Tesis para optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria pretende abordar panorámicamente el concierto regulatorio del sistema financiero en Chile, comenzando con un breve resumen de 4 enfoques regulatorios en materia financiera. Seguido de una exposición de las instituciones y normativas que atañan al sector regulado, como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de presupuestos, las Bolsas de Comercio; agregando la incorporación paulatina de un sistema semi integrado con la creación de la Comisión para el Mercado Financiero, institución pública que concentrará las facultades y atribuciones fiscalizadoras de la Superintendencia de Valores y Seguros, y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los innumerables efectos de las constantes decisiones de órganos administrativos públicos y autorregulados, que interactúan en el sistema financiero hacen siempre opaco el horizonte de control sobre los actores del sector regulado, sin embargo, permiten encausar las transacciones e iniciativas de inversión de manera de supervisarla y sancionar conductas antinormativas. En un contexto de constantes cambios, la industria financiera y de seguros ha tendido a integrarse operativamente, volviendo obsoleto un modelo fiscalizador de cada industria por cuerda separada, en este sentido el derecho no puede sino reaccionar integrando sus procesos fiscalizadores haciendo converger la experiencia reguladora de 2 instituciones en un solo órgano, ahora con una perspectiva más general del fenómeno regulado. / The aim of this thesis is to approach the regulatory concert of the financial system in Chile. It presents a summary of 4 regulatory approaches in financial matters. It is then followed by a presentation of the institutions and rules that concern the regulated sector, such as the Central Bank, the Ministry of Finance, the Budget Office, the Stock Exchanges; and, of course, the gradual incorporation of a semi-integrated system with the creation of the Commission for the Financial Market. It is a public institution that will concentrate the faculties and supervisory powers of the Securities and Insurance Commission, and the Superintendency of Banks and Financial Institutions. Within the effects of constant decisions of public and self-regulated administrative bodies, which interact in the financial system, these institutions allow investment transactions and initiatives to be monitored in order to supervise and sanction antinormative behavior. Finally, there is a double movement, first from regulated subjects, and moving towards the operational integration of the financial industry and insurance. On the other hand, a tax control model for each industry, which reacts by integrating its supervisory processes, and converges the regulatory experience of 2 institutions into a single body, now with a more general perspective of the regulated phenomenon.

La información, que es el acto de enterar o de dar noticias es muy importante en nuestra sociedad. Cada vez más las personas van aumentando su necesidad de mantenerse informadas para estar conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Más aún, no hay duda que con una mayor información se pueden tomar mejores decisiones, por lo cual se debe tratar que el consumidor comprenda bien la información otorgada. Los individuos deben ser capaces de tomar medidas que aumenten tanto su beneficio económico como social, para lo cual es esencial la intervención del Estado en distintos aspectos tales como: la regulación, educación del consumidor y entrega de una mejor calidad de información. La protección del consumidor es un tema de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional, por lo cual su estudio y análisis son fundamentales. Para efectos de este trabajo vamos a analizar el rol que juega la información en la decisión de compra de los consumidores, la regulación vigente y el gran papel que tiene el Estado en la protección del consumidor, lo cual es un tema muy importante si queremos comprender realmente el comportamiento de los consumidores, y lograr mejorar la eficiencia. Nuestro estudio se centrará en el tema del “ etiquetado nutricional de los alimentos”, en el conocimiento que las personas poseen sobre este y su utilización, ya que es un asunto de gran trascendencia mundial el cual desde hace ya tiempo comenzó a tratarse y estudiarse. El etiquetado nutricional ocupa un lugar importante por lo que necesita de un profundo análisis. Por ejemplo la frase “ sin preservativos, y sin ingredientes artificiales”, se lee en la etiqueta de muchos productos alimenticios y más a menudo de lo que quisiéramos es un engaño, (por ejemplo, la sopa de cebolla con frecuencia con frecuencia contiene polvo de caramelo para hacer que se vea más oscura y rica) (Burros 1986). Se ha tratado de corregir estas fallas, pero se ha logrado sólo hasta cierto punto, ya que el etiquetado fraudulento es muy difícil de controlar.

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Introduction: The initiation factor IF2 has different functions in the initiation of protein translation. Its C-terminal domain interacts strongly with fMet-tRNA. The main objective of this study is to isolate a specific aptamer for IF2 CTD Escherichia coli and Geobacillus stearothermophilus. Methods: A protein expression system based on E. coli BL21 was used. E. coli BL21 was transformed with InfB CTD sequence. Protein induction was performed under different temperatures and IPTG concentration. His-tagged affinity chromatography was used for protein purification since a hexa-His coding sequence was added to the InfB genes. Results: IF2 CTD was purified in high yields and purity. E. coli IF2 fragment protein concentration (558.0 ng/uL) was three times larger than that of G. stearothemophilus (144.6 ng/uL). Purity of both proteins were >95%. A specific aptamer for IF2 CTD G. stearothermophilus was obtained through SELEX. Conclusion: A rapid and efficient protocol for IF2 CTD protein purification has been developed, allowing the production of thermophilic and mesophilic IF2 fragments. The obtained aptamer may serve as a novel antibiotic mechanism in further studies. / Tesis

El presente trabajo analiza la evolución de los requerimientos de capital a los bancos en la legislación bancaria nacional, su relación con la salvaguarda de los recursos del público confiados a la banca y los efectos de los nuevos estándares propuestos en los Acuerdos de Basilea con relación a esta materia. Primero describimos como se ha concebido la función del capital social de los bancos. La base de esta descripción es la Ley de Bancos 7159, de 1931, que además de asignar al capital las funciones tradicionales del derecho societario, le atribuía una función de garantía para los depositantes y terceros acreedores. El nuevo rol asignado al capital era reforzado porque este era empleado como un parámetro para determinar la cantidad de dinero u obligaciones que los bancos podían tomar de los depositantes y otros acreedores. Como consecuencia, los bancos debían incrementar su capital para crecer en sus negocios bajo el enfoque de que cuanto mayor era este, mayor era la garantía que ofrecía a sus depositantes y acreedores. Adicionalmente, la Ley fijaba una cantidad mínima de capital requerido para operar un banco. De este modo, se asignó al capital otras funciones adicionales, como servir de valla de acceso a la actividad para quienes deseaban ser accionistas de un banco, imponer un tamaño mínimo de empresa y determinar el monto de dinero que podía captar el banco. Sin embargo, como analizamos en este trabajo, la concepción inicial sobre el capital varió en el tiempo conforme la actividad bancaria creció e incrementó su participación en la vida económica de los países. La preocupación de los reguladores se acentuó en la necesidad de exigir, no solo capital, sino una mayor solvencia como mecanismo de protección a los depositantes y acreedores frente a los riesgos. En 1974, producto de las crisis bancarias en la década de los años 70 del siglo pasado, se creó el Comité Supervisión Bancaria de Basilea. Este organismo internacional propuso el establecimiento de mecanismos que exigían niveles mínimos de solvencia para reducir la desigualdad competitiva entre las instituciones financieras sujetas a regulaciones diferentes en cada país. El Comité de Basilea aprobó los Acuerdos de Basilea I, II y III desde 1988 hasta la fecha. Estos se enfocan en exigir mayor respaldo patrimonial a los bancos en función de la calidad de sus activos y los riesgos que afrontan. Para ello, se propone mejores sistemas de supervisión y regulación bancaria como mecanismos esenciales para mejorar la garantía o cobertura que deben ofrecer los bancos a sus depositantes y acreedores. La parte final de este trabajo se enfoca en analizar cómo la legislación peruana viene adoptando estos Acuerdos y las interrogantes que podrían presentarse por su incorporación en la regulación bancaria. / The present work aims to demonstrate the bank´s capital requirements evolution in our national banking regulations, its relation with public resources safeguard and the effects of the new Basel Agreements standards proposed in relation to this matter. First we analyze how the function of the social capital was conceived in banks. The basis of this analysis, is the Banking Law, number 7159, approved in 1931, which in addition to assign to the capital the traditional functions of the commercial society´s law, assigned to capital a guarantee function to depositors and creditors. This role was reinforced by using capital as a parameter to determine the amount of obligations or money that could be taken from depositors and other creditors. By associating the bank´s capital with the size of its operations, banks had to increase its capital, to be able to grow in businesses; under the focus that as bigger was the capital, bigger was the guaranty offered by the bank to its depositors and creditors. Additionally, when minimum amounts of capital to operate a bank were fixed by law, other additional functions were assigned to the capital, to act as barrier to possible shareholders accessing to the activity, impose a minimum size to the company, and to determine the amount of money that the bank was able to take from depositors. However, as is analyzed in this paper, this original conception varied along the time as banking activities grew and increased its participation in countries economic life. Regulator´s concern was accentuated in the need to demand not only more capital to the banks, but a greater solvency as mechanism to protect depositors and creditors against risks. Basel Committee on Banking Supervision was created on 1974 as a result of the banking crisis of the seventies in the last century. This international organism proposed the establishment of mechanisms to reduce inequalities in competition among financial entities subject to different regulations in each country, also required minimum solvency levels. Since 1988 up today, the Basel Committee approved the BASEL Agreements I, II and III. They focused in requiring more patrimonial support to the banks in relation to its assets quality and the risks that they face, proposing better supervisory systems and banking regulations as essential mechanisms to improve the guaranty or coverage that banks must offer to its depositor and creditors. The final part of this work focuses in analyze how the Peruvian legislation is adopting these agreements. Our work ends with the questions that may arise as a consequence of its incorporation in our banking regulations / Tesis

Se observa que las obras de electrificación rural ejecutadas por los Gobiernos Locales y Regionales actualmente operadas por ellos mismos, buscan desarrollar mecanismos para suplir la ausencia de un operador, debido a que las enormes inversiones necesarias para su despliegue y el reducido poder adquisitivo de las familias rurales, hacen estas inversiones no rentables económicamente para una empresa de distribución de energía eléctrica, por lo que no tienen incentivos para asumir nueva infraestructura. En el caso de la energía no convencional, como los paneles fotovoltaicos, la práctica llevó a establecer a modo de tarifa, un cobro arbitrario, a través de un monto fijo dividido entre los usuarios y si dicho monto no era suficiente, se creaban nuevos recargos. Dicho pago solo se orientaba a los costos de operación y mantenimiento del servicio, sin considerar el periodo de vida útil de las instalaciones, lo que lleva a que cuando eran necesarias las reposiciones, éstas no se adquirían por falta de recursos, evidenciado fracasos en la medida que no eran sostenibles en su funcionamiento, quedando los usuarios sin servicio y las instalaciones abandonas. Es en este sentido, que se requiere analizar medidas que hagan sostenibles las inversiones, tanto de gestión, como regulatorias. En cuanto a estas últimas se busca ver la posibilidad de que las herramientas regulatorias existentes puedan extenderse a la infraestructura que generan los Gobiernos Locales y Regionales, pues en tanto no constituyen “empresa”, no pueden ser sujetas de mecanismos regulatorios que contribuyen con la operatividad y continuidad del servicio. Ante la falta de acceso al servicio eléctrico por las familias rurales, muchos distritos, provincias y regiones han incrementado sus iniciativas de implementación de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos en el marco de la inversión pública, pero sin contar con la transferencia de conocimiento de las experiencias vividas, lo cual, en tanto no se desarrollen nuevos mecanismos de gestión provocarán que muchas de estas experiencias locales recorran el mismo camino que el MINEM cuando comenzó a implementar los primeros sistemas. En este sentido, existe una serie de obstáculos institucionales, financiero-económicos, tecnológicos y a nivel de recursos humanos que impiden el desarrollo de un mercado de sistemas fotovoltaicos en el Perú. Es en este marco, que el presente trabajo tiene como objetivo proponer el diseño de una Empresa de Energía de sistemas fotovoltaicos, capaz de ser responsable de brindar el servicio eléctrico a un grupo disperso de consumidores rurales alejados de las redes eléctricas de las empresas de distribución convencionales. Para esto, se requiere introducir un diseño institucional para el desarrollo de empresas de energía rural para sistemas fotovoltaicos que asuman a su vez la responsabilidad de proveer el servicio a través de una tarifa regulada, haciendo de este modo sostenible el servicio. / Tesis

Durante los años noventa, tuvo lugar en nuestro país un proceso de concesiones y privatizaciones de los servicios públicos, telefonía y energía en principio, y luego el de transportes; el servicio de agua y alcantarillado o saneamiento básico se conservó a cargo del Estado de manera general, con alguna excepción en manos del sector privado. Este proceso de otorgamiento de la explotación comercial al sector privado, generó la necesidad de implementar mecanismos que lo controle y supervise, de manera de lograr niveles de calidad y protección de los usuarios frente al impacto en la sociedad de estos nuevos monopolios legales; tarea a cargo de los Organismos Reguladores. La presente tesis identifica que este proceso no quedó solo en la transferencia, sino que generó el desafío de construir un marco normativo regulatorio por medio del cual y a través de entidades autónomas, el Estado orientó su esfuerzo a corregir la acción de los mercados al vislumbrar que éstos eran imperfectos, y a la vez tendió a incorporar competencia en sectores monopolísticos a través de diversos mecanismos. La creación de estas nuevas entidades regulatorias, se dio en el marco de una reforma del modelo económico que regía las actividades empresariales del Estado, y dentro de una constitución política que modificó la tarea y el rol de la administración pública. El enfoque de la presente tesis se centra en el análisis teórico y empírico de los diversos acontecimientos que se produjeron alrededor de los organismos reguladores, principalmente de OSINERGMIN, durante el periodo 2010-2012, relacionadas a la gestión y administración de sus recursos económicos y presupuestales, en el marco de una autonomía conferida en las normas que los crearon. En primer lugar se ha realizado el estudio empírico de la autonomía institucional y la actuación objetiva de estos entes reguladores, dada sus funciones fundamentalmente técnicas y su necesaria libertad operacional. Se ha hecho una breve revisión a otras experiencias latinoamericanas y, se determinan algunas diferencias sensibles que en algunos casos demuestran una vinculación muy marcada al poder político y en otras una dependencia directa al sector que corresponde la actividad regulada. En segundo lugar, la tesis analiza los aspectos en los cuales repercuten las decisiones del poder político que deben tenerse en cuenta, como Decretos de Urgencia y Sistemas de Administración y Gestión Pública, para apreciar los efectos en su función regulatoria y fiscalizadora. Finalmente, se han estudiado tres propuestas legislativas; la primera propone la creación de la Superintendencia de Organismos Reguladores a efectos de establecer un Órgano de Control de los Organismos Reguladores Sectoriales bajo una entidad, con el propósito de ejercer un control real y práctico a cargo del poder político; y las dos siguientes por el contrario, procuran fortalecer a los Organismos Reguladores Sectoriales, blindándolos de la posible intromisión del poder político o de otros grupos de interés. Estas dos últimas propuestas solventan el postulado de la tesis al sustentarse en la necesidad de crearles mecanismos de protección frente a la posible captura o politización, haciendo de estas entidades verdaderas herramientas de una transparente regulación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de redes. / Tesis

La investigación analiza cómo ha evolucionado el estándar internacional (“soft law”) sobre la participación de la deuda subordinada como componente del capital bancario y cómo ha sido implementado en el marco de la Ley de Bancos (Ley N° 26702) desde 1996. Si bien se observa que originalmente la Ley 26702 no realizó una implementación adecuada del estándar internacional, luego con el D. Leg. N° 1028 y la reglamentación de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) se logró una adopción adecuada de Basilea 2 sobre las exigencias a la deuda subordinada. Sin embargo, dicho estándar internacional cambió a Basilea 3 en 2010, el cual propone requisitos más estrictos tanto en características como en cómputo de la deuda subordinada dentro del capital bancario. Pese a que la normativa emitida por la SBS en 2016 (Res SBS N° 975-2016) se ha aproximado a los requerimientos de Basilea 3, todavía quedan aspectos pendientes que son importantes evaluar por cuanto afectan la calidad del capital bancario, haciendo que la deuda subordinada tenga una participación excesiva en el patrimonio efectivo. Asimismo, son necesarios ajustes adicionales para precisar aspectos referidos a la perpetuidad de la deuda y la forma de absorción de pérdidas, como el denominado “punto de no viabilidad”. Para esta implementación se requieren algunas modificaciones a rango de ley. En comparación con otros países de la región, respecto a la implementación del estándar Basilea 3 sobre deuda subordinada, se observa que el Perú se encuentra más avanzando que Chile, que aún sigue con un estándar anterior, pero que Colombia posee un grado de avance mayor que Perú y más alineado con Basilea 3. Asimismo, se concluye en la investigación que el estándar internacional en la materia no es estático, sino que va variando en respuesta a las crisis y otras situaciones que ocurren en el negocio bancario internacional, lo que lleva a replantear algunos paradigmas. / Tesis

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Determina la relación entre estado nutricional y control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de Servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional de Ica. Es un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y transversal. La muestra es de 122 pacientes. Se obtienen datos como toma de peso, talla, perímetro abdominal y obtención de registros del último control metabólico glucémico, lipídico y de presión arterial. Encuentra un diagnóstico nutricional normal en 32% de pacientes y bajo riesgo de comorbilidad en 23%; existencia de hiperglicemia (82%), hemoglobina glicosilada elevada (83%) y bajos valores de HDL (94%). Las pruebas de LDL (77%), triglicéridos (63%) y colesterol (82%) fueron mayormente normales, al igual que la presión arterial (sistólica: 89% y diastólica: 87%). Concluye que no encuentra relación entre estado nutricional con el control glucémico; el estado nutricional se relacionó significativamente con los valores de LDL y triglicéridos, pero no con HDL ni colesterol; el riesgo de comorbilidad no se relacionó con el perfil lipídico; la relación entre estado nutricional y presión arterial no fue significativa; el riesgo de comorbilidad se relacionó con la presión arterial sistólica. / Trabajo académico