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La acumulación de pretensiones a la luz de la Tutela Jurisdiccional efectiva Análisis de las reglas del Código Procesal Civil conforme a la Constitución de 1993Sotero Garzón, Martín A. 10 April 2018 (has links)
Es innegable la vital importancia que con lleva actualmente una acumulación de pretensiones, ello se desprende de manera clara de la finalidad principal que la misma tiene: evitar sentencias contradictoras, siendo que el presupuesto para la acumulación de pretensiones es que estas sean conexas entre sí. Por ello, en el presente artículo, el autor iniciará determinando qué significa una acumulación de pretensiones, para luego educarnos sobre cuáles son los fines constitucionales que subyacen a la misma, siendo para ello necesario desarrollar los tipos de acumulación que podrían presentarse, siendo finalmente posible determinar cómo deberá darse una acumulación de pretensiones, refiriéndose así a los requisitos recogidos en el Código Procesal Civil.
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Algunas Reflexiones sobre la Ejecución y Pago de Laudos Arbitrales en Contratación EstatalGuerinoni Romero, Pierina Mariela 09 April 2018 (has links)
El artículo plantea un análisis respecto de las modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado y sus consecuencias respecto de la ejecución del laudo, donde la autora asegura que se ha perdido una oportunidad de plantear plazos estado para el cumplimiento de un laudo cuando éste pueda darse sin necesidad de apoyo de la fuerza pública como por ejemplo respecto al pago de una obligación. Esto, en la medida que es necesaria una utilidad práctica de esta modificación pues de otra manera se estaría impidiendo que los contratistas alcancen una tutela jurisdiccional efectiva en los arbitrajes con el Estado.
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Una mirada constitucional al régimen cautelar previsto en el artículo 159 del Código TributarioBardales Castro, Percy 12 April 2018 (has links)
En el presente artículo, el autor propone una interpretación del artículo 159 del Código Tributario conforme al contenido del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, haciendo énfasis en uno de los derechos que lo conforman: el derecho a la tutela cautelar. Asimismo, establece una definición de medida cautelar y explica sus características, su fundamento constitucional y los presupuestos que se deben cumplir para que sea concedida y ejecutada.
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La carga de la prueba en el proceso laboralPriori Posada, Giovanni, Pérez-Prieto de las Casas, Roberto 12 April 2018 (has links)
La entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en nuestro país no solo implica el desarrollo de la técnica de la oralidad en el proceso laboral, sino que supone una correcta aplicación de las instituciones procesales, entre las cuales podemos mencionar a la “carga de la prueba”. Partiendo desde la noción de la carga de la prueba, la relación de esta institución con el derecho a la tutela jurisdiccional y el principio de comunidad de la prueba; los autores nos comentan las reglas aplicables a la carga de la prueba de lo sujetos de la relación laboral. Todo ello, con la finalidad de recordarnos que las instituciones procesales son instrumentales a los derechos materiales, cuyo adecuado estudio permitirá alcanzar una decisión justa. The new Peruvian Procedural Labor Law not only implies the development of the technique of oral hearing systems in the labor process but also supposes the correct application of procedural concepts, including the “burden of proof.” Starting from the notion of burden of proof, the relation of this code to the right to judicial protection and the principle of community of proof, the authors provide a commentary on the regulations that are applicable to the burden of proof of those engaged in labor relations. This analysis reminds us that procedural laws are instrumental to tangible rights, whose adequate study will permit reaching a just decision.
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La protección constitucional de la persona jurídicaArrascue Delgado, Erick Eduardo January 2014 (has links)
El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.
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Vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva en las demandas de exoneración de alimentosAntonio Sevilla, Marilyn 24 March 2022 (has links)
El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece
absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo
565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en
el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano
jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en
violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto
para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y
el marco legal en el que se construye.
También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están
obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se
estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el
artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo
dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga
en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del
alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se
determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial
al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso
vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo,
comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración
de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y
establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.
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¿Debe agotarse la vía administrativa para acceder a la tutela jurisdiccional en el derecho del consumidor?, mejor dejemos que decidan los consumidoresGarcía Lavado, Alex Orlando 14 April 2023 (has links)
La atención oportuna e inmediata de los reclamos en las relaciones de consumo,
dio lugar a la creación de un mecanismo de solución de reclamos alternativo a la
tutela jurisdiccional, dado que la vía ordinaria, debido al tráfico jurídico procesal,
no garantizaba una pronta solución a los derechos conculcados de los
consumidores. No obstante, la posibilidad que las resoluciones del Tribunal del
Indecopi sean revisadas por un juez judicial, más allá de garantizar la autonomía
e independencia con la que serán juzgados las partes, impiden acceder a una
auténtica tutela efectiva.
En todo caso, dejemos que el consumidor decida en qué vía ejercerá su acción
defensiva, pero exigir agotar la vía administrativa, para transitar por la vía
ordinaria, vulnera el derecho de acceder a una tutela efectiva, ello si
consideramos que para llegar a la tutela jurisdiccional debemos acudir al
Indecopi. En ese sentido, si por un lado, la decisión determinante y definitiva la
tiene la tutela jurisdiccional, exigir transitar por la vía administrativa constituye
una barrera de acceso a la justicia. Por el contrario, si revestimos de mayor
utilidad e importancia a la tutela administrativa, no será necesario la vía ordinaria.
En ese sentido, dejemos que compitan ambas vías, ya que cuentan con las
mismas garantías del debido proceso. Solo así estaremos ante un derecho
eficiente y predecible, pues en la medida que se desburocratice la tutela
jurisdiccional, habrá menos reclamos frustrados que no pudieron llegar a la
última instancia debido al costo de transacción que ello implica. / Timely and immediate attention to claims in consumer relations is undoubtedly
one of the concerns that motivated the creation of an alternative claims resolution
mechanism to judicial protection, which is designed within the protective horizon
established in the article. 65° of our Constitution, since the ordinary way due to
the procedural legal traffic, would not guarantee a prompt solution to the rights
violated in consumer relations. Under this scenario, the possibility that the
resolutions of the Indecopi Court are reviewed by a judicial judge, beyond
guaranteeing the autonomy and independence with which they will be judged,
prevent access to an authentic effective protection. This, if we start from the
premise that the same guarantees of due process developed in the ordinary way
will be those guarantees with which the final resolutions will be issued.
In any case, we let the consumer decide in which way he will exercise his
defensive action, but demanding to exhaust the administrative route, to transit
through the ordinary route, violates the right to access effective protection, this if
we consider that to reach the protection jurisdiction we must go to Indecopi. In
this sense, if on the one hand, the decisive and definitive decision is held by the
jurisdictional guardianship, demanding to go through the administrative route
constitutes a barrier to access to justice. On the contrary, if we make
administrative protection more useful and important, the ordinary route will not be
necessary. In that sense, let both ways compete, since they have the same
guarantees of due process. Only then will we be faced with an efficient and
predictable law, because to the extent that judicial protection becomes less
bureaucratic, there will be fewer frustrated claims that could not reach the last
instance due to the transaction cost that this implies. / Trabajo académico
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Análisis de la Casación N°241-2019/AncashMaldonado Mallqui, Lesly Mattof 11 February 2022 (has links)
El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias
que no eran objetivos casacionales
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La aplicación de la actuación de sentencia impugnada en el proceso civil peruano: en la búsqueda de una verdadera tutela jurisdiccional efectivaBerrospi Vivar, Álvaro Javier 31 May 2021 (has links)
En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada
en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron
fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un
análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una
adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna
a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La
hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la
actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la
institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que
existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos
fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional,
la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la
presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil
peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en
cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que
los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución
objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y
complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a
una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta
necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera
tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno
de los caminos.
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Las medidas coercitivas como actos ejecutivos en el proceso civil peruanoRios Villegas, Percy Paolo 27 November 2023 (has links)
El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela
específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura
como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso:
otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese
producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual
demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en
afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y,
consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que,
frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que
otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela.
En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las
medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica,
evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación
aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de
incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una
tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis
dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual
de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las
particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of
material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems,
forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same
outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not
arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and
the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial
protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced
with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the
holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection.
In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive
measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their
possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses
the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating
coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted
to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a
gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness
of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.
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