Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ‘flexibilidad’ es una concepción propia del ámbito económico que ha sido adoptada dentro de la planificación productiva de las empresas, promoviendo alcanzar un punto óptimo de eficiencia por medio de la adaptación de las materias primas, maquinarias, tecnologías y recursos humanos –principalmente–. Es así como ésta ha logrado trascender y pasado a formar parte habitual del discurso político y legislativo, donde se suele proponer como el mecanismo necesario para poner término a la rigidez normativa e institucional (buscando favorecer la producción y competitividad de dichas empresas), pero sin dejar de lado los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. De este modo, uno de los ámbitos principales en que se materializa esta ‘flexibilidad’ –dentro del contexto normativo–, es a través de la adaptabilidad de la jornada de trabajo, y donde se persigue que los trabajadores –colectivamente organizados–, acuerden con su empleador –o agrupación de empleadores–, una jornada que sea capaz de alcanzar la eficacia productiva y la posibilidad de compatibilizar de mejor manera otras actividades –fuera del ámbito laboral–, en favor de aquéllos. En consecuencia, el presente proyecto de memoria se aboca en efectuar un estudio sobre la jornada de trabajo y las modificaciones realizadas por el legislador para darle a ésta una mayor flexibilidad; así como en analizar la evolución histórica–legislativa de ciertos proyectos de ley que han intentado otorgar adaptabilidad a dicha jornada; y en hacer un análisis –en la doctrina nacional, jurisprudencia administrativa y en la legislación extranjera–, respecto a xii los ‘Pactos de Adaptabilidad’, para finalizar con un estudio crítico y pormenorizado de estos últimos a la luz del derecho chileno y, en particular, con la regulación que al respecto estableció la Ley Nº 20.940 que vino a modernizar el sistema de relaciones laborales. / 12/01/2019

Los sitios de noticias en Internet proponen pactos de lectura a sus usuarios. No son los mismos acuerdos que se tejen -por ejemplo- con los diarios de papel. En la web, todo es más dinámico y cambiante, porque son diferentes tanto las formas de producción y distribución como las de consumo de noticias con respecto a los medios impresos. Este trabajo pretende describir cómo es la relación que existe entre la propuesta de lectura que hacen dos sitios de referencia regionales (www.rionegro.com.ar y www.lmneuquen.com.ar) para fidelizar audiencias, y lo que efectivamente ocurre en sus interfaces gráficas desde el punto de vista de la interactividad, la multimedialidad, la hipertextualidad y la oferta informativa. Esos datos fueron cruzados con un estudio de hábitos de consumo de noticias en la web de un grupo de personas alfabetizadas desde el punto de vista digital: estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social de la UNCo. A partir de esta confrontación que expresa la dinámica de las interacciones en un sitio de noticias en la web, se pudo determinar que existe una distancia entre lo que los editores de sitios proponen y lo que efectivamente ocurre en las pantallas. Confirmamos que los pactos de lectura dependen en gran parte de las agendas de temas locales, más que la propuesta ideológica. Y que las audiencias desarrollan estrategias de confrontación permanente de contenidos. Más que fidelidad, los sitios buscan visitas que aumenten las cifras de lectura diaria, y que dejen información sobre sus consumos informativos. Para ello incorporan la analítica web como un actor clave en el proceso de producción de noticias. La medición minuto a minuto, hace que los pactos informativos se modifiquen en forma permanente, dentro de los límites que imponen los intereses del propio medio.

Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-05-05T17:45:31Z No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) / Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-05-09T19:40:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-09T19:40:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) Previous issue date: 2016-05-05 / Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, os três Poderes da União estabeleceram compromissos normativos, administrativos e jurisdicionais, com o objetivo de proporcionar ao cidadão uma prestação jurisdicional mais efetiva e verdadeira. Para isso, celebraram os Pactos Republicanos constituindo-se, basicamente, em uma série de alterações na legislação processual civil, penal e trabalhista e em diretrizes administrativas de molde a dar concretude ao direito fundamental a uma duração razoável de litígios que são levados ao Poder Judiciário. Com base em pesquisa na qual se fez uma avaliação quantitativa e qualitativa a partir da produção de decisões do Supremo Tribunal Federal, esta dissertação teve como objetivo reconhecer aqueles compromissos públicos como exemplo de política pública aplicada para, depois de analisá-la sob o ângulo da participação da Suprema Corte na concretização daquele direito-garantia, concluir que ainda há muito que pode ser feito.

Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2016-05-05T17:45:31Z No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) / Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-05-09T19:40:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-09T19:40:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 60900167.pdf: 1113567 bytes, checksum: 369a3fb404fa23072a0c5906e5ef84df (MD5) Previous issue date: 2016-05-05 / Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, os três Poderes da União estabeleceram compromissos normativos, administrativos e jurisdicionais, com o objetivo de proporcionar ao cidadão uma prestação jurisdicional mais efetiva e verdadeira. Para isso, celebraram os Pactos Republicanos constituindo-se, basicamente, em uma série de alterações na legislação processual civil, penal e trabalhista e em diretrizes administrativas de molde a dar concretude ao direito fundamental a uma duração razoável de litígios que são levados ao Poder Judiciário. Com base em pesquisa na qual se fez uma avaliação quantitativa e qualitativa a partir da produção de decisões do Supremo Tribunal Federal, esta dissertação teve como objetivo reconhecer aqueles compromissos públicos como exemplo de política pública aplicada para, depois de analisá-la sob o ângulo da participação da Suprema Corte na concretização daquele direito-garantia, concluir que ainda há muito que pode ser feito.

El presente informe jurídico analizará el caso arbitral seguido por la demanda interpuesta por Season Group Limited y Blue Orbis Corporation contra Comercializadora Llantas Unidas S.A.S., por terminación unilateral del pacto de accionistas en aplicación del derecho al desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil. A partir de esta controversia, se analizará la naturaleza jurídica del desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil y de los pactos de accionistas de carácter parasocietario para determinar si (i) dicha norma es de orden público aplicable a todos los contratos de ejecución continuada y a plazo indeterminado; (ii) si Llantas Unidas S.A.S. podía invocar dicha norma para poder resolver unilateralmente el pacto de accionistas que tenía suscrito con Blue Orbis Corporation; y, (iii) si Llantas Unidas S.A.S. tenía que invocar una “justa causa”, como argumenta el Tribunal Arbitral que resuelve el caso, para poder ejercer el derecho de terminar el pacto de accionistas de manera unilateral sin “abuso de derecho”. Finalmente, se analizará si el pacto de accionistas es un contrato coligado al contrato de compraventa de acciones mediante el cual Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. se convierte en accionista de Lima Caucho S.A. tras recibir el 50% de las acciones que tenía Season Group Limited en Lima Caucho S.A. Para ello, de acuerdo a la doctrina, se estudiará qué es la coligación contractual y los presupuestos para determinar que dos contratos son coligados. Con ello, se responderá si la resolución del pacto de accionistas conlleva, inescindiblemente, a la resolución del contrato de compraventa de acciones en el caso concreto.

El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero de ellos, se aborda en que consiste el problema del bloqueo societario, como surge y la solución que el ordenamiento jurídico prevé para solucionarla. En concreto también se analiza la disolución de la sociedad como único instrumento para solucionarlo de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, así como los distintos problemas inherentes a su utilización en estas situaciones. En el segundo capítulo se analizan distintas alternativas que se prevén en otros ordenamientos jurídicos que solucionarían el conflicto, evadiendo la disolución y permitiendo la continuidad de la sociedad. En el tercero, se ha pretendido analizar la compatibilidad de las cláusulas estudiadas con la normativa societaria, con el fin de comprobar si es posible su utilización a pesar de que, en la mayoría de los casos, no existe previsión específica o análoga para su uso. El cuarto y último capítulo se han analizado otras posibles soluciones al problema, las cuales, a pesar de existir menos dudas en cuanto a su compatibilidad con nuestras leyes, no ofrecen una solución completa y satisfactoria frente al problema del bloqueo societario. El trabajo concluye además con las ventajas que ofrecen las cláusulas estudiadas frente a los problemas inherentes a la institución de la disolución, la cual, debido a la propia naturaleza del conflicto, suele agravarlo, más que solucionarlo.

La trascendencia práctica del tema del régimen jurídico de las joint ventures es indudable. En los Estados miembros de la Unión Europea, y más especialmente en España, las joint ventures remiten a una idea de mayor eficiencia económica, permitiendo a las empresas formar alianzas entre ellas, y así mejorar su competitividad, adaptando sus estructuras a las dimensiones crecientes de los mercados europeos y mundiales.Las joint ventures no están reguladas como tales en ninguna legislación nacional europea. El derecho comunitario se concentra por su parte en el análisis de los efectos de estas operaciones sobre la competencia. Las joint ventures adquieren en la práctica, únicamente, su contenido jurídico.Este estudio tiene por objetivo presentar un análisis a la vez teórico y práctico del régimen jurídico de las joint ventures, intentando definir el "valor añadido" del trabajo del jurista profesional cuando interviene en la creación y el funcionamiento de las joint ventures. La adopción de esta óptica funcionalista permite integrar el análisis de los diversos aspectos jurídicos de las joint ventures, sus estructuras contractuales y societarias así como su tratamiento en derecho de la competencia, que se abordan tradicionalmente en estudios separados, e insistir en la interelación existente entre las diversas ramas del derecho afectadas. Este estudio se concentra esencialmente en las cuestiones planteadas por las joint ventures en el ámbito del derecho de las obligaciones y del derecho societario.El jurista profesional desempeña, en primer lugar, una función de naturaleza organizativa, creando un conjunto de reglas obligatorias (reglas jurídicas) para todas las empresas participantes en la operación, de acuerdo con sus intereses estratégicos. El resultado puede ser, por ejemplo, la conclusión de un simple contrato, la constitución de una AEIE o la de una sociedad de capital. La complejidad de la organización jurídica de la joint venture impide estudiar de manera separada, como dos piezas aisladas, el llamado acuerdo de base de la joint venture por un lado, y la sociedad eventualmente constituida, la llamada filial común, por otro. El hecho de no entender la filial común como parte de un todo unitario y más complejo no permite describir correctamente las especialidades del régimen aplicable a dicha sociedad frente a sociedades constituidas en otros contextos económicos. La organización compleja de las joint ventures se diferencia de otros negocios jurídicos complejos por razón de su finalidad económica específica, la de establecer una alianza entre empresas. Tal como indica el derecho comunitario de la competencia, la joint venture es una operación en la que: (i) participan dos o más empresas independientemente activas en el mercado; (ii) se agrupan recursos necesarios al desarrollo de una actividad económica común en el seno eventualmente, pero no obligatoriamente, de una entidad separada (la llamada empresa común"); (iii) las empresas participantes ejercen un control conjunto sobre dicha actividad económica común. Estos tres elementos forman el núcleo de la definición de la joint venture en derecho.La cuestión de la validez y eficacia jurídica de los pactos presentes en el contrato complejo de joint venture, cuando implica la existencia de una sociedad de capital, es la que más dificultades plantea. El problema respecto a la joint venture, como respecto a muchos otros contratos complejos, es organizar un discurso sobre el uso de la libertad y sus consecuencias en el ámbito del derecho de sociedades.Mientras el jurista profesional organiza la joint venture, atrae también la atención del legislador sobre las necesidades jurídicas de las empresas que deciden "aliarse" en el seno de una joint venture. Los pactos presentes en los contratos complejos de joint venture no dependen únicamente del contenido del derecho aplicable a la sociedad "filial común" por ejemplo, sino también de la creatividad de los juristas profesionales. Las finalidades a cubrir por el contrato lo serán en regla general mediante combinaciones originales y complejas de mecanismos jurídicos, demostrándose una vez más el papel relevante de la práctica en la formación del derecho. Como consecuencia, puede observarse una tendencia a la flexibilización del derecho aplicable a las sociedades de capital, sobre todo en los países europeos continentales. Esta adaptación del derecho a la realidad práctica se observa también, y de manera significativa, en otras ramas del derecho, como en derecho de la competencia donde el legislador intenta introducir un tratamiento cada vez más pragmático de los efectos producidos por las joint ventures sobre los mercados. El análisis de la organización jurídica de las joint ventures en la práctica demuestra, sin embargo, la falta de utilidad y de oportunidad de una ordenación legal de la joint venture como tal en Europa. Como en el caso de la organización de la empresa, basta con que los operadores "candidatos" a la alianza encuentren en el derecho positivo los legal tools, o instrumentos jurídicos, adaptados a los objetivos económicos legítimos que persiguen ( por ejemplo, diversas formas sociales, la AIE, la UTE, la cuenta en participación etc), y sobre la base de los cuales puedan conservar y reforzar el sentimiento de confianza que necesitan tener en la operación y en su "aliado" para alcanzar con éxito estos objetivos. / This study provides a comprehensive analysis of both practical and theoretical legal issues raised by joint ventures in Europe. In the European Union member states and especially in Spain, joint ventures are viewed as a high efficient strategic operation - allowing alliances between firms, which may improve their competitiveness and adapt them to the growing dimensions of European markets and to the new global economy. Joint ventures are not organised as such by any statute law in Europe. European law focuses on the analysis of the effects they may produce on competition. Joint ventures obtain a legal content only in practice.The aim of this study is to define the "added value" of the practical work of lawyers, when they take part in processes of creation of joint ventures. This question allows to integrate the analysis of different legal aspects of joint ventures - their contractual and corporate structure as well as their legal treatment under competition law - which are traditionally treated in separate studies, and to point out the existence of on-going interfaces between them. This study focuses essentially on the contractual and corporate aspects of joint ventures. Practitioners set up, first of all, mechanisms which are compulsory - i.e. legal rules - for the firms involved in the operation according to their strategic interests. The result may be, for instance, the creation of a mere "contractual joint venture", of an European Economic Interest Grouping, or the incorporation of a "joint venture company". The complexity of the joint venture legal organisation prevents from studying separately the so-called "joint venture agreement" on which is based the operation, and the company which may be incorporated within it. The joint venture company is only a part of a more complex ensemble, which needs to be understood as such in order to be correctly analysed.The complex legal organisation of joint ventures differs from any other complex legal organisations because of its specific purpose, ie. establish a strategic alliance between firms. It aims to organise an operation in which: (i) participate two or more firms independently active on the market; (ii) are gathered the resources necessary to carry out a common business activity, possibly but not obligatory within a separate entity; and (iii) the participating firms jointly control the common business activity. Those three features are at the basis of the legal definition of joint ventures.The question of the legal validity and efficiency of the terms and conditions present in incorporated joint venture agreements is the more problematic one for the practitioners. The main difficulty in relation with joint ventures like in relation with many other complex agreements is to determine the limits of use of contractual freedom in company law.While organising the operation, the practitioners are also drawing the attention of the legislator on the legal needs of the firms willing to enter into alliances. The terms and conditions present in joint venture agreements depend not only on the content of the statute law applicable to the joint venture company for example, but also on the creative skills of the practitioners. The joint venture agreement needs to cover different purposes generally through original and complex combinations of legal mechanisms, proving once again the relevant role of practice in the generation of law.As a result, it is possible to observe a certain "flexibilization" of the rules in company law, especially in continental Europe. This new tendency develops in parallel with the movement observed in competition law towards a more realistic and pragmatic analysis of joint venture effects on the markets.The analysis of the legal organisations of joint ventures existing in practice demonstrates however the lack of necessity for a statutory regulation of this (strategic) operation in Europe. Like in the case of the organisation of a firm, the economic players willing to enter into strategic alliances only need to find in statute law different "legal tools" which may adapt their legitimate economic interests - such as different company forms, the Economic Interest Grouping, the partnership - and on the basis of which they can conserve and reinforce the confidence they need to have in their partner and in the operation in order to achieve successfully their purposes.

Submitted by Eliana Barboza (eliana.silva1@mackenzie.br) on 2017-09-22T12:33:15Z No. of bitstreams: 2 Fernardo David de Melo Gonçalves.pdf: 3843282 bytes, checksum: 51a63aee5d120e62942362c7ea6c0797 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br) on 2017-09-25T13:36:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Fernardo David de Melo Gonçalves.pdf: 3843282 bytes, checksum: 51a63aee5d120e62942362c7ea6c0797 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-25T13:36:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Fernardo David de Melo Gonçalves.pdf: 3843282 bytes, checksum: 51a63aee5d120e62942362c7ea6c0797 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-08-18 / The purpose of this paper is to analyze the theme of the custody hearings with a focus on the challenges for its effective implementation in Brazil. In order to do so, the evolution of human rights, especially freedom, physical integrity and life, in face of state arbitrariness, was first tackled, until the phase of international law that conceived standards of protection of the same rights was adopted. The period of world wars was highlighted as a determining factor in the uprising of the brakes on the power of nation-states. Thus, the era of Humanitarian Law was reached, culminating, among others, in the International Covenant on Civil and Political Rights, and especially in the American Convention on Human Rights, also known as the Pact of St. Joseph of Costa Rica. The latter two, and other treaties, expressly contemplated the custody hearing with faint prediction differentiations, which were punctuated and discussed. Next, the structural characteristics of the custody‟s hearing, more precisely definition, legal nature, principles, purposes, fences and the meaning of the term "without delay" were discussed. In that detail, it was recalled that Brazil already provided for the control of procedural caution and a mechanism to curb any abuse in the act of capture, namely, the conversion of mere detention into custody in flagrante delicto, a task of a jurisdictional nature delegated to the police authority since ancient times in Brazilian legal history. After that, the challenges overcome were overcome in the arduous task of making the custody hearings possible in the country. Therefore, the beginning of the activities of the so-called "Custody Hearings" project, launched on February 6, 2015, was initiated, based on an agreement involving, at the federal level, the National Justice Council and the Ministry of Justice and, at the state level of São Paulo, Public Ministry, Court of Justice, State Government, Public Defender and OAB. The project was successful, achieving full installation on October 14, 2015, with the signing of the respective endorsement by the District Court of Brasilia. Finally, statistical data related to the custodial audience, mostly quantitative imbricated to the cost of the provisional prison for the Brazilian´s penitentiary system, were collationed in order to try to prove its economic-financial sustainability and to qualify this eminent public policy as an inexorable and salutary fact to the Development of criminal justice. / Neste trabalho pretendeu-se esmiuçar o tema da audiência de custódia com foco nos desafios para sua efetiva implementação no Brasil. Para tanto, abordou-se, inicialmente, a evolução dos direitos humanos, mormente a liberdade, integridade física e vida, frente aos arbítrios estatais, até alçar a fase do direito internacional que concebeu standards de proteção aos mesmos direitos. Destacou-se, nesse passo, o período das guerras mundiais como eventos determinantes ao soerguimento de freios ao poder dos Estados-nações. Assim, atingiu-se a época do Direito Humanitário que culminou, entre outros, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e, principalmente, na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Estes dois últimos, e outros tratados, contemplaram expressamente a audiência de custódia com tênues diferenciações de previsão, as quais foram pontuadas e discutidas. A seguir, foram debatidas as características estruturais da audiência de custódia, mais precisamente definição, natureza jurídica, princípios, finalidades, vedações e o significado da expressão “sem demora”. Nesse pormenor, rememorou-se que o Brasil já previa controle da cautelaridade processual e mecanismo para refrear eventual abuso no ato da captura, qual seja, a conversão da mera detenção em auto de prisão em flagrante delito, tarefa de índole jurisdicional delegada à autoridade policial desde tempos remotos na história jurídica brasileira. Após, passou-se aos desafios superados no transcorrer na árdua missão de viabilizar, na prática, a audiência de custódia em solo pátrio. Delineou-se, portanto, o início das atividades do chamado Projeto “Audiência de Custódia”, lançado em 6 de fevereiro de 2015, a partir de convênio envolvendo, no âmbito federal, Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça e, no âmbito estadual de São Paulo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Defensoria Pública e OAB. O projeto foi bem sucedido, logrando plena instalação em 14 de outubro de 2015, com a assinatura do termo de adesão respectivo pelo Tribunal de Justiça e Governo Distrital de Brasília. Por fim, colacionaram-se dados estatísticos relacionados à audiência de custódia, mormente quantitativo imbricado ao custo do preso provisório para o sistema penitenciário brasileiro, de modo a tentar comprovar sua sustentabilidade econômico-financeira e qualificar essa eminente política pública como fato inexorável e salutar ao desenvolvimento da Justiça Criminal.