El presente trabajo de académico pretende realizar un análisis de la interpretación y aplicación del artículo 70 inciso 5 de la Ley N° 28411 que esta estrictamente relacionado con el derecho de ejecución de sentencias bajo una tutela jurisdiccional efectiva, para ello se realizará un análisis de las normas que permite ejecutar una sentencia donde el ejecutado es el Estado, siguiendo esa línea se mencionara como parte de la investigación expedientes donde están aplicando este artículo en los juzgados especializados laboral del Distrito de Piura. Debido a que, la aplicación de este artículo permite ejecutar una sentencia en 5 años posteriores del requerimiento de pago. Ante este escenario, se busca aportar una posible salida de interpretación ante la colisión del derecho de tutela jurisdiccional efectiva y principio de legalidad presupuestaria. Puesto que, tanto el derecho y el principio llegan a colisionar en su aplicación y la solicitud de atención que requieren las partes. / The aim of this academic work is to carry out an analysis of the interpretation and application of the 70th Article, paragraph 5, of Law N° 28411, which is strictly related to the right to execute judgements under the effective jurisdictional protection. In order to achieve our goal, we will analyze the legal norms that allow the execution of a judgment where the enforcement respondent is the State; in that regard, as part of this investigation, there will be mention of case files where the aforementioned article is applied in Labor Courts of the Piura District; due to the fact that its application allows the enforcement of a ruling in the span of five years following the payment requirement. Given this scenario, we intend to provide a possible way out to the interpretation in the face of the collision between the right of effective jurisdiction protection and the principle of budgetary legality; since both the right and the principle come to collide in their application, as well as in the attention required from the parties. / Trabajo académico

En nuestro medio el Nuevo Código Procesal Penal tiene un carácter acusatorio y en base a los principios de publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas; hacen que los sujetos procesales (parte acusada y acusadora) deben encontrarse preparados, a fin de conseguir la justicia y equidad en el proceso penal; en consecuencia, bajo el nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derecho pasa a ser trascendental el papel desempeñado por la defensa quien está representada por el abogado defensor, quien es el llamado a ejercer una defensa técnica eficaz a fin de garantizar al procesado el cumplimiento y la efectividad del derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. En tal sentido, en el desarrollo del presente trabajo nos hemos planteado determinar los estándares de una defensa técnica eficaz; y si la actividad desempeñada por el abogado que no cumple con estos parámetros conlleva a la vulneración de las garantías constitucionales del procesado, situación que podría acarrear nulidad absoluta de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 150 del Código Procesal Penal. Sin embargo, consideramos que para alegar nulidad por defensa técnica ineficaz no es suficiente que se configure esta; toda vez que, además, debe concurrir simultáneamente lo siguiente: a) Que el justiciable se encuentre en estado de indefensión; b) Que como consecuencia de la indefensión se le haya obstaculizado el acceso efectivo a la justicia; y, c) Se le haya vulnerado otros derechos constitucionales.

El presente informe realiza un análisis respecto a la Casación Nº 1588-2017-CALLAO emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve un recurso de casación interpuesto por la infracción del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil en el marco de una demanda de accesión. A través del presente informe, se analiza lo resuelto en primera y segunda instancia; y en casación para poder identificar problemas jurídicos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en el alcance del concepto de legitimidad para obrar, la vinculación de legitimidad para obrar con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil. / This report analyses Cassation 1588-2017-CALLAO issued by the Permanent Civil Court of the Supreme Court of Justice of Lima, which resolves a cassation appeal filed for the infringement of Article I of the Preliminary Title of the Civil Procedure Code in the context of a claim for accession (demanda de accesión). This report analyses the issues resolved at first and second instance and in cassation in order to identify the legal problems and respond to them. The analysis focuses on the scope of the concept of legitimacy to act, its relationship the right to effective judicial protection and the application of Article 396 of the Civil Procedure Code.

El presente trabajo pretende determinar si estamos de acuerdo con el decisorio de la Corte Suprema al aprobar la consulta respecto a la resolución correspondiente al Expediente N°10978 – 2020. Para lo cual, analizaremos el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, luego estableceremos los criterios de aplicación de control difuso, y finalmente, analizaremos el criterio interpretativo y argumentativo de la Corte Suprema respecto a la aplicación del control difuso acorde a los criterios establecidos en el Primer Pleno Jurisdiccional en materias Constitucionales y Contenciosas Administrativo. / The purpose of this paper is to determine whether we agree with the decision of the Supreme Court in approving the consultation regarding the resolution corresponding to Case No. 10978 - 2020. For which, we will analyze the criteria adopted by the second instance jurisdictional body, then we will establish the criteria for the application of diffuse control, and finally, we will analyze the interpretative and argumentative criteria of the Supreme Court regarding the application of diffuse control according to the criteria established in the First Jurisdictional Plenary in Constitutional and Contentious-Administrative matters.

La investigación que presento ha sido elegida por la creciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto de la tutela de los derechos sociales. En nuestro contexto latinoamericano, se está desarrollando un enfoque dialógico que busca, desde la democracia deliberativa, contribuir con la defensa de los derechos fundamentales. Para lograr ese propósito, parto desde el constitucionalismo dialógico para identificar sus características y afrontar mejor las nuevas perspectivas de la función jurisdiccional, y propongo el activismo judicial dialógico como un mecanismo de defensa de los derechos sociales. Asimismo, desarrollo en mi investigación los criterios normativos para un adecuado diálogo jurisdiccional en la defensa de estos derechos: establezco como punto inicial un diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional, posteriormente, enfoco el trabajo en el diálogo de la justicia constitucional y, finalmente, propongo su implementación a través de las llamadas sentencias estructurales. El enfoque metodológico que utilizo es el enfoque argumentativo, comparativo y de estudios jurisprudenciales. Analizo textos de doctrina nacional y comparada, casos jurisprudenciales relevantes de diferentes Cortes de Vértice y jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. También utilizo el método de análisis y síntesis, deductivo e inductivo. Por otro lado, arribo a la conclusión que, para proteger eficazmente los derechos sociales, éstos deben ser judicializados en tanto el poder político no cumpla su función; sin embargo, no se busca un gobierno de los jueces, sino que, desde de las altas cortes y con la participación de todos los actores involucrados en la defensa de estos derechos, se resuelvan los conflictos inter partes y se proyecte la tutela a más personas afectadas, y así evitar futuras demandas judiciales. Los efectos de las sentencias se proyectan a coadyuvar en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas encargadas a las autoridades competentes, respetando el Estado Democrático de Derecho y con miras a obtener una justicia constitucional dialógica. / The investigation that I present has been chosen by the growing jurisprudence of the Constitutional Court, regarding the protection of Social Rights. In our Latin American context, has been developing a dialogical approach that search from the deliberative democracy, contribute with the protection of the fundamental rights. To achieve that purpose, I start from the dialogical constitutionalism, to identify their characteristics and face in a better way the new perspectives of the jurisdictional function, I propose the dialogical judicial activism like a mechanism defense of Social Rights. Furthermore, in my research I develop the normative criteria for an adequate jurisdictional dialogue in defense of these rights: I establish as an initial point a justifying diagnosis of the jurisdictional dialogue, then, I focus this research on dialogue of the constitutional justice and finally its implementation in the called structural judgments. The methodological approach that I use is the argumentative, comparative and the jurisprudential studies. I analyze national and compared doctrine texts, relevant jurisprudential cases from different Vertex Cuts and jurisprudence from our Constitutional Court. Also, I utilize the analysis and synthesis method, deductive and inductive. On the other hand, I arrive in the conclusion that to protect effectively the social rights, these must be judicialized as long as the political power doesn’t do its function; however, I don’t look for a government of judges, but from the high courts and with the participation of all the actors that are involved in the defense of these rights resolve conflicts inter parts, and the tutelage can reach more affected people to avoid future judicial claims. The effects of the judgments are projected to cooperate in the design, implementation and monitoring of the public policies entrusted to the competent authorities, respecting the Democratic State of Law with view to obtain a dialogical constitutional justice.

In this article, the author describes the problems that come through the Peruvian shipping companies because of misinterpretations made by the tax authority about the scope of the Law for reactivation and promotion of the National Merchant Marine; to harmful tax collection procedures and poor debt settlement system controversies between taxpayers and the Tax Administration. / En el presente artículo, el autor describe los problemas por los que viene atravesando las empresas navieras peruanas debido a las equivocadas interpretaciones que realiza la Administración Tributaria acerca de los alcances de la Ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional; a los perjudiciales procedimientos de cobranza de deudas tributarias, y al deficiente sistema de solución de controversias suscitadas entre los contribuyentes y la Administración Tributaria.

Given the lack of regulation about the protection of collective rights in Peru, the main goal of this investigation is to show what should be some elements of the content of a due collective process. Thus each of its elements is studied taking into account the Peruvian jurisprudence and legislation. / Ante la insuficiente regulación de tutela colectiva de derechos en el Perú, el objetivo de la investigación es plantear el contenido de algunos de los elementos del derecho fundamental al debido proceso colectivo en el Perú. Para ello, se analiza los elementos que se considera relevantes tomando en consideración las características particulares de la tutela colectiva y considerando la jurisprudencia y legislación existentes en el Perú.

Throughout the history of Procedural Law, a theme which undoubtedly calls for greater importance is the right of action, however, today does not have greater presence. Accordingly, the focus has moved towards the effective jurisdictional protection due to the phenomenon of constitutionalisation which the right of action has crossed. the author, in addition to analyzing the most important landmarks in the development of right of action, also focuses on the study of what is currently happening with effective judicial protection in order to reach a truly effective process thatensures our rights. / A lo largo de la historia del Derecho Procesal, un tema que sin duda reclama mayor importancia es el del Derecho de Acción, sin embargo, hoy en día no tiene mayor presencia. en tal sentido, el enfoque se ha trasladado hacia la tutela Jurisdiccional efectiva a causa del fenómeno de constitucionalización que atravesó el Derecho de Acción. el autor, además de analizar los hitos más importantes en los que se desarrolla el Derecho de Acción, se centra también en el estudio de lo que viene pasando en la actualidad con la Tutela Jurisdiccional Efectiva con la finalidad de llegar aun proceso verdaderamente eficaz que garantice nuestros derechos.

On this paper, the authors reflect over the article 82 of the Peruvian Procedural Law. that way, they debate over the defense of diffuse interests, specifically who are entitled to and how to reclaim them. then, they compare Peruvian law with other south American countries like uruguay and Brasil. Finally, they consider which would be the most adequate regulation for our society. / En el presente artículo, los autores reflexionan sobre el artículo 82 del Código Procesal Civil Peruano. Así, debaten sobre la defensa de los intereses difusos, su patrocinio y quienes se pueden reclamarlos. Continúan comparando la legislación peruana con la de otros países sudamericanos como Uruguay y Brasil; y finalmente, analizan cuál sería la regulación más idónea en nuestra sociedad.

A través del presente informe jurídico se analiza el Expediente No. 2002-093-06-0101- JX-01-C (E-2575), correspondiente al proceso judicial iniciado por Giovanna Angélica Quiroz a título propio y en representación de sus tres menores hijos, en contra de Minera Yanacocha S.R.L., Ramsa S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar, mediante la cual pretendieron una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ocasionados a causa del derramamiento de mercurio en el centro poblado Choropampa el 2 de junio del año 2000. El objetivo del informe radica en advertir una serie de aplicaciones e interpretaciones de normas materiales y adjetivas realizadas por la Corte Suprema de Justicia e instancias de mérito que, a nuestro entender, resultan indebidas e incorrectas, las cuales están referidas a los siguientes tópicos: (i) la legitimidad para obrar para solicitar tutela jurisdiccional en defensa del medio ambiente, (ii) la posibilidad de plantear excepciones procesales sustentadas en transacciones extrajudiciales no homologadas, y (iii) el análisis de validez de transacciones extrajudiciales celebradas entre las partes del proceso. Las conclusionesa la que se arriban son principalmente las siguientes: (i) toda persona natural tiene legitimidad para interponer demandas en tutela del medio ambiente, (ii) no cabe oponerla transacción extrajudicial no homologada judicialmente como excepción procesal y, (iii) las transacciones celebradas entre las partes adolecen de vicios de validez por ir en contra de las buenas costumbres.