El presente Informe analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Solaris Perú contra la Primera Sala Comercial de Lima contra la Primera Sala Comercial de Lima. En ese sentido, se analizan los siguientes problemas jurídicos. En primer lugar, se examina la procedencia de la demanda de amparo, pese al rechazo liminar de la demanda en las dos instancias previas, basándose en la supuesta inexistencia de resoluciones judiciales firmes y la ausencia de vulneración de derechos constitucionales, en aplicación de la Sentencia No. 142-2011-PA/TC (precedente María Julia). En segundo lugar, se analiza la competencia del Tribunal Constitucional para resolver sobre el fondo de la controversia a pesar del rechazo liminar de la demanda en las instancias previas y si, por tanto, se podía pronunciar respecto de si la admisión a trámite de las demandas de anulación vulneró los derechos constitucionales invocados por la Asociación Solaris Perú. Finalmente, a través de un minucioso análisis de los hechos del caso y los argumentos planteados, el presente Informe Jurídico busca esclarecer los problemas planteados y proporcionar respuestas precisas a las interrogantes surgidas en su evaluación. / In accordance with the decision of the Constitutional Court in the amparo lawsuit against a judicial resolution filed by Asociación Solaris Perú against the Primera Sala Comercial de Lima, this report analyzes the following legal issues. Firstly, it examines the admissibility of the amparo lawsuit, despite the summary dismissal of the lawsuit in the previous two instances, based on the alleged absence of final judicial rulings and the lack of violation of constitutional rights, in accordance with Judgment No. 142-2011-PA/TC (Maria Julia precedent). Secondly, it analyzes the competence of the Constitutional Court to rule on the merits of the controversy despite the summary dismissal of the lawsuit in previous instances, and therefore, whether it could pronounce on whether the admission to processing of the annulment lawsuits violated the constitutional rights invoked by Asociación Solaris Perú. Finally, through a thorough analysis of the case facts and arguments presented, this Legal Report seeks to clarify the issues raised and provide precise answers to the questions that arose in its evaluation.

El presente informe jurídico tiene el objetivo de analizar la sentencia Nº 322-2023 en el expediente 03383-2021-PA/TC. El propósito de nuestro análisis se encuentra enfocado en las disposiciones que el Tribunal emitió referente a las responsabilidades y competencias de las entidades demandadas frente a la falta de una red de agua potable. El acceso al agua y la inexistencia de una red de alcantarillado en la región de Loreto y específicamente en los Asentamientos Humanos del distrito de Punchana, es un problema que la población viene sufriendo por más de 20 años. Tiempo en el cual las autoridades encargadas no actuaron de manera eficiente y oportuna para atender la demanda de la población. En ese sentido, debido a las graves afectaciones de derechos que se estaban incrementando, era imprescindible que el Tribunal identificara a las principales entidades encargadas de desarrollar e implementar estas políticas públicas. Entonces, para realizar este informe es necesario determinar en principio si la falta de acceso al agua y conexión de una red de alcantarillado en los Asentamientos Humanos demandantes vulnera alguno de sus derechos fundamentales. Asimismo, si la afectación a estos derechos son responsabilidad solo de las entidades estatales demandadas o sobre qué entidades se debió pronunciar el Tribunal en su fallo de Sentencia. / The purpose of this legal report is to analyse judgment 322-2023 in case 03383- 2021-PA/TC. The purpose of our analysis is focused on the provisions that the Court issued regarding the responsibilities and competencies of the respondent entities in the absence of a drinking water network. Access to water and the absence of a sewerage network in the Loreto region and specifically in the Human Settlements district of Punchana, is a problem that the population has been suffering for more than 20 years. Time when the authorities in charge did not act efficiently and in a timely manner to meet the demand of the population. In this sense, due to the serious violations of rights that were increasing, it was essential that the Court identify the main entities in charge of developing and implementing these public policies. Therefore, in order to make this report it is necessary to determine in principle whether the lack of access to water and connection of a sewerage network in the plaintiff Human Settlements violates any of their fundamental rights. Also, if the effect on these rights is the responsibility only of the respondent state entities or on which entities the Court should have ruled in its judgment.

Nuestro trabajo de investigación se motiva en el hecho de que, a partir de la emisión de la Casación N.º 4258-2016, LIMA del año 2016 y el VI Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2017, se consideró inequívocamente que, ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, el empleador sería el responsable del hecho y se encontraría obligado a asumir la reparación civil que este genere. Así, se daba por cierto que las empresas debían afrontar sanciones económicas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; o asumir reparaciones civiles determinadas en la vía judicial. No obstante, la legislación peruana y en general la teoría de la responsabilidad civil prevé una excepción a la regla de responsabilidad objetiva, la cual se basa en la ruptura del nexo causal, criterio que ha sido adoptado recientemente por un pronunciamiento vinculante emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil y el cual, bajo nuestra opinión, debe ser aplicado a los pronunciamientos jurisprudenciales del Poder Judicial. En ese sentido, el objetivo de este trabajo será determinar la pertinencia de modificar el criterio jurisprudencial empleado por el Poder Judicial respecto de los elementos de la responsabilidad civil del empleador en los accidentes de trabajo. Para ello utilizamos el método jurisprudencial, analizando diversos pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal de Sunafil, la Corte Suprema y las Salas Laborales de Arequipa. Finalmente, concluimos en la utilidad de realizar una precisión del criterio adoptado por el VI Pleno Jurisdiccional Laboral mediante un nuevo acuerdo plenario.

El estallido del conflicto social, ambiental y cultural motivado por el posible desarrollo del Proyecto Minero “Conga” atrajo las miradas de todo el país y del mundo, debido a la inversión proyectada de 4,800 millones de dólares, por parte de la Minera Yanacocha. Mientras el Gobierno Peruano, liderado por el Presidente Ollanta Humala Tasso, intentaba apaciguar el conflicto y llevar a cabo el proyecto; por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de su Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, recogió los pedidos de la población que se oponía a la desaparición de sus lagunas, a través de la emisión de la Ordenanza Regional N° 036 – 2011 – GR.CAJ-CR, la cual, declaraba inviable “Conga”. El Fiscal de la Nación interpuso una Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la ordenanza, la cual, daba la oportunidad al Tribunal Constitucional Peruano para emitir una Sentencia que resuelva el conflicto; sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución decidió, de manera apresurada, no pronunciarse sobre el EIA de Conga e invisibilizar a las Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas existentes en el área de influencia del proyecto minero, para evitar pronunciarse sobre temas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la aplicación de la Consulta Previa. / The outbreak of social, environmental and cultural conflict motivated by the possible development of the Conga Mining Project attracted the attention of the whole country and the world, due to the projected investment of 4,800 million dollars, by the Yanacocha Mining. While the Peruvian Government, led by President Ollanta Humala Tasso, tried to defuse the conflict and carry through the project; on the other hand, the Regional Government of Cajamarca, through its Regional President, Gregorio Santos Guerrero, collected the requests of the population that opposed the disappearance of its lagoons, through the release of Regional Ordinance N° 036 - 2011 - GR.CAJ-CR, which declared "Conga" unfeasible. Unexpectedly, the Attorney General of the Nation filed a complaint of unconstitutionality against the ordinance, which gave the opportunity to the Peruvian Constitutional Court to issue a judgment to resolve the conflict; however, the chief interpreter of the Constitution decided, hastily, not to pronounce on the Environmental Impact Assessment of Conga and to make invisible the existing Peasant Communities and Peasant Rounds in the area of influence of the mining project, to avoid pronouncing on issues such as Convention 169 of the International Labour Organization or the application of Prior Consultation.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código E-2493, en el cual se encuentra en debate la determinación de la legitimidad negocial de SITENTEL, un sindicato conformado por trabajadores de la empresa Telefónica del Perú y de la rama de telecomunicaciones, frente a cuatro empresas que forman parte de la cadena de productividad de la empresa principal, así como si las emplazadas forman parte del ámbito de las telecomunicaciones y por tanto, si es válido entablar una negociación colectiva a nivel de rama con estas. El objeto del presente trabajo pretende demostrar cómo es que la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta finalmente (de una manera evolutiva) la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En tal sentido, podemos afirmar que no sólo el legislador tiene la obligación constitucional de fomento de la negociación colectiva, sino que esta obligación compromete a todo el Estado, incluyendo las instancias administrativas, pues así lo ordena la Constitución también los Tratados Internacionales que el Perú ha ratificado. La investigación es esencialmente bibliográfica, consistente en la revisión de libros, revistas y publicaciones en internet. Para ello, se utilizará como fuentes, opiniones y doctrina de diversos autores, los cuales nos darán una definición de conceptos como legitimidad negocial, representatividad, descentralización productiva y principio de primacía de la realidad. Además, se examinará la normativa peruana laboral, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, específicamente los artículos que conciernen a la negociación colectiva, los niveles y requisitos de legitimidad negocial, así como normativa constitucional e internacional (Convenios de la OIT) y las opiniones de organismos internacionales como la del Comité de Libertad Sindical. Hay que tener en cuenta que tras la Opinión Consultiva 27 2022 de la Corte Interamericana de Justicia, los pronunciamientos de organismos internacionales como el CLS forman parte del corpus iuris internacional que regula este derecho, con lo que sus pronunciamientos se han visto fortalecidos en su esfera aplicativa Asimismo, se usará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar la restricción de la libertad de negociación que anteriormente establecía el artículo 45 de la LRCT y cómo este es declarado inconstitucional por el mismo órgano. Para ello usará la sentencia del expediente N°03561-2009-PA/TC (Caso Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao contra ASPPOR, APAM y ASMARPE).

La tesi té per objecte l'estudi de les decisions d'una jurisdicció constitucional en les quals, com a alternativa a la declaració d'invalidesa, es condiciona la constitucionalitat dels preceptes legals que s'examinen a una determinada interpretació fixada pel Tribunal Constitucional. La investigació analitza els fonaments d'aquesta tècnica i els exemples del seu us en dret comparat. L'autor rebutja una aproximació a aquest fenomen de caràcter tipològic (que ha estat l'habitual en les aportacions fins ara publicades sobre la matèria) per endinsar-se a analitzar les raons materials i institucionals que porten a una jurisdicció constitucional a dictar aquesta mena de pronunciaments. / La tesis tiene por objeto el estudio de aquellas decisiones de una jurisdicción constitucional en las que, como alternativa a la declaración de invalidez, la constitucionalidad de los preceptos legales examinados quedan condicionados a una interpretación establecida por el propio Tribunal Constitucional. La investigación analiza los fundamentos de dicha técnica y los ejemplos de su uso en derecho comparado. El autor rechaza una aproximación a este fenómeno de carácter tipológico (habitual en las aportaciones hasta la fecha publicadas) y se centra en el análisis de las razones materiales e institucionales que impulsan a la jurisdicción constitucional a dictar esta especie de pronunciamientos. / The dissertation examines those constitutional court decisions in which the controlled statute is not set aside but constitutional under some conditions fixed by the Constitutional Court. The research analyzes the foundations of these decisions and their use by the Constitutional Courts in comparative law. The author rejects an approach of such decisions based upon their classification and argues for a position concerning the institutional and material background in which these decisions are invoked.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:24:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luis Antonio Rossi.pdf: 1400243 bytes, checksum: 2f54e0af614700d9bf2c495d5740d146 (MD5) Previous issue date: 2016-03-09 / This thesis aims at analyzing the position of the Supreme Court when examining the constitutionality of the Clean Record Law subsuming the decision on the debate brought by jurists Hans Kelsen and Carl Schmitt on a country s Judicial Review. Through analysis and reflection on who should be the "guardian of the Constitution", this investigation seeks to demonstrate that the Brazilian constitutional system has adopted Kelsen s positivism. However, the amplitude of the 1988 Constitution, the process of Law constitutionalization , the ideology of fundamental rights and the idleness of both the Executive (lack of an efficient public administration) and the Legislative (legislative inertia) transformed Brazilian Supreme Court into a hybrid court: sometimes as a true Constitution Court in the formalistic conception of Kelsen (judgment of the Amnesty Law, for example) or as a true Reich President or a Moderator Power in Schmitt s conception. By addressing and analyzing the judgement of the Clean Record Law this thesis claims that the Brazilian legal system has been going through a crisis caused by too much constitutionalization of law and has therefore caused the Supreme Court to change into an autonomous power: the Legal Reich / A presente tese, subsumindo a decisão diante do debate entre os juristas Hans Kelsen e Carl Schmitt sobre o controle de constitucionalidade pátrio, tem o escopo de analisar o comportamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. A tese, ao analisar e refletir sobre quem deve ser o guardião da Constituição , pretende demonstrar que o sistema constitucional brasileiro adotou o positivismo de Hans Kelsen, mas a amplitude da Constituição de 1988, o processo de constitucionalização do Direito, a ideologia dos direitos fundamentais e a inércia dos Poderes Executivo (falta de uma gestão pública eficiente) e Legislativo (inércia legislativa) transformaram a Corte Suprema brasileira num tribunal híbrido: ora um verdadeiro Tribunal Constitucional, na concepção formalista de Hans Kelsen (julgamento da Lei de Anistia, por exemplo), ora um verdadeiro Presidente do Reich ou Poder Moderador, na concepção de Carl Schmitt. Ao abordar e analisar o julgamento da Lei da Ficha Limpa, a tese quer demonstrar que o sistema jurídico pátrio passa por uma crise ocasionada pela constitucionalização em demasia do direito e, por conseguinte, pela transformação do Supremo Tribunal Federal em Poder autônomo: o Reich jurídico

Função política do Estado é a atividade que órgãos instituídos pela Constituição exercem no âmbito de sua competência, tendo por objetivo preservar a sociedade política e promover o bem comum, e que consiste em determinar, mediante a livre interpretação de normas constitucionais, o que é o interesse público e quais são os meios necessários à sua implementação. A função política é desempenhada por diversos órgãos e poderes, inclusive pelos tribunais constitucionais. Os tribunais constitucionais exercem função política, basicamente, em relação a quatro grandes temas: separação de poderes, federalismo, direitos fundamentais e funcionamento das instituições democráticas. O exercício da função política pelos tribunais constitucionais possui características específicas. Os tribunais constitucionais têm legitimidade para exercer função política, apesar de seus integrantes normalmente não serem escolhidos pelo voto popular. No desempenho de função política, os tribunais constitucionais devem observar limites. No Brasil, o órgão que exerce o papel de tribunal constitucional é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, desde sua instalação, em 1891, até os dias atuais, contribuiu para a definição do que é o interesse público, bem como para a definição dos meios necessários para sua implementação. Portanto, exerceu função política. Foram identificadas sete fases na história do Supremo Tribunal Federal. Em algumas delas, o Supremo Tribunal Federal exerceu função política mais ativamente. Em outras fases, limitou-se a confirmar decisões adotadas por outros órgãos de soberania. O Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para exercer função política. Sua jurisprudência demonstra também que, no exercício da função política, o Supremo Tribunal Federal observou limites. / Political function of the State is the work performed by constitutional bodies, within the scope of their respective competencies, to preserve political society and promote public welfare. It consists in determining, through free interpretation of constitutional rules, what may be considered of public welfare and what are the necessary mechanisms for its implementation. Political function is performed by various powers and bodies including the constitutional courts. Basically, constitutional courts exercise political function in relation to four major subjects: segregation of power, federalism, basic rights and the functioning of democratic institutions. Constitutional courts bear specific characteristics when it comes to exercising their political function. A constitutional court has the legitimacy to exercise political functions even though its constituents are not elected through popular suffrage. In the exercise of their political function, constitutional courts must beware of some limits. In Brazil, the body that plays the role of constitutional court is the Federal Supreme Court. Throughout its history, that is, since its establishment in 1891 until the present, the Federal Supreme Court has contributed to define what public welfare is, as well as to its implemen-tation. Therefore, it has exercised its political function. Considering its jurisprudence, it is possible to identify seven stages in the Federal Supreme Court history. In some of these stages the Supreme Court exercises its political function actively. In other stages, simply confirmed decisions taken by other bodies. The Federal Supreme Court has legitimacy to exercise its political function. Its jurisprudence also shows that, in the exercise of its political function, the Federal Supreme Court has known some limits.

The content and function of the contribution capacity principle has been a controversial issue for economists and jurists. Through the jurisprudence of the Constitutional Court of Peru, the author claims the capacity of contribution as an implied constitutional principle to award a self-governing function from other principles (legality, equality and non confiscatory) and recognize the outstanding methodological contribution to the Financialand Taxation law unit. / El contenido y función del principio de capacidad contributiva ha sido una cuestión controvertida por economistas y juristas. A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú, el autor reivindica la capacidad contributiva como principio constitucional implícito, para adjudicarle una función autónoma de otros principios constitucionales  (legalidad,  igualdad  y  no  confiscatoriedad) y destacar el aporte metodológico a la unidad del derecho financiero y tributario.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En época reciente, y con cada vez más fuerza, se han hecho escuchar las voces del movimiento de la diversidad sexual, el cual exige el acceso al matrimonio a parejas homosexuales. Lo que hace algunos años no admitía discusión hoy se ha vuelto un debate de interés nacional, donde gran parte de los actores de la sociedad civil tienen algo que decir. Esta demanda necesariamente pasa por modificar algunas de nuestras normas, y es ahí donde se contraponen las razones de quienes ven en esta posibilidad un progreso en el respeto de los derechos civiles y constitucionales fundamentales, en oposición a quienes temen una posible degradación de la familia. Hace unos años, el conflicto llegó hasta el mismo Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento ha abierto aún más el marco de estudio. Esta investigación pretende ser un ejercicio de reflexión al respecto, abordando la problemática desde algunas de sus más importantes perspectivas, como lo son la histórica, la literal-conceptual, la sistemática y la teleológica, sobre la base de los preceptos constitucionales, normas civiles e instrumentos internacionales de Derechos Humanos involucrados.