Historically, fundamental rights have not been perceived in their totality with the same degree of enforceability. However, with the contributionsof both the doctrine and the jurisprudence, todayall   fundamental rights, including those with social character, are considered to impose real obligations on the State.In this article, the author shows how the decentralization process has influenced in this phenomenon, with emphasis on the right to education, and presents an analysis regarding the actual situation of this right in our country based on the positive actions that are under the responsibility of the Ministry of Education and the decentralized organisms. / Históricamente, los derechos fundamentales no han sido percibidos en su totalidad con el mismogrado de exigibilidad. No obstante, con los aportesde la doctrina y la jurisprudencia, hoy se consideraque todos los derechos fundamentales, inclusive aquellos de carácter social, imponen obligaciones reales al Estado.En el presente artículo, la autora muestra cómo el proceso de descentralización ha influido en este fenómeno, con énfasis en el derecho a la educación, y plantea un análisis respecto de la situación actual de este derecho en nuestro país a partir de las acciones positivas a cargo del Ministerio de Educación y de los organismos descentralizados.

The Constitution, being the Supreme Law of the Peruvian legal system, irradiates its normative force towards all the legal fields. For its part, Commercial Law is an area based on privatea utonomy; however, in our legal system a zone free of constitutional control does not exist.In this article, the author conducts a remarkable analysis about the constitutionalization of Commercial Law, making reference to the Constitutional Court’s jurisprudence which, applying fundamental principles  and  rights,  has had an effect on the application of the commercial laws in our country. / La Constitución, al ser la Norma Suprema del sistema jurídico peruano, irradia su fuerza normativaa todos los ámbitos del Derecho. Por su parte, elDerecho Mercantil es una rama que se basa en laautonomía privada; sin embargo, en nuestro orde-namiento no existe zona que esté exenta de controlconstitucional.En este artículo, el autor realiza un notable análisis acerca de la constitucionalización del Derecho Mercantil, haciendo un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, aplicando principios y derechos fundamentales, ha influido en la aplicación de las normas mercantiles en nuestro país.

Função política do Estado é a atividade que órgãos instituídos pela Constituição exercem no âmbito de sua competência, tendo por objetivo preservar a sociedade política e promover o bem comum, e que consiste em determinar, mediante a livre interpretação de normas constitucionais, o que é o interesse público e quais são os meios necessários à sua implementação. A função política é desempenhada por diversos órgãos e poderes, inclusive pelos tribunais constitucionais. Os tribunais constitucionais exercem função política, basicamente, em relação a quatro grandes temas: separação de poderes, federalismo, direitos fundamentais e funcionamento das instituições democráticas. O exercício da função política pelos tribunais constitucionais possui características específicas. Os tribunais constitucionais têm legitimidade para exercer função política, apesar de seus integrantes normalmente não serem escolhidos pelo voto popular. No desempenho de função política, os tribunais constitucionais devem observar limites. No Brasil, o órgão que exerce o papel de tribunal constitucional é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, desde sua instalação, em 1891, até os dias atuais, contribuiu para a definição do que é o interesse público, bem como para a definição dos meios necessários para sua implementação. Portanto, exerceu função política. Foram identificadas sete fases na história do Supremo Tribunal Federal. Em algumas delas, o Supremo Tribunal Federal exerceu função política mais ativamente. Em outras fases, limitou-se a confirmar decisões adotadas por outros órgãos de soberania. O Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para exercer função política. Sua jurisprudência demonstra também que, no exercício da função política, o Supremo Tribunal Federal observou limites. / Political function of the State is the work performed by constitutional bodies, within the scope of their respective competencies, to preserve political society and promote public welfare. It consists in determining, through free interpretation of constitutional rules, what may be considered of public welfare and what are the necessary mechanisms for its implementation. Political function is performed by various powers and bodies including the constitutional courts. Basically, constitutional courts exercise political function in relation to four major subjects: segregation of power, federalism, basic rights and the functioning of democratic institutions. Constitutional courts bear specific characteristics when it comes to exercising their political function. A constitutional court has the legitimacy to exercise political functions even though its constituents are not elected through popular suffrage. In the exercise of their political function, constitutional courts must beware of some limits. In Brazil, the body that plays the role of constitutional court is the Federal Supreme Court. Throughout its history, that is, since its establishment in 1891 until the present, the Federal Supreme Court has contributed to define what public welfare is, as well as to its implemen-tation. Therefore, it has exercised its political function. Considering its jurisprudence, it is possible to identify seven stages in the Federal Supreme Court history. In some of these stages the Supreme Court exercises its political function actively. In other stages, simply confirmed decisions taken by other bodies. The Federal Supreme Court has legitimacy to exercise its political function. Its jurisprudence also shows that, in the exercise of its political function, the Federal Supreme Court has known some limits.

En este trabajo, más allá del análisis y veredicto que se realizará de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, “TC”) N° 02005-2009-PA/TC, es fundamental para la autora destacar la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y, de forma más amplia, el derecho a la libertad personal y dignidad que tienen todas las personas y familias; los cuales les permiten desarrollar, a voluntad propia, su proyecto de vida, el cual implica, dentro de otras cosas, la planificación familiar de cada individuo. En la sentencia en cuestión, el TC decidió retirar los Anticonceptivos Orales de Emergencia (en adelante, “AOE”), más conocidos como la Píldora del Día Siguiente, del listado de métodos anticonceptivos que el Ministerio de Salud había establecido para la ejecución de su programa estatal de planificación familiar, el cual tiene como finalidad propiciar el bienestar sexual y desarrollo humano de las personas. A estimación de la autora, resulta crucial entender cómo esta decisión del TC afecta, no solo a las familias en su planificación familiar, sino también a las mujeres de sectores socioeconómicos bajos; puesto que, además de ir en contra de los derechos mencionados en el primer párrafo, esta sentencia “resuelve” la controversia de una forma discriminatoria, ya que deja la posibilidad abierta a que las personas puedan acceder a este método anticonceptivo en el sector privado; sin embargo, restringe esta posibilidad para aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder por sus propios medios a esta pastilla. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente informe versa sobre un caso en específico -y originado en el departamento de Madre de Dios- que ha trascendido en la legislación peruana, toda vez que a través del Pleno Sentencia 641/2021, se le exhorta al Congreso de la República a la modificación del artículo 20 del Código Civil Peruano recalcando que dicho texto legal no impone un orden de prelación sobre los apellidos que se le asignará al hijo. Este caso se remonta al año 2019, cuando Marcelina Rudas Valer a favor de su hija, Jhojana Rudas Guedes, acuden ante el Tribunal Constitucional con el fin de interponer un Hábeas Corpus contra el jefe institucional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) solicitando que el apellido materno de la representada se consigne primero que el paterno; y así, se le emita su DNI con el nombre por el cual esta se identifica tanto socialmente como legalmente: Jhojana Rudas Guedes. Ante ello, el objetivo del presente informe es analizar la importancia del derecho a la igualdad y no discriminación (de género) en la sociedad actual y cómo este influye en el derecho a la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo debería de interpretarse el artículo 20° del Código Civil Peruano? Por un lado, desde siempre se asumió “estrictamente” que el orden de los apellidos es: primero el paterno y posteriormente, el materno; por otro lado, se discute que esta disposición legal no impone un orden de prelación de apellidos, sino por el contrario, debería de entenderse como una fuente de igualdad. Asimismo, se brindará un breve alcance sobre los derechos fundamentales, las diferentes posturas y pronunciamientos de los magistrados peruanos con respecto al caso de Jhojana Rudas Guedes y cómo es que esta última logra obtener un fallo favorable en el máximo órgano de interpretación, dando un giro a la historia del Perú. / Trabajo de suficiencia profesional

La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 149 la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas; sin embargo, en la Sentencia 468/2020 del Tribunal Constitucional, emitida el 23 de julio de 2020, se desconoce las competencias de las Rondas Campesinas al considerar que estas solo cuentan como apoyo de la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas. Al respecto, este informe busca demostrar que, de la emisión de esta Sentencia, se ha vulnerado derechos sobre las Comunidades Campesinas y en el caso en cuestión, sobre la Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas toda vez que se declaró fundada la demanda de Habeas Corpus impuesta por José Santos Castillo Fernández. Para ello, se realiza el análisis de las normas nacionales e internacionales vinculantes para el reconocimiento de las competencias de las Rondas Campesinas en relación a un Estado pluricultural y además observar la falta de motivación en relación a la vulneración de los derechos sobre José Santos Castillo Fernández quién fue sancionado por la Comunidad por faltar a la Asamblea General del Caserío Las Malvinas. Finalmente, en relación a lo observado sobre la sentencia, objeto de análisis, se determina la escasez de la interculturalidad de la administración de justicia y las contradicciones del Tribunal Constitucional al desconocer competencias de las Rondas Campesinas para ejercer jurisdicción dentro de las Comunidades en las que se desenvuelven.

El caso materia de la resolución es un proceso de cumplimiento donde un grupo de ciudadanos, habitantes de La Oroya demanda las entidades estatales: Ministerio de Salud y de DIGESA para que cumplan con un conjunto de normas administrativas que aseguran el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, y a la salud. El incumplimiento alegado por el actor es evidente, y, por ello mismo, el Tribunal Constitucional acoge su demanda, sin embargo, la sentencia deviene en inejecutable debido al carácter genérico y poco preciso de las normas ambientales que se deben cumplir. En otras palabras, estamos ante un caso donde el sistema otorga una justicia formal, pero que en los hechos, resultado inexistente. ¿Qué se debió hacer para que los ciudadanos obtengan la protección real de sus derechos fundamentales? Esta es precisamente la materia de nuestro análisis Para ello, aplicamos instituciones propias del derecho procesal constitucional, como la conversión procesal, el favor processum (principio pro actione) y el tradicional instituto de la suplencia de la queja, categoría ampliamente utilizada en la jurisprudencia nacional. El objetivo primordial consiste en aplicar el derecho procesal constitucional de manera tal que otorgue la ciudadano la máxima tutela posible, sin por ello violentar el sistema de justicia, los derechos fundamentales del demandado, y mucho menos desnaturalizar la autonomía procesal que ostenta el Tribunal Constitucional.

From a jurisprudential analysis of several judgments of the Constitutional Court, the author tries to show a new perspective based on a dynamic vision of a Social State and Constitutional Law, which ones require a fundamental presence of judges in the deliberation of court cases related to the prohibition on collective bargaining in the case of public employment, in order to show the scope of axiological protection that labor law should take in situations such as public employment and lack of funds in order to achieve equality between public and private employment , thus avoiding overt discrimination. / A partir de un análisis jurisprudencial de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el autor intenta presentar una perspectiva basada en el cambio de visión de un Estado Social y Constitucional de Derecho que exige una presencia fundamental de los jueces en la deliberación de los casos referentes a la prohibición de la negociación colectiva en el caso del empleo público, para con ello demostrar el ámbito de protección axiológica que debe asumir el derecho laboral frente a situaciones como el empleo público y la falta de presupuesto para lograr una igualdad entre los empleos públicos y privados, evitando así, una discriminación manifiesta.

The digital age has reconfigured the security services, especially the forms of mass surveillance aimed at preventing various threats to society. However, this scenario may become problematic from the perspective of protecting the freedom of the media and journalistic privilege. The author of this article offers an overview of the scope of the protection of the journalistic privilege pursuant to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as its management in Poland from the developments prepared by its Constitutional Court. / La era digital ha reconfigurado los servicios de seguridad, sobre todo las formas de vigilancia masiva que buscan prevenir distintas amenazas para la sociedad. No obstante, este escenario puede convertirse en problemático desde la perspectiva de la protección de la libertad de los medios de comunicación y del privilegio periodístico. El autor del presente artículo nos ofrece un panorama sobre los alcances de la tutela del privilegio periodístico en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como sobre su tratamiento en Polonia a partir de los desarrollos realizados por su Tribunal Constitucional.

The protection against dismissal in the evolution of the Constitutional Court jurisprudenceThis paper is based on the analysis of the job security schemes embodied in the Constitutions of 1979 and 1993, so as to point out the evolution of the protection granted by the constitutional system against unlawful dismissal and the legal application thereof to the models of restitutory protection (reinstatement) or compensatory protection (indemnification). Then, an analysis is made with respect to the options covered in this field by the international treaties executed by Peru and the evolution of different constitutional case law. Thus, judgments in which restitutory protection was initially oriented to outlaw the dismissal that violates fundamental rights are examined, in comparison to recent rulings in which such protection is granted against unlawful dismissal, resulting in a labor stability model different from the one set forth by the 1993 Constitution. / El presente trabajo parte por analizar los esquemas de estabilidad laboral recogidos en las Constituciones de 1979 y 1993, con el fin de advertir la evolución de la protección otorgada por el ordenamiento constitucional frente al despido ilícito y su plasmación legal en modelos de tutela restitutoria (reposición) o resarcitoria (indemnización). Seguidamente, se evalúan las opciones que sobre esta materia recogen los tratados internacionales suscritos por el Perú para luego tratar la evolución de la jurisprudencia constitucional. Así, se examinan pronunciamientos en que la tutela restitutoria estuvo inicialmente orientada a proscribir el despido que agravie derechos fundamentales, para luego analizar fallos recientes en los que se concede dicha tutela frente al despido injustificado, configurándose, por esta vía, un modelo de estabilidad laboral distinto al establecido por la Constitución de 1993.