Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La anterior legislación antimonopolio establecía un tipo abierto de conductas sancionadas que no estaban determinadas taxativamente, sino que se dejaba su definición a los organismos de defensa de la libre competencia caso a caso. En el Art. 2 del D.L. 211, se establecían a modo ejemplar una serie de conductas que son consideradas ilícitas. El sistema de sanción de conductas por medio de un tipo abierto, permite que la legislación se adapte a la evolución de la economía, evitando que se vuelva obsoleta. Esto último nos parece, en principio, una opción acertada, sin embargo, los ejemplos establecidos por la ley eran imprecisos y muchas veces incoherentes, por ello, no cumplían con su función de ilustrar a los organismos antimonopolio sobre cuáles eran las conductas que debían ser reprimidas. Así, por ejemplo, la letra b) del artículo 2º establecía como hecho ilícito “las que se refieran al transporte”. Esta imprecisión, a su vez, provocaba una incertidumbre jurídica en los particulares, a quienes la ley tampoco orientaba con definiciones ni parámetros que les permitieran prever si se encontraban o no en una situación anticompetitiva. Esto cobra especial gravedad si se considera la poca elaboración jurisprudencial en esta materia, ya que, como explicaremos más adelante, la composición y funcionamiento de las Comisiones Preventiva y Resolutiva no permitía una jurisprudencia uniforme y avanzada en materias de antimonopolio

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Es por todas estas consideraciones de índole internacional y tomando en cuenta la creciente acogida que las materias relativas a responsabilidad han tenido en la ley de protección al consumidor es que hemos dado un tratamiento sistemático a este tópico del derecho civil pocas veces analizado a la luz de los mecanismos ofrecidos en la ley 19.496.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El 19 de Junio del año 2001, fue publicada en el diario oficial la ley 19.738, para combatir la evasión tributaria, la cual incorporó importantes cambios en la legislación aduanera, que se tradujeron en la modificación de los delitos de fraude y contrabando. Esta memoria de prueba pretende dar cuenta del estado actual del fraude aduanero, revisando la historia nacional de dicho delito y la importancia de las modificaciones señaladas. A través del análisis de las normas, comentarios doctrinales y el estudio de algunos casos, expone cómo se presenta hoy día el tipo en estudio, sin dejar de hacer observaciones de lo que se ha hecho al respecto en la materia, y lo que falta aún por hacer.

Memoria (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En un principio se pensó que la reforma desde un sistema público de reparto a uno privado de capitalización individual iba a permitir superar la mayoría de estos nuevos desafíos. Pero, por el contrario, se ha observado que las condiciones laborales y sociales han ido evolucionando a pasos agigantados y el sistema previsional se ha visto superado por las necesidades exigidas por la realidad social. A continuación desarrollaremos el concepto de igualdad y el de discriminación bajo diversas perspectivas, destinadas a dar una opinión objetiva al lector sobre su definición y su evolución. Continuaremos con una visión analítica de nuestro sistema previsional en general, la transición del mismo desde un sistema de reparto hacia un sistema basado en la capitalización individual, los problemas que ello generó y por último una mirada objetiva del sistema actualmente vigente, utilizando para ello los diferentes factores que generan la desigualdad en la materia. Pretendemos otorgar al lector una visión crítica pero objetiva de lo que explicaremos como sistema previsional actual

Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales / Este trabajo tiene por objeto el análisis de los principios de probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas incorporados en el artículo 8º de la Constitución Política de la Republica de Chile por la Ley 20.050 publicada en el diario oficial de fecha 26 de agosto de 2005. Para esto estudiaremos materias básicas de la administración, el vínculo con el funcionario, sus obligaciones, responsabilidades e inhabilidades. Analizaremos los principios de probidad y publicidad, también su desarrollo jurídico en el derecho nacional -especialmente en la Ley orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado- e internacional. El artículo 8° de la Constitución Política introducido por la ley 20.050, tiene como propósito dar rango constitucional, elevar a la categoría de Principios Constitucionales, los principio de probidad administrativa y de publicidad de los actos administrativos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La necesidad de maximizar la utilidad de los espacios de territorio en una ciudad determinada ha sido una política de Estado durante la mitad del último siglo. ¿Los motivos? La gran explosión demográfica, la tendencia a la longevidad de la población y la eficiencia del uso de los suelos; factores que se han caracterizado por fomentar el establecimiento de nuevas leyes y planes reguladores que tienden a la protección de la seguridad pública, los intereses generales de la nación, la salubridad pública, y la conservación del patrimonio medio ambiental mediante la utilización de instrumentos jurídicos, arquitectónicos y económicos que han favorecido a un mayor beneficio de una misma coordenada espacial. Dentro de estos elementos recién mencionados podemos encontrar las nuevas construcciones urbanas que transforman el clásico concepto de propiedad basado en el poder exclusivo y excluyente de una sola persona sobre una cosa a ideas comunitarias de copropiedad. El objeto de este trabajo se vincula precisamente al concepto de propiedad horizontal, pero en específico al desarrollo de las relaciones de vecindad dentro de la legislación, jurisprudencia y praxis, respecto a los inmuebles que se conceptualizan en el Art.2, inciso primero de la Ley Nº 19.537 que distingue entre dos tipos de unidades: Las unidades A: que son aquellas construcciones divididas en unidades emplazadas en terreno de dominio común, y ; Las unidades B: que son aquellos predios con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existen simultáneamente sitios que pertenecen en propiedad exclusiva a cada propietario y terrenos de dominio común. En el primer capítulo, se determinará el concepto de Relación de Vecindad, su naturaleza jurídica, su función limitadora de dominio y su vinculación con la idea de inmisión. En el segundo capítulo, se abordarán los tópicos clásicos del concepto de inmisión entre los vecinos, y que tocan las fronteras de su licitud o no, su fundamento normativo y acción de la víctima en contra del victimario agresor. El tercer capítulo, se centrará en el tratamiento legislativo que ha recibido en Chile en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y en el Código de Bello. La crítica a la ausencia de una reglamentación especifica, en una ley, que trate las relaciones de vecindad. Una breve visión al derecho comparado en especial en España y Sudamérica. Un cuarto capítulo, analizará la evolución de la jurisprudencia nacional y extranjera en este tema y el criterio de los jueces para verificar la ilicitud de las conductas entre los vecinos y la justificación de sus decisiones. Y un quinto capítulo final planteará las conclusiones del trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La adopción, como institución jurídica, remonta su existencia al derecho romano, en donde existía la adoptio o datio en adoptionen, hoy conocida como “adopción plena”. El Código Civil chileno, sin embargo, no reguló el régimen de adopción. La exclusión de esta importante institución genera extrañeza y no pocos autores han buscado establecer cuál fue la razón que tuvo Bello para no considerarla en el Código Civil, a pesar de que el Código Napoleónico, en aquella época, sí contenía normas relativas a la adopción. Se ha hecho alusión – como motivo para excluirla – al escaso arraigo que la institución tuvo en la legislación castellana aplicada en nuestro país a comienzos del siglo XIX , así como también al incondicional respeto a la familia de origen fundada en el matrimonio religioso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales tiene como objetivo dilucidar el contenido y consecuencias de la aplicación del artículo 5 de la ley N° 19.971, dejando de lado todas aquellas intervenciones de los tribunales nacionales que están claramente enunciadas en la ley, para abordar aquellos temas que presentan mayor grado de dificultad por encontrarse dentro de las facultades de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con dicho objeto, en la primera parte de este trabajo se entrega una reseña de lo que son los fondos de inversión en general, sus objetivos y los principales beneficios asociados a los mismos como vehículos colectivos de inversión. Asimismo, se efectúan un análisis pormenorizado sobre su naturaleza jurídica, cuestión determinante a la hora de analizar la tributación que les afecta. En la segunda parte, se inicia el estudio específico de los fondos de inversión regulados en la Ley Nº 18.815. De esta forma, se analiza su origen, estructura y los elementos característicos que los definen. 10 La tercera parte de este trabajo se refiere a la clasificación de los fondos de inversión que efectúa la Ley Nº 18.815, en fondos de inversión públicos y fondos de inversión privados. En esta parte se analiza la estructura y principales características de ambos tipos de fondos, comprendiendo el estudio de los tres actores principales que intervienen en ellos: el fondo propiamente tal, su sociedad administradora y los aportantes. Por último, ante la limitada normativa y prácticamente nula doctrina que existe sobre la materia, la cuarta parte de este trabajo intenta dilucidar la tributación que afecta a los fondos de inversión regulados en la Ley Nº 18.815. Lo anterior, en base al estudio de las normas impositivas especiales contenidas en la Ley Nº 18.815, y, a falta de ellas, de las normas generales que rigen los diferentes tipos de impuestos que contempla nuestro ordenamiento tributario, todo ello a la luz de los principios que gobiernan los regimenes tributarios aplicables a los vehículos colectivos de inversión. Con el objetivo anterior, en una primera parte se estudia la tributación aplicable a los fondos de inversión en si mismos por las rentas que obtengan de sus inversiones, en relación a los gravámenes más relevantes que regula nuestro ordenamiento jurídico tributario, incluyendo el Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Ventas y Servicios, El Impuesto de Timbres y Estampillas y de Patente Municipal. Luego se analiza la tributación aplicable a los aportantes por las rentas que les distribuya el fondo de inversión, así como por las utilidades que obtengan de la enajenación o rescate de sus cuotas de participación. Por otra parte, se dedica un apartado especial al análisis de la tributación que afecta a los denominados Fondos de Inversión de Capital de Riesgo, de acuerdo a las franquicias establecidas por la Ley Nº 20.190. Con posterioridad, se hace una breve referencia a las obligaciones tributarias que pesan sobre la sociedad administradora del fondo de inversión en su calidad de tal. 11 Finalmente, tomando en consideración el importante auge en la internacionalización de las inversiones de este tipo de organismos, se estudia con especial dedicación la aplicación a los fondos de inversión de los beneficios contenidos en los Convenios Tributarios celebrados por Chile de acuerdo al Modelo de Convenio Tributario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De esta forma, el propósito de este trabajo es el de dar una visión general acerca de la función que cumplen los fondos de inversión y de su importancia en cuanto canales de ahorro e inversión. Asimismo, y de forma especial, se intenta dilucidar de forma clara el tratamiento tributario al que se encuentran afectos, atendiendo a la necesidad de tener absoluta certeza sobre esta materia a fin de propender a la inversión a través de ellos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad. La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial. Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación