Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020

Memoria para optar al grado académico de Licenciadas en Ciencias Jurídicas y Sociales / En Chile la persecución penal cuando el imputado es un enfermo mental sigue un procedimiento especial que busca entregar garantías tanto a la víctima como al imputado. Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que deberíamos encontrar plasmada en la legislación una serie de medidas que adecuen el derecho para de esa manera evitar discriminaciones. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar el tratamiento que el ordenamiento jurídico nacional ha entregado a la enfermedad mental, exponiendo su marco normativo a nivel internacional y de derecho interno criticando aquello que no se condice con el espíritu de la Convención y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Buscamos realizar una contribución al sistematizar la normativa, abordando la Constitución Política de la República, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley 18.600, la Ley 20.422, la Ley 20.584, el Código Sanitario y el Decreto 570 del Ministerio de Salud. También explicando los conceptos fundamentales a la hora de hablar de enfermedad mental, como lo son la demencia, la capacidad y la imputabilidad; y concluyendo una serie de problemáticas que actualmente se presentan.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde principios de la primera década del 2000, los avances tecnológicos han tenido una escalada progresiva, lo que se ha traducido en grandes cambios en los diversos sectores de nuestra moderna sociedad. Por citar algunas experiencias, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, e incluso el mismo poder Legislativo, han implementado sus diversos servicios a los cuales es posible acceder a través de cualquier servidor con acceso a Internet. Los sistemas judiciales no se han mantenido ajenos a estos avances, y en concordancia con la legislación internacional, han experimentado una fuerte y sostenida tendencia a la digitalización de sus procesos, permitiendo que la tramitación se realice mediante sistemas computacionales y procedimientos electrónicos. Es así que, como anticipo a una futura reforma al sistema procesal civil, la Ley N° 20.886 (que implementa la tramitación digital de los procedimientos judiciales) introduce precisamente la tramitación electrónica a nuestros procedimientos. Lo anterior tiene, entre muchas otras consecuencias, una incidencia significativa en el sistema recursivo de nuestros juicios, ya que al existir revisión por los tribunales superiores el expediente en el cual consta el proceso ‘cambia de tribunal’, lo que genera cargas para las partes (como la de comparecencia en segunda instancia o la consignación de fondos suficientes para la confección de compulsas). Éstas no se justifican a la luz de este cambio legislativo que busca darle aplicación a la economía procesal y reducir lo más posible los costos en la litigación. Un cambio tan importante significa un desafío para los usuarios y operadores del sistema judicial. Se expondrán, a la luz de la reforma señalada, las modificaciones a la estructura recursiva de nuestro país, tomando como punto clave las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, por ser el cuerpo normativo que más cambios experimenta y su aplicación subsidiaria respecto del resto de los procedimientos. / 16/10/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El autor identifica las falencias que exhibe la valoración judicial de la prueba pericial psicológica al interior del proceso penal, concretamente en los delitos de abuso sexual infantil cometidos contra menores de edad entre 4 y 7 años, los cuales de acuerdo a las estadísticas detalladas en su investigación, exhiben una mayor tasa de victimización. Lo anterior tiene una relevancia trascendental, al constatar que el éxito de la investigación de un delito de ésta naturaleza, en orden a acreditar fehacientemente ante el Tribunal Oral en lo Penal los hechos que lo configuran, dependerá esencialmente del nivel de credibilidad que muestre la víctima, así como también de la consistencia y coherencia de su relato. Así las cosas, el autor se pone como tarea hacer frente a la problemática que identifica, proponiendo un catálogo de criterios específicos de valoración de las pruebas periciales psicológicas, comprobando además su idoneidad para sortear todas las complejidades que pueden presentarse al interior de un juicio cuyo objeto es la supuesta comisión de un abuso sexual contra un menor; y su eficacia como una herramienta del órgano jurisdiccional para poder lograr una certera valoración del medio probatorio en comento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A raíz de la gran presencia de videovigilancia en nuestro país, debemos determinar si su uso puede considerarse legítimo. Quienes consideran que la medida adolece de ilicitud, fundan su postura en las potenciales vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Dentro de los derechos que eventualmente podrían ser afectados, es de gran importancia referirse a la vida privada, ya que, si bien dicho derecho se encuentra consagrado en la Constitución, nuestra Carta Fundamental no otorga pautas para comprender la amplitud de la garantía. De tal forma, es de suma importancia el determinar cuándo y en qué lugares nuestros actos son considerados privados y son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Es importante destacar además, la relación existente entre las cámaras de vigilancia y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, siendo necesario determinar si la actividad de vigilancia se ejecuta respetando el precepto normativo mencionado. Considerando la creciente utilización de medidas de seguridad, es vital para el presente trabajo realizar un estudio referente a la legalidad en la utilización de estas, a fin de que se respete el derecho vigente y no se afecten de forma arbitraria Derechos Fundamentales. / 06/11/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2020. / La presente investigación tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile durante los años 2011 y 2017, respecto de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión pendiente pudiere afectar o vulnerar la garantía del Debido Proceso, desde el punto de vista del derecho procesal penal. En el capítulo I expresaremos la necesaria diferencia entre las ramas del derecho procesal, sin perjuicio de concurrir elementos comunes que determinan la existencia de una unidad, dentro de la diversidad, del derecho procesal. A continuación, en el capítulo II, describiremos brevemente al Tribunal Constitucional y su regulación en Chile. Por su parte, en el capítulo III, efectuaremos un análisis de las características de la acción de inaplicabilidad y de los criterios de inadmisibilidad que contempla el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“Ley N° 17.997”). Luego, en el capítulo IV, constataremos y evaluaremos la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional de Chile en requerimientos cuya pretensión diga relación con posibles vulneraciones de la garantía del Debido Proceso desde una mirada general, como desde el prisma más particular de los derechos que la doctrina ha entendido formar parte de esta garantía, tales como la publicidad, el emplazamiento, el derecho a defensa y el derecho al recurso. En este sentido, cabe prevenir que no se comprenden en este trabajo los casos de aplicación directa de la norma constitucional que se ha denunciado infringida en el conocimiento de los recursos de nulidad en virtud del artículo 373 letra a) del CPP1. Por último, realizaremos reflexiones finales de la importancia de la garantía del Debido Proceso y las tendencias del Tribunal Constitucional en la materia. materia / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2020

Las reformas procesales civiles siguen dos líneas metodológicas, en las cuales buscan una transformación general del Sistema de Justicia no penal o apuntan a transformaciones de uno o varios sectores específicos del Sistema de Justicia. Así el modelo procesal también debe analizar la organización judicial con la que cuenta el país, los recursos humanos y materiales existentes para operativizar cualquier cambio. Asimismo, esta debe contemplar los principios y las nuevas estructuras procesales adecuadas para la satisfacción de los derechos sustanciales.De esta forma, los desafíos que enfrentan los Sistemas de Justicia de nuestro tiempo requieren de estudios multidisciplinarios, innovadores y libres de preconceptos.

A fines del siglo XX el Derecho Procesal Civil se encontraba enfocado en la búsqueda de la efectividad del derecho material por medio de instrumentos procesales, así la ejecución forzada reflejó el camino concreto a la satisfacción efectiva del derecho material amenazado o violado por una conducta ilegitima. De esta manera, ausente el cumplimiento espontáneo del mandato jurisdiccional, cuanto más rápido y más adecuadamente el proceso conduzca a la ejecución coactiva tanto más efectiva y justa será la prestación jurisdiccional.Sin embargo, la ejecución forzada suscita una serie de problemas que penetran en la organización judicial. Así, debe buscarse un equilibrio razonable de los intereses que se encuentran en juego en una ejecución forzada.

The New Labor Procedure Act has generated many changes in the structure of the labor process itself: It has turned from being written and unfocused to become now an oral and concentrated one. As a consequence, there's only once chance for convincing the Judge.This article covers the strategy to be followed in this new process, from the strategy itself to the allegations, in order to generate certainty in the judge whom will solve the case. / La Nueva Ley Procesal del Trabajo ha generado cambios muy amplios en la estructura delproceso mismo: Ha pasado de ser un proceso escrito y desconcentrado a convertirse en uno oral y concentrado. Como consecuencia de ello, existe una única oportunidad de convencer al Juez.El presente artículo abarca la estrategia que debe seguirse en este nuevo proceso, desde la formulación de la estrategia misma hasta los alegatos, a efectos de generar convicción en el juzgador que resolverá el caso.