECOPI; por lo que, en la presente investigación, se procederá a analizar los recientes y controvertidos pronunciamientos de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, emitidos en las Resoluciones N° 0219- 2018/SPC-INDECOPI del 2 de febrero de 2018 y N° 0243-2018/SPC-INDECOPI del 7 de febrero de 2018, mediante las cuales, la autoridad administrativa concluye que la restricción consistente en la prohibición de ingresar con alimentos y/o bebidas ajenas a los establecimientos comerciales de Cineplex S.A. y Cinemark del Perú S.R.L., constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores, específicamente, su derecho de elección. Pronunciamientos que consideramos ser abiertamente inconstitucionales por haber sido emitidos sin tener en consideración el test de ponderación desarrollado por el Tribunal Constitucional y el contenido esencial tanto de los derechos de los consumidores como los de la libertad empresarial. Es por ello que, ante dichos pronunciamientos, expresamos nuestro total desacuerdo; puesto que, se está realizando una excesiva protección a los derechos de los consumidores, dejando de lado la libertad empresarial, la misma que es reconocida constitucionalmente como derecho fundamental. / Trabajo de investigación

La fiscalización laboral es vital para verificar que las obligaciones de trabajo se están cumpliendo acorde a lo establecido por el empleador. Esto debe darse respetando los derechos fundamentales de los trabajadores; es decir, sin cometer un ejercicio desmedido que termine por deslegitimar el despido. Este informe profesional analiza el caso del uso del reporte de llamadas del celular del trabajador con la finalidad de demostrar una falta grave laboral que justificaría el despido realizado (Sentencia N° 00003-2010-Corte Superior de Justicia de Arequipa). En este caso, el empleador sostiene que el despido está conforme a ley dado que el empleador no cumplió con sus obligaciones; por su parte, el trabajador alega que se ha vulnerado su derecho a la reserva de las comunicaciones y que la falta laboral cometida no puede ser considerado una falta grave. Este tema resulta interesante, porque a medida que pasa el tiempo, el desarrollo tecnológico va forzando el replanteamiento de las clásicas figuras laborales y la aparición de nuevas formas de ejercer el poder de dirección; de modo que, la subordinación, como elemento esencial de la relación laboral, enfrenta nuevos retos para determinar los límites del poder de fiscalización. En tal sentido, lo que se pretende es analizar las principales controversias jurídicas existentes que se encuentran en la referida sentencia; asimismo, se busca dar argumentos en favor o en contra en base a lo resuelto por la Corte Superior. Finalmente se brindan algunas conclusiones en relación a lo analizado a lo largo del informe profesional.

La presente investigación analiza la política criminal peruana vigente que combate y previene el fenómeno de la cibercriminalidad en la vertiente pura. Entiéndase esta por aquella actividad cibercriminal que, valiéndose del desarrollo y uso de las TIC, dirige ciberataques hacia computadoras, programas informáticos (software), redes, terminales, y cualquier operatividad tecnológica basada en la comunicación digital de contenidos, que no tenga una réplica en términos de referencia fuera del ciberespacio, de ilícitos que se realizaban de otro modo, en el espacio físico. La finalidad de la investigación es identificar si la normativa desplegada por el Estado de los últimos años en materia de delitos informáticos, ha dotado a la política criminal de un enfoque integral y pluridimensional que posibilite comprender y atender adecuadamente los desafíos de la cibercriminalidad pura. / The present investigation seeks to analyze the current Peruvian criminal policy enabled in place to mitigate and prevent cyber criminality offenses related to cyber-dependent crimes. This is understood as that cybercriminal activity that, using the development and use of ICT, directs cyberattacks towards computers, computer programs (software), networks, terminals, and any technological operation based on digital communication of content, which does not have a replica in terms of reference outside of cyberspace, of crimes that were already being carried out, otherwise, in physical space. The purpose of the research is to identify whether the regulations deployed by the State in recent decades have provided criminal policy with a comprehensive and multidirectional approach that makes it possible to understand and adequately address the challenges of cyber-dependent crimes.

La presencia de factores contaminantes como la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, ha ocasionado una emisión extraordinaria de carbono. Y se ha comprobado que una alternativa eficiente para disminuir la expulsión de estas emisiones consiste en aplicar la herramienta tributaria. Dado que su uso podrá ayudar a combatir las externalidades originadas por las empresas, al generar una tasa adicional por la que deben declarar y posteriormente pagar. El objetivo del presente trabajo consiste en identificar cuál de las modelos tributarias del impuesto al carbono que han implementadas en distintos países podría ser aplicable al modelo tributario peruano. Para lo cual, se ha analizado la política fiscal del impuesto al carbono en los países líderes en la aplicación de impuesto ambientales como los países nórdicos y en los pares latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia y México. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el método inductivo y comparativo, iniciando con la caracterización de los impuestos ambientales, revisión del marco normativo y constitucional del tributo y luego se procedió con el derecho comparado de las modalidades de impuestos al carbono y los impuestos verdes. Para concluir que el modelo colombiano es el más adaptable al modelo tributario peruano por ser tener un marco socioeconómico, un marco regulatorio y sistema tributario estructuralmente, similar

La investigación doctoral apunta a entender cualitativamente la relación de Gobierno Corporativo (GC) y Responsabilidad Social (RSE) en la actividad empresarial, extendiendo esta relación al rol de los Deberes Fiduciarios y la Regulación. Tiene como hipótesis central que GC y RSE son instrumentos y vehículos del desarrollo económico y social que deben desplegarse desde la actividad empresarial, considerando a la base la concepción de empresa como un equipo de producción, vinculado por un nexo contractual. En esta media, GC en el marco de la RSE, es el sistema de dirección y control que tiene como objetivo orientar los recursos empresariales a la creación de valor para todos los integrantes del equipo de producción, la economía y la sociedad en la que desarrollan su actividad. Los Deberes Fiduciarios constituyen la piedra angular de la fase jurídica de la dirección y control de las empresas, que pueden convertirse en una herramienta del desarrollo económico y social. El rol de la regulación, es crítico, y comprende elementos regulatorios de mercado, estatal, judicial y mixtos, que empoderan el engranaje empresarial. Se concluye que desde la economía de mercado y las teorías del Nexus-of- Contractus y el Equipo de Producción, GC en el marco de la RSE, pueden reexpresarse en su propósito privado y público. En nuestro país, es posible hacerlo, gracias a diversas normas, entidades y prácticas de auto-regulación transversales al ecosistema empresarial. Ello incluye al entorno legal, con cierto sesgo por la Teoría de la Propiedad Privada y el Paradigma del Accionista. / The Thesis aims to qualitatively understand the relationship between Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibility (CSR) in corporate activity, extending this relationship as to the role of Fiduciary Duties and Regulation. The central hypothesis of the Thesis is that CG and CSR are instruments and vehicles of economic and social development arising from the corporate activity, considering at the base, the conception of corporations as team production entities, linked by a contractual nexus. In this mean, CG within the framework of CSR, is the direction and control system that aims to guide corporate resources for the value-creation to all members of the production team, the economy and the society in which they develop their economic activity and not only to their shareholders. Fiduciary Duties constitute the cornerstone of the legal phase of the direction and control of corporations, which can become a tool for economic and social development. The role of regulation is critical, and includes market, state, judicial, and mixed regulatory elements that empower the corporate gear. It is concluded that from the Theory of Market Economy and the Theories of the Nexus-of-Contractus and Team Production, CG within the framework of CSR, can be re-expressed in their private and public purpose. In Peru, it is possible to do so, thanks to various standards, entities, and self-regulation practices that cut across the corporate ecosystems. This re-expression includes the legal environment, somewhat tainted by the Private Property Theory and the Shareholder Paradigm of corporations.