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Presentaciones en diapositivas del curso Diseño Organizacional y Procesos

Cuando se desarrolló la presente tesis, se encontró que en la actualidad no existen aún una medida de seguridad suficiente que salvaguarde la identidad de las personas, para celebrar un contrato sumamente seguro; así mismo de la revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, se aprecia que en el artículo 185.1 “los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse; por ende el artículo 185.2 menciona que serán los administrados quienes la administración se abstendrá de contratar peritos por su parte…”. Esto nos lleva a presumir, para demostrar la veracidad de una contratación que se encuentra en un caso de suplantación de identidad o una contratación no solicitada, los administrados deberán soportar los gastos económicos de una prueba pericial, y pagar para su procedimiento administrativo, esto es llamado en la figura jurídica administrativa “solve et repete, pues, para reclamar el administrado deberá pagar un importe económico, para llegar a la verdad material, la cual resulta arbitrario y abusivo toda vez que la administración pública deberá ser quien en realidad soporté el gasto de las costas y costos así como la prueba pericial y no el Administrado ante este tipo de arbitrariedad en un procedimiento administrativo. Finalmente se obtuvo como resultado, ante estos tipos de casos de suplantación de identidad, urge adaptar mecanismos de seguridad de identificación en las llamadas telefónicas, para evitar suplantaciones de identidad de los usuarios, por lo que es necesario una modificatoria o en su defecto la implementación de su reglamento, para adoptar mecanismos idóneos de descarte, para evitar arbitrariedades en las contrataciones en telecomunicaciones, se debe contar con un procedimiento garantista en pro de un debido procedimiento administrativo de servicios públicos en telecomunicaciones. / Tesis

El presente trabajo de investigación constituye un esfuerzo cuestionador de la realidad jurídica nacional, con la única finalidad de aportar al mejoramiento del sistema jurídico en el que diariamente nos desenvolvemos, mas aun cuando no hemos encontrado significativa preocupación a la realidad carcelaria de los detenidos de escasos recursos. El sistema penal actualmente está orientado en su parte adjetiva a la constitucionalización del derecho procesal penal, sin embargo los operadores del derecho han absorbidos profundamente las deficiencias del Sistema procesal Inquisitivo que le impiden advertir las vulneraciones a la garantía procesal constitucional del derecho a la defensa en el caso especifico de los detenidos de escasos recursos económicos tiene connotaciones contrarias al debido proceso de modo alarmante. El valor de la justicia es la luz que guía a los estados democráticos de derechos en el mundo y precisamente los profesionales de las leyes encontramos en el contenido de este concepto el pilar fundamental que inspira nuestro trabajo jurídico-social. Desde nuestras aulas sanmarquinas de pre-grado hemos escuchado por nuestros docentes que la lucha por la justicia es un camino forzado y los abogados tenemos un compromiso especialmente relevante a nivel constitucional, primero como ciudadanos en defensa de la patria y luego como sujetos de derecho, decididos a mejorar el Sistema de Justicia en nuestro país, manifiesto a través de sus diferentes mecanismos de control social. Esto significa que solo a través del autentico cumplimiento de los rolos sociales asignados a los abogados, operadores del derecho, auxiliares del derecho e instituciones del Sistema de Justicia tendremos éxito en nuestro intento por lograr la reforma procesal-penal que incipiente o tardíamente se viene forjando en nuestro país, porque mas allá del cambio de las normas procesales adjetivas o sustantivas esta el cambio de la mentalidad inquisitiva, vulneradora de los derechos ciudadanos, de los derechos fundamentales. Por tal motivo pretendemos en el siguiente trabajo de investigación de naturaleza jurídico-social determinar cuáles son los factores que limitan el derecho de defensa gratuita de las personas de escasos recursos al inicio de la instrucción judicial en el trabajo del defensor de oficio. / Tesis

Es por todos reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico en general y en el proceso en particular, al punto que sin ella no es imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho resulta inadmisible que los agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos en favor de los ciudadanos. En otras palabras: la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación o proceso penal de ningún modo deben ser realizadas “a cualquier precio”. Además de ello, para el juzgador siempre representará un problema decidir en el caso concreto la posibilidad de admitir excepciones a la regla que prohibe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. El presente proyecto de tesis, intitulado “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana”, está referido precisamente a la cuestión precedentemente esbozada. En efecto, nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de orden procesal en las que los operadores jurídicos, especialmente quienes tienen la misión constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos fundamentales o hacer prevalecer la vigencia irrestricta de estos últimos expulsando del proceso la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que en el proceso penal están en juego la libertad y la dignidad del ser humano pero también la necesidad de descubrir la verdad para el ejercicio eficaz del ius puniendi. O dicho de otro modo, asistimos al eterno conflicto entre libertad y seguridad que buscará resolverse de acuerdo con el momento histórico y el modelo de proceso derivado de la Constitución Política. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Demuestra el acontecer en la justicia constitucional; cómo es que razonan los jueces y en el marco de qué conceptos legitiman su labor frente a las partes y ante la sociedad; que si bien es verdad que la impartición de justicia no es una labor estrictamente deductiva, sino también valorativa, ella acontece bajo ciertos parámetros, una teoría de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la interpretación constitucional que legitiman su actuación al mismo tiempo que son un límite al ejercicio más o menos libre de juzgar. Se trata en primer lugar de demostrar que la labor de los jueces es creativa del derecho y no puramente aplicativa de la ley y, en segundo lugar, que su legitimidad se sostiene en una teoría de la interpretación constitucional. EL problema que planteamos, de crucial importancia en la filosofía del derecho, pues tiene que ver con la validez del orden jurídico, toma particular importancia práctica en nuestro sistema porque desde la vigencia de la Constitución de 1979, el Perú vive una etapa de auge y florecimiento del derecho constitucional; y como se trata de un hecho nuevo, a pesar de los años transcurridos, su funcionamiento produce confusiones, perplejidades, indignaciones, muchas veces por desconocimiento y otras veces por desbordes de la justicia constitucional que produce tensiones con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones. / Tesis

El presente artículo analiza la manifestación y aplicación del debidoproceso como derecho y garantía de protección, y como principio esencialen el procedimiento administrativo, el cual está basado fundamentalmente enlas resoluciones de la Sala Constitucional costarricense y en la Corte Interamericanade Derechos Humanos.