Es innegable la vital importancia que con lleva actualmente una acumulación de pretensiones, ello se desprende de manera clara de la finalidad principal que la misma tiene: evitar sentencias contradictoras, siendo que el presupuesto para la acumulación de pretensiones es que estas sean conexas entre sí. Por ello, en el presente artículo, el autor iniciará determinando qué significa una acumulación de pretensiones, para luego educarnos sobre cuáles son los fines constitucionales que subyacen a la misma, siendo para ello necesario desarrollar los tipos de acumulación que podrían presentarse, siendo finalmente posible determinar cómo deberá darse una acumulación de pretensiones, refiriéndose así a los requisitos recogidos en el Código Procesal Civil.

El artículo plantea un análisis respecto de las modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado y sus consecuencias respecto de la ejecución del laudo, donde la autora asegura que se ha perdido una oportunidad de plantear plazos estado para el cumplimiento de un laudo cuando éste pueda darse sin necesidad de apoyo de la fuerza pública como por ejemplo respecto al pago de una obligación. Esto, en la medida que es necesaria una utilidad práctica de esta modificación pues de otra manera se estaría impidiendo que los contratistas alcancen una tutela jurisdiccional efectiva en los arbitrajes con el Estado.

En el presente artículo, el autor propone una interpretación del artículo 159 del Código Tributario conforme al contenido del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, haciendo énfasis en uno de los derechos que lo conforman: el derecho a la tutela cautelar. Asimismo, establece una definición de medida cautelar y explica sus características, su fundamento constitucional y los presupuestos que se deben cumplir para que sea concedida y ejecutada.

La entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en nuestro país no solo implica el desarrollo de la técnica de la oralidad en el proceso laboral, sino que supone una correcta aplicación de las instituciones procesales, entre las cuales podemos mencionar a la “carga de la prueba”. Partiendo desde la noción de la carga de la prueba, la relación de esta institución con el derecho a la tutela jurisdiccional y el principio de comunidad de la prueba; los autores nos comentan las reglas aplicables a la carga de la prueba de lo sujetos de la relación laboral. Todo ello, con la finalidad de recordarnos que las instituciones procesales son instrumentales a los derechos materiales, cuyo adecuado estudio permitirá alcanzar una decisión justa. The new Peruvian Procedural Labor Law not only implies the development of the technique of oral hearing systems in the labor process but also supposes the correct application of procedural concepts, including the “burden of proof.” Starting from the notion of burden of proof, the relation of this code to the right to judicial protection and the principle of community of proof, the authors provide a commentary on the regulations that are applicable to the burden of proof of those engaged in labor relations. This analysis reminds us that procedural laws are instrumental to tangible rights, whose adequate study will permit reaching a just decision.

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.

El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

La atención oportuna e inmediata de los reclamos en las relaciones de consumo, dio lugar a la creación de un mecanismo de solución de reclamos alternativo a la tutela jurisdiccional, dado que la vía ordinaria, debido al tráfico jurídico procesal, no garantizaba una pronta solución a los derechos conculcados de los consumidores. No obstante, la posibilidad que las resoluciones del Tribunal del Indecopi sean revisadas por un juez judicial, más allá de garantizar la autonomía e independencia con la que serán juzgados las partes, impiden acceder a una auténtica tutela efectiva. En todo caso, dejemos que el consumidor decida en qué vía ejercerá su acción defensiva, pero exigir agotar la vía administrativa, para transitar por la vía ordinaria, vulnera el derecho de acceder a una tutela efectiva, ello si consideramos que para llegar a la tutela jurisdiccional debemos acudir al Indecopi. En ese sentido, si por un lado, la decisión determinante y definitiva la tiene la tutela jurisdiccional, exigir transitar por la vía administrativa constituye una barrera de acceso a la justicia. Por el contrario, si revestimos de mayor utilidad e importancia a la tutela administrativa, no será necesario la vía ordinaria. En ese sentido, dejemos que compitan ambas vías, ya que cuentan con las mismas garantías del debido proceso. Solo así estaremos ante un derecho eficiente y predecible, pues en la medida que se desburocratice la tutela jurisdiccional, habrá menos reclamos frustrados que no pudieron llegar a la última instancia debido al costo de transacción que ello implica. / Timely and immediate attention to claims in consumer relations is undoubtedly one of the concerns that motivated the creation of an alternative claims resolution mechanism to judicial protection, which is designed within the protective horizon established in the article. 65° of our Constitution, since the ordinary way due to the procedural legal traffic, would not guarantee a prompt solution to the rights violated in consumer relations. Under this scenario, the possibility that the resolutions of the Indecopi Court are reviewed by a judicial judge, beyond guaranteeing the autonomy and independence with which they will be judged, prevent access to an authentic effective protection. This, if we start from the premise that the same guarantees of due process developed in the ordinary way will be those guarantees with which the final resolutions will be issued. In any case, we let the consumer decide in which way he will exercise his defensive action, but demanding to exhaust the administrative route, to transit through the ordinary route, violates the right to access effective protection, this if we consider that to reach the protection jurisdiction we must go to Indecopi. In this sense, if on the one hand, the decisive and definitive decision is held by the jurisdictional guardianship, demanding to go through the administrative route constitutes a barrier to access to justice. On the contrary, if we make administrative protection more useful and important, the ordinary route will not be necessary. In that sense, let both ways compete, since they have the same guarantees of due process. Only then will we be faced with an efficient and predictable law, because to the extent that judicial protection becomes less bureaucratic, there will be fewer frustrated claims that could not reach the last instance due to the transaction cost that this implies. / Trabajo académico

El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias que no eran objetivos casacionales

En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional, la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno de los caminos.

El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso: otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que, frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela. En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica, evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems, forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection. In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.