Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los eventuales riesgos derivados de la utilización de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes se caracterizan por sus consecuencias catastróficas. En este sentido, las centrales nucleares son las que mayores críticas reciben por los peligros que su funcionamiento implica, debido a sus distintos factores de riesgo; sin embargo, como dice el jurista español Gordillo Álvarez-Valdés, es el factor humano el riesgo más importante, que comprende desde simples errores de concepción o ejecución, a negligencias o actos motivados por intereses de diverso tipo -económicos, políticos, entre otros-. El presente trabajo versa sobre una parcela de la realidad notablemente abandonada por la doctrina no obstante la reacción social que genera. En las siguientes páginas daremos cuenta de la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico-penal al peligro de los usos de la energía nuclear y radiaciones ionizantes, llenando así un vacío en la investigación jurídico penal chilena. A lo largo de este trabajo se estudiarán diversos temas que dicen relación con los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, siendo el eje central los tipos penales contemplados en la Ley 18.302 de Seguridad Nuclear. El capítulo introductorio es el encargado de revisar lo complejo que es para los Estados en particular y la comunidad internacional en general tomar las decisiones políticas y legislativas necesarias respecto a la implementación satisfactoria de la tecnología nuclear, en un mundo que demanda la aplicación de los avances de la ciencia nuclear, además de energía barata y limpia, pero que no puede desprenderse de fundados temores. Distintas opiniones, posturas, teorías, datos e inclusive ideologías aportan a una discusión que no puede eludirse a la hora de regular y especialmente de penalizar. El capítulo primero se denomina “El ordenamiento jurídico chileno en materia nuclear”, y tiene como objetivo dar a conocer el actual marco regulatorio en la temática nuclear en nuestro país, incluyendo los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Chile. 5 El capítulo segundo está dedicado a la regulación jurídico-penal en materia nuclear en el derecho comparado, a objeto de tener una noción de cómo es tratado el tema en estudio en las legislaciones extranjeras más entendidas. El capítulo tercero se titula “Bien jurídico protegido y delitos de peligro en la ley de seguridad nuclear”, y como su nombre lo indica, estudia los bienes jurídicos protegidos por la ley de seguridad nuclear, analizando la técnica legislativa de los tipos de peligro como manera de resguardar aquellos relacionados con la seguridad colectiva. Por último, en el capítulo cuarto se analizan los tipos penales que contiene la Ley 18.302 de Seguridad Nuclear, que es la norma especial que regula los usos pacíficos de la energía nuclear, no sin antes revisar los términos técnicos y científicos que son utilizados en la normativa necesariamente, dada la complejidad de la materia. En las conclusiones las autoras emiten los comentarios finales y los aportes jurídico-penales que contribuyen a enriquecer un sector penal, como dijimos, hasta ahora abandonado dogmáticamente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La necesidad de escribir una memoria que refleje la actual situación legal de los plebiscitos en Chile está íntimamente ligada con una profunda crisis de representatividad que sufre nuestra sociedad. La institucionalidad política, tal como existe hoy, es incapaz de proporcionarle a la población un grado adecuado de participación democrática. Nos parece adecuado entonces, comenzar el presente trabajo indicando por qué creemos que los plebiscitos son una buena herramienta para que la ciudadanía esté más cerca de las decisiones institucionales. En primer lugar, nos parece evidente que la ciudadanía no se siente totalmente representada con el actual sistema político que rige la Nación –las encuestas, las manifestaciones sociales de todo tipo así lo indican-. Esto no es nuevo. Sin embargo, pensamos que en los últimos años viene ocurriendo un fenómeno social que si bien no es inédito en nuestra historia, sí es muy significativo y trascendente: la ciudadanía no se siente totalmente representada por la clase política, pero la ciudadanía sí tiene una opinión política. Entonces, no se trata de realizar aquí una crítica a la falta de interés ciudadano por la clase política y sus decisiones. Nada nos parecería más alejado de la actual realidad social. Creemos con firmeza que la ciudadanía tiene opiniones políticas y que desea participar en política. El problema, entonces, tiene que ver con que las personas sienten que no existen actualmente los medios adecuados para que sus opiniones políticas sean relevantes en las decisiones institucionales. Las personas no se sienten totalmente representadas por la clase política, pero sería inadecuado decir que las personas no quieren participar en política. Es por esto último que existe consenso en el sentido de reconocer que hay una crisis en las instituciones representativas, y que esta crisis se manifiesta en la enorme distancia que hay entre la ciudadanía y sus representantes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La posibilidad de ejecución de la Convención de Derechos del Niño en Chile no es un tema menor pues ella consagra todos los derechos de los que son titulares los niños como sujetos de protección especial. Por lo tanto si eso no es así, estaríamos ante una gran vulneración de derechos humanos además de formalmente estar violando un tratado vigente. La realidad de esta problemática es la que intentaremos dilucidar en este trabajo, el cual no tiene más interés que el de dar cuenta de la existencia o no de una situación, para poder tener una posición y tomar cursos de acción ante cualquiera de los escenarios posibles. Para ello lo primero que se hará será, en un Primer Capítulo, analizar la Evolución del concepto de Interés Superior del Niño a través de cuatro puntos: La evolución histórica previa a la Convención de Derechos del Niño del Interés Superior del Niño. La recepción del Interés Superior del Niño en la Convención de Derechos del Niño. Las discusiones doctrinarias de contenido y alcance del Interés Superior del Niño. Las Opiniones y Observaciones del Comité sobre el Interés Superior del Niño. En un Segundo Capítulo analizaremos la Recepción del Interés Superior del Niño por la ley 19.968 de Tribunales de Familia. Y en ella veremos: La jerarquía de la Convención de Derechos del Niño en Chile. La ley 19.968, como legislación de adecuación de la Convención de Derechos del Niño. La recepción del Interés Superior del Niño en la Ley n° 19.968 de Tribunales de Familia. Por último en el Capítulo Tercero, analizaremos la forma como la jurisprudencia ha venido entendiendo y aplicando el principio del Interés Superior del Niño en procedimientos en que estén comprometido intereses de menores. Este trabajo terminará con un análisis de los datos obtenidos para dar respuesta a nuestras preguntas iniciales, logrando una imagen del panorama general de la situación del Interés Superior del Niño en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para cumplir los objetivos planteados, se procederá a la comparación entre procesos, el español y el chileno, lo cual se hará principalmente desde dos puntos de vista, primero, del objeto a probar, con la inclusión de la prueba indiciaria, por medio de la cual, al existir al menos indicios de veracidad en las afirmaciones del actor, el peso de la prueba recae en el empleador, quien tendrá que acreditar la justificación de su acción, y segundo, de los efectos de la sentencia, a saber, la indemnización, que incluye el daño moral, y la restauración del derecho vulnerado, todo esto, mediante el análisis crítico de la aplicación del procedimiento derecho a derecho. Se presenta ante nosotros, como antecedente, una legislación procesal que busca inhibir la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones laborales y que termina siendo, una protección efectiva ante la puesta en peligro de los mismos, poniendo a su disposición un sistema que apunta a retrotraer la situación al estado inmediatamente anterior de producirse la vulneración denunciada e indicándose medidas tendientes a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de dichas violaciones constatadas, incluyendo la posibilidad de que se imponga el pago de una indemnización por los daños efectivamente sufridos . Esto es a lo menos, un rayo de luz a la hora de esperar la puesta en marcha de lo que se proyectó como una efectiva modernización de la justicia laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A mediados de la década de los cincuenta, en el seno de los sindicatos de trabajadores del Cobre de Chuquicamata, los dirigentes de aquella época, planeaban de qué manerea podían elaborar un proyecto general acerca de la situación de trabajos pesados en el mineral de cobre a tajo abierto más grande del mundo, y proponerlo al ejecutivo como solución genérica para el país a partir de la escasa legislación existente en nuestro ordenamiento. Los resultados no fueron muy fructíferos, pues todos los estudios sindicales no produjeron efectos fuera de sus respectivas sedes y además, el entusiasmo decayó hasta transformarse en una idea casi olvidada. Nunca fue un tema fácil la homologación absoluta del sistema previsional en Chile, de hecho fue necesaria una reforma legal impuesta por la fuerza en el régimen de la época. Desde aquel entonces, y sólo después de cuatro décadas, el tema de los trabajos pesados logró tener un reconocimiento más o menos adecuado en un cuerpo legal que tiene el gran mérito teórico de omnicomprender a todos los trabajadores del sistema chileno y además de implantar un procedimiento científico con criterios objetivos para la calificación de los mismos. Me refiero a la ley 19.404, de 1995, y su reglamento. Con todo, es necesario hacer de ella un exhaustivo análisis, pues, y a pesar del poco tiempo transcurrido desde su publicación, es posible encontrar una serie de falencias susceptibles de perfeccionarse en el futuro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación trata el problema del centralismo en Chile, sobre la tesis de un eventual incumplimiento, por parte del Estado de Chile, de lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 3° de la Constitución Política de la República, los que propugnan la descentralización y regionalización del país. Con este objetivo, en septiembre de 2011, el Gobierno de Chile envió un proyecto de reforma a la Ley N° 19.175, Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, para su posterior discusión en el Congreso, poniendo especial énfasis en la creación de un sistema de transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales. Con ocasión del envío de este proyecto, se desarrolló una investigación de los principales factores que deben estar involucrados en todo proceso de regionalización, sea ésta exitosa o no. Analizando, entre otros, la experiencia extranjera y la historia de la descentralización en Chile, se termina con el estudio de las disposiciones sometidas a la aprobación del Congreso. De todo lo anterior, se concluye que si bien se ha cumplido con lo señalado en el inciso 2°, este logro no se extiende a lo señalado en el inciso 3°, ya que este último supone un estándar de exigencia mayor para el Estado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria trataremos de dar su alcance jurídico en la legislación laboral, dando una idea general sobre el aprendizaje, materia de por si compleja, utilizando un método descriptivo que permita conocer sus diversas concepciones, su historia, su marco legal y determinar la extensión de sus disposiciones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el presente trabajo queremos exponer como se sucedieron los hechos que dieron lugar tanto, a la posibilidad de censurar la exhibición pública de una producción cinematográfica, como a la reforma constitucional que eliminó esta posibilidad de limitar la libre decisión de acceder o no a determinada información. De la misma manera queremos exponer cuales han sido las causas que dieron lugar a cada uno de estos hechos y la forma como se fueron desenvolviendo los acontecimientos par dar paso a lo que hoy es la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.742 de 25 de agosto de 2001, la Ley de Calificación de la Producción Cinematográfica Nº 19.846 de 4 de enero de 2003 y el Reglamento contenido en el Decreto Nº 18, de 8 de julio 2003, del Ministerio de Educación. Según explicamos, esta memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, tiene por objeto analizar la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.742 de 25 de agosto de 2001, la cual tuvo por finalidad, eliminar la censura cinematográfica de nuestra Carta Fundamental, que data del año 1980, el análisis de la Ley de Calificación de 5 la Producción Cinematográfica y asimismo el análisis del Reglamento contenido en el Decreto Nº 18, de 2003, del Ministerio de Educación. En este análisis nos ocuparemos de explicar cual fue la causa mediata de esta reforma constitucional, a saber, la suscripción de Chile al Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, en el año 1969 y que entro en vigor el año 1991, así como también explicar la causa inmediata de la mencionada Ley de Reforma Constitucional, cual fue, la polémica tanto nacional como internacional, que se produjo por la censura a la exhibición pública de la producción cinematográfica “La Ultima Tentación de Cristo”, del director Martín Scorsese, basada en el libro del mismo nombre, del autor griego Niko Kazantsakis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo busca determinar el efecto práctico que tiene la aplicación de medidas alternativas en el sujeto beneficiado y en la sociedad. Para esto se eligió como punto específico de referencia y análisis la provincia de San Antonio, que cuenta con una población de 112.860 habitantes. El estudio en cuestión se efectuó materialmente en el Centro de Reinserción Social, en el Centro de Readaptación Social y los dos Juzgados de Letras de esa ciudad. Allí se tuvo acceso a cada uno de los expedientes de los beneficiados con la medida, a las personas que se encuentran a cargo de su aplicación y a los jueces que la concedieron. Especial importancia tuvo la realización de entrevistas con individuos beneficiados, pues esto nos permitió establecer el efecto de su aplicación en su trayectoria de vida y en sus familias. Tal como lo pensamos al iniciar esta memoria, concluimos que la aplicación de medidas alternativas es a todas luces más efectiva que el cumplimiento intramuros, sin perjuicio de reconocerle varios defectos. En todo caso el éxito es atribuible al acento que se pone por parte de los organismos encargados de su ejecución en la persona del delincuente, de tal suerte que es reconocido como sujeto de derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto abordar desde una perspectiva estrictamente procesal, la institución del desafuero de las personas que gozan del fuero constitucional previstas en el artículo 58 de la constitución política del estado. Por consiguiente, se omitirá tanto el aspecto doctrinario como político de dicha institución, centrándose únicamente en su tramitación ante los tribunales de justicia.