El presente informe desarrolla el procedimiento de denuncia realizada por Miguel Ángel Céliz Ocampo en contra de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros por la infracción del Código de Protección al Consumidor. Específicamente los artículos 1.1 literal d) y 38 del referido Código. El INDECOPI confirma, en el procedimiento ante la Comisión y la Sala de Protección al Consumidor, que los hechos acaecidos constituyeron un acto de discriminación en razón de la discapacidad e Sandra Céliz e imponen una multa y una medida correctiva. Adicionalmente, se examina el cumplimiento de la medida correctiva a partir del ofrecimiento de la póliza por Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. En el presente documento se analizan los hechos a la luz del marco nacional e internacional sobre la efectivización del derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad, la prohibición de discriminación y el ejercicio de la autonomía privada, para determinar que el razonamiento del INDECOPI fue acertado al momento de resolver la controversia. Todo ello teniendo en cuenta el modelo social de la discapacidad como pilar en el análisis del caso. En razón de ello concluimos que la Comisión y la Sala resuelve bien al determinar la comisión de un acto de discriminación en el consumo y que el razonamiento del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor no cumplió con resolver adecuadamente respecto de la medida correctiva.

El presente trabajo abarca la aplicación de la normativa general de Derecho Administrativo, el Texto Único y Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de la normativa especial, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850. Esto en el Arbitraje CCI N°20513/ASM, en referencia al Laudo Arbitral Final que puso fin a la controversia entre el Consorcio Nippon Koei -OIST y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esta controversia se inicia con la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obras del Proyecto de Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Piura – Castilla y Chimbote. / This work covers the application not only of the general rules of Administrative Law, the Sole and Orderly Text of the General Administrative Procedure Law, but the special rules, the State Contracting and Procurement Law, Law 26850. This in ICC Arbitration N°20513/ASM, in reference to the Final Arbitral Award that put an end to the dispute between the Nippon Koei -OIST Consortium and the National Urban Sanitation Program. This dispute began with the liquidation of the Consulting Services Contract for the Supervision of Works for the Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the Cities of Piura - Castilla and Chimbote.

La Resolución Nº 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, consiste en un caso de discriminación en el consumo, iniciado de oficio, en contra del Banco Interamericano de Finanzas. Esto, debido a que la entidad bancaria denunciada habría infringido el artículo 38 de la Ley Nº 29571, al establecer como requisito para el otorgamiento de créditos como El Nuevo Crédito MiVivienda y Crédito Hipotecario encontrarse dentro de cierto rango etario. En ese sentido, la resolución es de relevante importancia debido a que, no solo se analiza un criterio que afectaría a una población en situación de vulnerabilidad, sino también porque presenta un cambio de criterio en cuanto a la interpretación de discriminación en el consumo. Tomando en consideración ello, el presente informe jurídico se dividirá en tres apartados. En un primer momento, se tratará de determinar si el Banco actuó de forma discriminatoria al establecer como requisito para acceder a dos de sus productos, encontrarse dentro de un rango etario. En un segundo momento, se buscará analizar si el criterio etario puede ser considerado como un requisito razonable y objetivo, para evaluar si se debe otorgar un crédito o no a la persona quien lo solicita. Finalmente, se realizará un análisis sobre la los criterios utilizados por la Comisión, que fueron confirmados por la Sala, para imponer la multa por la infracción del artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / Resolution 2025-2019/SPC-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for Consumer Protection, consists of a case of discrimination in consumption, initiated ex officio, against the Inter-American Bank of Finance. This, because the bank denounced would have violated article 38 of Law Nº 29571, by establishing as a requirement for the granting of credits such as Nuevo Crédito MiVivienda and Crédito Hipotecario be within a certain age range. In this sense, the resolution is of importance because it not only analyzes a criterion that would affect a population in a situation of vulnerability, but also because it presents a change in the interpretation of discrimination in consumption. Taking this into account, this paper will be divided into three sections. In the first instance, it will be a question of whether the Bank acted in a discriminatory manner by making two of its products subjects to eligibility within an age range. In a second stage, it will be sought to analyze whether the age criterion can be considered as a reasonable and objective requirement, to assess whether a credit should be granted or not to the person requesting it. Finally, an analysis will be made of the criteria used by the Commission, which were confirmed by the Chamber, to impose the fine for the infringement of Article 38 of the Consumer Protection and Defense Code.

El presente informe jurídico tiene por objeto analizar la Resolución N° 444-2022-SUNARP-TR emitida por el Tribunal Registral de Lima a propósito de la solicitud de cancelación de la partida electrónica de una empresa cuyo domicilio fue trasladado a Panamá. Así, a partir de un análisis de la resolución mencionada, desarrollamos el Redomicilio de Sociedades peruanas hacia el exterior como institución jurídica en Perú. Con ello, el presente informe plantea respuestas a múltiples cuestiones acerca del Redomicilio de Sociedades al exterior entre las cuales están: ¿En qué consiste el Redomicilio de Sociedades hacia el Exterior?, ¿Qué razones llevarían a accionistas de sociedades peruanas ejecutar esta modalidad de reorganización societaria?, ¿Qué tratamiento jurídico tiene esta modalidad de reorganización societaria en el Perú y en el extranjero actualmente? y ¿Qué comentario nos trae la Resolución N° 444-2022-SUNARP-TR? Finalmente, a partir de la respuesta a todas las cuestiones anteriormente mencionadas, el presente informe jurídico da respuesta a la cuestión principal del Informe: A partir de la Resolución 444-2022-SUNARP-TR ¿Qué corresponde hacer ahora en materia registral?

El presente trabajo de investigación académico tiene como objetivo determinar si existe algún supuesto en el que un proveedor pueda discriminar a un hombre por una razón de género. Con la finalidad de delimitar la materia de investigación, el objetivo será resuelto en función al análisis de la Resolución Nº 1121-2020/SPC-INDECOPI, en la cual se han identificado tres problemas jurídicos: (i) si el denunciado había incurrido en una presunta infracción a los artículos 1º.1. literal d) y 38º o al artículo 41º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, (ii) si los medios probatorios ofrecidos por la parte denunciante habrían sido suficientes para acreditar la conducta infractora del proveedor y, por último, (iii) si la sanción imputada guardaba correspondencia con la presunta infracción cometido por el proveedor. Los instrumentos utilizados para poder llevar a cabo el análisis del caso han sido las resoluciones del Indecopi, la doctrina, las normas del sistema jurídico peruano, las mismas que permiten concluir que sí pueden existir supuestos en los que un consumidor puede ser discriminado por tener la condición de hombre y que dicha afectación pueda extenderse, en caso de encontrarse acompañado, a una tercera persona que podría gozar de alguna protección especial determinada por la ley. / The purpose of this academic research is to determine whether there are any circumstances in which a supplier can discriminate against a man on the basis of gender. In order to delimit the subject of investigation, the objective will be resolved based on the analysis of Resolution Nº 1121-2020/SPC-INDECOPI, in which three legal problems have been identified: (i) whether the defendant had committed an alleged infringement of Articles 1.1 (d) and 38 or 41 of the Consumer Protection and Defence Code, (ii) whether the evidence offered by the complainant was sufficient to prove the supplier's infringing conduct and, finally, (iii) whether the sanction imposed corresponded to the alleged infringement committed by the supplier. The instruments used to carry out the analysis of the case have been the resolutions of Indecopi, the doctrine, the rules of the Peruvian legal system, which allow us to conclude that there may be cases in which a consumer may be discriminated against for being a man and that such affectation may extend, if accompanied, to a third person who could enjoy some special protection determined by law.

A efectos de imputar la impuntualidad como falta grave, causa justa de despido, el legislador peruano ha previsto que deben concurrir dos elementos: (i) la reiterencia en el tiempo del incumplimiento al horario de trabajo por parte del trabajador; y (ii) la imposición de sanciones, entiéndase amonestaciones escritas y suspensiones, previas al despido por la misma conducta infractora. Sin embargo, en este supuesto se ha omitido brindar un parámetro objetivo para delimitar cuando estamos ante una conducta infractora reiterada, a diferencia de la causal referida al ausentismo laboral, lo que a mi consideración no es equiparable a la existencia de sanciones previas al despido. En tal sentido, el presente trabajo pretende demostrar que, si bien los elementos para configurar la falta grave referida a la impuntualidad reiterada, contenida en el inciso h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se encuentran relacionados entre sí, estos son independientes en cuanto a su valoración y comprobación fáctica, siendo que el primero de ellos se encuentra sujeta a la discrecionalidad del empleador dado un problema de vaguedad en la enunciación del supuesto de hecho.

La presente tesis busca justificar la importancia de implementar nuevas medidas que reafirmen uno de los principales objetivos del Sistema Inspectivo del Trabajo, es decir la exigencia de cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y con ello el goce de los derechos reconocidos a los trabajadores. Se propone entonces, la implementación de una medida correctiva como resultado de determinar la responsabilidad del sujeto inspeccionado en el marco del procedimiento administrativo sancionador en el Sistema Inspectivo del Trabajo, con la finalidad de exigir la corrección y/o restitución de los derechos vulnerados, a la vez que busca la eficacia del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral en sede administrativa. Adicionalmente, con la medida correctiva se busca detallar y precisar los incumplimientos atribuidos al sujeto obligado de forma tal que coadyuve, como parte de la resolución de sanción final, a su ejecución como título ejecutivo en las instancias judiciales a través de los procesos de ejecución que pueda iniciar el trabajador afectado. Defendemos nuestra propuesta a través del desarrollo del siguiente esquema teórico: (i) Sobre el análisis de la situación actual del Sistema Inspectivo del Trabajo y las limitaciones de sus medidas en el marco de la inspección del trabajo, (ii) la importancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral como parte del interés público, y su reconocimiento jurídico a nivel internacional; y, además (iii) sobre la condiciones existentes y favorables para la implementación del régimen de las medidas correctivas en el marco del Procedimiento administrativo sancionador del Sistema Inspectivo del Trabajo. Concluimos que, con base a lo previamente planteado, es viable la propuesta, y seguidamente se propone las mejoras normativas para su aplicación. / The present thesis seeks to justify the importance of implementing new measures that reaffirm one of the main objectives of the Labor Inspection System, that is to say, the demand for compliance with the social and labor legal system and thus the enjoyment of the rights recognized to workers. It is proposed then, the implementation of a corrective measure as a result of determining the responsibility of the inspected subject within the framework of the administrative sanctioning procedure in the Labor Inspection System, with the purpose of demanding the correction and/or restitution of the violated labour rights, while seeking the effectiveness of compliance with the social and labor legal system in administrative proceedings. Additionally, the corrective measure seeks to detail and specify the non-compliances attributed to the obligor in such a way that it contributes, as part of the final sanction resolution, to its enforcement as an enforceable title in the judicial instances through the enforcement proceedings that the affected worker may initiate. We defend our proposal through the analysis of the following theorical framework: (i) On the analysis of the current situation of the Labor Inspection System and the limitations of its measures in the framework of the labor inspection, (ii) the importance of compliance with the social and labor law as part of the public interest, and its legal recognition at the international level; and, furthermore (iv) on the existing and favorable conditions for the implementation of the regime of corrective measures in the framework of the administrative sanctioning procedure of the Labor Inspection System. We conclude that, based on the above, the proposal is viable, and consequently we propose the regulatory improvements that make it applicable.

El presente informe tiene como punto de partida el caso de un banco (Banco Sur del Perú) que denuncia, a través de su representante, a sus extrabajadores por los delitos de hurto, estafa, apropiación ilícita y peculado; todo ello por haber participado en dos operaciones irregulares que terminaron con la sustracción de más de un millón de soles de la bóveda bancaria. Luego de cinco años de proceso penal, la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Lima absolvió a los imputados de todos los delitos denunciados. Su decisión estuvo fundamentada en la supuesta inexistencia de elementos probatorios objetivos suficientes para establecer la comisión de los delitos. Al año siguiente de culminado el proceso penal, uno de los imputados absueltos, el señor Miguel Óscar Saavedra Díaz, quien se desempeñaba como Jefe de Bóveda del banco, decidió demandar a su antiguo centro de labores invocando la figura de indemnización por denuncia calumniosa, contemplada en el artículo 1982° del Código Civil, y exigió una indemnización civil de $ 3’000,000.00 (tres millones de dólares), alegando que lo denunciaron de manera maliciosa, a sabiendas de la falsedad de sus imputaciones, ocasionándole daños y perjuicios a él y a su familia. La Tercera Sala Civil de Lima, en la sentencia de diciembre del año 2001, decidió declarar fundada la demanda fijando una reparación civil de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares) a favor del señor Saavedra Díaz. El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis de los equívocos y aciertos que realizan las salas penales al momento de absolver a los imputados, particularmente al señor Miguel Óscar Saavedra Díaz y a su jefe directo, el señor Leonidas Yabar Bedregal. Además, se estudiarán los equívocos de la Tercera Sala Civil de Lima, al pronunciarse a favor del señor Saavedra Díaz y otorgarle un monto indemnizatorio.

Los estereotipos de género son una de las principales causas de la violencia que sufre la mujer en nuestro país; sin embargo, no toda la sociedad es consciente de su existencia, magnitud y los perjuicios que pueden generar. Por ende, los objetivos del trabajo son los siguientes: El objetivo principal: Analizar el nivel de eficacia de las acciones tomadas por la autoridad de protección al consumidor para combatir la discriminación por género en el ámbito de consumo y, proponer medidas que amplifiquen las potencialidades actuales del sistema de consumidor. Los objetivos específicos: i) identificar el espectro total de las prácticas que perpetuan estereotipos realizadas por los proveedores de bienes o servicios que afectan los derechos de las consumidoras; ii) demostrar que existen prácticas lesivas al mandato de no discriminación que la autoridad desconoce y; por ende, no fiscaliza ni sanciona; ii) Identificar métodos eficaces para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de la consumidora sin trasgredir los derechos de otros actores del mercado. El supuesto es el siguiente: ¿Cuál es el nivel de eficacia de las actuales medidas de prevención y erradicación de la discriminación en materia de protección al consumidor y, cómo pueden potentenciarse las mismas, sin trasgredir los fundamentos económicos constitucionales? La conclusión propuesta es, si bien es cierto, se han advertido aspectos positivos por parte de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Sala de Protección al Consumidor, que estarían contribuyendo con la prevención y erradicación de los estereotipos de género que fomentan la discriminación estructural contra las mujeres. Es recomendable capacitar a los funcionarios que ven estos casos en género y discriminación y, no sólo desde una perspectiva de mercado.

El trabajo de investigación materia de análisis tiene como finalidad analizar el pronunciamiento de Indecopi sobre el anuncio publicitario difundido por Saga Falabella para la promoción de colchones Drimer; así como desarrollar el principio de adecuación social y derecho a la igualdad y no discriminación y cómo la reproducción de estereotipos y prejuicios sociales son promueven o incitan a cometer actos de discriminación en la población.