Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se enmarca en un proyecto realizado por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para la actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, consistiendo en las fichas de análisis de sentencias de diversos tópicos, los extractos realizados respecto a la buena fe contractual que modificarán el Repertorio en cuestión y por último una monografía en la cual se examina la jurisprudencia respecto al tema. Las sentencias que se analizaron para extractar fueron 99, de las cuales sólo algunas fueron pertinentes al tema en cuestión, siendo sólo 54 los extractos que finalmente terminaron modificando en algún sentido la jurisprudencia del artículo 1546

El articulo busca brindar un enfoque acerca de la aplicación del artículo cinco de la Ley N° 30313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, su contexto histórico y la esencia de la mencionada Ley. Se brinda al lector una opinión acerca de las implicancias de la entrada en vigencia de la Ley N° 30313 y al mismo tiempo se otorga una serie de críticas que son relevantes para entender porque se considera que es Ley no es la solución idónea para los problemas de fraudes inmobiliarios.

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de la aplicación e interpretación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual respecto a la categoría jurídica de la cláusula abusiva en relaciones jurídicas de consumo, y el posible riesgo de vulneración a la libertad de empresa que puede conllevar su utilización bajo determinadas circunstancias. En base a ello, partiendo de la definición de los conceptos de cláusula abusiva y libertad de empresa, y de una aproximación a sus principales características en el marco de un modelo de economía social de mercado, se cuestiona la necesidad de una interpretación por parte del Indecopi de realizar un análisis proporcional y adecuado de la realidad del mercado particular que atiende para evaluar la procedencia de la figura de la cláusula abusiva. Para este propósito, se lleva a cabo un análisis de las resoluciones Nº 0219-2018/SPCINDECOPI y Nº 0243-2018/SPC-INDECOPI, en cuyos pronunciamientos el Tribunal del Indecopi declaró como una cláusula abusiva de ineficacia absoluta la prohibición de Cineplex S.A. y Cinemark del Perú S.R.L. de ingresar a sus salas de cine con alimentos y/o bebidas adquiridas en establecimientos comerciales externos, vulnerando su libertad de empresa en su manifestación de libertad de organización. / In the present research work, an analysis of the application and interpretation is carried out by the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual regarding the legal category of the abusive clause in consumer legal relations, and the possible risk of infringement of business freedom that its use may entail under certain circumstances. Based on this, based on the definition of the concepts of unfair terms and free enterprise, and an approximation to its main characteristics within the framework of a social market economy model, the need for an interpretation by the Indecopi to carry out a proportional and adequate analysis of the reality of the particular market that it attends to evaluate the origin of the figure of the abusive clause. For this purpose, an analysis of resolutions Nº 0219-2018/SPC-INDECOPI and Nº 0243- 2018/SPC-INDECOPI is carried out, in whose pronouncements the Indecopi Court declared the of Cineplex and Cinemark del Perú S.R.L. as an abusive clause of absolute ineffectiveness the prohibition of entering their movie theaters with food and/or drinks purchased in external commercial establishments, violating their freedom of enterprise in their manifestation of freedom of organization. / Trabajo académico

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La buena fe es un concepto jurídico indeterminado de inmensa aplicación practica en Derecho Privado. Pese al gran interés que ha suscitado este tema, aún subsisten marcadas diferencias en la forma en como es comprendida por los operadores jurídicos. En esta tesis se propone un mecanismo para entender la labor del juez frente a un caso en el que se invoque la buena fe que depende en último término de si ésta está o no regulada legalmente. El mayor ámbito de discrecionalidad viene dado por su aplicación como un principio general del derecho, siempre que no exista ley que regule la materia y que el legislador no haya manifestado su voluntad expresa o implícitamente en sentido diverso. Si está regulada, sea como regla específica o como estándar de conducta, el juez deberá ceñirse a los límites establecidos en la misma norma que la recoge, restringiéndose su ámbito de discrecionalidad. Por su gran trascendencia en la práctica jurídica, este trabajo indaga en las funciones y en el ámbito de aplicación del artículo 1546 del Código Civil, norma que invoca la buena fe como estándar de conducta. Este patrón de comportamiento recibe aplicación exclusivamente en la fase de ejecución del contrato, encontrándose la fase precontractual regida por el principio general de buena fe. Los distintos niveles de discrecionalidad judicial en estas etapas se justifican desde el punto de vista de la certeza que un contrato debe traer a las partes, lo que determina que el juez, en la aplicación del estándar de buena fe, se vea impedido de desnaturalizar la convención, quedando por lo tanto vinculado por los fines prácticos perseguidos por las partes

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria propone una reflexión crítica en torno a la aplicación de la vertiente subjetiva de interpretación contractual a actos celebrados entre partes sofisticadas, entendiendo por tales a aquellos agentes expertos que negocian un plano de igualdad y que tienen la aptitud de plasmar genuinamente su voluntad en el texto contractual. En particular, se argumenta a favor de la aplicación de un sistema objetivo de interpretación, que dé primacía a la voluntad declarada por sobre la búsqueda de la voluntad interna de las partes. Para ello, primero se estudian ciertas distinciones elementales en materia de hermenéutica contractual, normas de derecho positivo y el entendimiento de la doctrina tradicional sobre el sistema chileno. En segundo lugar, se delimita el concepto de partes sofisticadas, por medio del estudio de diferentes categorías contractuales, de propuestas doctrinarias y del análisis de normas nacionales que permiten sostener que la sofisticación encuentra reconocimiento en nuestra legislación. Por último, sobre la base de marco conceptual previamente reseñado, se desarrollan argumentos que giran en torno a principios generales del derecho, normas de hermenéutica contractual y consideraciones de índole económica, con el objeto de fundar la necesidad de dar aplicación a un sistema de interpretación objetivo a un contrato celebrado entre partes sofisticadas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

La presente investigación, titulada “El principio de fe pública registral en los títulos fraudulentos inscritos”, gira en torno a la implicancia del dicho principio respecto a la problemática del fraude inmobiliario. Para el desarrollo del tema, se ha optado por dividirlo en tres partes: 1) referida al principio de fe pública registral, 2) referida al fraude inmobiliario, y 3) explicando cómo debe interpretarse y aplicarse este principio respecto al fraude inmobiliario; en este sentido, la idea central de la investigación consiste en analizar si es idóneo o no, aplicar este principio para solucionar problemas derivados de los títulos fraudulentos inscritos, y de no serlo, proponer una solución definitiva a esa problemática. Finalmente, se concluye que es necesaria la aprobación de una ley específica que atienda al fraude inmobiliario y que modifique el artículo 2014° del Código Civil, con la finalidad de ponerle un freno definitivo a este ilícito.

El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en sus diversas sentencias e informes, respectivamente, han determinado que en el procedimiento de renovación de cuadros, se ha vulnerado, entre otros, los derechos al debido procedimiento y a la motivación de resoluciones administrativas de los oficiales de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, actualmente se continúan emitiendo actos administrativos que denotan cómo las autoridades públicas terminan haciendo un ejercicio arbitrario de las facultades discrecionales otorgadas por ley, sin garantizar los referidos derechos. Como consecuencia de ello, en la actualidad todos aquellos oficiales que no se encuentran conforme con tal decisión acuden al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva, logrando su reincorporación. En ese sentido el objetivo del presente trabajo académico es determinar de qué manera el principio de buena administración puede orientar el ejercicio de la facultad discrecional en el procedimiento administrativo de renovación de cuadros. Al respecto, Ponce afirma que, para cumplir con un debido procedimiento administrativo o deber de buena administración, las autoridades públicas durante la actividad procedimental deben de actuar de forma objetiva en función al deber de debida diligencia, de tal forma que reduzca los márgenes de arbitrariedad. Concluyendo que la aplicación del principio de buena administración, manifestado a través del principio de transparencia y del deber de debida diligencia o debido cuidado, como elemento núcleo, impone a la administración policial la obligación legal de actuar de manera imparcial y con la implementación de los criterios técnicos desarrollados permitirá establecer cuidadosamente los elementos de hecho y de derecho, garantizando una debida motivación de las resoluciones administrativas. De esta forma se cumple con orientar de manera positiva el ejercicio de la facultad discrecional en los procedimientos administrativos de renovación de cuadros

El procedimiento administrativo cuenta con una serie de principios que guían su adecuado funcionamiento. Uno de estos principios será el Principio de Confianza Legítima, el cual tiene como finalidad proteger las expectativas legítimas de los administrados, así como la estabilidad del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en los últimos años, Indecopi ha emitido algunos conocidos pronunciamientos sobre productos industrializados que no están cumpliendo con dicho principio. Entonces, cabe preguntarnos ¿A qué se debe la falta de aplicación de este principio? ¿Podría existir alguna alternativa de solución?, ello teniendo en consideración que este principio tiene como base la seguridad jurídica, la cual es una garantía para el correcto funcionamiento del mercado. Para encontrar una respuesta a este cuestionamiento, en la presente investigación, a través de un análisis a fondo de la normativa vigente, así como de la doctrina relacionada a la materia se podrá demostrar finalmente que, - en muchas ocasiones - los administrados pueden ser inducidos a error por la propia Administración Pública y la aplicación del Principio de Confianza Legítima es de suma importancia para evitar que se produzca un impacto negativo en la elección y expectativa de los consumidores respecto a los productos, así como en el propio desenvolvimiento del mercado. / The administrative procedure has a series of principles that guide their own operation. One of these principles will be the Principle of Legitimate Expectations, which will have the purpose of protect the legitimate expectations of the administrators as well as the stability of the legal system. However, in recent years, Indecopi has released some wellknown decisions about industrialized products in which it is possible to see the evidence non-application of this principle. Considering this situation, it is appropiate asking ourselves why is this principle not being applied? Could there be any alternative of solution? especially, taking into consideration that this principle will be based on legal security which is a guarantee for the correct functioning of the system. In order to find an answer to this issue, in this research, through a exhaustive analysis of the current laws, as well as the analysis of the doctrine related to the matter; The objective of this article will be to demonstrate that in many occasions the individuals are induced to make mistakes by the Public Administration and the application of the Principle of Legitimate Expectations would have great importance, otherwise, this could have a negative impact on the election and expectations of consumers regarding the products, as well as on the development of the system.

En el año 2020, se publicó el VIII Pleno Casatorio Civil. A partir de esta sentencia, se buscó uniformizar la jurisprudencia en relación a los casos de disposición de bienes sociales, efectuados por solo uno de los cónyuges. Así, la Corte Suprema consideró que este acto era nulo, en razón a contravenir una norma de orden público, contenida en el artículo 315 del Código Civil. En el presente artículo, se analiza los problemas que podrían originarse, a raíz de la nulidad del mencionado acto jurídico, para los cónyuges y el adquirente. Además, se analiza la institución jurídica de la nulidad, y que alternativas de solución se podrían plantear, como respuesta a dichos problemas. A partir de este análisis, en base a doctrina y derecho comparado, se concluye dos posibles alternativas de solución: un replanteamiento o “adecuación” de la institución de la nulidad, o una modificación legislativa del art. 315 del Código Civil. / The VIII Pleno Casatorio Civil was published in 2020. Through this ruling, the Supreme Court wanted to stantardise the jurisprudence in relation to the cases of disposition of assets of the marital parnership in which only one of the spouses intervenes. So the Supreme Court stablished that this legal act was null because it contravenes a rule of public policy. This article analyzes the problems that can arise for the spouses and the purchaser. In addition, it analyzes the legal institution of nullity and posible solutions for those problems. From this analysis, based on doctrine and comparative law, it is concluded two possible solutions: a redesign of the legal institution of nullity, or a legislative amendment of the article 315 of the Civil Code.