This article describes and analyzes the national standard established for the prior consultation proceedings in mining and its relationship with environmental law. These procedures have been created in order to comply with the liability contracted by the Peruvian State in 1995, after the ratification of ILO Convention 169. The article reviews the main elements of Peruvian prior consulting process, including key aspects such as the identification of indigenous peoples, as well as defining the moment at which consulting should be made in the mining area. Finally, the author stresses the no consultations in mining projects at the time and the implications of that fact. / El presente artículo busca describir y analizar el estándar nacional establecido para el desarrollo de procesos de consulta previa en el ámbito de la minería y su relación con la legislación ambiental. Estos procedimientos han sido establecidos con el objeto de cumplir con la obligación que el Estado Peruano asumió en el año 1995, tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se pasa revista a los principales componentes del proceso de consulta peruano, incluyendo aspectos cruciales como la identificación de los pueblos indígenas, de las medidas de consultar así como la definición del momento en el cual realizar la consulta en el ámbito minero. Finalmente se destaca la no realización de consultas en los proyectos mineros hasta la fecha y las implicancias de dicho hecho.

En el presente trabajo, haremos un breve análisis del surgimiento y la evolución del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, dando cuenta del desarrollo producido en su contenido y alcances, así como plantearemos algunas de las controversias jurídicas que se suscitan en su aplicación y los retos y dificultades políticas que implica su implementación efectiva.

In this article, the authors describe how the International Financial Corporation of the World Bank, and the 77 global financial institutions that have signed on to the Equator Principles, have come to the conclusion that social conflict with indigenous communities needs to be resolved through the application of free, prior, informed and consent. While the requirement to obtain consent of an indigenous people would appear to make it more difficult for extractive industry projects to proceed, theories of dispute resolution developed by the Harvard Negotiation Project suggest that where consent is obtained, it is more likely thatc onflicts will be reduced.

The objective of this article is to review and analyze the different arguments and legal excuses made by the Government and the private sector in Peru, this for the purpose of that the first-mentioned institution fails or avoids its juridical obligation of execute the preview consultation process for the indigenous peoples in Peru, this whenever the State is going to adopt a legislative or administrative measure susceptible that will affect directly to the indigenous peoples. In summary, this article seeks to analyze about the juridical problems founded at the moment of the implementation of the preview consultation process in our Legal System. If we consider that Convention 169 ILO, and the right to consult has been in force since February 2nd of 1995, and the Constitutional Court established on binding jurisprudence that the Convention in question is a norm that no needs a legislative development for its effectiveness, thus we can conclude that, rather than arguments is about legal excuses. / El objetivo del artículo es revisar y analizar los diferentes argumentos y pretextos jurídicos utilizados por el Gobierno y el sector privado en el Perú, para que el primero incumpla o evada su obligación jurídica de realizar el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas en el Perú, esto cada vez que el Estado prevé adoptar una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En buena cuenta lo que hace el artículo es analizar los problemas jurídicos encontrados al momento de implementar la consulta previa en nuestro ordenamiento jurídico. Si tenemos en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, y el derecho a la consulta estaban vigentes, y eran exigibles en el Perú desde el 2 de febrero del año 1995, y que el Tribunal Constitucional ha dicho en jurisprudencia vinculante, que el referido convenio es una norma que no necesita desarrollo legislativo para desplegar sus efectos normativos, podemos concluir, que más que argumentos, se trata de pretextos jurídicos.

Within the Latin American state Constitutions, is the establishment of prior consultation for theindigenous peoples legitimate? Does it represent away of imposition of the minority rights in front ofthe majority rights? Does it implies a power of vetoover the state decisions?In this article, the author answers the aforementioned questions, as he assays an ethical and legal foundation for the establishment of the mechanism of free, prior and informed consultation, one that goes beyond its national and international recognition. / Dentro de las Constituciones de América Latina,¿es legítimo el establecimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas? ¿Supone una imposición de los derechos de las minorías frente a losderechos de las mayorías? ¿Implica un poder de veto de las decisiones estatales?En este artículo, el autor responde a estas inte- rrogantes mientras ensaya un fundamento jurídico y ético para el establecimiento del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, que vaya más allá de su reconocimiento nacional e internacional.

El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas.

In this interview, our guest responds to current and controversial issues related to environmental matters and the mining sector. First, the author talks about the variability of numbers for investment in mineral exploration in our country along recent periods. Also, the problem of social unrests, tax issues, permits and licenses, known as «permisología» and their impact on the sector. Similarly, and inevitably, some comment on the widespread use of Contracts Tax Stability and new measures of environmental control, taken by the recently enacted and controversial Law N° 30230 – Law Establishing Tax Measures, Simplification of Procedures and permits for promotion and revitalization of investment in the country, also called «Paquetazo Castilla». Furthermore, about the EIA and the recent creation of SENACE, as part of the Ministry of Environment Agency is analyzed. Finally, our interviewee continues to review the controversial «contribution by regulation» to OEFA and disciplinary proceedings. / En la presente entrevista, nuestro invitado responde a temas vigentes y controvertidos, relativosa materia ambiental y del sector minero. En primer lugar, él habla sobre la cuestión referida a la variabilidad de las cifras de inversión en exploración minera en nuestro país durante los últimos periodos. Asimismo, se analiza el reticente problema de los conflictos sociales, temas tributarios y la conocida «permisología», así como sus correspondientes impactos en el sector. Del mismo modo, e inevitablemente, se comenta sobre la extensión del uso de los Contratos de Estabilidad Tributaria y las nuevas medidas de fiscalización ambiental, adoptadas por la recientemente promulgada y polémica Ley N° 30230 – Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la promoción y dinamización de la Inversión en el País, llamada también «Paquetazo Castilla». Siguiendo la misma línea, se analiza lo correspondiente a los EIA y la reciente creación del SENACE, como organismo adscrito al Ministerio de Ambiente. Por último, nuestro entrevistado no deja de opinar sobre el discutido «aporte por regulación» al OEFA y el procedimiento sancionador.