El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis integral de los principales problemas jurídicos contenidos en la Resolución N° 0605-2016/SDCINDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2016 (en adelante, la “Resolución”) emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, la “Sala” e “Indecopi”, respectivamente). Cabe mencionar que, en ese entonces, esta Sala era la segunda instancia en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Para la elaboración del presente informe jurídico, se ha analizado el marco jurídico aplicable, los antecedentes de la problemática a fin de desarrollar los problemas jurídicos suscitados a partir del análisis de legalidad realizado por la Sala, así como el análisis de las competencias asignadas a cada entidad de la Administración Pública involucrada durante la implementación del servicio de revisiones técnicas vehiculares. A partir de lo anterior, coincidimos con el análisis realizado por la Sala conforme a la sección que desarrolla este aspecto. Asimismo, dilucidamos las competencias asignadas a cada una de los niveles de gobierno involucrados en la Resolución para concluir en que la falta de competencia de uno de los niveles de gobierno involucrados suscitó la suscripción de un contrato de concesión mediante el cual se otorga exclusividad sobre la prestación del servicio de revisiones técnicas. / The following legal draft/memo aims at integrally analyzing the main legal issues within the resolution number 0605-2016/SDC-INDECOPI of 24 November 2016 (hereafter the resolution) delivered by the specialized committee on competition law of the INDECOPI. It worth mentioning that back then such committee was the second instance in the procedures regarding the elimination of burocratic barriers. For the elaboration of the present legal draft, we have analyzed the applicable legal framework, the background of the issues, with the aim of developing the legal issues underpinnings the legality analysis conducted by the committee, as well as the analysis of the assigned powers of each of the public entities involved in the implementation of the technical supervision of vehicles service. Based on the above, we concur with the analysis conducted by the committee pursuant to the section which develops this aspect. In addition, we outline the assigned powers of each governmental level involved in the resolution and we conclude that the lack of powers of one of such involved governmental levels, resulted in the subscription of a concession contract through which the government grants exclusivity over the service of technical revision.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.

La presente investigación desarrolla una de las grandes dificultades del Registro en nuestro ordenamiento jurídico desde la óptica del Patrimonio Cultural de la Nación; y es, en el marco del Registro de Bienes Inmuebles, ¿cómo hacemos que la realidad registral refleje la realidad extrarregistral? Considerando además que, en este caso, registrar la condición de cultural de un bien inmueble acarrea diversos límites al ejercicio de la propiedad. Partiendo de esta disyuntiva, podemos identificar dos objetivos abordados a lo largo de este informe, a saber, i) la importancia de registrar el Patrimonio Cultural de la Nación en un registro integrado, y ii) el nuevo rol que deberán asumir nuestras autoridades públicas y el mismo Registro frente a esta realidad. En primer lugar, es obligación del Estado proteger las herencias culturales de nuestra Nación como vehículo para promover la paz, el desarrollo social, ambiental y economía sostenible; para estos fines, nuestras normas han recogido una presunción de declaración de cultural de un bien inmueble que tiene determinadas características, pero ello no garantiza su adecuada protección y difusión ya que la identificación y el deber de iniciar el procedimiento de declaración de su condición de cultural recaerá en el sujeto privado, pudiendo producirse intereses perversos como la destrucción del bien. Frente a ello, nuestras autoridades deberán asumir un rol directriz en la gestión de los bienes culturales inmuebles, para lo cual deberá dotarse de diversas herramientas; por ejemplo, al igual que en Colombia, deberán crear un plan de desarrollo sostenible del bien cultural inmueble que deberá estar inscrito en la partida registral del inmueble, adicionalmente, al igual que en Italia, podrían exigir su inscripción para gozar de sus beneficios tributarios. Estas reformas se traducirán en una mejor posición del bien frente a su tráfico jurídico.

La implementación de la innovación en tecnología en la publicidad comercial ha tenido un gran impacto tanto desde el punto de vista tecnológico, social, así como en su aplicación normativa. Además de ello, debido a la tasa de discriminación social existente hacia un grupo determinado de personas (quienes vienen social e históricamente vulneradas), nace nuestro interés por desarrollar el tema de la discriminación en la publicidad comercial en base a las normas de la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Ley N° 1044, específicamente en base al Principio de Adecuación Social (artículo 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal). No obstante ello, consideramos que la ambigüedad de la norma termina generando un efecto adverso al esperado y conlleva generalmente a una mala aplicación de la misma por parte de la Autoridad (como el caso de publicidad discriminatoria de Saga Falabella), ya que lo que se busca sancionar el citado artículo no es concretamente la difusión de una publicidad sexista, discriminatorio o contraria al principio de adecuación social en general, sino que la misma tenga el efecto de inducir a sus destinatarios a cometer actos de dicho carácter. Por tanto, debido a que el principal problema del principio de Adecuación Social es su ambigüedad en la aplicación e interpretación por parte de Indecopi, consideramos que su correcta interpretación debe ser restrictiva y funcional.

La Policía Nacional del Perú en virtud de la normatividad vigente, de manera anual realiza el proceso de Cambios Generales de Colocación de los Oficiales, el presente trabajo de investigación se va a desarrollar desde una visión de la buena administración, siguiendo a los principios de meritocracia, transparencia y corrección, instrumentos que permiten garantizar de manera eficiente y eficaz el procedimiento de asignación del personal policial, el cual está constituido por profesionales capacitados en el ámbito operativo y administrativo, con conocimientos especializados, habilidades y destrezas para desempeñar un puesto y/o cargo, con la finalidad de cumplir lo regulado en el artículo 166° de la Constitución Política del Perú, como es la de garantizar el orden interno, así como prestar ayuda y protección a la comunidad y a las personas. Esta investigación tiene como objetivo aplicar los principios de buena administración, como la meritocracia, la transparencia y la corrección, en los cambios generales de colocación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, y determinar si la materialización de estos principios en el mencionado proceso garantiza un eficiente y efectivo cumplimiento de sus funciones policiales, que coadyuve al eficaz cumplimiento de sus funciones, como velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden interno. Asimismo, se establecerá cómo el principio de buena administración, a través de sus sub principios pueden orientar el procedimiento administrativo de forma positiva en los Cambios Generales de Colocación en la Policía Nacional del Perú, y que esta asignación del personal no devenga en arbitrariedades, actos de corrupción o favoritismos, que deslegitimen la línea de carrera de los oficiales; sino por el contrario, que esta sea realizado dentro de un accionar legítimo de la institución policial, en el cual los Oficiales sean promovidos o asignados con un criterio objetivo, meritorio y transparente, a fin de responder a las exigencias de un servicio policial de calidad y que satisfaga los intereses colectivos.

En el Derecho Internacional existe consenso sobre que las acciones que buscan vulnerar grupos minoritarios deben ser sancionadas. Sin embargo, este consenso parece no estar sujeto a debate cuando las vulneraciones son manifiestas y se ejercen en el marco de violencia física o psicológica. Sin embargo, este consenso para desparecer cuando se plantea que dicha violencia también puede ser ejercido mediante un discurso. La libertad de expresión ha sido usada en muchas ocasiones como justificación para realizar actos contrarios a la igualdad de grupos vulnerables. En ese sentido, este trabajo encontró en este fenómeno un tema necesario de analizar con el fin de encontrar soluciones que eviten que se sigan diseminando discursos que vulneran el derecho a la igualdad de poblaciones vulnerables, en específico la comunidad LGTBI, Este trabajo buscará demostrar que existe necesidad de que el Estado manifieste su rechazo hacia el discurso de odio mediante el despliegue de medidas que buscan estandarizar el contenido de discurso de odio así como la suscripción de tratados internacionales específicos sobre el tema. En dicho contexto, este trabajo también propone que un primer punto de acuerdo respecto al qué debe ser entendido como discurso de odio es el que es ejercido por funcionarios públicos en el marco de un debate público, esto por ser doblemente lesivo contra la comunidad LGTBI al vulnerar su derecho a la igual y su derecho a la participación política. Por lo que una propuesta de solución será incluir una sanción específica a los congresistas de la República dentro del Reglamento del Congreso para sancionar la emisión de discursos de odio en el marco de sus funciones parlamentarias

La maternidad subrogada gestacional altruista es una Técnica de Reproducción Asistida (TERA) que permite a las personas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como en su derecho a fundar una familia, recurrir a ellas con la finalidad de procrear, principalmente, debido a problemas de infertilidad. Los diversos avances científicos han causado que en diversos países los legisladores se involucren en establecer parámetros legales con la finalidad de coadyuvar en esta problemática. En nuestro país solo hay una norma vinculada a la temática y es el artículo 7 de la Ley General de Salud (Ley 26842). Aquel artículo es la única normativa que regula los casos de maternidad subrogada en el Perú, la cual, si bien no prohíbe taxativamente esta práctica, genera diversas interpretaciones. Ello se incrementa a raíz de que existen vacíos legales en cuanto a la normativa vinculada al tema. Por ello, la finalidad de este artículo es realizar una propuesta de reforma del artículo 7 de la Ley General de Salud referente a la maternidad subrogada. / Altruistic gestational surrogacy is an Assisted Reproduction Technique (TERA) that allows people in the exercise of their sexual and reproductive rights, as well as their right to found a family, to resort to them in order to procreate, mainly, due to infertility problems. The various scientific advances have caused legislators in several countries to become involved in the establishment of legal parameters in order to contribute to this problem. In our country there is only one regulation linked to the subject and that is article 7 of the General Health Law (Law 26842). That article is the only regulation that regulates surrogacy cases in Perú, which, although it does not strictly prohibit this practice, generates different interpretations. This increases due to the fact that there are legal gaps in the regulations related to the subject. For this reason, the purpose of this article is to make a proposal to reform article 7 of the General Health Law regarding surrogacy.

El problema principal del informe versa sobre el uso de Estándares de Calidad Ambiental, previstos en la Guía de Canadá (Canadian Environmental Quality Guidelines), los cuales han sido establecidos por instituciones internacionales que no han sido reconocidas por el ordenamiento jurídico peruano como fuente de derecho. El presente trabajo cuestiona la posibilidad de su uso, para determinar los posibles efectos adversos al medio ambiente, también entendidos como daño ambiental, en la aplicación de sanciones administrativas, en el marco de Procedimiento Administrativo Sancionador llevado a cabo por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Perú. Conforme a ello, se analiza si es que el empleo de estos instrumentos normativos para determinar el daño ambiental, los cuales establecen modelos de conducta, constituye un uso válido de Soft Law en el derecho administrativo peruano. Posteriormente, se evalúa si es que el uso de los mismos recae sobre el margen de discrecionalidad, facultad tácita con la que cuenta la administración. Finalmente, en este trabajo se determinará si es que el empleo de los Estándares de Calidad de Suelos Agrícolas, previstos en la normativa dispuesta por el Ministerio del Ambiente de Canadá, contempla una vulneración al Principio de Tipicidad y al derecho a la defensa de los administrados, de acuerdo con las disposiciones recogidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley General del Ambiente y el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica. / The main problem of the report is about the use of Environmental Quality Standards, provided for the Canadian Guide (Canadian Environmental Quality Guidelines), which have been established by international institutions that have not been recognized by the Peruvian legal system as a source of law. This report questions the possibility of its use, to determine the possible adverse effects to the environment, also understood as environmental damage, in the application of administrative sanctions, within the framework of the Sanctioning Administrative Procedure carried out by the Organismo de Evaluación y Fiscalización in Peru. As a matter of fact, it is analyzed whether the use of these normative instruments to determine environmental damage, which establish models of conduct, constitutes a valid use of Soft Law in Peruvian administrative law. Subsequently, it is evaluated whether the use of these legal instruments fall on the margin of discretion, a tacit power that the administration has. Last but not least, it will be determined if the use of the Agricultural Soil Quality Standards, provided by the Ministry of the Environment of Canada, contemplates a violation of the Principle of Typicality and the right to legal defense of the administered , according to the provisions contained in the General Administrative Procedure Law, the General Environmental Law and the Regulations for Environmental Protection in the Mining-Metallurgical Activity.

Lima Airport Partners (concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) solicita interpretar a OSITRAN el numeral 2 del anexo 11 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual regula la obligación del Estado de entregar los terrenos “debidamente saneados” para el Proyecto”. OSITRAN emitió su Resolución de Consejo Directivo N° 050-2005-CD-OSITRAN en la cual interpreto la citada cláusula del Contrato de Concesión; posteriormente LAP solicita una “interpretación complementaria” de la resolución ya indicada. Este último requerimiento es declarado IMPROCEDENTE en primera instancia, mientras que en segunda instancia fue declarado INFUNDADO el pedido de reconsideración

A pesar de los objetivos planteados en el marco normativo general del sector eléctrico donde se busca una participación activa del sector privado y un rol subsidiario del Estado, la actividad de distribución eléctrica en el Perú cuenta con una participación de empresas predominantemente públicas, las cuales se encuentran encargadas de brindar el servicio público de electricidad y que a la luz de los resultados arrojados no brindan un servicio de calidad, tal como lo exige nuestra regulación. Por ello, resulta pertinente analizar nuestro marco jurídico para encontrar las razones que han imposibilitado la participación de agentes privados en la distribución, lo cual será un punto de partida para plantear propuestas de mejora, a fin de impulsar la inversión privada y con ello lograr que todos los usuarios puedan tener un servicio eléctrico de calidad.