Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar exhaustivamente la institución de la separación a la luz de la nueva Ley de Matrimonio Civil, para posteriormente compararla con las figuras del divorcio temporal y perpetuo reguladas en la Ley de Matrimonio Civil de 1884. Con ese propósito, dividiremos nuestra exposición en cuatro capítulos. En el primero de ellos, abordaremos el nuevo concepto de familia surgido en virtud de las innovaciones establecidas por la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil. Asimismo, nos referiremos al tratamiento de ella dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, a su consagración a nivel constitucional. En el segundo capítulo, efectuaremos un estudio exhaustivo del estatuto jurídico aplicable a la separación en la nueva Ley de Matrimonio Civil, para lo cual nos referimos e detalle a los principios que la informan. En el tercer capítulo, trataremos el procedimiento aplicable a los juicios de separación judicial, y nos referiremos a las instituciones de la conciliación y mediación, introducidas por la Ley Nº 19.947. Finalmente, en el capítulo IV realizaremos una comparación detallada entre el antiguo divorcio no vincular de la Ley de Matrimonio Civil de 1884 y la figura de la separación regulada por la Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947.

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En la actualidad nuestro sistema registral cuenta con un déficit importante, a saber, no es posible la inscripción de un niño o niña con dos madres, es decir con dos vínculos filiativos maternos, esto a pesar de que, en nuestro país, es una realidad la configuración de este tipo de familias, ya sea por vía de técnicas de reproducción humana asistida, o por la conformación de familias reconstituidas Lo anterior es dramático si comprendemos que dichos niños, niñas y adolescentes, carecerán de los importantísimos derechos que les otorga mantener una filiación determinada, respecto de sus madres. Es por lo anterior que este trabajo se propone analizar la situación jurídica actual de la doble maternidad en nuestro país, teniendo en cuenta como consideración principal, al niño o niña que se encuentra en esta situación. Para efectos de lo anterior, se analizará la normativa referente a la doble maternidad, los principios relevantes, las experiencias comparadas, los pronunciamientos de nuestros tribunales, y las posibles soluciones y proyectos de ley que atienden a enmendar la situación actual, a la cual se ven enfrentadas dichas familias

Del estudio de la figura se puede inferir que el principio de tutela jurisdiccional efectiva garantiza que el Estado a través de sus órganos de justicia apliquen de manera adecuada las técnicas y herramientas necesarias para asegurar que toda persona que desea entablar una demanda, se encuentre segura de que se va a realizar todo como es debido, ajustándose al debido proceso y al libre derecho de acceder a los tribunales de justicia. Pero sucede que, dicha libertad debe estar acompañada del cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos sin los cuales las demandas están sujetas a la inadmisibilidad. Esto sucede con los casos de las demandas de régimen de visitas, en las cuales, existe una disposición legal que obliga a el demandante a cumplir con acreditar de manera fehaciente que éste se encuentra al día en el pago de sus obligaciones como padre, caso contrario, como ya se mencionó anteriormente, la inobservancia de dicha obligación terminaría con la inadmisibilidad de su demanda. Pero no solamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva en el caso del demandante se ve afectado, sino también el de interés superior del niño en cuanto que el más interesado en poder entablar una relación de comunicación y de afectividad es el menor, al cual es obligación del Estado brindarle todas las garantías necesarias para su desarrollo óptimo.

La omisión impropia es aquella en la que mediante un no hacer se contribuye a la afectación de un bien jurídico, es decir, en virtud de una fuente surge la posición de garante, por la que, un sujeto se encuentre con el deber de salvaguardar, proteger y cuidar los bienes jurídico de otro, entonces los delitos por omisión impropia son aquellos en los cuales frente a una posible vulneración o puesta en peligro de un determinado bien jurídico el garante no evito la realización de ello, por lo tanto, con su comportamiento omisivo, quebranta su rol y contribuye a la vulneración de dicho bien jurídico. Es así que los comportamientos omisivos del garante generan responsabilidad penal la cual debe asumir, sin embargo, en nuestro ordenamiento penal no es posible calificar como omisión impropia a los actos de un padre o madre negligente que con su comportamiento omisivo contribuye a la realización de la violación sexual de su menor hijo, ello en razón a los criterios desarrollados por los entes jurisdiccionales, pues, tanto el Ministerio Público como el juez, no admiten la posibilidad de considerar el comportamiento omisivo como un ilícito penal sino más bien como un comportamiento social y moralmente reprochable. Por ello, al establecer el fundamento que hará posible la atribución de responsabilidad penal al garante se logrará evitar la impunidad que se ha venido suscitando, ya que por la manera en que han analizado y desarrollado los supuestos de la presente investigación se consideraba solo comportamientos atípicos mas no ilícitos, por ello, la presente tesis busca argumentar los fundamentos para atribuir responsabilidad penal al garante.

Actualmente, el incumplimiento de una prestación alimentaria señalada mediante resolución judicial atribuye la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sin embargo, la persecución penal de la mencionada conducta ha resultado ser ineficaz, pues la excesiva carga procesal y fiscal, la demora del proceso y el incumplimiento de la pensión alimenticia en la vía penal ha generado la desprotección del bien jurídico del alimentista, por ello, la necesidad de optar por la implementación del apremio corporal, una medida de solución donde se retiene a la persona deudora alimentaria por un período de tiempo hasta el cumplimiento de la pensión de alimentos sin tener que recurrir a la vía penal, pues el Juez de Familia o de Paz Letrado, se encargará de emitir la orden de apremio.

El presente Trabajo Académico analiza a la Unión de Hecho y los problemas que conlleva su inscripción declarativa en el Registro Personal, pues muchas veces lo que sucede en la realidad fáctica no se refleja en la realidad registral. Por todo ello y en busca de proteger tanto los derechos de los concubinos como los de los terceros contratantes desarrollo mi propuesta legislativa que considero otorgará coherencia a nuestro ordenamiento jurídico: la inscripción constitutiva de la Unión de Hecho en el Registro Personal. La regulación de la Unión de Hecho ha ido complementándose progresivamente, por lo que considero que el legislador debe prestar atención a esta situación ya que una finalidad del Estado es otorgar seguridad al tráfico jurídico

The purpose of this legal article is to demonstrate how to be required in an absolute manner and without establishing parameters, or exceptions to compliance with the special requirement contained in article 565-A of the TUO of the Civil Procedure Code, that is, "to demonstrate to be up to date in the payment of alimony ”, whoever wants the court to extinguish a maintenance obligation to which they are obliged, violates their right to effective judicial protection, for the purposes of developing the issue it will be established that they are understood as a right to judicial protection effective and the regulatory framework in which it is developed, it will also be taken into account that it is understood by the right to food and who is obliged to grant it, and then carry out a specific analysis of the specific causes on which the claim can be sustained. of exemption of alimony, which are established in article 483 of the Civil Code, as are the s following; due to the material inability to continue fulfilling said obligation on the part of the obligor, in such a way that demanding such fulfillment puts his own subsistence at risk; for having disappeared the state of need of the obligee and finally when the obligee reaches the age of majority. Once each specific cause has been established, the parameters or exceptions for the application of said special requirement will be established at the time of qualifying the claim, and the judge must in any case via diffuse control, make the right to effective judicial protection prevail against a formal requirement that limits access to the defendants even a statement on the merits after carrying out a judicial process where the minimum guarantees are met to verify and establish on the foundations of the claim. / El presente artículo jurídico tiene por finalidad demostrar como el exigir de manera absoluta y sin establecerse parámetros, ni excepciones, al cumplimiento del requisito especial contenido en el artículo 565-A del T.U.O del Código Procesal Civil, esto es “demostrar estar al día en el pago de la pensión de alimentos”, de quien pretenda que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, vulnera su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para efectos del desarrollo del presente trabajo, se busca establecer, que se entienden por derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco normativo en el cual este se desarrolla. Asimismo se analiza que debemos de entender por derecho a alimentos y quienes están obligados a otorgarlos, realizando un análisis en concreto de las causales especificas en las cuales se sustentan la pretensión de exoneración de alimentos, establecidas en el artículo 483° del Código Civil, como lo son las siguientes; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Siendo que una vez fijadas cada causal se establecerá cuáles son los parámetros o excepciones para la aplicación de dicho requisito especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, deberá hacer prevalecer el derecho de carácter constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, frente a un requisito formal que limita el acceso a los justiciables aun pronunciamiento de fondo llevado a cabo en un proceso judicial donde se cumplan las garantías mínimas para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la demanda interpuesta por Specchi S.A.C., una compañía cuyo objeto social es dedicarse a la prestación de servicios de belleza y cuidado personal, contra los accionistas Ana Ricci y Óscar Sampietro, a fin que el Juzgado Comercial declare la disolución de pleno derecho de la sociedad por la falta de pluralidad de accionistas por un plazo mayor al establecido en la Ley General de Sociedades (6 meses). Lo interesante del caso es que la pérdida de la pluralidad de accionistas es la consecuencia de una sentencia del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual declaró la existencia de la unión de hecho voluntariamente realizada entre Oscar Sampietro y Ana Ricci, así como la finalización de la misma y la liquidación de todos los bienes sociales que formaban parte de la sociedad de gananciales. La consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales es el punto controvertido principal: si las acciones forman parte de los bienes sociales de la unión de hecho; y, entendiendo que Specchi S.A.C. solo tenía dos accionistas, ¿la declaración de la unión de hecho retrotrae sus efectos hasta el momento de la constitución de la compañía, formándose con un solo accionistas? ¿es Specchi S.A.C. una sociedad irregular? ¿La sentencia de Cuarto Juzgado de Familia liquidó las acciones de Specchi S.A.C. y restauró la pluralidad dentro del tiempo que lo establece la ley? Este caso invita a explorar los puntos de conexión entre el derecho societario y el derecho de familia, así como a repensar las normas societarias que tienen más de dos décadas de vigencia. En ese sentido, la hipótesis del presente informe es que la falta de dinamismo de las normas societarias peruanas crea problemas jurídicos que no deberían existir, pues de no ser por la consecuencia jurídica “disolución de pleno derecho”, cuya lógica jurídica está orientada a la no reversión y que sociedad tenga que disolverse y salir del mercado, la presente controversia no existiría. Es imperativo que el tratamiento de la pluralidad de accionistas en la normativa nacional sea actualizado para procurar la preservación de la propia persona jurídica. Un primer paso para lograr dicho objetivo es la aprobación de la propuesta del Anteproyecto de la Ley General de Sociedades, elaborada en el 2018, la cual no exige la pluralidad de accionistas para las sociedades anónimas.

En el Perú, la anticipación de tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, sobre todo en los de alimentos por constituir uno de los elementos básicos de subsistencia de la persona humana, la legislación nacional siempre ha visto la importancia de acudir a los menores de edad con una asignación anticipada de oficio, pero sin embargo también nos olvidamos de las personas mayores de edad sin recursos económicos, así como de las otras instituciones familiares que bien también se deben otorgar de oficio. En el presente artículo se va analizar la problemática actual de la anticipación de la tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, teniendo en cuenta que no solo puede otorgarse de oficio la asignación anticipada de alimentos únicamente a los menores, sino que también a las personas mayores de edad en estado de vulneración, así como en las otras instituciones jurídicas como, la patria potestad y tutela. Teniendo en consideración los puntos precedente, el objetivo del presente artículo es demostrar que la anticipación de tutela cautelar efectiva, no solo debe otorgarse de oficio para este único sector que son los niños, sino que también debe de abarcar para los padres, cónyuges incluso para los hermanos, puesto que quien lo pretende dicho otorgamiento es por la necesidad en que se encuentra en ese momento; asimismo, los órganos jurisdiccionales deben actuar de oficio otorgando la tutela cautelar, como en el caso de la tenencia pese a que la norma lo prohíbe porque tiene que cumplir con una serie de diligencias, sin embargo son dilatorias que muy bien podrían efectuarse posterior a la medida cautelar otorgada de oficio, por cuanto urge esa necesidad del hijo o hija de estar con el padre o la madre a quien más confianza, cariño y amor le tiene, y no frustrar el desarrollo del menor, ante procesos latos.

En el presente informe jurídico analizaremos la Casación N°2976-2016 Arequipa, que versa sobre un proceso de desalojo por ocupación precaria de suegra a nuera con hijos menores de edad. En primera instancia, se resolvió como un simple caso de desalojo sin tomar en cuenta los derechos de los menores y su protección constitucional especial. En segunda instancia, se resolvió no desalojar a la demandada por la protección de sus hijos menores y de la familia. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que solo debía discutirse el derecho de posesión de las partes, por lo cual casó la apelada. En este sentido, el problema principal a resolver será si era correcta la casación dada por la Corte Suprema. Para ello, identificaremos problemas de infracción procesal y material en la sentencia de vista. Y a partir de una interpretación sistemática, extensiva y analógica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina pertinente demostraremos que sí es posible la discusión de temas de derecho de familia y, por consiguiente, el de vivienda en la parte considerativa. Así, consideramos que se podrá emitir una sentencia conforme a un Estado constitucional de derecho donde se garantice el Interés Superior del Niño a partir del análisis de la situación de necesidad de los menores en el caso por caso. Finalmente, el análisis realizado en el presente informe podrá servir de reflexión para los vocales y que la Corte Suprema considere dejar establecida doctrina jurisprudencial y se evite la vulneración de derechos de los menores en futuros casos similares. / In the present legal report, we will analyze the Civil Cassation N°2976-2016 Arequipa, which concerns an eviction process due to precarious occupation by a mother-in-law against her daughter-in-law with minor children involved in this case. In the first instance, this case was evaluated as a simple eviction case without considering the rights of the minors and their special constitutional protection. In the second instance, this case was resolved not to evict the defendant for the protection of the minor children and her family. However, the Supreme Court indicated that only the right to possession of the parties should be discussed, for which reason the appellee was dismissed. In this regard, the main problem to be resolved is whether the appeal given by the Supreme Court was correct. To do this, we will identify problems of procedural and substantive infringement in the hearing sentence. Through a systematic, extensive, and analogical interpretation of our legislation, jurisprudence and relevant doctrine, we will demonstrate that it is possible to discuss family law issues and, consequently, housing in the ratio decidendi of a judgment. As a result, we consider that a sentence can be issued in accordance with a constitutional state of law, where the best interest of the child is guaranteed based on the analysis of the situation of necessity of the minors on a case-by-case basis. Finally, the analysis conducted in this legal report can serve as a reflection for the vocals and that the Supreme Court consider establishing jurisprudential doctrine and prevent the violation of the minors’ rights in future similar cases.