The treatment of labor dismissal has been evolving in the legislation and in the jurisprudence. Whatis the current regulation of this subject? What is the procedure to ask for reparation in the case ofnon justified dismissal? These and other subjects related to this matter have been treated by the Constitutional Court and the Supreme  Court  inthe last binding precedents and in laboral courtrulings, respectively.Within this framework, the author illustrates us regarding the evolution of dismissal’s treatment in the legislation and recent jurisprudential pronouncements. / El tratamiento del despido laboral ha evolucionadotanto en la legislación como en la jurisprudencia. ¿Cuál es la actual regulación de dicha materia?¿Cuáles son las vías procesales para solicitar lasreparaciones en caso de despidos no justificados?Estas y otras cuestiones relacionadas han sido tratadas por el Tribunal Constitucional y la Corte Supremaen sus últimos precedentes vinculantes y plenos jurisdiccionales en materia laboral, respectivamente.En este marco, el autor nos ilustra respecto de la evolución del tratamiento del despido en la legislación y en los pronunciamientos jurisprudenciales recientes.

En el presente artículo los autores realizan un examen del derecho a la libertad sindical apartir de la normativa y jurisprudencia nacional. Dicho análisis parte de la Constitución de 1993 y una comparación con su predecesora. Luego proceden a analizar el derecho a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo cual influye en el desarrollo del contenido del mismo.Por último, se exponen los casos en los que se entiende afectada la libertad sindical, a partir de Sentencias recaídas en casos reales de la práctica laboral peruana.

Within the framework of the process of constitutionalization of Law, the treatment towards antitrust  regulation is being discussed on the jurisprudential level. An idea has appeared that suggests that deciding against antitrust regulationis  beneficial for companies, but has a negative impact towards societyIn the present article, the author does a comparison between the Peruvian Constitutional Court jurisprudence about antitrust and the jurisprudence of the Supreme Court of the United States, demonstrating that tending towards regulation is harmful for society.The author also raises the question about the reasons for which the Supreme Court of the United States has a clear and defined criteria to decide when it is convenient to regulate antitrust, called “decision theory”, while the Peruvian  Court  has an erratic and unjustified criteria to decide aboutregulation of antitrust. / En el marco del proceso de constitucionalización del Derecho, el tratamiento de la libre competencia se ha venido discutiendo a nivel jurisprudencial. Así, ha surgido la idea de que decidir no regu-lar la libre competencia beneficia a las empresas,mas no a la sociedad en general.En el presente artículo, el autor propone una comparación entre la jurisprudencia respecto a la libre competencia del Tribunal Constitucional peruano y la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, buscando demostrar que, más bien, tender a la re- gulación es perjudicial para la sociedad.Asimismo, el autor abre la interrogante acerca de las razones por las cuales la Corte estadounidense tiene un criterio claro respecto a cuándo no es conveniente la regulación, mientras que el Tribunal peruano tiene un criterio errático y no justificado para tomar decisiones al respecto.

Labor Issues in the religious freedom act and its regulationThis text reviews the constitutional and legal regulation of religious freedom, considering the definition of its content established by the Constitutional Court and its application in the labor contracts, both common and those involving an ideological employer or with ideological trend / En el presente texto se repasa la regulación constitucional y legal de la libertad religiosa, considerando la definición de su contenido establecida por el Tribunal Constitucional y su aplicación en las relacionales laborales, tanto comunes como en aquellas que involucran a un empleador ideológico o de tendencia.

In this article, the author tries to clarify various aspects of the fundamental right to Personal identity, this with regard to a recent sentence by the Peruvian Constitutional Court which dismissed the claim of a citizen to register in the National Registry of Identification and Civil status his sex change. Also, the autor analyze the arguments that the Court used to make this decision, as well as also used by two of its judges who expressed their disagreement through unique votes. it is point outs that in Peru, as in other countries, there isn’t a law regulating to the registration of sex change. However, for the author this should not limit the Constitutional Court to approve this change. / En el presente artículo, el autor trata de esclarecer diversos aspectos del derecho fundamental a la identidad Personal, esto a propósito de una reciente sentencia emitida por el t ribunal Constitucional peruano donde se desestima la pretensión de un ciudadano a que se inscriba en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil su cambio de sexo. Asimismo, se encarga de analizar los argumentos que el t ribunal empleó para tomar esta decisión, así como también los usados por dos de sus magistrados que expresaron su desacuerdo mediante votos singulares. Se señala que en Perú no existe, como en otros países, una ley que regule el registro de cambio de sexo, sin embargo, para el autor esto no debió impedir que el Tribunal Constitucional aprobará este cambio.

In Peru, the amparo process is the most widely used constitutional process, and   one of the most important ones. For that reason, there is a strong need to analyze in detail this emblematic legal form, as the next questions should be answered: has the amparo process always hadthe same regulation in Peru? Is there only onetype of amparo process? What is the importance of the Constitutional ProcedureCode and the Constitutional Court regarding this process?In this article, the author conducts the mentioned analysis in a remarkable way, providing answers to those and other questions from a historic and legal point of view. / En el Perú, el amparo es el proceso constitucionalmás utilizado y uno de los más importantes. Poresa razón, es muy necesario un análisis detalladode esta emblemática figura, en el que se respon-dan  las  siguientes  cuestiones:  ¿el amparo  tuvo siempre la misma regulación en el Perú? ¿Existesólo un tipo de amparo? ¿Cuál es la importanciadel Código Procesal Constitucional y del TribunalConstitucional con respecto a este proceso?En el presente artículo, el autor realiza este análisis de forma notable, dando respuesta a estas y otras preguntas desde una visión tanto histórica como jurídica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba da cuenta de la configuración del Derecho de Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, DAIP) en el ordenamiento jurídico chileno, destacando cuatro niveles normativos: internacional, constitucional, legal y reglamentario. Asimismo, examina la jurisprudencia constitucional durante veinte años del TC, desde 1995 a 2015, por medio de la cual se evidencia las tendencias en la valoración del principio de publicidad, del principio de transparencia y del DAIP. Así, se proponen tres épocas, una de alta valoración de estos bienes jurídicos, que se desarrolla entre 1995 y 2012, teniendo como dos grandes hitos la aprobación de la reforma constitucional de 2005 que introdujo el nuevo artículo 8º de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR) y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública (LAIP, por sus siglas). Una segunda época de ruptura con esta línea interpretativa que señala que estos bienes no se encuentran en la CPR, sino que son simplemente de rango legal y en alguna medida inconstitucionales en abstracto dada su extensión y, finalmente, una tercera etapa de revisión en la cual se observa que el TC ha dictado fallos oscilantes, entre algunos de alta y otros de menor valoración del DAIP y los principios mentados. En un Chile que clama ante la ocurrencia de un gran número de episodios de corrupción, la mayor y mejor estimación de los mecanismos de prevención y control son imperativos. No es razonable que la magistratura que recibe el mandato de garantizar la supremacía de la CPR desmerezca un derecho que fue una de las piedras angulares del Estado Moderno Constitucional. Del mismo modo, el DAIP que coadyuva a la adopción de políticas públicas eficientes y eficaces a través de la participación ciudadana, debe ser fortalecido y reconocido como un requisito en los mecanismos de intervención de los incumbentes en la gestión pública. Este trabajo demuestra también la necesidad de una reforma constitucional que responda a esta dificultad en la interpretación y valoración del DAIP, los principios de publicidad y transparencia, como mecanismo de solución a la problemática que se desprende de la jurisprudencia de la magistratura constitucional.

Tesis (doctorado en derecho) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al reflexionar sobre el significado jurídico de la pasividad o inactividad del legislador, parece necesario analizar primeramente, si existe un deber jurídico de legislar en situaciones donde este comportamiento omisivo provoca consecuencias que vulneran el espíritu y la razón del ordenamiento jurídico. En un primer momento del análisis, al referirnos al contenido formal de la estructuración del Estado, podemos dar cuenta de la existencia de ciertas normas y principios que tienen a bien ordenar, dirigir y limitar los poderes que a su turno validan.