El presente trabajo de investigación versa sobre la jurisprudencia del Tribunal Fiscal RTF No. 10923-8-2011, conforme a la cual un contribuyente cuestionó la aplicación de la Norma VIII del Código Tributario (CT) por parte de la SUNAT al recalificar una operación de escisión de un bloque patrimonial conformado por inmuebles acordada por dos empresas de un mismo grupo empresarial por una operación de primera venta de inmueble, exigiéndose el pago de IR e IGV, así como multas aplicables. Al respecto, el Tribunal Fiscal resuelve declarando INFUNDADA la apelación y validando la aplicación de Norma VIII realizada por la SUNAT, sustentando ello en que conforme a una interpretación económica de la escisión acordada por las referidas empresas, se verificaba que dicho acuerdo de reorganización no cumplía ciertos “criterios” para ser considerada como tal. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar desde un enfoque normativo, jurisprudencial y de derecho comparado, si es que la SUNAT aplicó correctamente la Norma VIII en el referido caso, así como analizar si los argumentos que motivan la decisión del Tribunal Fiscal se encuentran conforme a derecho. Así, en la presente investigación se verifica que tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT basan su análisis de interpretación económica a partir de una jurisprudencia anacrónica para el caso materia de análisis, motivo por el cual se postula la aplicación de tan solo algunos de ellos. Adicionalmente, en tanto la norma VIII fue derogada y reemplazada por la Norma Antielusiva General (Norma XVI del CT), el presente trabajo postula un escenario del análisis del caso si es que la referida norma antielusiva se hubiera encontrado vigente, de manera que el presente trabajo sea de utilidad para futuras interpretaciones bajo la nueva norma. / This research work deals with the case law of the Tax Court RTF No. 10923-8- 2011, according to which a taxpayer questioned the application of Rule VIII of the Tax Code (TC) by SUNAT when it reclassified a spin-off operation of a patrimonial block formed by real estate agreed by two companies of the same business group for a first sale of real estate, requiring the payment of IR and IGV, as well as applicable fines. In this regard, the Tax Court ruled that the appeal was UNFAIR and validated the application of Rule VIII made by SUNAT, based on the fact that according to an economic interpretation of the spin-off agreed upon by the referred companies, it was verified that such reorganization agreement did not meet certain "criteria" to be considered as such. The purpose of this research work is to address, from a normative, jurisprudential and comparative law approach, whether SUNAT correctly applied Rule VIII in the referred case, as well as to analyze whether the arguments that motivate the decision of the Tax Court are in accordance with the law. Thus, in the present investigation it is verified that both the Tax Court and SUNAT base their analysis of economic interpretation on an anachronistic jurisprudence for the case under analysis, which is why the application of only some of them is postulated. Additionally, since rule VIII was repealed and replaced by the General Antiavoidance Rule (Rule XVI of the TC), this paper postulates a scenario of the analysis of the case if the referred anti-avoidance rule had been in force, so that this paper may be useful for future interpretations under the new rule.

El trabajo tiene por finalidad analizar el Principio de Solidaridad en nuestro sistema de pensiones, para validar determinadas restricciones normativas o su ausencia. Se justifica la investigación dado que pretendo determinar en qué supuestos es válido y/o necesario invocar el principio para establecer restricciones, y qué límites tiene el referido principio. De acuerdo al análisis realizado considero que las restricciones en materia de pensiones, que tienen como fundamento el Principio de Solidaridad, son válidas por ser necesarias para cumplir con el compromiso constitucional de otorgar seguridad social a la colectividad. Adicionalmente, encuentro suficientes elementos que indican la existencia de solidaridad en el SPP. De las restricciones normativas analizadas, concluyo lo siguiente: Topes SNP.- La aplicación de los topes en el SNP encuentra justificación en el Principio de Solidaridad, por establecer una ruptura excepcional y razonable de la relación sinalagmática entre las aportaciones y las prestaciones, en beneficio de aquellos afiliados que lo requieran. Es válida, por respetar el contenido esencial del derecho a la pensión, y por ser una disposición originaria. BdR SPP.- Es posible que los afiliados al SPP obtengan un bono inferior a las aportaciones realizadas, rompiendo el sinalagma entre prestaciones y aportaciones. Esta limitación es una manifestación válida del Principio de Solidaridad, y una medida regresiva legítima, toda vez que encuentra justificación en que el dinero que eventualmente el afiliado no obtenga permanecerá en la Caja Nacional y será usado para cubrir las pensiones del SNP. Disposición 95.5% CIC.- Carece de restricciones, por lo cual trasgrede el Principio de Solidaridad pues desprotege a los derechohabientes de los afiliados titulares sanos. Este grupo terminará definitiva e irremediablemente excluido de nuestro sistema de pensiones y de salud en el momento en que el afiliado titular disponga del 95.5% de su fondo.

Nuestro principal objetivo es analizar los principios tributarios de igualdad, capacidad contributiva, solidaridad, generalidad y justicia tributaria; y como estos principios influyen en nuestro actual sistema de deducciones por Rentas de trabajo. Todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público y que esta contribución sirva para ayudar a los más necesitados, esta contribución debe ser justa; de tal manera que no afecte la capacidad contributiva de las personas. Autores como Rubio, Bernales y Landa; nos explican claramente el principio tributario de igualdad, y como la carga tributaria debe ser distribuida de acuerdo a la capacidad económica de cada persona, de acuerdo a su situación y grupo familiar. La capacidad contributiva de acuerdo a lo mencionado por Novoa, Tarsitano y Moschetti, debe respetar en primer lugar la capacidad real de las personas de contribuir a las cargas públicas, pero asegurándose de que exista realmente un excedente que pueda ser afectado a dicha carga. Asimismo, debe asegurarse que primero se cubran las necesidades básicas de las personas, hoy esas necesidades básicas no solo deben limitarse a lo mínimo indispensable, sino a lo necesario para que las personas puedan ofrecer a su familia una vida digna y un mejor futuro es todos los aspectos. La calidad en el gasto público y un manejo eficiente en el Presupuesto público ayudarían a que los legisladores puedan cumplir lo estipulado en los principios tributarios, debido a que por efectos de una menor recaudación por cambios en las deducciones de trabajo, no exista excusa para realizar cambios normativos que cumplan con los principios tributarios. Países como Ecuador y Colombia tienen un sistema de deducciones que consideran gastos educativos y de salud, los cuales ayudan a reflejar la capacidad contributiva de las personas, cambios que se han realizado en los últimos años y han contribuido a que se cumpla con lo establecido en las normas legales respecto a los principios tributarios. Nuestro país está dando pasos importantes para ampliar la base tributaria, lo cual ayudaría al cumplimiento de los principios tributarios. Aun así, es necesario un cambio en el sistema de deducciones por rentas de trabajo que refleje la real capacidad contributiva de las personas, de lo contrario se estaría afectando un de los derechos tributarios implícitos en nuestra Constitución.

El presente estudio busca conocer el aporte del régimen de protección de los derechos de obtentor, mecanismo sui generis de propiedad intelectual sobre una nueva variedad vegetal, al desarrollo del agro peruano. La investigación se centra en la experiencia del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), institución encargada de desarrollar la investigación, transferencia tecnológica, conservación y aprovechamiento en el sector agrario en el Perú y, a su vez, una de las autoridades encargadas de implementar el régimen, del cual también es usuaria. Se aborda la problemática en la gestión del régimen, así como la eficacia en la concreción de los objetivos bajo los cuales se inician las operaciones y su apropiación como usuarios de variedades vegetales; todo ello con la finalidad de proponer estrategias que promuevan, incentiven y consoliden la transferencia tecnológica y la innovación en el agro. Conocer el funcionamiento del régimen desde la implementación que da este actor permitirá establecer los aciertos y fallas en la lógica del desarrollo agrario que, desde la promoción de la competitividad, ofrece la política agraria actual. La investigación es un estudio de caso, por lo que la opinión y percepción de los responsables de las oficinas del INIA que se encargan de cumplir las funciones de autoridad técnica, promotor y obtentor de variedades vegetales, se constituye en la información central de la investigación, la misma que fue contrastada con las evidencias documentales a las que se accedió. En el proceso se revisó la implementación del régimen analizando los objetivos bajo los que nació, la dinámica de organización interna, los recursos asignados y los enfoques que subyacen en la implementación. Asimismo, se indagó acerca del nivel de eficacia alcanzado considerando los objetivos con los que nació y los beneficios percibidos por los usuarios para, finalmente, conocer el grado de apropiación por parte de los usuarios. La evidencia permite afirmar que el régimen no se ha constituido como una herramienta útil para estimular la investigación y desarrollo tecnológico significativo al interior del INIA. Su implementación ha sido un proceso de adecuación constante, bajo el cual se construyeron las bases que han permitido el cumplimiento del papel del INIA como autoridad técnica en derechos de obtentor, quedando como segunda tarea el construir las bases para el uso de estos derechos. / Tesis

La gastronomía es un sector de la economía peruana la cual ha venido creciendo a lo largo de estos años de la mano de otros sectores que ha impulsado, logrando generar un ingreso considerable para nuestra economía, con la aparición de muchos establecimientos dedicados a esta labor, muchos puestos de trabajo, así como el reconocimiento de nuestros potajes a nivel mundial. Con la aparición de la pandemia causada por el virus del COVID-19 todos los sectores de nuestro país se han visto afectado considerablemente, provocando en muchos casos el cierre y la liquidación de muchos restaurantes, los cuales se vieron obligados a cerrar en aras de cuidar la salud de sus comensales y las de sus colaboradores. No obstante, ante la caída abrumadora de la economía, el gobierno vio necesario la reactivación de la economía, entre ellos, el sector gastronómico, el cual inició sus actividades a través del delivery a domicilio, activando de forma obligatoria los protocolos de bioseguridad conforme lo estableció el MINSA. Ahora bien, el hecho de que se reactive con mayor fuerza el reparto a domicilio, implicó que el uso del plástico se reactive, a pesar de las normas previamente aprobadas para la reducción de su uso. En este sentido, y tomando en cuenta que el ambiente y sus componentes merecen una protección y cuidado al igual que la salud humana, se presenta el siguiente trabajo de investigación que busca tomar conciencia ambiental en el empresariado de este sector, con la finalidad de que se reduzcan los plásticos utilizados en el servicio de reparto, aplicando para ello el tránsito de un modelo de negocios lineal a un modelo circular, el cual se encuentra contemplado en nuestra normativa de residuos sólidos, proponiéndose el uso de envases compostables para que éstos sean usados en la agricultura. En este orden de ideas, y a fin de que los empresarios analicen si se encuentran aptos para el cambio de modelo, se presenta un diagnóstico de circularidad que refleje la viabilidad de cada establecimiento ubicado en nuestra capital. De manera paralela, se propone un Programa de Incentivos Empresariales denominado “Plato Verde” que brinda un reconocimiento social a la buena práctica implementada que reduzca o prevenga la contaminación y la reducción de los residuos sólidos, como los plásticos.

En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en especial del sector público, donde se tienen diversas modalidades de contratación. Siendo esta diversidad, la que genera desigualdad y desequilibrio. Dentro del régimen de la actividad pública se encuentra la llamada Contratación Administrativa de Servicios (en adelante CAS), la cual afecta derechos laborales y más aún, generaría desigualdad y discriminación frente a los demás regímenes laborales. En ese sentido nuestra posición supone explicar: qué es un contrato laboral a la luz de los principios del Derecho del trabajo, así mismo, evidenciar que existe una vía procedimental por medio de la cual puedan accionar las personas que se sientan afectadas en sus derechos, evidentemente en busca de la restitución de los mismos. Hasta el momento, en la jurisdicción nacional se han visto diversidad de fallos y sentencias de toda índole, los cuales debieran ser unificados para llegar a tener una sola línea de acción, siendo así, lo que se busca en el presente trabajo es marcar un posible camino, a través de la Acción de Convencionalidad, el cual conduzca a un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), quien, de una vez por todas, delimite la aplicación de los principios del Derecho del trabajo y así no solo el Perú, sino todos los países adscritos a su jurisdicción, estén vinculados para que elaboren contratos laborales acorde a los lineamientos que emita el máximo intérprete de los Derechos Humanos en América.

El presente trabajo de investigación analiza el régimen de financiamiento de la empresa estatal de Distribución Eléctrica establecido en el Sistema Nacional de Endeudamiento. Para ello, se verifica si las condiciones de su endeudamiento limitan el desarrollo de sus inversiones en servicios públicos, debido a su estructura y modelo de negocio, sin considerar la condición de igualdad en tratamiento legal respecto de las empresas privadas establecido en el Artículo 60° de la Constitución Política del Perú. A partir de este análisis, se concluye que la decisión del financiamiento de este tipo de empresa debe comprender una autogestión a nivel de empresa/accionista (dotarla de autonomía), con la finalidad de que el acceso al financiamiento para sus inversiones en servicios públicos no sea complejo, ordinario, ni limitado; en cambio sea compatible con el modelo regulatorio del negocio y sus características, que están enfocados al cumplimiento de sus fines sociales y empresariales. En ese sentido, resulta prioritario distinguir que la dinámica empresarial en la actividad de distribución eléctrica exige inversiones de forma intensiva, por lo que se requiere procedimientos óptimos que coadyuven su desarrollo económico y garanticen el suministro de conformidad con el Artículo 58° de la Constitución Política del Perú. / Trabajo de investigación

La presente tesis pretende armonizar el desarrollo de las actividades turísticas y la sostenibilidad de su desarrollo, teniendo en cuenta las políticas nacionales ambientales que propugna un turismo sostenible y responsable, así como el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales y culturales en un marco legal adecuado. El desarrollo sostenible como es conocido descansa en tres pilares o vectores : ambiental, económico y socio cultural, donde prima una fuerte arraigo cultural que es expresado en un modo vivir y o actuar en una sociedad, lo cual en el caso nuestro, debido a deficiencias educativas estructurales evidentes, que se contrae en el irrespeto a los sistemas culturales reflejada en la falta de cuidado y protección de nuestro patrimonio, la corrupción de funcionarios del órgano estatal, así como deficiencias técnicas de los mandos directrices y medios, entre otros; hemos considerado como indispensable, y lo postulamos como una dimensión motriz, a los clásicos vectores mencionados, a la <<dimensión mental>> sustanciada en un eficiente sistema educativo en el largo plazo, que concatene la creatividad e inventiva, armonía de inteligencia y valores, el sentido de humanidad de la personas, entre otras atributos, generados en el espacio mental, cuya asunción, de acuerdo a las aspiraciones del desarrollo sostenible de nuestra sociedad peruana, sería un paso importante no sólo en el desarrollo del sector turístico, sino en todos los sectores del país. Puesto que el derecho no es un conjunto de normas o principios, si no mas que eso, es vida social que recala en comportamientos, conductas o formas de actuación humana, denominada por el autor como “superestructura de actuación”, que esta condicionada a valores individuales y colectivos hacia la inspiración justa de la convivencia social. Dentro de esta perspectiva el estudio evaluó las condiciones legales o marco legal, teniendo en cuenta como base la ley vigente del sector Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística (Ley No. 26961), que condicionan el desarrollo del turismo en el Perú desde el enfoque del desarrollo sostenible y además de leyes complementarias, conexas principales, políticas, objetivos, metas etc. reguladoras en el periodo del 2001 al 2006, con resultados no alentadores para el turismo, al verificarse la hipótesis glosada en el sentido de que la normativa legal turística no es la mas adecuada para el desarrollo sostenible del turismo nacional; asimismo se sintetizó la problemática y se propuso unas serie de medidas plasmados en una propuesta de carácter jurídico administrativo, lo cual incluye un anteproyecto de ley general de turismo, dentro de un marco adecuado, que fundamente la conectividad de las políticas, objetivos y metas con sus resultados en el largo plazo, en el afán de revertir las deficiencias y carencias que hacen insostenible el turismo, hacia un orden superior de la cosa turística, fundamentada en la transformación de un sistema centralizado a otro descentralizado que confirmen una funcionalidad de las políticas y estrategias de ahora y su persistencia en el futuro, es decir convergente con el desarrollo sostenible del turismo nacional. -- PALABRAS CLAVES turismo sostenible, desarrollo sostenible, sostenibilidad mental

El trabajo fue conceptuado por Manuel Alonso García como una manifestación de la capacidad creadora del hombre y, en base a ello, está en la posibilidad de transformar las cosas y conferirles un valor, del que antes carecía. Pensadores antiguos como Aristóteles y Platón consideraron el trabajo manual como una tarea inferior, luego llegaron los artesanos, posteriormente se ennoblece con el cristianismo y luego se generaliza la manufactura. Con la Revolución Francesa se genera la libertad en el trabajo y luego el nacimiento del comercio, los bancos y, en general, un nuevo mundo económico. Nacen, después, las diferencias entre los integrantes de las sociedades, la lucha de clases, el proletariado. La mayor significación del trabajo se va a producir a partir del nacimiento de la máquina, es decir, desde la Revolución Industrial, entre los años 1750 a 1850. La economía, entonces, se transformará sustancialmente y el derecho lo regulará con mayor énfasis, teniendo en cuenta su enorme trascendencia social.

La subordinación y el trabajo personal, constituyen junto con la remuneración, los tres elementos necesarios y suficientes para tipificar la relación laboral. Esta relación laboral es la base sobre la cual se constituye el derecho del trabajo. Para el empleador la remuneración es el costo que tiene que pagar por la mano de obra que emplea. Para el trabajador es la ganancia que obtiene gracias a la venta de su trabajo personal. Por lo tanto, el trabajo es un fin en sí mismo ya que dignifica al hombre, es también un medio a través del cual obtiene los bienes necesarios para su subsistencia; a lo que nosotros llamamos indistintamente remuneración y/o salario. Al cumplir tan importante rol, es que el derecho del trabajo se ocupa en forma especial de la remuneración. Todo trabajo requiere de un pago o remuneración, nuestro estudio sólo se ocupa de la remuneración que se da al interior de la relación laboral. Más aún, nos limitaremos al análisis de la remuneración en el régimen común del sector privado. Con lo que dejamos de lado el estudio de la remuneración en el caso de los trabajadores que se encuentran al servicio del Estado; es decir, aquellos que se encuentran en el régimen público. Excede también del límite de nuestro estudio, el análisis de la remuneración, de aquellos trabajadores que encontrándose dentro del sector privado, debido a la naturaleza especial de sus funciones están sujetos a un régimen laboral especial. Metodológicamente, hemos creído convenientemente dividir nuestro estudio en cuatro partes: la primera de ellas se ocupa de la teoría general de los salarios, la segunda el derecho de remuneraciones en el Perú, la tercera trata sobre las reformas necesarias sobre legislación sobre salarios y la última los salarios en la legislación comparada. Haber, sueldo, remuneración; son algunas de un numeroso grupo de palabras que tiene un significado similar. El término remuneración, corresponde a nuestro léxico constitucional, pero en el presente preferimos utilizar indistintamente salario y/o remuneración.