Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Separamos esta memoria en seis capítulos. Los tres primeros tienen por objeto representar al lector la dificultades con se encuentra el Juez al momento de dar solución práctica a una demanda de responsabilidad subsidiaria laboral. Especialmente en lo que se refiere al dinámico desarrollo que tiene la responsabilidad en estos días. Y a la falta de regulación especifica de la obligación subsidiaria en la legislación. Dos conceptos que deben aplicar los jueces en un juicio en que se persiga la responsabilidad subsidiaria del Estado. Los tres últimos capítulos, se refieren específicamente a la responsabilidad subsidiaria del Estado, como dueño de la obra, empresa o faena, que a su vez representa problemas adicionales para al Juez al momento de dictar sentencia. Éstos capítulos están divididos en dos secciones; en la primera sección se revisa el tratamiento legislativo de la responsabilidad subsidiaria laboral del Estado; y en la segunda sección se entrega jurisprudencia sobre los puntos tratados. Como se señalo, es de gran relevancia dicha jurisprudencia porque, muchas veces es contradictoria y en segundo lugar a no haber una regulación acabada de la responsabilidad subsidiaria laboral, es la jurisprudencia quien va dictando pautas para la argumentación de las partes en un eventual juicio. Esta división de la jurisprudencia en tres capítulos diferentes tiene sólo fines didácticos. Por ello, generalmente la Jurisprudencia que se revisará, además de referirse a la problemática de la sección en que se encuentre, tendrá relación con otras secciones o acápites de esta obra.

El documento no refiere asesor / Propone el modelo de gestión logística de administración de cadena de suministros, basado en integración, coordinación y confianza entre todos los involucrados en el proceso de contrataciones a fin de lograr integrar la planeación y gestión de todas las actividades de la contratación externa, respecto a los ítems de mayor consumo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM a través de un proceso de selección único, con los beneficios de las economías de escala, optimizando el sistema de contrataciones, contribuyendo con el logro de metas y satisfaciendo necesidades de los clientes. / Tesis

En los últimos tiempos el proceso de contratación de obras públicas en el Perú, ha presenciado distintos escenarios negativos a causa de la ineficiencia de los operadores logísticos de la Entidad pública y el pago de coimas a las autoridades locales. Esta realidad trae como consecuencia la variación o modificación del valor referencial después de otorgada la buena pro, ya sea a base de incrementos o cambios que se presenten durante la ejecución de la obra; convirtiéndose así, en la variante de la desnaturalización del contrato entre las entidades públicas locales y contratistas, a través de la celebración de constantes adendas para un mismo proyecto de obra. Aunque la naturaleza de las adendas es permitir que el contrato original mantenga su eficiencia y el incentivo para su cumplimiento, su límite es el interés general; sin embargo la variación del valor referencial termina por desviar su finalidad generando la desviación del presupuesto público del Estado, no pudiendo ser destinado a otras demandas sociales. Por las razones expuestas, esta investigación tiene con fin proponer la incorporación de la figura de un agente fiscalizador en las fases del proceso de contratación de obras públicas para evitar la modificación del valor referencial y con ello, contribuir a la mejora del proceso de contratación de obras pública y desarrollo del país.

En el presente trabajo se ha realizado un análisis cualitativo de la normativa peruana referida a los programas de cumplimiento en las empresas del sector privado. Para dicho fin se expone la normativa peruana aplicada al referido tema, así como las críticas a la misma, para luego pasar a analizar la normativa y experiencia comparada. Todo el análisis realizado lleva a la propuesta de a qué tipo de empresas interesadas en contratar con el Estado se les debe exigir contar con dichos programas y a qué otro tipo de empresas se les debe establecer como una herramienta opcional que les traerá beneficios como la obtención de puntos adicionales en la calificación de sus propuestas a la hora de participar en algún procedimiento de selección. Finalmente, se exponen los potenciales beneficios de contar con dichos programas, así como la propuesta del apoyo por parte del Estado teniendo en cuenta los beneficios tanto para el Estado como a las mismas empresas que los van a implementar; y se propone el contenido mínimo de dichos programas. Es importante que dichos programas de cumplimiento no sean solo compromisos de papel, sino que para activar sus beneficios deben pasar por la supervisión de la autoridad competente y que dicha autoridad determine su eficacia, de lo contrario, no serán tomados en cuenta porque no cumpliría con la finalidad prevista. / This paper has made a qualitative analysis of the Peruvian regulations on compliance programs in private sector companies. For this purpose, the Peruvian regulations applied to this issue are presented, as well as the criticisms to it, and then the comparative regulations and experience are analyzed. All the analysis carried out leads to the proposal of what type of companies interested in contracting with the State should be required to have such programs and what other type of companies should be established as an optional tool that will bring them benefits such as obtaining additional points in the qualification of their proposals when participating in a selection procedure. Finally, the potential benefits of having such programs are presented, as well as the proposed support from the State, taking into account the benefits for both the State and the companies that will implement them; and the minimum content of such programs is proposed. It is important that such compliance programs are not just paper commitments, but that in order to activate their benefits they must be supervised by the competent authority and that said authority determines their effectiveness, otherwise they will not be taken into account because they will not fulfill their intended purpose.

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la garantía por interposición del recurso de apelación es un requisito sine qua non para la admisión a trámite de dicho recurso impugnatorio. Sobre el particular, no han sido pocos los cuestionamientos acerca de su legalidad, posición a la cual nos sumamos con la presente investigación, en tanto consideramos que, principalmente, se vulnera el derecho de defensa y debido procedimiento de los potenciales impugnantes, así como de los principios de eficacia, verdad material y participación. A partir de ello, el objetivo de nuestra investigación es hacer algunas reflexiones y proponer algunas alternativas a la garantía por interposición del recurso de apelación, evitando así la continuación de la vulneración de los derechos y principios antes expuestos y, asimismo, servir al propósito de desincentivar eficazmente los recursos maliciosos o todos aquellos que sean ajenos al interés público conforme al objeto de la contratación. Entre nuestras conclusiones, tenemos que puede eliminarse la garantía impugnatoria y, si lo que se pretende es desincentivar los recursos maliciosos o manifiestamente infundados, podría esta reemplazarse por una multa tal y como ocurre en el derecho comparado. Asimismo, en caso se decida mantener dicha garantía, sostenemos que debe modificarse la regla sobre su ejecución, en el sentido que, solo debe ser así cuando se impugne maliciosamente y no necesariamente porque el pedido no sea acogido, ya que, aún pese a dicho resultado, el apelante no está haciendo más que ejercer su derecho.

El objetivo de la presente investigación es explicar con mayor detalle la declaratoria de desierto de las licitaciones públicas y concursos públicos puesto que, a nivel doctrinario, no existe un estudio que aborde dicho tema con exhaustividad. Para ello, abordaremos las principales diferencias de los procedimientos de selección, todo esto por la indebida aplicación del desierto en una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado. El método de investigación empleado en el desarrollo del presente ensayo es el uso de las diversas fuentes del derecho como la legislación y la doctrina. Asimismo, nos apoyamos en diversas directivas de la Dirección Técnico Normativa del OSCE que ahondan con mayor profundidad en los temas propuestos. Las principales conclusiones fueron que, el único motivo por el cual el procedimiento de una adjudicación simplificada reemplaza a un concurso público y licitación pública es por la prontitud en la cual culmina la contratación, ya que tiene menor cuantía, duración del procedimiento, etapas procedimentales, exigencias y complejidad. Asimismo, en atención a la legislación comparada, una ventaja de nuestra normativa, en lo que se refiere al desierto, es que expresamente se menciona que se deben de corregir aquellas causas que originaron que no se culmine con la contratación; por el contrario, una desventaja es que, a diferencia con las legislaciones de Chile y España, no se contrata con un postor de manera directa luego de una segunda convocatoria desierta. / The objective of this research is to explain in greater depth and detail the declaration of void of public tenders, since, at the doctrinal level, there is no study that addresses this issue in an exhaustive way; for this, we will address the main differences in the selection procedures, all this due to the improper application of the desert in a resolution of the State Procurement Court. The research method used in the development of this essay is the use of the various sources of law such as legislation and doctrine. Likewise, we rely on various directives from the OSCE's Technical Normative Directorate that delve more deeply into the proposed topics. The main conclusions were that, the only reason why the simplified award procedure replaces a public tender and public tender is due to the promptness in which the contracting ends, since it has a lower amount, duration of the procedure, procedural stages, demands and complexity. Additionally, in attention to comparative legislation, an advantage of our regulations, as regards the desert, is that it is expressly mentioned that those causes that led to the hiring not being completed must be corrected; on the contrary, a disadvantage is that, unlike the laws of Chile and Spain, a bidder is not contracted directly after a second void call.

Con este trabajo de investigación se pretende poner en evidencia el uso excesivo e injustificado de la contratación directa; es decir, el abuso de la contratación directa, durante pandemia, el cual ha vulnerado el principio de libre concurrencia, competencia y transparencia que debe regir las contrataciones del estado. Puesto que, algunas entidades estatales amparadas en la normativa vigente, que las faculta a realizar contrataciones directas, a razón de la emergencia sanitaria, han adquirido bienes mediante contrataciones directa, cuando no correspondía usar dicho método de contratación; debido a ello, se busca hacer notar que no es un problema de falta de regulación normativa, sino de inobservancia de las mismas, que viene amparándose en una falta de control y/o fiscalización de las contrataciones directas. Como principales conclusiones del trabajo de investigación son: advertir que diversas entidades estatales han usado indebidamente la contratación directa; confirmar si los principios de libre concurrencia y transparencia se aplican a las contrataciones directas; asimismo demostrar el uso indebido de la contratación directa vulnera el principio de libre competencia concurrencia y transparencia; se pretende demostrar que se requiere un adecuado control de las contrataciones directas; por último, señalar propuestas de mejora para superar las deficiencias en las contrataciones directas. / The purpose of this research work is to highlight the excessive and unjustified use of direct contracting; that is, the abuse of direct contracting during the pandemic, which has violated the principle of free competition, competition and transparency that should govern state contracting. Since, some state entities, protected by the regulations in force, which empower them to make direct contracting, due to the sanitary emergency, have acquired goods through direct contracting, when it was not appropriate to use such contracting method; due to this, it is intended to point out that it is not a problem of lack of normative regulation, but of non-observance of the same, which is covered by a lack of control and/or supervision of direct contracting. The main conclusions of the research work are: to warn that several state entities have improperly used direct contracting; to confirm whether the principles of free competition and transparency apply to direct contracting; to demonstrate that the improper use of direct contracting violates the principle of free competition, competition and transparency; to show that an adequate control of direct contracting is required; and finally, to point out proposals for improvement to overcome the deficiencies in direct contracting. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la regulación y aplicación de la fuerza mayor en el derecho administrativo, con especial énfasis en el sector eléctrico. Para ello, se utiliza el método de investigación de tipo dogmático interdisciplinario, centrándose en el estudio de doctrina y jurisprudencia de derecho civil y administrativo. Se realiza un estudio de las principales posiciones teóricas al momento de conceptualizar las instituciones del caso fortuito y la fuerza mayor, así como su regulación en el Código Civil y los criterios especiales que existen en la normativa del sector eléctrico, para su análisis y determinación. Asimismo, se estudia la casuística existente, tanto a nivel de instancias administrativas como jurisdiccionales respecto a controversias que impliquen la configuración de un evento de fuerza mayor relacionado al objeto de estudio. Las principales conclusiones a las que llegamos es que no resulta necesaria una conceptualización particular a nivel de derecho positivo aplicable al ámbito administrativo de la fuerza mayor; a su vez, resulta importante que, en aquellos casos en los que la normativa especial establezca criterios específicos, estos sean debidamente aplicados por los funcionarios administrativos; y por último, que los jueces del contencioso administrativo tienen el deber de observar dichos criterios particulares y diferenciarlos del esquema genérico del derecho civil, en aquellos casos que provengan de dichos sectores

La inclusión del Principio de Culpabilidad en el ordenamiento administrativo peruano significa una de las novedades más esperadas en el campo del derecho administrativo al incluir en ella la responsabilidad subjetiva. Esto es el resultado de un amplio debate académico proveniente de largo tiempo atrás, especialmente discutido por la doctrina y jurisprudencia española, así como en nuestro país, a diferencia del unánime reconocimiento de este principio en el Derecho Administrativo español, en nuestro país aún encontramos posturas a favor y en contra; nuestro Tribunal Constitucional, lo reconoció en el año 2003, sin embargo, al no estar incluido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los organismos sancionadores fueron renuentes a emplearlo, utilizando en cambio, el principio de causalidad, aplicando así el criterio de responsabilidad objetiva perjudicando con ello garantías de debido procedimiento de los administrados por la dificultad que implica realizar un test de culpabilidad. En el panorama actual es importante reconocer la importancia del empleo del principio de culpabilidad en el derecho sancionador y analizar si es que su inaplicación -aun cuando se asignan severas sanciones- desbordan los límites a la potestad sancionadora, los mismos que deben estar presentes en un Estado de Derecho.

Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.