El artículo parte de la premisa de que existe una ausencia de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público y, a la luz de la Convención Interamericana contra la Corrupción, elabora un análisis crítico de la legislación mexicana en materia de contrataciones y adquisiciones con el Estado. Las conclusiones finales sostienen que aún existen grandes deficiencias en materia de contratación pública.

The present article pretends to explain the new framework designed for the regulation for arbitration on public procurements matter, which will begin to operate since the approval of the Regulation for the integral reform for the Public Procurements Peruvian Law. This new vision will allow appreciating the exceptional legal nature that covers arbitration on public procurements, considering transparency and publicity as essential axis to fight corruption, and also the need to ensure specialization on administrative law, arbitration and public procurement on those who resolve disputes on that field. / El presente artículo propone explicar un nuevo esquema diseñado para la regulación aplicable al Arbitraje en Contrataciones Públicas, vigente a partir de aprobación del Reglamento de la Reforma integral a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225. Esta nueva visión permitirá apreciar la naturaleza jurídica excepcional que posee el Arbitraje en Contrataciones Públicas, por qué se busca fortalecer la transparencia y publicidad como ejes fundamentales para la lucha contra la corrupción, así como la necesidad de exigir, a quienes resuelven controversias derivadas de contratos públicos, especialización acreditable tanto en arbitraje, derecho administrativo y contratación pública, es decir, competencias en esta materia especial.

El presente artículo pretende sustentar la arbitrabilidad del enriquecimiento sin causa como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un contrato público. De esa forma, se aborda el nacimiento de dicha institución, sus presupuestos de configuración y su mutabilidad en los diferentes regímenes jurídicos de la comunidad internacional. Posterior a ello, se desarrolla la arbitrabilidad como aquel concepto que permite determinar qué materias pueden ser sometidas a un foro arbitral. Ello con el propósito de destacar los criterios de libre disponibilidad y patrimonialidad presentes en la normativa de arbitraje vigente. En ese orden de ideas, cuestionamos si la restricción establecida en la Ley de Contrataciones con el Estado, respecto a la limitación de someter a arbitraje las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa originadas por la falta de aprobación de prestaciones adicionales, puede verse extendida a supuestos diferentes, como es el caso que nos aborda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo normativo en nuestra legislación, es aquel que dice relación con la creación de tribunales especializados en el conocimiento y solución de controversias entre particulares y la Administración, mediante la implementación de una jurisdicción contencioso-administrativa. Esta aspiración, postergada durante años, se ha concretado parcialmente, a propósito de ciertas materias, tal como acontece con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, que crea el Tribunal de Contratación Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

El autor en el presente artículo analiza, de manera minuciosa, la composición de los contratos que celebra el Estado, resaltando el desenvolvimiento del mismo dentro de la esfera contractual, en cuanto a los derechos y obligaciones que surgen. Así mismo, re conceptualiza los elementos presentes en la contratación pública y presenta un desarrollo más que meramente legislativo, proponiendo un modelo que sea coherente con la naturaleza propia de la institución estudiada. Por ultimo, el autor concluye en la complejidad de la contratación publica, destacando la relevancia que presenta el interés de las partes en la dinámica contratante – contratista.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tratará la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Se mencionará la evolución de los mecanismos de impugnación que han tenido los intervinientes en licitaciones públicas en Chile para la protección de sus derechos, analizando desde el periodo previo a la creación del TCP, hasta su actualidad, reparando en su competencia y desarrollo jurisprudencial; para lo cual será indispensable determinar que comprende la licitación pública y la relevancia de la adjudicación. Junto con ello, se señalarán vías alternativas para proteger los derechos de los intervinientes cuando los sucesos a impugnar no caben dentro de la esfera de competencia del TCP. Finalmente, se concluye con una mirada crítica a la actual competencia del TCP y se sugieren modificaciones legales que pueden realizarse a la Ley N°19.886 para un mayor resguardo de quienes intervienen en licitaciones públicas y una labor más efectiva en el actuar del TCP.

La convergencia tecnológica (de la Informática y las Telecomunicaciones) y la convergencia jurídica (de los Derechos administrativos impuesta por la globalización) han aparejado sensibles transformaciones en el campo de la contratación pública. Partiendo de la consideranción de los acuerdos alcanzados en materia a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el trabajo examina cómo se ha evolucionado hacia la regulación de la contratación pública por medios electrónicos en Europa y América Latina.

En este artículo, se analiza, a través de la interpretación de las últimas modificaciones de la normativa y conforme a los principios de la contratación pública, la posibilidad de ampliar el espectro de análisis de acreditación de experiencia de una persona jurídica cuando esta pertenece a un grupo económico. Para ello, se basa en el desarrollo de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, en conjunto con el papel que tiene la OSCE. Luego desarrolla la actuación de las Personas Jurídicas, que conforman grupos económicos, en la ejecución de obras, para poder acreditar la experiencia requerida por la normativa. Se concluye el artículo haciendo una comparación a través del derecho comparado para así implementar una nueva interpretación de la norma de contratación pública. In this article, the author discusses, through the interpretation of recent changes in regulation and according to the principles of public procurement, the possibility of extending the range of accreditation of experience analysis to legal persons when belongs to an economic group. This is based on the development of the State Procurement Act, as amended, in conjunction with the role it plays the OSCE. Then develops the performance of legal persons, that form economic groups, in the execution of projects, in order to prove the experience required by the regulations. Finally, the article makes a comparison by comparative law in order to implement a new interpretation of the law on public procurement.

El procedimiento de la licitación pública es la regla general en materia de contratos administrativos; a través de la competencia de distintas ofertas, la administración puede obtener los mejores productos (bienes, servicios, obras) al precio más conveniente. Ese vínculo contractual debe responder a determinados principios generales, centrados principalmente en la transparencia pública. La sociedad tieen derecho a conocer qué se contrata, con quién y bajo qué condiciones. Por eso, la juridicidad, la publicidad, el acceso a la información y la buena fe se instituyen como pilares de la estructura contractual en la actualidad. Una síntesis de las principales normas e interpretaciones jurisdiccionales permite comprender el alcance que en la prática se ha otorgado a dichos principios.