El presente trabajo tiene como objetivo proponer medidas de seguridad bancarias para mitigar la vulneración de derechos de los usuarios frente al phishing en el sistema financiero, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica de fichaje, análisis documental, la observación y los instrumentos utilizados fueron las fichas textuales y de resumen, la guía de análisis documental y la guía de observación. Entre los resultados se obtuvo mediante un exhaustivo análisis las implicancias del phishing en el sistema financiero y patrimonio de los consumidores. Asimismo, es necesario argumentar mecanismos de protección que debe adoptar el sistema financiero para evitar afectación a los consumidores frente al phishing. Se concluye que, si todos los consumidores buscan proteger su patrimonio, entonces las medidas de seguridad bancarias para mitigar la vulneración de derechos de los consumidores frente al phishing que el legislador peruano deberá regular son; el respeto a los dispositivos legales del derecho patrimonial al consumidor, para ello, generar mecanismos de seguridad preventivos para evitar el phishing.

Las empresas necesitan dar mayor importancia a la aplicación de herramientas de gestión tributaria para mejorar el desarrollo de sus operaciones y cumplir adecuadamente con la normativa tributaria vigente, evitando de esta forma contraer contingencias fiscales y el pago de multas. El propósito de esta investigación es abarcar las diferentes perspectivas de autores con respecto a la auditoria tributaria preventiva y de las contingencias tributarias, motivada por las deficiencias que se dan por la equivocada interpretación o desconocimiento de las reglas tributarias, intentando descubrir si el uso de la Auditoria Tributaria Preventiva aportará a prepararse para hechos futuros y que influya de manera positiva en la organización.

¿Qué es aquello que da legitimidad a la intervención del Derecho Penal? Las respuestas a esta pregunta siguen generando debate en la actualidad. De un lado, se apuesta por la protección de bienes jurídicos, mientras que, por otro, se apuesta por la vigencia de la norma. Sin embargo, probablemente la respuesta correcta implique combinar ambas posturas, ya que existen delitos que no encuentran su legitimidad sino en medio de ambos caminos. Este es el caso de delitos como el tráfico de influencias simuladas, pues debido a la naturaleza aparente de las influencias que se invocan no parece afectar ningún bien jurídico concreto, y tampoco transgredir la vigencia de una norma específica. No obstante, el tráfico de influencias, ya sean reales o simuladas es el delito que abre la puerta a los casos de corrupción. En ese sentido, la invocación de influencias, aun simuladas, trastoca el sistema de bienes y servicios de la Administración Pública, pues esta conducta repetida y a gran escala genera la existencia de un mercado paralelo de bienes y servicios de la Administración Pública. Ello, ya que, a diferencia de lo que se cree, los vínculos de reciprocidad negativa (intercambios desiguales entre extraños), son los que sustentan y alimentan la mayor parte de las relaciones humanas. Así, esta situación puede tener cabida a nivel jurídico gracias al criterio de la desorganización de sistemas que permite incorporar las necesidades sociales en la visión tradicional de bien jurídico. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza de manera crítica cómo el criterio de la desorganización de sistemas y las relaciones de reciprocidad negativa sustentan el bien jurídico del tráfico de influencias simuladas: la vigencia del carácter prestacional de la Administración Pública.

En el mundo actual, las organizaciones criminales dedicadas a delitos como el terrorismo o el tráfico ilícito de drogas han alcanzado, en muchos casos, una complejidad de organización y un poder que las deja muy de lejos frente a cualquier otra manifestación delictiva. De hecho, muchas de estas organizaciones actúan como “transnacionales” del crimen, con lo cual su accionar no solo afecta a un país, sino a varios.

No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delito de lavado de activos, negando que un mismo medio de prueba puede ser visto desde diversos ángulos y no obstante versar sobre un mismo fin -licitud del patrimonio-, los diferentes momentos de la aparición y movimiento del bien, pueden constituir la probanza de diversos tipos penales; esta afirmación, ocurre respecto del delito de enriquecimiento y lavado de activos, pues en determinado momento la situación de la posesión directa o indirecta de un patrimonio que no se justifica en los ingresos legítimos del agente público, puede configurar plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto, el someter posteriormente dichos bienes ilícitos al circuito de la dinámica económica con la finalidad de legitimarlo, constituye en ámbito de reproche del delito de lavado de activos. Esta situación supone entender que el delito contenido en el artículo 401° del CP, es un delito especial de posesión, donde se configura con la sola posesión de un patrimonio que no se corresponde con las fuentes legitimas del agente público, y no se trata de actos de abuso de atribuciones o de acreditación del prevalimiento del cargo que derive luego en el incremento patrimonial; sino que al ser parte de la administración pública durante el ejercicio de la función, tiene el deber de incrementar su patrimonio de manera transparente y proba, mediante fuentes lícitas.

La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto y robo regulados en los artículos 185º y 188º del Código Penal de 1991, respectivamente; así como sobre sus modalidades agravadas específicas descritas en los artículos 186º y 189º, respectivamente. La investigación abarca el periodo 2006- 2011, quinquenio en el que se produjo la mayor cantidad de modificaciones legislativas a los artículos mencionados La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene como objeto de conocimiento el análisis legislativo de los tipos penales de robo y hurto, en base a una metodología cualitativa y estadística descriptiva. La información y el análisis se realizó aplicando las siguientes actividades cognoscitivas: i) revisión de proyectos de ley y leyes aprobadas por el Congreso de la República, así como revisión de literatura especializada en los temas de investigación, y (ii) revisión y procesamiento de bases de datos de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en lo concerniente a robo y hurto. Como resultado de esta investigación se determina que la política criminal frente a los delitos de robo y hurto, en el periodo 2006-2011, respondió a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo, en el que las decisiones de sobrecriminalización, de incremento de penas e incorporación de circunstancias agravantes específicas, fueron las más frecuentes. Esta tendencia generó dos tipos de consecuencias negativas: i) formales, vinculadas a los efectos sobre los principios configuradores del Derecho Penal, y ii) materiales, orientadas a los efectos que generan en la sociedad.

En el contexto nacional, se han desarrollado diversas investigaciones jurídicas en torno al entendimiento del delito de peculado previsto en el artículo 387º del Código Penal (CP en adelante); no obstante esto, hasta la fecha no se ha desarrollado un análisis dogmático-penal exhaustivo del concepto de los verbos rectores “apropiación” y “utilización” que permita razonablemente i) limitar el alcance del tipo penal y ii) sancionar ciertos casos problemáticos como la aplicación privada indebida de dinero bancario, bienes inmuebles, bienes inmateriales o, en general, bienes autorizados a ser dispuestos discrecionalmente. En tal sentido, la presente investigación cobra especial relevancia jurídica, en la medida que aporta criterios jurídicos para delimitar de mejor manera el ámbito de aplicación del delito tradicional de peculado doloso, evitando lagunas de punibilidad (impunidad) nocivas y limitando razonablemente el alcance del tipo penal.

En los últimos años la agenda nacional se ha circunscrito fundamentalmente en la seguridad. Los altos índices de violencia e inseguridad ha generado que la población y los distintos gobiernos consideren enfrentar este mal social con distintas herramientas y dispositivos legales para así mostrar seguridad. En ese sentido, es la Policía Nacional la encargada de brindar seguridad y Orden Interno a la nación por mandato constitucional.

Existen debates que nunca deberían dejarse de lado, especialmente dentro del ámbito académico. Tales debates fomentan tanto el desarrollo de la percepción crítica como la capacidad para entender el contexto en el cual el alumno es formado. Sin embargo, muchas veces la labor y el trabajo del día a día nos alejan de los mismos. La presente tesis tiene por objetivo principal fomentar la discusión acerca de un tema que consideramos concierne tanto a abogados como a teóricos del derecho, el aborto derivado de casos de violación sexual. Resulta interesante notar como el debate sobre este tema se reduce constantemente a una batalla entre posturas que van desde la prohibición absoluta hasta la permisividad absoluta del supuesto mencionado, sin mediar la existencia de un marco de análisis que permitiría aportar luces a tal debate. En ese sentido, la presente tiene por metodología partir de una breve exposición lógica de aquel marco filosófico que fuese adoptado por el poder político de turno y que vincula necesariamente toda discusión de corte jurídico. Consideramos que no correspondería analizar el supuesto del aborto, o de su sanción penal para ser más concretos, sin mediar un análisis previo del propio sistema sobre el cual se está trabajando

Cada año las consecuencias negativas que produce la corrupción en nuestro país resultan siendo más graves, al grado de generar un debilitamiento profundo en las autoridades, instituciones públicas, desconfianza en la ciudadanía hacía los poderes públicos y en la actualidad llegando a vulnerar y afectar nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución. En esa medida diversos organismos internacionales y Estados nacionales han manifestado su preocupación inmediata llegando a concebir la idea de constituir un nuevo derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción enfocado dentro de un nuevo constitucionalismo transformador que traiga consigo un enfoque sobre corrupción basado en los derechos humanos. Frente a lo manifestado, la presente investigación se encuentra orientada a determinar si las políticas públicas anticorrupción y modificaciones legislativas ejecutadas por el Estado vienen dando resultados para combatir la lucha contra la corrupción durante los últimos años, y que en cuya consecuencia, resulta necesaria o no, la incorporación de un artículo expreso en nuestra Constitución que garantice el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción, atendiendo a que el Estado tiene como obligación y deber principal el velar y garantizar el respeto a la dignidad humana y a los demás derechos estipulados en la constitución procurando para ello crear o instituir un ambiente en el cual puedan disfrutarse de aquellos derechos señalados, y actuando obligatoriamente frente a cualquier amenaza de estos derechos. / Every year the negative consequences of corruption in our country become more serious, to the point of generating a profound weakening of the authorities, public institutions, mistrust among citizens towards the public authorities and, at present, even violating and affecting our human rights established in the Constitution. To this extent, various international organisations and national states have expressed their immediate concern and have even conceived the idea of creating a new human right to live in a corruption-free society, focused on a new transformational constitutionalism that brings with it a human rights-based approach to corruption. In view of the above, this research is aimed at determining whether the anticorruption public policies and legislative amendments implemented by the State have been producing results in the fight against corruption in recent years, and whether or not it is necessary to include an express article in our Constitution that guarantees the right to live in a corruption-free society, The main obligation and duty of the State is to ensure and guarantee respect for human dignity and the other rights stipulated in the constitution, by trying to create or institute an environment in which the aforementioned rights can be enjoyed, and by taking mandatory action in the face of any threat to these rights. / Trabajo académico