El presente informe analiza la controversia arbitral entre un consorcio y una entidad, que culmina con la emisión de un primer laudo que fue anulado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolviéndose por segunda vez con un laudo, dictado por mayoría, el 8 de julio de 2013. La relevancia de estudio de este expediente radica en que con su análisis se logran consolidar conocimientos respecto de dos grandes ramas del derecho, el arbitraje y las contrataciones públicas. Ello, debido a que el expediente es sobre un caso emblemático que surge cuando el arbitraje en contratación pública se encontraba en sus inicios en nuestro país. En ese sentido, se plantean como objetivos la revisión de los siguientes puntos: 1) La debida notificación a las partes del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, 2) El impedimento a las partes de hacer valer sus derechos dentro del arbitraje, 3) El cumplimiento del requisito previo para acudir al proceso de anulación de laudo, 4) Aplicabilidad de las normas de contrataciones que sustentan la nulidad de oficio y el control difuso realizado por el Tribunal Arbitral, y, 5) La nulidad de oficio del contrato y el derecho al debido procedimiento. Las hipótesis planteadas radican en que la anulación de laudo por parte del Poder Judicial no fue debidamente realizada, ya que no existía una causal aplicable, y que el contrato anulado de oficio por la Entidad no fue realizado acorde a ley. Finalmente, la metodología empleada para realizar dicho análisis es la dogmática, ya que todo surge por la revisión de diversas normas, así como la jurisprudencia y doctrina relevante. Todo ello, relacionado a las ramas del derecho de arbitraje, sobre las causales de anulación de laudo, y contratación pública, en lo pertinente a la anulación de oficio de un contrato público.

La presente investigación, busca definir la naturaleza jurídica del pronunciamiento de la Administración Pública durante la ejecución de los contratos administrativos, ya que no está regulada como tal en la legislación peruana. Para desarrollar la investigación, se utilizó la metodología cualitativa, mediante la revisión de doctrina nacional, extranjera, jurisprudencia, así como legislación nacional y comparada, incluyendo el estudio de laudos arbitrales en sede nacional e internacional. Como resultado del presente trabajo, propusimos que se instituya en el ordenamiento jurídico peruano el acto administrativo contractual, entendido como aquella categoría del acto administrativo que se adecúa a las circunstancias particulares del pronunciamiento de la Administración Pública en la ejecución contractual. De esta forma, se podrá orientar a la Administración Pública cuando emita sus pronunciamientos en el marco de un contrato administrativo, pues deberá cumplir mínimamente con los requisitos del acto administrativo, lo cual a su vez permitirá ejercer un control más predecible sobre su decisión. Además, garantizará los derechos de los contratistas, pues estarán posibilitados a exigir, en la vía administrativa, que las entidades contratantes cumplan con observar las disposiciones normativas del acto administrativo y otras de carácter público en salvaguarda de sus intereses legítimos.

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objetivo concientizar al lector sobre la importancia de la determinación en el régimen de la responsabilidad que se les asignará a los sujetos pasivos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Además, se desarrollará una crítica a la Ley de Contrataciones con el Estado (vigente al desarrollo del caso expuesto en el presente informe) y su Reglamento. Tanto en el momento en el que se desarrolló el procedimiento administrativo sancionador del caso a desarrollar, como hasta la fecha, la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento contienen las mismas disposiciones con respecto a la aplicación de las reglas establecidas por responsabilidad objetiva ante los administrados, y la solidaridad que mantienen las partes de un consorcio. En ese sentido, mediante el presente informe se busca demostrar que dichas disposiciones vulneran diversos principios que rigen el buen funcionamiento del procedimiento administrativo y del procedimiento administrativo sancionador contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta investigación se sustenta no solo en lo establecido por el ordenamiento jurídico, sino también por la doctrina más destacada en el ámbito del derecho administrativo, así como en jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del Perú. Además, nos remitiremos brevemente a la legislación, doctrina y jurisprudencia internacional. Por último, se concluye que la imputación de la responsabilidad objetiva y la solidaridad entre las partes de un consorcio generan el efecto contrario al fomento de la participación de los privados en los procesos de contratación estatal.

Analizaremos el acto administrativo contractual como forma de manifestación de la voluntad de una entidad en el marco de una relación contractual de derecho publicó a propósito del procedimiento de liquidación del contrato de obra pública, distinguiéndolo del acto administrativo y de la manifestación de voluntad entre privados. Considerando que este trabajo de suficiencia profesional implica analizar un caso contrato, estudiaremos el laudo arbitral asignado durante el curso de seminario de investigación académica, identificando los argumentos de los árbitros con la finalidad de expresar nuestra postura concordante y las diferencias de opinión sobre lo decidido. Para el tribunal, las entidades manifiestan su voluntad a través de actos administrativos, por ello declara el consentimiento de la liquidación del contratista debido a la falta de pronunciamiento de la entidad, sostiene que, si bien se pronunció dentro del plazo, tal pronunciamiento no cumple los requisitos de validez del acto administrativo según la ley del procedimiento administrativo general. Respetuosamente discrepamos, sostenemos que el referido pronunciamiento no es un acto administrativo sino un acto administrativo contractual, de manera que de haber adoptado dicha figura el resultado del arbitraje sería distinto. Dejando de lado lo anterior, examinaremos como problemas secundarios lo relativo a las reclamos por elaboración deficiente del expediente técnico, la oportunidad en la entrega de los certificados de prestación, y por último si la figura del acto administrativo contractual afecta o no la arbitrabilidad de las decisiones de las entidad dentro de un contrato. Esta investigación no sería posible sin la ayuda de autores como Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos entre otros; también se utilizó las opiniones del OSCE comparando la variación de su postura a lo largo del tiempo, y como instrumentos normativas esenciales la ley de contrataciones y su reglamento aplicable al contrato, la ley del procedimiento administrativo general y el código civil. / We will analyze the contractual administrative act as a form of manifestation of the will of an entity within the framework of a contractual relationship of public law regarding the liquidation procedure of the public works contract, distinguishing it from the administrative act and the manifestation of will between private parties. Considering that this work of professional sufficiency implies analyzing a contract case, we will study the arbitral award assigned during the course of the academic research seminar, identifying the arguments of the arbitrators in order to express our concordant position and the differences of opinion on what was decided. For the court, the entities express their will through administrative acts, for this reason it declares the consent of the liquidation of the contractor due to the lack of pronouncement of the entity, it maintains that, although it was pronounced within the term, said pronouncement does not comply the requirements of validity of the administrative act according to the law of the general administrative procedure. We respectfully disagree, we maintain that the aforementioned pronouncement is not an administrative act but a contractual administrative act, so that if said figure had been adopted, the result of the arbitration would be different. Leaving aside the above, we will examine as secondary problems those related to the claims for deficient preparation of the technical file, the opportunity in the delivery of the performance certificates, and finally if the figure of the contractual administrative act affects or not the arbitrability of the decisions of entities within a contract. This research would not be possible without the help of authors such as Linares Jara, Agustín Gordillo, Omar Alejos among others; The opinions of the OSCE were also used, comparing the variation of its position over time, and as essential regulatory instruments the contracting law and its regulations applicable to the contract, the general administrative procedure law and the civil code.

En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las administraciones públicas que, por un lado, asegura que se cumpla con la satisfacción del interés público, pero que, por otro lado, en muchos casos puede atentar contra el principio de equilibrio económico financiero de los contratos. En ese caso, estamos ante dos frentes, en el cual no solo se debe preservar el interés general, sino también la satisfacción de los contratistas en los contratos públicos. Por lo tanto, en este trabajo se buscará resolver el principal problema de estas modificaciones unilaterales. El objetivo de este trabajo no solo buscará analizar la importancia de estas figuras legales permitidas, sino se buscará dotar de protección a los contratistas en base a las metodologías establecidas en la LCE y en su reglamento. En el presente trabajo nos referiremos principalmente a las adicionales y reducciones en las obras, vinculando diversa casuística como algunas resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Ello con el fin de resaltar la importancia de sus figuras y los problemas que generalmente surgen en contra de los contratistas. / In the present work, a quite frequent figure in public contracting such as additional benefits and reductions will be analyzed. These figures reflect the exorbitant powers of public 1 administrations which, on the one hand, ensure that the satisfaction of the public interest is met, but which, on the other hand, in many cases may violate the principle of financial economic balance of contracts. In this case, we are facing two fronts, in which not only the general interest must be preserved, but also the satisfaction of contractors in public contracts. Therefore, this paper will seek to solve the main problem of these unilateral modifications. The objective of this work will not only seek to analyze the importance of these permitted legal figures, but will seek to provide protection to contractors based on the methodologies established in the LCE and its regulations. In the present work we will refer mainly to the additions and reductions in the works, linking diverse casuistry such as some judicial resolutions and arbitration awards. This in order to highlight the importance of their figures and the problems that generally arise against contractors. / Trabajo académico

El Estado garantiza el bienestar en el ámbito de la salud de las personas a través del acceso a medicamentos de calidad, y en el momento oportuno mediante la contratación pública eficiente, haciendo uso de la tecnología y de procesos más ágiles, menos burocráticos. Asimismo, otorgando un marco regulatorio a la actuación de los funcionarios y servidores públicos que cumplen sus funciones en pro del beneficio de la población. Toda compra ejecutada requiere del uso de los recursos públicos; es decir, del dinero de la población. En el Perú es un derecho acceder a medicamentos, aún persiste algún sector de la población que no puede beneficiarse, según la Encuesta Nacional de Usuarios en Salud [SUSALUD], en el 2015 el 55% de los pacientes del Ministerio de Salud [MINSA], a través del Seguro Integral de Salud [SIS], no consigue sus medicamentos recetados por falta de stock en las farmacias de los hospitales retardando la cura de las enfermedades y sus tratamientos, que probablemente sea origen de mayores dolencias, incluso, la muerte por falta de medicamentos. Por lo mencionado, es importante contar con procesos de adquisición de medicamentos eficientes y oportunos. En ese marco, se han impulsado reformas en la gestión de adquisiciones, algunas de las cuales incluyen la aplicación de modalidades modernas como es el caso de la Subasta Inversa como un mecanismo de selección de proveedores, que responde a un tema de actualidad, en la que interactúan las entidades públicas contratantes y a proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores [RNP] para proveer una gama de productos, entre los cuales están productos en salud descritos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes [LBSC] cuyas especificaciones de diseño, cantidad, calidad, entrega y términos relacionados a las condiciones se definen previo a la fase de Convocatoria. El presente estudio propone como principal objetivo analizar elementos más importantes que hacen más eficiente el proceso de compra centralizada de medicamentos a través de Subasta Inversa, herramienta estratégica de selección de proveedores, realizada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), que es la central de compras de recursos estratégicos en salud para el MINSA, desde la postura del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y del Área Usuaria (AU) de las instituciones de salud, en el periodo comprendido entre los años 2012 – 2016. La información analizada es extraída de la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado [OSCE], del CENARES y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas [DIGEMID], que es información pública. Así como entrevistas xii semiestructuradas realizadas a los funcionarios y servidores públicos involucrados en las compras públicas de medicamentos de los hospitales de Lima metropolitana a través de las compras corporativas descentralizadas y facultativas. La importancia de estudiar y analizar el proceso de Subasta Inversa surge del reconocimiento de la búsqueda de eficiencia para adquirir bienes (medicamentos) y servicios canalizados a través de la materialización de las compras públicas. La experiencia internacional muestra que el incremento en el uso de las herramientas electrónicas como Subasta Inversa ha dado resultados positivos. De esta la manera, la investigación contribuye a identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la Subasta Inversa esperando contribuir directamente a mejorar los niveles de disponibilidad de medicamentos. Entre los más importantes hallazgos de la investigación se tiene evidencia de que i) las compras por Subasta Inversa han permitido, efectivamente, reducir el precio de los medicamentos, esto es visible en el ahorro en 22.5%, en promedio para periodo 2012-2016, con respecto al Valor Referencial1, ii) el uso de las Fichas Técnicas de los medicamentos permite asegurar las condiciones de la adquisición en teoría; no obstante, en la simplificación de las especificaciones se ha perdido parte del proceso que garantizaba la calidad, es una diferencia con respecto al modelo clásico de compras, iii) el ahorro en tiempo con respecto a la modalidad clásica disminuye en 41.6%, equivalente a 81 días hábiles en la etapa de selección de proveedores, y iv) el Área Usuaria se encuentra poco satisfecho con la gestión de la compra corporativa gestionada por el CENARES. A modo de recomendación, tras la evidencia de implementar una herramienta con predictibilidad documentaria y mejora de precios con la cual se ha logrado pues una mejor experiencia, aún los problemas de desabastecimiento de medicamentos persisten, pues requerirían abordar el análisis de la cadena de suministro. Es necesario destacar que para el éxito de la gestión de compra, la elección de una herramienta mediante la cual se ejecute deberá caminar adaptándose a la demanda de los usuarios finales y a cambios en el sistema de salud. Por ello, la importancia de mejorar la comunicación y coordinación de las entidades involucradas en las etapas de programación y ejecución contractual.

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

Los delitos contra la administración pública son delitos que han significado un gran reto para las teorías del caso postuladas por el Ministerio Púbico, debido a que, el estándar probatorio de estos delitos es elevado ya que suelen ser actuaciones que se realizan en la clandestinidad. Sin embargo, es problemático también identificar correctamente el título de participación en estos delitos, en virtud a la complejidad en la se desarrolla la contratación estatal, más difícil es todavía, para el Ministerio Público demostrar que el extraneus contratista en el delito de negociación incompatible debería de ser responsable penalmente, no solo porque es difícil demostrar su responsabilidad en grado de certeza, sino porque de la estructura típica de este delito no se desprende responsabilidad penal para este ajeno a la administración pública. Este escenario se torna más oscuro aún cuando, ni si quiera, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial sobre la participación del extraneus en este delito. Es por ello que, a partir de este trabajo, se trata de demostrar por qué no es posible que se impute responsabilidad al penal del contratista, siendo que concluimos que pese a la negociación incompatible sea un delito de infracción de deber, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a aquel contratista que se encuentre vinculado con la administración pública, más aún, cuando existen otros delitos como el de colusión o cohecho que sí permiten la participación necesaria entre le funcionario público y contratista. / Crimes against public administration are crimes that have meant a great challenge for the theories of the case postulated by the Public Prosecutor's Office, due to the fact that the evidentiary standard for these crimes is high since they are usually carried out clandestinely. However, it is also problematic to correctly identify the title of participation in these crimes, due to the complexity of the state contracting process, and it is even more difficult for the Public Prosecutor's Office to demonstrate that the extraneus contractor in the crime of incompatible negotiation should be criminally responsible, not only because it is difficult to demonstrate his responsibility with certainty, but also because the typical structure of this crime does not imply criminal liability for this extraneus contractor. This scenario becomes even more obscure when not even the Supreme Court has a jurisprudential line on the participation of the extraneus in this crime. That is why, from this work, we try to demonstrate why it is not possible to charge criminal liability to the contractor, being that we conclude that despite the incompatible negotiation is a crime of breach of duty, this is not enough to attribute criminal liability to the contractor who is linked to the public administration, even more when there are other crimes such as collusion or bribery that do allow the necessary participation between the public official and contractor. / Trabajo académico

Este trabajo de investigación radica en la correlación del control interno—previo y simultáneo—y el Plan Anual de Contrataciones en el Congreso de la Republica de Perú correspondiente al año 2014. El desarrollo de la investigación menciona la teoría del control gubernamental; ya que este se fundamenta en la prevención y verificación mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos y gestión de los recursos y bienes del Estado para cumplimiento de metas; también identifica las deficiencias ocurridas con relación a la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en la gestión del periodo mencionado. En este sentido, será analizada la capacidad técnica del funcionario para el ejercicio de las competencias propias del cargo y la ausencia de controles internos para la gestión adecuada y eficiente para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones. Por otro lado, se busca señalar cómo debe gestionarse el control para lograr resultados eficientes y efectivos en la elaboración del PAC del Congreso de la República del Perú. / This paper shows the correlation of the internal previous and simultaneous control for the Annual Plan of Contracts (PAC, according to initials in spanish) in the Congress of the Republic of Peru corresponding to the year 2014. The development of the research mentions the theory of governmental control ;as it is based on prevention and verification through the application of principles, systems and technical procedures and management of resources and assets of the State for the achievement of goals; it also identifies the deficiencies that occurred in relation to the preparation of the Annual Procurement Plan (PAC) in the management of the mentioned period. In this sense, the technical capacity of each official position will be analyzed for the exercise of the competencies of the position and the ethical capacity of the official position related to the need to have an adequate and efficient PAC.On the other hand, it seeks to indicate how control should be managed to achieve efficient and effective results in the elaboration of the PAC of the Congress of the Republic of Peru. / Trabajo de investigación

El delito de negociación incompatible, se encuentra tipificado en artículo 399° del Código Penal Peruano. Sin embargo, su tipificación ha traído muchos problemas respecto a su aplicación. En ese sentido, consideramos que la tipificación del delito de negociación incompatible como actos preparatorios del delito de colusión es una alternativa viable, para solucionar alguno de estos aspectos problemáticos de este delito. Respecto a su tipificación como acto preparatorio punible, este delito cumple con los criterios de tipificación que recae en el bien jurídico y su peligrosidad. Asimismo, este delito y el de colusión tiene diferentes elementos objetivos en común y al ser un delito de preparación punible, su verbo rector “interesarse”, se lee como un acto previo a la concertación entre el funcionario y tercero interesado, con lo cual se le dota a este delito de una mayor prioridad para identificar al tercero que participa de manera activa en la ejecución del delito. Finalmente, sostenemos que sí es posible la descriminalización del delito de negociación incompatible como delito autónomo y por el contrario es buena opción que ésta funcione como un acto preparatorio punible del delito de colusión. Con esta premisa estaríamos ante una conducta que sigue siendo ilícita, pero con una pena disminuida. / The crime of incompatible negotiation is typified in article 399 of the Peruvian Penal Code. However, its typification has brought many problems regarding its application. In this sense, we consider that the classification of the crime of incompatible negotiation as preparatory acts of the crime of collusion is a viable alternative, to solve some of these problematic aspects of this crime. Regarding its classification as a punishable preparatory act, this crime meets the criteria of classification that falls on the legal right and its dangerousness. Likewise, this crime and that of collusion have different objective elements in common and since it is a crime of punishable preparation, its guiding verb "to be interested" is read as an act prior to the agreement between the official and interested third party, with which it gives this crime a higher priority to identify the third party who actively participates in the execution of the crime. Finally, we maintain that it is possible to decriminalize the crime of incompatible negotiation as an autonomous crime and, on the contrary, it is a good option for it to function as a punishable preparatory act for the crime of collusion. With this premise, we would be facing a conduct that continues to be illegal, but with a reduced penalty. / Trabajo académico