Nuestro estudio comienza con un breve repaso de los orígenes de su regulación legal en el derecho comparado, en la primera mitad del siglo XVIII. Luego continuamos con un análisis de algunos de los aspectos doctrinarios relacionadas con la figura de la información privilegiada, principalmente referidos al desarrollo que la materia presenta en la doctrina y legislación comparadas, las cuales han servido de base a nuestro propio legislador para establecer la regulación nacional al respecto. Luego de esto, en el Capítulo IV, nos introducimos propiamente en la regulación que establece nuestra propia LMV sobre la información privilegiada, encaminados fundamentalmente al análisis de la definición que de ella entrega nuestra Ley, y a las obligaciones y deberes que prescribe para aquellos que tienen acceso a la misma. En el Capítulo V, analizamos las severas sanciones que contempla la ley para quienes infringen las obligaciones establecidas en relación a la información privilegiada, que van desde aquellas de carácter civil y administrativo, hasta las que imponen sanciones privativas de libertad. Para finalizar, en el Capítulo VI, recogemos alguna jurisprudencia nacional, tanto administrativa como judicial, en la cual observaremos la forma en que éstos organismos han interpretado y aplicado la legislación referente a la información privilegiada, en casos concretos sometidos a su conocimiento. Y en el Capítulo VII, echamos un pequeño vistazo al segundo Proyecto de Reforma al mercado de capitales, que ya se encuentra en trámite legislativo, y que contempla algunas modificaciones en lo concerniente a la regulación de la información privilegiada. Por último, se hace presente al lector que este trabajo, por sus dimensiones, dista mucho de agotar la enorme cantidad de aristas que reviste el tema de la información privilegiada, tanto a nivel de su regulación jurídica estrictamente considerada, como a nivel doctrinario. Por esto, el presente estudio se ha dirigido a aquellos aspectos que nos parecen más interesantes y esenciales de ésta figura jurídica, especialmente desde el punto de vista de su posible aplicación en la jurisprudencia local, dejando de lado o sólo mencionando aquellos que, no por menos importantes, pueden exceder las ambiciones de una monografía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente por infracciones a la ley penal, publicada el 7 de diciembre del 2005, constituyó un intento por adecuar y dar coherencia a nuestra normativa legal con el Sistema Internacional de Derechos del Niño, cuyo instrumento clave es la Convención de Internacional de Derechos del Niño, ratificada 15 años antes por nuestro país. La dictación de esta ley implicó un cambio de paradigma en la consideración de la infancia y un avance significativo respecto del antiguo sistema, dejando atrás el modelo tutelar para adscribirse a un modelo de responsabilidad. Dicha ley introduce un sistema penal especial de justicia juvenil. Aporta en cuanto a reconocer la capacidad penal de los adolescentes e incorporarlos al sistema de garantías procesales que tiene todo imputado adulto en un debido proceso, introduciendo además derechos sustantivos y procesales especiales para ellos. Se limita así el poder punitivo del Estado en el marco de la justicia penal aplicable a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, dejando atrás las arbitrariedades en la determinación del discernimiento y las intervenciones en nombre de la tutela y disciplinamiento. Además, incorpora en su art. 20 una doble función de la sanción penal adolescente, que es la responsabilización por los hechos delictivos cometidos por menores de edad, conjuntamente con una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, para lo cual se establece un catálogo especial de sanciones, en virtud de la responsabilidad diferenciada de los adolescentes.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con menciones) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo se analizan dos aspectos de la acción de reclamación de paternidad que resultan interesantes, y que seguramente generarán la mayor controversia en esta materia, hasta que se logre el desarrollo de una jurisprudencia uniforme y armónica que permita determinar el correcto sentido de las normas que se analizan, e integrar los eventuales vacíos que se detectan en las mismas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el presente trabajo se analizan las reformas introducidas por esta Ley en los distintos artículos del Código Laboral. Para ello, se estudian de manera individual cada una de las disposiciones modificadas, señalando los cambios introducidos y las consecuencias jurídicas que ellos implican. Este análisis considera la historia fidedigna de la ley -contenida en las actas de las discusiones parlamentarias- y los dictámenes de la Dirección del Trabajo que han creado jurisprudencia administrativa sobre la materia. se incluye también una descripción de las ideas centrales contenidas en otros proyectos de Ley que intentaban reformar el Código del Trabajo y que en definitiva no prosperaron. El objetivo de esta memoria es profundizar el conocimiento de esta Ley llamada la "reforma laboral", atendida su importancia práctica y su trascendencia para la comunidad, en particular para los sujetos que participan en la relación laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es poder buscar la opción de incorporar a la Ley de Protección al Consumidor, un apartado donde se encuentre sanciones penales para los proveedores que cometan actos con carácter de responsabilidad infraccional. De lo anterior es que se analiza los artículos de la Ley que consagran la responsabilidad infraccional, para determinar en cuales de ellos se podría exigir una sanción penal, como a su vez para aumentar la multa en los casos que lo ameriten, ya que en muchas oportunidades la multa resulta irrisoria en comparación al daño causado por el proveedor al consumidor

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta realidad social necesariamente nos lleva a adentrarnos en el concepto, naturaleza y elementos del Fraude a la Ley. Estudiaremos cuándo la instrumentalización de la contratación se convierte en una actividad defraudatoria. También expondremos las sanciones que la doctrina ha elaborado para restablecer el imperio del derecho. De este modo, se torna en absolutamente necesaria la existencia de mecanismos que impidan o atenúen la concurrencia de la defraudación de la Ley, o en último caso, que permitan revertir los nocivos efectos de su configuración. Urge la intervención del sistema, ya sea mediante la misma Ley que aparece burlada –al menos en su espíritu-, por medio de la actuación de los órganos llamados a sancionarla e interpretarla, o bien a través de las construcciones hechas por los dogmáticos del Derecho. Todos son llamados a defender el espíritu del Legislador. No obstante ello, la identificación de este tipo de fraude a la ley laboral no es tan sencilla, sino que muchas veces aparece difusa, matizada por una serie de factores y antecedentes que hacen dudar de su existencia; no sólo desde la perspectiva del empleador, sino que la realidad nos muestra que en la esfera social también es posible que los abusos vengan incluso de aquellos que lucen más débiles

Nuestro estudio tiene por objeto analizar esta ley, particularmente los nuevos regímenes de trabajo que se crean y a las llamadas Empresas de Servicios Transitorios. Con dicha finalidad, esta investigación se ha dividido en seis capítulos que serán desarrollados de la siguiente manera: En el Capítulo Primero se aborda desde un punto de vista doctrinario el trabajo en régimen de subcontratación, los factores que lo originan, su objeto, las modalidades que admite, las relaciones y sujetos que nacen de esta forma de trabajo, así como las variantes o condiciones en que se desarrolla. También se analiza el suministro de trabajadores y a las Empresas de Servicios Transitorios, los supuestos de su actuación, las relaciones contractuales que originan y los sujetos que intervienen. En el Capítulo Segundo, se hace un estudio de toda la legislación anterior a la Ley N° 20.123, particularmente a los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, hoy derogados, pero que en su esencia son recogidos por la nueva normativa, por ello analizamos también los fallos judiciales que resolvían los conflictos laborales basados en esos artículos. En el Capítulo Tercero se pretende investigar todos aquellos antecedentes que dieron origen a esta nueva normativa, así como los fundamentos con que se acompañó el Mensaje del Ejecutivo, haciéndose además una síntesis de las etapas de la tramitación y discusión del proyecto de ley ante el Congreso, para ver así las dificultades que presentó y el criterio técnico y/o político con que se resolvieron. En el Capítulo Cuarto se hace un completo análisis del contenido de esta ley, partiendo por desarrollar el tema del trabajo en régimen de subcontratación, distinguiendo los diversos sujetos que intervienen en ella, así como el marco de aplicación de estas normas, los requisitos y consecuencias jurídicas ante su incumplimiento, las responsabilidades que se establecen y los derechos y obligaciones que nacen en virtud de este régimen; para posteriormente desarrollar el segundo tema de la ley, que son las Empresas de Servicios Transitorios y el Trabajo Suministrado, analizándose los conceptos, requisitos y sanciones para estas Empresas, así como también se estudian los contratos de puesta a disposición y el contrato de trabajo de servicios transitorios, para concluir revisando las normas transitorias sobre vigencia de esta nueva ley y la situación de aquellas Empresas de Servicios Transitorios anteriores a esta normativa. En el Capítulo Quinto, se pretende hacer un estudio de investigación comparativa entre nuestra legislación sobre trabajo en régimen de subcontratación y la nueva Ley Española N° 32/2006 que rige esta materia, aún cuando sea sólo de alcance sectorial. Además, se señala cómo se ha desarrollado y regulado el trabajo suministrado por las Empresa de Servicios Transitorios en otros ordenamientos jurídicos, particularmente en algunos países europeos, como también en Argentina. Finalmente, en el Capítulo Sexto, para facilitar una adecuada comprensión de esta nueva legislación, se ha desarrollado en forma sistemática todos los inconvenientes o vacíos que presenta, tratando además de buscar algunas soluciones sobre dichos puntos, sin dejar de analizar también los aportes que ha significado para nuestro ordenamiento jurídico laboral esta normativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A partir del año 1990, Chile comenzó un proceso de reconstrucción de un sistema democrático fundado en el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, valorando su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. En el marco de las nuevas necesidades de la sociedad nacional, el Ejecutivo envió en el año 2005 un proyecto de ley que establecía medidas en contra de la discriminación. Coincidente con esta iniciativa, el grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del año 2009, establecido por el Consejo de Derechos Humanos, analizó el caso de Chile. Durante el diálogo interactivo, las numerosas delegaciones participantes realizaron interesantes observaciones y recomendaciones. La mayoría de estas tuvieron relación con la actualidad del país, relativo a pueblos indígenas, la situación de la mujer y su remuneración igualitaria dentro del mercado laboral, el acceso igualitario y efectivo de todos y cada uno de los niños a la educación, y en general la prohibición de cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Este principio no discriminatorio es tratado por múltiples convenios internacionales en que nuestro país tiene la calidad de Estado parte y fundamentalmente es acogido por la Constitución Política de la República en su artículo primero, inciso 5, estableciendo como una de las funciones del Estado, el asegurar los derechos de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Por su parte, el artículo 19 Nº16 prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. No obstante esto, todas estas normas antes ejemplificadas, se limitan solo a enumerar algunas formas de discriminación, pero no, necesariamente, establecen una acción general o especial de acción. Es por todo esto, que era completamente necesario y oportuno la elaboración de una ley que viniera a responder a la evolución de la sociedad chilena y otorgar un estatuto de protección al derecho de toda persona a no ser discriminado arbitrariamente. Es así como surge la Ley 20.609 publicada el 24 de Julio del año 2012. La promulgación de la ley en cuestión constituye un importante avance en el reconocimiento y protección del derecho de las personas a no ser discriminado arbitrariamente, ya considerado por la Constitución Política. De esta forma, la Ley 20.609 establece una acción para iniciar un procedimiento judicial, de corto plazo, destinado a determinar la existencia de algún tipo de discriminación arbitraria y en caso de ser efectivo, dejarlo sin efecto de inmediato, imponiendo multas a beneficio fiscal. Por otra parte, se constituye como un agravante de cualquier acción que tenga como motivación fundamental, algunas de las situaciones contenidas en la definición de discriminación arbitraria que establece el artículo segundo de la mencionada ley. Sin embargo, luego de los reconocimientos y alabanzas a la promulgación de la ley, comenzaron, de distintos sectores políticos y sociales, a nacer las primeras críticas y recomendaciones. Existe unanimidad en cuanto a la importancia y a lo oportuno que es la creación de un estatuto legal de protección al derecho a no ser discriminado, pero a la vez, y en conjunto con un análisis a fondo del texto de la ley, se aprecian muchas carencias y errores que imposibilitarán lograr una correcta aplicación de la misma. Además y principalmente, derivaría en el riesgo de no entregar la debida protección del derecho. La ley se va a insertar en un entorno en que la discriminación es una realidad que se presenta en múltiples sectores de nuestra realidad nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que se presenta se ha dividido en cuatro capítulos, los dos primeros, de un carácter eminentemente introductorio, abordan lo relativo al derecho de aprovechamiento, su naturaleza jurídica y características, con indicación de las consecuencias que ellas acarrean y su consagración en la legislación nacional vigente; además, se pasa revista a las formas en que usualmente se ha asignado el aprovechamiento, y a los sistemas que en razón de ello ha categorizado la doctrina, tanto a nivel nacional como comparado, para terminar con una visión panorámica y sucinta del sistema chileno actual y de las principales modificaciones de que ha sido objeto la legislación en virtud de las leyes 20.017 y 20.099. El tercer capítulo aborda ya en concreto el sistema de adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas vigente en Chile; para ello, se parte de la enunciación y explicación de los principios que informan las normas y luego se detallan y analizan las particularidades, los procedimientos y actos involucrados en cada uno de los supuestos recogidos por la ley. Finalizando, el cuarto capítulo se refiere a las formas de extinción o pérdida del derecho, con las características y consecuencias de cada una de las instituciones que reciben aplicación en estas materias, siempre, como se dijo, poniendo énfasis en cuanto al alcance que en cada uno de los casos tiene el derecho civil, además de las normas propias del Código de Aguas.