El laudo parcial analizado aborda problemáticas jurídicas referidas a dos excepciones planteadas en el marco de un arbitraje de salud. La primera excepción es de oscuridad y/o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, respecto de la cual se analiza su vinculación con la fijación de puntos controvertidos. La segunda excepción es una mediante la cual se cuestiona la competencia del Tribunal Unipersonal por no haberse acreditado la existencia de un convenio arbitral ni una norma con rango legal que obligue a las partes a resolver sus controversias en el marco de un arbitraje. Vinculado a la resolución de este problema se analiza el principio competence – competence y la garantía constitucional del control difuso en sede arbitral. Finalmente se hace un análisis referido a la naturaleza y aplicación al caso concreto del artículo 14 de la Ley de Arbitraje, que regula la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias.

El presente artículo aborda la aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante el periodo del 2003 al 2019. Para ello, la autora realizó una investigación de los mencionados laudos que se obtuvieron de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Como resultado, se identificaron cuatro casos en los que la autora considera que la decisión del laudo estuvo fundamentada en argumentos basados en las normas de derecho privado, lo cual no resultaba pertinente legalmente, debido a que pudo haber sido aplicada la normativa de contrataciones del Estado. / This article approachs the supplementary application of private law rules in the resolution of awards during arbitrations in which the Programa Nacional de Asistencia Alimentaria acted as an Entity during the period from 2003 to 2019. For this, the author carried out an investigation of the aforementioned awards that were obtained from the platform of the Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. As a result, four cases were identified in which the author considers that the decision of the award was based on arguments based on private law, which was not legally relevant, since the State contracting regulations could have been applied. / Trabajo académico

El presente trabajo abarca la aplicación de la normativa general de Derecho Administrativo, el Texto Único y Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de la normativa especial, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850. Esto en el Arbitraje CCI N°20513/ASM, en referencia al Laudo Arbitral Final que puso fin a la controversia entre el Consorcio Nippon Koei -OIST y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esta controversia se inicia con la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obras del Proyecto de Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Piura – Castilla y Chimbote. / This work covers the application not only of the general rules of Administrative Law, the Sole and Orderly Text of the General Administrative Procedure Law, but the special rules, the State Contracting and Procurement Law, Law 26850. This in ICC Arbitration N°20513/ASM, in reference to the Final Arbitral Award that put an end to the dispute between the Nippon Koei -OIST Consortium and the National Urban Sanitation Program. This dispute began with the liquidation of the Consulting Services Contract for the Supervision of Works for the Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the Cities of Piura - Castilla and Chimbote.

La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.

El objetivo del presente informe jurídico es analizar la Resolución número 21 del expediente 209-2011-0 (la “Sentencia”), que versa sobre anulación de laudo. La Sentencia aborda una situación sobre infracción a la imparcialidad a la luz de las conductas y vínculos desplegados en el caso en concreto (conductas agresivas). Asimismo, tomando como punto de partida ello estableceremos supuestos respecto al deber de imparcialidad y si este se ve afectado o no por (i) la conducta agresiva de un árbitro; y (ii) el vínculo del árbitro con el secretario arbitral o con un miembro del consejo. Segundo, se enfocará el análisis en el aspecto de la motivación y la valoración de pruebas teniendo como eje central si la no consideración de ciertos medios probatorios vulnera el derecho a la valoración de pruebas. En el presente estudio usaremos el método de investigación dogmático jurídico (o documental), puesto que recogeremos lo que ya se ha expuesto en la doctrina y en la judicatura respecto a la temática. Concluiremos que la imparcialidad es un concepto relevante, ya que debe guiar el actuar de los árbitros durante el desarrollo de sus labores; sin embargo, no está exento de polémica por lo que merece ser aún más esclarecido. En el ámbito de la motivación concluiremos que el principio de unidad de la prueba debe guiar la valoración de la misma y que la motivación no necesariamente debe contener una mención y análisis de todas las pruebas, sino de aquellas que son relevantes para el proceso / The objective of this legal report is to analyze Resolution number 21 of file 209- 2011-0 (the “Judgment”), which deals with the annulment of the award. The Judgment deals with a situation regarding infringement of impartiality in light of the conduct and links displayed in the specific case (aggressive conduct). Likewise, taking this as a starting point, we will establish assumptions regarding the duty of impartiality and whether or not it is affected by (i) the aggressive conduct of an arbitrator; and (ii) the relationship of the arbitrator with the arbitral secretary or with a member of the council. Second, the analysis will focus on the aspect of motivation and the evaluation of evidence, having as a central axis if the non-consideration of certain means of evidence violates the right to the evaluation of evidence. In the present study we will use the legal dogmatic (or documentary) research method, since we will collect what has already been exposed in the doctrine and in the judiciary regarding the subject. We will conclude that impartiality is a relevant concept, since it should guide the actions of the arbitrators during the development of their tasks; however, it is not exempt from controversy, so it deserves to be even more clarified. In the field of motivation, we will conclude that the principle of unity of the evidence should guide its evaluation and that the motivation should not contain a mention and analysis of all the tests, but of those that are relevant to the process

En los últimos años, se ha dado un proceso de alejamiento de ciertos países sudamericanos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, como son Venezuela, Bolivia y Ecuador, por diversos factores políticos y jurídicos. En ese contexto, la presente tesis identifica y analiza las combinaciones posibles que derivan de la posibilidad de denuncia de un Estado miembro al Convenio CIADI y que paralelamente denuncie o no a los Acuerdos Internacionales de Inversión que remiten al mencionado Centro como foro de solución de controversias, así como la terminación de tratados a partir de esta doble pertenencia al Convenio CIADI y a los Tratados Bilaterales de Inversión, entre otros, todo ello, con la finalidad de determinar los efectos jurídicos y desarrollar una postura crítica frente a estos sucesos sin precedente que se vienen dando, tratando de desarrollar alternativas distintas al CIADI, tanto a nivel mundial, como regional, en virtud, que a pesar, de las denuncias al Convenio CIADI y a los tratados de inversión que remiten las controversias a este Centro, es viable su remisión, debido a la existencia de cláusulas de supervivencia, acuerdos de las partes, mecanismos complementarios existentes y la cláusula de la Nación más Favorecida - NMF, conforme acontece en los casos arbitrales estudiados, donde los Tribunales Arbitrales del CIADI al amparo del principio Kompetenz – Kompetenz han declarado su competencia, generando una serie de interrogantes respecto al futuro del Arbitraje Internacional de Inversiones en el CIADI y creando precedentes para estudios futuros debido a lo novísimo del tema.

Uno de los medios alternativos de resolución de conflictos más utilizado por particulares y empresas, cuando se encuentran involucrados bienes inmuebles, es el arbitraje ad hoc, por su dinamismo y otras ventajas frente a procesos judiciales. Es así que el arbitraje ad hoc, nace como un acuerdo entre particulares y para su ejecución requiere la intervención del Estado mediante instituciones como Registros Públicos. Sin embargo, dicho arbitraje fue utilizado y existe el riesgo que siga siendo utilizando por redes criminales para conseguir fines ilícitos; como es el caso de Red Orellana, quien actuó amparándose en la normativa vigente y de forma estructurada con la intervención de árbitros, notarios y trabajadores de Registros Públicos, afectando el derecho de terceros y la seguridad jurídica de la sociedad. Al respecto, los entes notariales y registrales vienen aplicando diversas normas que lejos de contribuir, han encarecido la resolución de conflictos mediante el arbitraje ad hoc, por lo cual, en el presente trabajo se expondrá las debilidades normativas y técnicas del arbitraje ad hoc aplicado a las transferencias de bienes inmuebles; a fin de proponer un registro obligatorio de árbitros ad hoc administrado por Registros Públicos, quien además de velar por el cumplimiento de los requisitos de los árbitros ad hoc, debe realizar un seguimiento continuo a los árbitros ad hoc registrados, además de atender y canalizar las denuncias ciudadanas ante entes jurisdicciones. Con esta propuesta se busca revalorizar el arbitraje ad hoc, evitar la impunidad, promover la participación de la ciudadanía y contribuir con la seguridad jurídica de la sociedad en el trafico inmobiliario.

En el presente informe se analiza el laudo del caso arbitral N° 0072-2016-CCL emitido por el Tribunal Arbitral en el marco del proceso arbitral interpuesto por Metro de Lima Línea 2 S.A. (en adelante el “Concesionario”), ante la Cámara de Comercio de Lima, contra el Ministerio de Transporte de Comunicaciones, actuando en representación del Estado de la República del Perú, (en adelante el “Concedente”) por la aplicación de las penalidades contractuales impuestas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (en adelante “OSITRAN1”) a Metro de Lima Línea 2 S.A. por el incumplimiento de la cláusula 6.74 del Contrato referido al Mantenimiento de Tránsito y Desvío de Tráfico en el Área de la Concesión denominada “PV23” de la Etapa 1A del proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” (en adelante el “Proyecto”). Como cuestión previa, se analiza y determina que las controversias relativas a las penalidades contractuales por el incumplimiento de la cláusula 6.74 del Contrato pueden ser resueltas a través de la vía arbitral por tener naturaleza contractual. Conclusión que coincide con la interpretación y decisión del Tribunal Arbitral que determinó que las penalidades tienen naturaleza contractual y, por ello, son arbitrables. Seguidamente, se desarrolla el alcance y forma de aplicación de las penalidades por parte de OSITRAN. Determinándose que el Concesionario incumplió la cláusula 6.74 del Contrato correspondiendo la aplicación de las penalidades contractuales por los siguientes motivos. En primer lugar, porque CSIL2 fiscalizó en base a los planos vigentes y aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante el “MML”), los cuales no han sido modificados por la MML. Corroborándose que los informes emitidos por CSIL2, que sirven se base a OSITRAN para verificar el incumplimiento de Metro, han tenido como insumo documentación correcta y vigente. En segundo lugar, respecto a la intimación en mora, de conformidad con la cláusula 17.13, se coincide con el Tribunal Arbitral de que no es posible afirmar que OSITRAN debe primero imputar incumplimiento y luego aplicar las penalidades. Las cláusulas 17.7 y 17.13 establecen que en un mismo acto OSITRAN se encuentra facultado para comunicar el incumplimiento e imponer las penalidades. La única exigencia impuesta a OSITRAN consiste en acreditar el incumplimiento imputado como condición para aplicar las penalidades. Situación que se ha demostrado en cada uno de los casos referidos de las penalidades. En tercer lugar, Metro no ha podido demostrar la existencia de causas que generen que el incumplimiento de la totalidad de los componentes del Plan de Desvío no le sea imputable. Metro no presentó sustento alguno sobre causas que generen que el incumplimiento del componente del Desvío de Tráfico no le sea imputable. Asimismo, las denuncias por los hurtos de las señalizaciones no abarcan la totalidad del periodo penalizado. El incumplimiento de cualquiera de los componentes del Plan de Desvío, faculta a OSITRAN a imponer la penalidad establecida en el Anexo N° 10 del Contrato. Por lo que, las penalidades son exigibles a Metro, coincidiendo con el Tribunal Arbitral. Finalmente, sobre la base de los hechos y de la normativa aplicable, se concluye que el Tribunal Arbitral pueda hacer uso de su facultad excepcional para reducir las penalidades impuestas por OSITRAN a fin de atenuar las consecuencias patrimoniales de responsabilidad, correspondiendo la reducción de las penalidades contractuales