El informe analiza la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó a RENIEC inscribir sin revelar el nombre de la madre a los hijos de Ricardo Morán quienes nacieron a partir de la técnica de maternidad subrogada. El principal problema jurídico es si es constitucionalmente posible negar la inscripción de niños nacidos por maternidad subrogada debido a la supuesta ilicitud de esta técnica. El análisis concluye que no es posible negar la inscripción por falta de regulación de la maternidad subrogada, pues ello vulneraría derechos como la igualdad, identidad y nacionalidad de los menores. Si bien la maternidad subrogada plantea dilemas éticos por posibles riesgos de explotación, se considera necesario regular para proteger los derechos reproductivos, con salvaguardas para evitar abusos. Además, se sostiene que no era necesario que exista regulación previa sobre maternidad subrogada para proceder con la inscripción, pues el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños más allá de vacíos normativos. El Tribunal Constitucional debió establecer parámetros para evitar que en el futuro se sigan vulnerando derechos en casos similares. En conclusión, el fallo fue acertado, pero el Tribunal perdió la oportunidad de abordar de manera integral la problemática de la maternidad subrogada y su regulación en el Perú. / The report analyzes the Constitutional Court's ruling that ordered RENIEC to register the children of Ricardo Morán who were born through the technique of surrogacy, without revealing the name of the mother. The main legal issue is whether it is constitutionally possible to deny the registration of children born through surrogacy due to the alleged illegality of this technique. The analysis concludes that it is not possible to deny registration due to the lack of regulation of surrogacy, as this would violate rights such as equality, identity, and nationality of the minors. Although surrogacy raises ethical dilemmas due to possible risks of exploitation, it is considered necessary to regulate it to protect reproductive rights, with safeguards to prevent abuse. Furthermore, it is argued that it was not necessary for there to be prior regulation on surrogacy to proceed with the registration, as the State has the obligation to guarantee the rights of children beyond regulatory gaps. The Constitutional Court should have established parameters to prevent similar rights violations in the future. In conclusion, the ruling was correct, but the Court missed the opportunity to comprehensively address the issue of surrogacy and its regulation in Peru.

Mediante la Sentencia del Expediente No. 00319-2013-PA/TC el TC declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por SASA en contra de la SUNAT, y como consecuencia, decidió inaplicar el artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta y disponer que la SUNAT devuelva el pago adelantado del impuesto a la renta efectuado por SASA. En concreto, la sentencia del TC determinó que la expropiación no es una enajenación, y que por lo tanto no puede ser un hecho imponible del Impuesto a la Renta. El TC fundamenta su decisión argumentando que la indemnización justipreciada es una indemnización y no se puede equiparar a la ganancia de capital, pues no es evidencia de capacidad contributiva de parte del expropiado. Esta investigación se justifica, por un lado, porque analiza profundamente los argumentos del de las partes y las sentencias incluidas en el Expediente respecto a un tema controversial. El objetivo principal de esta investigación es analizar los problemas jurídicos identificados en el expediente desde un enfoque de Derecho Constitucional y Derecho Tributario para proponer soluciones jurídicas a dichos problemas. La hipótesis de la investigación es que en el 2013, era inconstitucional gravar la indemnización justipreciada como ganancia de capital, pues su naturaleza es indemnizatoria. La metodología empleada es una revisión profunda de la doctrina tributaria y constitucional aplicable a la materia. La discusión principalmente se centra en la naturaleza de la indemnización justipreciada recibida como parte del proceso de expropiación, las teorías de las rentas, y los límites constitucionales a la potestad tributaria del Estado.

La resolución materia de estudio es la Resolución N° 10 del Expediente No 00382-2019-0-1817-SP-CO-01. El cuestionamiento a dicha Resolución es por un defecto en la debida motivación que transgrede el reconocimiento de la debida motivación como derecho y garantía constitucional en la Constitución Política del Perú. Es así como es posible examinar tanto la justificación interna como externa de la decisión judicial y los vicios en la motivación. El defecto de la Resolución es la motivación aparente porque la decisión no cumple con justificar el proceso para llegar a su decisión, sino por el contrario realiza meras referencias al Laudo Arbitral sin pronunciarse sobre los argumentos de las partes en la demanda de anulación de laudo. Asimismo, el laudo objeto de cuestionamiento presenta cuestiones respecto al concepto y procedimiento de recepción de obra que ameritan un desarrollo de análisis, conforme la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento vigentes al momento de celebrar el Contrato (Ley No. 26850 y Decreto Supremo Nº 084-2004). Al respecto se desarrolla sobre la posibilidad de modificar por acuerdo el procedimiento de recepción de obra, la entrega física como cumplimiento de procedimiento de recepción de obra y sobre la relevancia de las observaciones en el procedimiento de recepción de obra. En conclusión, el presente trabajo plantea un análisis sobre aspectos fundamentales relacionados con el derecho a una debida motivación, al mismo tiempo que se plantea una reflexión crítica en torno al proceso establecido para la recepción de obras según lo estipulado en la Ley de Contrataciones. Las cuestiones que se abordan en este estudio resultan de suma importancia, ya que se trata de garantizar el derecho a la debida motivación y que las decisiones en el contexto de la contratación y recepción de obras estén debidamente fundamentadas y basadas en criterios razonables. Esta reflexión invita a replantear y analizar críticamente los mecanismos y normativas existentes, con el objetivo de fortalecer los derechos y garantías de las partes involucradas en los contratos de obra y fomentar la calidad y cumplimiento de los proyectos en beneficio de la sociedad en su conjunto. / The resolution under study deals with Resolution No. 10 of File No Exp. 00382 2019-0-1817-SP-CO-01. The challenge to say Resolution is due to a defect in the due motivation that transgresses the recognition of the due motivation as a constitutional right and guarantee in the Political Constitution of Peru. Thus, it is possible to examine both the internal and external justification of the arbitration decision and the defects in the motivation. The defect of the Resolution is the apparent motivation because the decision does not comply with justifying the process to reach its decision, but on the contrary, it makes mere references to the Arbitral Award without pronouncing on the arguments of the parties in the claim for annulment of the award. Likewise, the award in question raises issues regarding the concept and procedure for the reception of the work that merit a further analysis, in accordance with the Law on State Contracting and its Regulations in force at the time of the execution of the Contract (Law No. 26850 and Supreme Decree No. 084-2004). In this regard, the possibility of modifying the work acceptance procedure by agreement, the physical delivery as compliance with the work acceptance procedure and the relevance of the observations in the work acceptance procedure are developed. In conclusion, this paper presents an analysis of fundamental aspects related to the right to due motivation, and at the same time, a critical reflection on the process established for the reception of works as stipulated in the Law on State Contracting. The issues addressed in this study are of the utmost importance, since the aim is to guarantee the right to due motivation and that decisions in the context of contracting and receiving works are duly grounded and based on reasonable criteria. This reflection invites to rethink and critically analyze the existing mechanisms and regulations, with the aim of strengthening the rights and guarantees of the parties involved in works contracts and to promote the quality and compliance of projects for the benefit of society as a whole.

En el presente trabajo se busca conocer el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ambiente a través de las sentencias del Tribunal Constitucional, toda vez que el máximo intérprete de la Constitución ha ido perfilando su contenido a través de su jurisprudencia. Se parte de la hipótesis de que el Tribunal Constitucional formula un concepto amplio del derecho que nos ocupa, el cual no solo está contemplado en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución. Consideramos que para llegar a dicho concepto que aún es general y amplio en cuanto a su contenido, debido a los conceptos indeterminados que emplea (“equilibrado” y “adecuado”), se ha incorporado, paulatinamente, algunos principios del derecho ambiental internacional; así como los criterios y principios contemplados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 2005. Por ello, el período de estudio abarca únicamente los años 2000 a 2010 a fin de poner en evidencia y centrar el análisis en el impacto que ha tenido la citada ley sobre el concepto del derecho al ambiente desarrollado por el Supremo intérprete de la Constitución.

El presente trabajo de tesis, analiza en concreto el control constitucional, por un lado, el control constitucional difuso y por otro el control constitucional concentrado, ello con la finalidad de tener claro ambos conceptos, además de estudiar brevemente el tipo de control constitucional que tenemos en Latinoamérica, así como el que funciona en Europa. También este trabajo de investigación analiza en control constitucional realizado en nuestro país, revisando brevemente sus orígenes, hasta la actualidad, para lo cual luego de analizar el vigente marco constitucional respecto al control difuso realizado por la Corte Suprema de Justicia de la República, además de advertir graves deficiencias en cuanto a dicha labor de control constitucional, es que, proponemos se pueda implementar en nuestro país la figura de la Cuestión de Inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, la cual desde nuestra postura, viene funcionando de manera adecuada en España, país de donde hemos heredado y tenemos como referente gran parte de sus instituciones jurídicas, y en lo particular en lo que se refiere al control constitucional. Es así que, sustentamos resulta viable la implementación de la cuestión de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional peruano, pues la Corte Suprema ha evidenciado un déficit en cuanto a la labor de control de constitucionalidad, habiendo identificando su problemática en la provisionalidad de los jueces supremos que integran las Salas Constitucionales, además de la transitoriedad de estas Salas. Por tanto, consideramos viable que el Tribunal Constitucional pueda realizar la labor de hacer control constitucional respecto a los casos donde a un juez ordinario le surja una duda respecto a la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, y que sea el Tribunal Constitucional a través de una sentencia determine los que corresponda y que los efectos de su sentencia donde se haya planteado la Cuestión de Inconstitucionalidad, tenga efectos erga omnes, y pueda expulsar la norma inconstitucional de ser el caso o por el contrario, ratifique la constitucionalidad de la norma en cuestión. / This thesis work specifically analyzes constitutional control, on the one hand, diffuse constitutional control and concentrated constitutional control on the other, in order to be clear about both concepts, in addition to briefly studying the type of constitutional control that we have in Latin America, as well as the one that works in Europe. This research work also analyzes constitutional control carried out in our country, briefly reviewing its origins, up to the present, for which after analyzing the current constitutional framework regarding the diffuse control carried out by the Supreme Court of Justice of the Republic, in addition to noticing serious deficiencies in terms of said constitutionality, we propose that the figure of the Question of Unconstitutionality in charge of the Constitutional Court be implemented in our country, which from our position, has been working adequately in Spain, a country from which we have inherited and have as a great reference part of its legal institutions, and in particular in what refers to constitutional control. Thus, we maintain that the implementation of the question of unconstitutionality in charge of the Constitutional Court is viable, since the Supreme Court has evidenced a deficit in terms of the work of constitutionality control, having identified its problem in the provisionality of the supreme judges that make up the Constitutional Chambers, in addition to the transience of these Chambers. Therefore, we consider it viable that the Constitutional Court can carry out the task of carrying out constitutional control regarding cases where an ordinary judge has a doubt regarding the constitutionality of a norm in a specific case, and that the Constitutional Court, through a sentence, determines the corresponding ones and that the effects of its sentence where the Question of Unconstitutionality has been raised, has erga omnes effects, and can expel the unconstitutional norm if it is the case or, on the contrary, ratify the constitutional one ity of the norm in question.

El presente caso se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck contra la resolución de fecha 13 de septiembre de 2010, donde el Colegiado analiza si se han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad ante la ley, de propiedad y a contratar con fines lícitos. Pese a que, dos de los tres procesos ordinarios que originaron el proceso de amparo, ya estaban en etapa de ejecución, el Tribunal Constitucional decide resolver declarado fundada en parte la demanda de amparo, al demostrarse que los pagarés no fueron completados según lo pactado y, además, declaro nulas las resoluciones que estimaron fundadas las demandas interpuestas por el Banco de Comercio. A partir de ello, surgen diferentes interrogantes. En primer lugar, la potestad del Tribunal Constitucional para revisar todo el proceso ordinario, no solo del proceso de amparo, sino de los juicios civiles, sin ningún tipo de cautela al perjudicar al Banco de Comercio que ya contaba con dos sentencias firmes a su favor. En segundo lugar, cómo se podría delimitar el grado de intervención del Tribunal cuando revisa resoluciones judiciales ordinarias. En tercer lugar, si en este caso, el Tribunal Constitucional observó y aplicó dichos límites. Debido a ello, en el presente informe se buscará dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, con el objetivo de entender cómo el Tribunal Constitucional debe revisar los procesos judiciales ordinarios en los procesos de amparo. / The present case is about a ruling by the Constitutional Court that resolves the appeal for constitutional grievance filed by Mr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck against the resolution dated September 13, 2010, where the Court analyzes whether fundamental rights are respected due to process, equality before the law, property and contracting for lawful purposes. Although two of the three ordinary processes that gave rise to the amparo process were already in the execution stage, the Constitutional Court decided to declare the amparo claim partially founded, having proven that the promissory notes were not executed as agreed. and, furthermore, I declare void the resolutions that considered the claims filed by the Banco de Comercio to be founded. From this, different questions arise. Firstly, the power of the Constitutional Court to review the entire ordinary process, not only the protection process, but also the civil processes, without any type of caution to the detriment of the Banco de Comercio, which already had two final rulings. . favor. . Secondly, how could the degree of intervention of the Constitutional Court be delimited when reviewing ordinary judicial resolutions? Thirdly, whether in the present case the Constitutional Court respected and applied said limits. Therefore, this report will seek to answer the questions previously raised, with the aim of understanding how the Constitutional Court should review ordinary judicial processes in amparo proceedings.

Jhojana Rudas Guedes interpuso una demanda contra RENIEC solicitando la inaplicación del artículo 20 del Código Civil, debido a que dicha entidad condicionó la entrega de su DNI a la modificación del orden de sus apellidos en su partida de nacimiento, donde el apellido materno figura en primer lugar. Argumenta que este condicionamiento vulnera su derecho a la identidad, así como su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. En este contexto, el presente trabajo abordará el análisis del fallo emitido por el Tribunal Constitucional, comenzando por determinar si la interpretación realizada por RENIEC fue constitucional o no. Asimismo, se evaluará si, existió vulneración al derecho a la identidad, en relación con el nombre como elemento dinámico y el derecho al libre desarrollo de la personalidad,así como, la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, analizado a la luz del avance social y normativo, desde un enfoque de género. Por último, también se analizará si se respetaron los parámetros del principio de legalidad por parte de RENIEC y si el habeas corpus fue la vía adecuada para que la demandante exija la protección de sus derechos. / Jhojana Rudas Guedes filed a lawsuit against RENIEC requesting the non-application of Article 20 of the Civil Code, because RENIEC conditioned the issuance of her ID card on changing the order of her surnames in her birth certificate, where her mother's surname appears first. She argues that this condition violates her right to identity, as well as her right to equality and non-discrimination based on sex. In this context, this paper will address the analysis of the ruling issued by the Constitutional Court, starting by determining whether RENIEC's interpretation was constitutional or not. Additionally, it will evaluate whether there was a violation of the right to identity, in relation to the name as a dynamic element and the right to personal development, as well as the violation of the right to equality and non-discrimination, analyzed in the context of social and normative progress from a gender perspective. Finally, it will also analyze whether RENIEC respected the parameters of the principle of legality and whether habeas corpus was the appropriate avenue for the plaintiff to demand protection of her rights.

El presente informe analiza los límites legales en una intervención policial que compromete las libertades personales de una pareja de esposos por la presunta comisión de hechos delictivos que configura flagrancia. Este análisis se realiza bajo la perspectiva del buen gobierno, asegurando que las acciones policiales no sólo respeten los derechos humanos, sino que también se manejen dentro de los principios del buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas, corrección, legalidad y eficacia. Así, se busca garantizar que las intervenciones policiales sean legítimas y refuercen la confianza en las autoridades. Por ello, el informe se realiza en base del marco constitucional y legal de la institución policial, que garantiza una actuación de calidad y fortalece la confianza en las autoridades policiales y el respeto por los derechos humanos. Desde una visión crítica, sostiene que el derecho a la libertad personal no es absoluto, ya que puede haber una razón legal que permita garantizar la protección de un bien jurídico como la seguridad ciudadana, que es una demanda constante de la sociedad. Por ello, la detención no es arbitraria si cumple con el marco legal y tiene como finalidad detener la comisión de delitos que atentan contra el orden público. / The present report analyzes the legal boundaries in a police intervention that compromises the personal freedoms of a married couple for the alleged commission of criminal acts constituting flagrante delicto. This analysis is conducted from the perspective of good governance, ensuring that police actions not only respect human rights but also adhere to the principles of good governance such as transparency, accountability, propriety, legality, and effectiveness. Thus, it seeks to guarantee that police interventions are legitimate and reinforce trust in the authorities. Therefore, the report is based on the constitutional and legal framework of the police institution, which guarantees quality performance and strengthens trust in police authorities and respect for human rights. From a critical perspective, it argues that the right to personal liberty is not absolute, as there may be a legal reason that allows for the protection of a legal good such as public safety, which is a constant demand of society. Therefore, detention is not arbitrary if it complies with the legal framework and aims to stop the commission of crimes that threaten public order.

El presente informe jurídico aborda el proceso de inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos N° 982, N° 983, N° 988 y N° 989 emitidos a consecuencia de la Ley autoritativa N° 29009 -Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso. Con el objetivo de determinar la validez o invalidez constitucional de la normativa delegada, se examina la delegación de facultades de carácter legislativo otorgadas al presidente de la República, además de desarrollar los tipos de controles posteriores a los que se encuentra sometida y se analiza las infracciones de forma y fondo alegadas. Aproximación dogmática que se realiza por medio de la interpretación jurídica, sistemática, así como teleológica para resaltar la finalidad constitucional aplicando conocimientos vinculados al derecho penal. Con el propósito de probar que en su voto en mayoría el Tribunal Constitucional ha omitido el cumplimiento de su función de garantizar la supremacía de la Carta fundamental, así como el Pleno en su generalidad de pronunciarse en cuestiones de fondo. Razón por la cual se concluye que no se ha efectuado un correcto control de constitucionalidad. / This legal report addresses the process of unconstitutionality of Legislative Decrees N° 982, N° 983, N° 988 and N° 989 issued as a result of Authoritative Law N° 29009 - Law that grants the Executive Power powers to legislate on illicit drug trafficking, money laundering, terrorism, kidnapping, extortion, organized crime, human trafficking and pernicious gang. In order to analyze the delegated regulations to determine their constitutional validity or invalidity, delegation of legislative powers to the Republic president is examined, types of subsequent controls to which it is subjected is developed and the alleged formal and substantive infractions are analyzed. Dogmatic approach that is carried out by means of legal, systematic as well as teleological interpretation to highlight in the constitutional purpose by applying knowledge related to criminal law. In order to prove that in its majority vote Constitutional Court has omitted their fulfillment of its function of guaranteeing the supremacy of our Fundamental Charter, also the Plenary in its generality to pronounce on substantive matters. That is why it is concluded that a correct control of constitutionality has not been carried out.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La inactividad legislativa inconstitucional corresponde a aquel comportamiento pasivo del legislador frente a un deber de desarrollo legislativo que produce efectos contrarios a la eficacia de algún precepto constitucional. En dicha definición se subsumen diversos aspectos susceptibles de analizar: por una parte, las fuentes de dicho mandato de desarrollo legislativo que encontramos tanto en los principios generales de la Constitución, como en normas de derecho internacional. Por otra parte, cuando dicha inactividad se expresa, generando un efecto adverso a la norma fundamental y se hace visible en el ordenamiento social corresponde aplicar algún mecanismo de control de dicha omisión, que puede abarcar una solución normativa o jurisprudencial al efecto. La finalidad de dichos mecanismos es salvar temporal o definitivamente la norma incompleta a fin de que sus efectos dañosos se reduzcan al mínimo y pueda darse cumplimiento a las normas constitucionales, principalmente a aquellas que versan sobre derechos fundamentales. Nuestro país no ha estado exento de situaciones normativas anómalas donde no existe el mecanismo formal para suplir la omisión legislativa. Es allí donde el Tribunal Constitucional, en estricto respeto a sus facultades ha optado por efectuar recomendaciones al legislador, las cuales evidencian el potencial transgresor a la Constitución que tienen dichas omisiones, pero que no son exigibles, quedando al mero compromiso legislativo. Dicho compromiso ha sido en veces insuficiente para solucionar ciertas situaciones problemáticas a la luz de la norma fundamental; tal es el caso de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal referido acerca del articulo 38 ter de la Ley de ISAPRES que regulaba la denominada “tabla de factores” donde establecía criterios de sexo y edad para aumentar los precios de los planes de salud. Con dicha expulsión del ordenamiento jurídico de la norma en cuestión, se solucionó el efecto inconstitucional de la disposición, sin embargo, subsistió el daño que dicha situación causaba en los particulares: dicha falta de regulación sigue pesando en la creciente judicialización de causas contra las ISAPRES las que se originan a todas luces por la inactividad del legislador al no dictar un cuerpo normativo completo que regule las potestades y limitaciones tanto de los operadores de salud privada como de la Superintendencia de Salud. / 12/04/2019