Are social, economic and cultural rights really enforceable rights? Is their nature different from those of the civil and political rights? What does our Constitution   state on the matter? What is the posture that national and international jurisprudence have adopted regarding the issue?In the article at hand, the  authors challenge the common conception about those rights, and analyze the work done by the Peruvian Constitutional Court on the matter. / ¿Son los derechos económicos, sociales y culturalesexigibles realmente? ¿Su naturaleza es distinta a lade los derechos civiles y políticos? ¿Qué establece nuestra Constitución al respecto? ¿Cuál ha sido lapostura de la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia?En el presente artículo, los autores cuestionan la concepción que normalmente se tiene de dichos derechos, y analizan la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional peruano al respecto.

All legislative acts shall have continuity in time. However, sometimes these acts contain defects that cause their unconstitutionality and the subsequent expulsion from the legal order. The important  question that arises is: When can a legislative act be declared unconstitutional? Whichare the defects that cause the expulsion of a law from the legal system?In this article, the author seeks to address these questions through a presentation of the legal defects that cause the invalidity of an act. The author pays special attention to the discussed legislative power excess defect, contrasting foreign case law with jurisprudence from the Peruvian Constitutional Court to determine if it is enough for  an  act  to  have  this  defect to be declared unconstitutional. / Los actos legislativos deben tener continuidad enel tiempo. Sin embargo, muchas veces estos actos contienen vicios que ocasionan su inconstitucionalidad y consecuente expulsión del ordenamientojurídico. La gran pregunta que surge entonces es: ¿Cuándo un acto legislativo puede ser declaradoinconstitucional? ¿Cuáles son los vicios que causanla expulsión de una ley del sistema normativo?En el presente artículo, el autor busca responder estas interrogantes mediante la presentación de los vicios de la ley que ocasionan la invalidez de ésta. El autor presta especial atención al discutido vicio de exceso de poder legislativo, contrastando jurisprudencia extranjera con aquella del Tribunal Constitucional peruano para determinar si basta que una ley tenga este vicio para que pueda ser declarada inconstitucional.

Can the decisions of a Constitutional Court or Supreme Court be unconstitutional? The answers found in the doctrine and even on constitutionalcase law are not uniform, becoming this question a controversial theme, although   extremely important for Constitutional Law.In this article, the author, considering that the Constitutional Court is the supreme interpreter and controller of the Constitution and, as such, creates Constitutional Law, maintains that the decisions which the Constitutional Court takes can be unconstitutional. Focusing on the Peruvian legal system, the author also presents alternatives to solve the problem these unconstitutional decisions cause. / ¿Pueden ser inconstitucionales las decisiones de unTribunal Constitucional o de una Corte Suprema?Las respuestas de la doctrina y de la propia juris-prudencia constitucional no son uniformes, convirtiéndose éste en un tema controvertido, pero sumamente importante para el Derecho Constitucional.En el presente artículo, el autor, considerando que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete y controlador de la Constitución, y que, como tal, crea Derecho Constitucional, sostiene que sí es posible que las decisiones que toma éste sean inconstitucionales. Enfocándose en el ordenamiento peruano, el autor también presenta alternativas para resolver la problemática de estas decisiones inconstitucionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es analizar el principio de protección del trabajador, directriz fundante del Derecho del Trabajo, cuyo alcance y reconocimiento ha sido cuestionado por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional. Para ello examinaremos teóricamente qué es lo que se entiende por principio del Derecho, además de las numerosas interpretaciones que la doctrina nacional y comparada han dado al respecto. Luego estudiaremos la jurisprudencia laboral que va entre el 2010 y 2015 de los -a nuestro juicio- tribunales más importantes de Chile: Corte Suprema y Tribunal Constitucional. La elección de dicho lustro no es al azar, en el podremos distinguir marcados cambios en la forma de realizar la exegesis, restringiendo o ampliando la aplicabilidad del principio. Terminamos concluyendo que el principio de protección del trabajador, se encuentra garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 16, el cual es complementado con la cláusula de apertura del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, la cual obliga al Estado de Chile, respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, que se encuentren consagrados en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria, es realizar un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad, respecto de la protección del trabajo. Con esta finalidad, se ha determinado plantear previamente algunos aspectos teóricos, a saber: El trabajo, su caracterización, evolución histórica y su centralidad en la sociedad; antecedentes de la protección del trabajo, tanto en el derecho internacional, como a nivel constitucional comparado y en textos constitucionales chilenos anteriores; el análisis del texto constitucional vigente, la relación entre protección y libertad de trabajo en el artículo 19 N° 16 CPR; la configuración de la protección del trabajo como derecho fundamental; el rol del Tribunal Constitucional y el recurso de inaplicabilidad. Posteriormente, a partir de los elementos teóricos incorporados, se realiza el análisis detallado de los fallos del Tribunal Constitucional relativos a la protección del trabajo. Esta investigación concluye afirmando la existencia del derecho fundamental a la protección del trabajo. Asimismo, se determina que se trata de un derecho fundamental de naturaleza social. Junto a lo anterior, se desprende del análisis jurisprudencial que los casos conocidos por el Tribunal Constitucional, hasta el momento, implican una lesión severa del derecho fundamental a la protección del trabajo. Por otra parte, se expone que un eventual cambio constitucional requeriría en esta materia una redacción que otorgue mayor certeza respecto del contenido del derecho fundamental y tienda a robustecer el derecho del trabajo. Por el contrario en caso de no modificarse el texto constitucional la vía de la inaplicabilidad podría resultar insuficiente para resguardar el derecho fundamental a la protección del trabajo.

What is the normative status of a treaty in Peruvian domestic law? What would happen at theinternational level if the Peruvian ConstitutionalCourt declared  a treaty to be unconstitutional? How to interpret Peruvian maritime domain, asrecognized in our Constitution, after the ruling of the International Court of Justice on the maritimedifferendum with Chile?These issues don’t only concern Constitutional Law; thus, in this interview, the renowned professor provides us with, from the standpoint of International Law, answers about these and other issues, but he also illustrates us about the implications for Peru of the aforementioned Court’sruling, delivered more than a year ago. / ¿Cuál es el rango normativo de un tratado en el Derecho interno peruano?  ¿Qué ocurriría en el ámbito internacional si el Tribunal Constitucional peruano  declarara inconstitucional un tratado?¿Cómo entender el dominio marítimo del Perú, reconocido en nuestra Constitución, luego del fallode la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo con Chile?Estas cuestiones no pertenecen únicamente al Derecho Constitucional; por ello, en la presente entrevista, el reconocido profesor nos brinda desde el Derecho Internacional respuestas sobre estos y otros temas, así como también nos ilustra acerca de las implicancias para el Perú del mencionado fallode la Corte, a más de un año de haber sido dictado.

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la evolución y lineamientos de los tribunales en torno a acoger o rechazar la aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Para ello realizaremos un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de la materia, nos referiremos a las distintas hipótesis sobre este asunto, a saber: la incompetencia de los tribunales, la aplicación de la tutela a los funcionarios públicos y la declaración de inconstitucionalidad de ello, para detenernos, finalmente, en los distintos proyectos de ley existentes sobre el tema, cuyo fin es consagrar legalmente dicha aplicación.

El presente trabajo se centra en el análisis de la técnica de declaración de estado de cosas inconstitucional (en adelante ECI) utilizada no solo por el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional del Perú; sino también, por órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. En ese sentido, se propone determinar el fundamento constitucional para la declaración de un ECI, basado no solo en el artículo 44° de la Constitución Política, sino a partir del concepto de tutela de derechos fundamentales por parte del órgano jurisdiccional. Por otro lado, establecer la legitimidad del juez constitucional para efectuar tal declaración ¿Este puede intervenir en la formación de las políticas públicas? La respuesta a esta interrogante se desarrollará en la investigación; toda vez que, partiendo de la clásica división de poderes, estos – en principio – no deberían inmiscuirse en temas que sería de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, se explicará por qué es necesaria la presencia de la justicia constitucional ante la vulneración masiva y sistemática de varios derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas.

La consulta previa es un derecho previsto en el Convenio N.° 169 de la OIT y en la legislación nacional. Se aplica cuando el Estado emite una norma susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, si se verifica la afectación, se activa de inmediato la consulta previa. Por el contrario, su ausencia deja de lado su puesta en marcha. Esta particular circunstancia convierte a la afectación directa en un concepto clave para la implementación de la consulta. Por esta razón, es necesario definirla de la manera más clara posible, ya que de ella depende la concreción de un derecho. Sin embargo, no es una tarea sencilla pues el propio Convenio 169 no ha señalado qué debemos entender por ella y la legislación nacional prefiere una fórmula abierta a diferentes interpretaciones. Por ello, resulta gravitante aproximarnos a este concepto a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues en su condición de intérprete final de la Constitución, a la vez que es el garante de los derechos de las personas, incluidos los de los pueblos indígenas, nos da luces sobre su contenido. Precisamente, el presente informe jurídico revisa críticamente la sentencia del expediente 01717-2014- PC/TC y analiza si su aproximación al concepto de afectación directa garantiza el derecho a la consulta previa.