El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.

El presente Informe de Relevancia Jurídica se analiza los principales problemas sobre Derecho Administrativo, Concesiones y Arbitraje acerca de la controversia surgida a raíz del procedimiento administrativo sancionador iniciado por OSITRAN contra el Concesionario COVIPERU, a propósito del Contrato suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la sociedad Concesionaria COVIPERU. Los problemas surgen de una interpretación errada por parte de OSITRAN del Contrato de Concesión, así como de contradicciones respecto a determinar el alcance de las obligaciones por parte de la empresa. A partir de ello, se determinará si la interpretación efectuada por OSITRAN es correcta teniendo en cuenta los hechos y fundamentos presentados por las partes para imponer sanción a COVIPERU. Asimismo, se analizará si es que la Resolución que deniega la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador cumple con el requisito de la motivación y si la aplicación de las normas invocadas es pertinente. De igual manera, se analizará si es que el artículo 64 es pertinente de aplicación para dilucidar si la suspensión del procedimiento sancionador, frente al proceso arbitral es conforme a derecho. Para ello, se utilizará doctrinas propias del Derecho Administrativo, Constitucional y Arbitral, así como de las Concesiones. Así, en el presente informe se concluirá que la interpretación efectuada por OSITRAN carece de sustento normativo, dado que su actuación no se condice con los Informes emitidos. De igual forma, la resolución que deniega la solicitud de suspensión incurre en una motivación insuficiente, toda vez que inaplica una norma importante y no desarrolla en lo absoluta la norma invocada.

El presente trabajo de investigación analiza la problemática que surge cuando una entidad no cumple con la regularización de una contratación directa por situación de emergencia. Siendo un supuesto excepcional contenido en la normativa de contrataciones del Estado que posibilita a la entidad a requerir a los proveedores de manera inmediata la ejecución de las prestaciones sin sujetarse a los requisitos formales de la norma, con la condición legal que posteriormente se regularice la formalización de la documentación para la aprobación de la contratación directa, ello a fin de obtener en forma oportuna los bienes o servicios necesarios en una situación de emergencia. Sin embargo, si luego de la ejecución de las prestaciones por parte del proveedor, la entidad no realiza la regularización de los documentos para la formalización de la contratación, existen implicancias relacionadas al cumplimiento del pago en favor de los proveedores. Efectuada la argumentación jurídica constitucional y legisprudencial, se determina que si bien no resulta procedente que las entidades realicen un pago bajo el marco de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito legal de la regularización de la formalización de la contratación, entre otros documentos, con la suscripción contractual; por lo cual, no se cuenta con una relación jurídica válida que sustente el referido pago, habiéndose configurado en dichos casos una contratación irregular o al margen de lo establecido en la referida normativa; sin embargo, procede el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas teniendo en cuenta la figura jurídica del enriquecimiento sin causa en favor del proveedor que de buena fe realiza la entrega de bienes o ejecuta servicios en favor de la entidad, previa verificación del cumplimiento de requisitos para su configuración. Asimismo, se analizan los riesgos legales respecto a la procedencia de efectuar el reconocimiento económico directo por las prestaciones ejecutadas, evidenciando que resulta una alternativa eficiente y dentro del marco legal a ser aplicada por las entidades, en lugar de esperar que los proveedores acudan a la vía judicial a reclamar el reconocimiento de dicho adeudo por enriquecimiento sin causa. Finalmente, se propone el procedimiento para el referido reconocimiento en forma directa, atendiendo a los criterios establecidos por el OSCE, el cual puede considerarse como una normativa interna por las entidades que optan por esta vía.

Durante la década de los noventa en el Perú no se contaba con un sistema de contrataciones del Estado, solo había una serie de disposiciones aisladas que regulaban la contratación pública. La disparidad de las normas (muchas de ellas emitidas atendiendo a situaciones específicas) no permitía que existiera un procedimiento claro para la ejecución y control adecuado del gasto público en lo que a bienes, servicios y obras públicas se refiere, lo cual facilitó los actos de corrupción en el sector público. En el año 1998 entró en vigencia la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con lo que se dio inicio al proceso de unificación de la normativa y de los regímenes coexistentes hasta entonces, creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE (hoy OSCE).

El proyecto de innovación se desarrolló en el marco de las Contrataciones Públicas del Perú. A partir de la información recolectada, se evidencio que una gran cantidad de profesionales que laboran en los OEC de las Entidades Públicas no se encuentran certificados, a pesar de ser está una obligación que deben cumplir todas las Entidades a nivel nacional. Por ello, este proyecto está enfocado en encontrar una solución al problema público identificado que es la “Ineficaz implementación del procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en el OEC de las Entidades Públicas a nivel nacional desarrollado por el OSCE entre los años 2018 y 2019”. La principal evidencia del problema fueron los informes emitidos por los OCI de 62 entidades en el año 2019, que identificaron que el 72.04 % de los profesionales no se encuentran certificados, y por los informes de 12 entidades, que identificaron que el 65.40 % no se encuentran certificado. En consecuencia, se pone en riesgo la gestión logística. Por consiguiente, se propone cambios innovadores para enfrentar este problema identificado, siendo la propuesta “Mejorar la Plataforma Pública del SICAN” que implementa un registro de información, que permitirá generar una base de datos confiable y accesible para un control y monitoreo más eficiente del OSCE, los OCI, de la Contraloría General y de cada una de las OECs. Asimismo, esta propuesta fue validada por los principales usuarios, desde el punto de vista de la deseabilidad organizacional, la perspectiva de la factibilidad y la viabilidad económica. / This innovation project was developed within the framework of the Procurement Peru’s public sector. From the information collected, it became evident that a large number of professionals and technicians working in the bodies in charge of Public Entity Procurement (OEC) is not certified, at although this is an obligation that must be fulfilled by all national entities. Therefore, this project is focused on finding a solution to the public problem identified as the "Ineffective implementation of the certification procedure of professionals and technicians who work in the OEC of Public Entities at the developed by the OSCE between 2018 and 2019". The main evidence of the problem were the reports issued by the institutional control bodies (OCI) of 62 public entities in 2019, which identified that 72.04% of professionals are not certified, and by reports from 12 entities, which identified that 65.40% did not are certified. Consequently, logistics management is put at risk. The project therefore proposes innovative changes to address this problem identified, being the proposal "Improve the SICAN Public Platform" than by implementing an information register, which will make it possible to generate a reliable and accessible data for more efficient control and monitoring of the OSCE OCI, the Comptroller General's Office and each of the OECs. In addition, this proposal was validated by the main users, from the point of view of desirability and from the perspective of feasibility and economic viability. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene la intensión de advertir sobre la responsabilidad tributaria que asumen las entidades públicas que expropian bienes inmuebles para la ejecución de obra pública, así como resaltar la obligación tributaria de los expropiados, todo ello dentro del contexto normativo que dispone que las entidades expropiadoras asumirán el pago del Impuesto sobre la Renta obtenida y que recae en los expropiados de los bienes. Previamente a la determinación de las responsabilidades señaladas, estudiaremos las teorías de renta aplicadas en nuestra legislación tributaria para finalmente apreciar la teoría de renta aplicable a la transferencia de bienes inmuebles en la expropiación. En este análisis tendremos en consideración el pronunciamiento del Tribunal Constitución referente a la afectación del derecho de propiedad en la expropiación así como la inconstitucionalidad de afectar con el Impuesto a la Renta a la transferencia de propiedad como consecuencia de la expropiación, puesto que dicha transferencia no media una libre voluntad del transferente, el mismo que se ve en la obligación de transferir su inmueble a cambio de un precio justipreciado. Este pronunciamiento constitucional será de relevancia para la conclusión final del trabajo, puesto que la responsabilidad tributaria de las partes que se relacionan en la operación de expropiación tendrán vinculación directa con la inconstitucionalidad de la norma que afecta con el tributo en cuestión a la transferencia de bienes como consecuencia de la expropiación. / Trabajo de investigación