En nuestro país, numerosas personas fueron despojadas de su derecho de propiedad a causa de redes criminales que utilizaron vacíos legales para perpetrar sus actos. Por ello, en el año 2015 se promulgó la Ley N° 30313, la cual buscó combatir el fraude inmobiliario en el Perú al crear la oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite y la cancelación de asientos registrales, ambos casos por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Para tales efectos, entre otras disposiciones, se modificaron diversos artículos del Código Civil y del Decreto Legislativo Nº 1049. La finalidad del presente artículo es demostrar que tales modificaciones al Código Civil afectaron nuestro sistema registral, la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y; también se afectaron diversos principios registrales, como lo son el principio de legitimación, el principio de calificación y el principio de Fe pública Registral. Asimismo, determinar cómo estás modificaciones generaron que exista una contradicción entre los artículos 2013° y 2014° del Código Civil. La investigación está fundamentada con resoluciones del Tribunal Registral, Sentencias del Tribunal Constitucional, Jurisprudencia, así como con Doctrina nacional e internacional. Asimismo, se procedió a analizar la regulación que tiene nuestro ordenamiento en el Código Civil y Reglamento General de los Registros Públicos. / In our country, many people were deprived of their property rights due to criminal networks that used legal loopholes to perpetrate their acts. Therefore, in 2015, Law No. 30313 was enacted, which sought to combat real estate fraud in Peru by creating the opposition in the procedure of registration in process and the cancellation of registration entries, both cases for identity fraud and falsification of documents. For such purposes, among other provisions, several articles of the Civil Code and Legislative Decree No. 1049 were modified. The purpose of this article is to demonstrate that such modifications to the Civil Code affected our registry system, the legal security of our legal system and also affected several registry principles, such as the principle of legitimacy, the principle of qualification and the principle of public faith in the registry. Likewise, to determine how these modifications generated a contradiction between articles 2013° and 2014° of the Civil Code. The research is based on resolutions of the Registry Court, Judgments of the Constitutional Court, Jurisprudence, as well as national and international doctrine. Likewise, we proceeded to analyze the regulation of our system in the Civil Code and the General Regulations of the Public Registries. / Trabajo académico

En las últimas décadas Lima Metropolitana se ha desarrollado a nivel urbano de manera desordenada y desigual. Debido a la poca oferta de viviendas de bajo costo, un alto porcentaje personas han optado por autoconstruir sus propias casas de forma precaria y en ocupaciones ilegales del suelo. Hasta el año 2020 no existía una política de vivienda ni una ley de suelos que permita definir prioridades y estrategias destinadas a la implementación de viviendas sociales para reducir la brecha habitacional existente. En ese contexto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que la concesión onerosa de derechos de edificabilidad, como instrumento de gestión del suelo, resulta una alternativa viable para el financiamiento de viviendas sociales en el marco del cumplimiento progresivo del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos. Para ello se utilizó el método de investigación del tipo dogmático-empírico interdisciplinario, centrándose en el derecho civil y derecho administrativo (en la especialidad del derecho urbanístico) y tomando aspectos vinculados a la Arquitectura y el Urbanismo. Teóricamente se desarrolló dos variables principales: i) derecho a la vivienda con la intensión de corroborar su reconocimiento por la Constitución Política vigente y el ii) derecho de propiedad y su vinculación con el derecho a edificar. La investigación concluye determinando la obligación del Estado en la promoción del derecho a la vivienda dentro del territorio peruano, y que el derecho a edificar es una facultad perteneciente al Estado (y no al propietario) quien es el encargado de generarlo, regularlo y limitarlo mediante la normativa urbanística. Por ende, la venta de mayores derechos edificables (superiores a los coeficientes básicos) resulta viable y con los recursos obtenidos financiar viviendas sociales para la población de menos recursos económicos.

La expropiación forzosa o directa es una figura jurídica, en la que se restringe el derecho de propiedad; transfiriendo forzosamente la propiedad privada al Estado. No obstante, esta figura no alcanza a numerosas situaciones en las que también se afecta el derecho de propiedad y que tienen un efecto análogo privativo al de la expropiación forzosa. De ahí que, coge eminencia desde el Derecho Internacional de las Inversiones, la expropiación indirecta, la misma que alude a lesiones graves materializadas a través de actos emitidos por el Estado que inciden sustancialmente sobre la propiedad del inversionista. Estas situaciones análogas a la expropiación forzosa someten a un estado de desprotección a los inversionistas que no cuentan con los estándares de protección incluidos en Tratados Internacionales u otros mecanismos de protección como los Contratos Ley o Convenios de Inversión, respecto de aquellas situaciones de expropiación indirecta, provocando que no obtengan resarcimiento alguno por dichas intervenciones nacidas del Estado y materializadas en normas o actos desproporcionados. Así, partiendo de que la expropiación indirecta es una realidad irrefutable, consideramos que no debe optarse por regular expresamente la expropiación indirecta en el Perú, sino que se debe de profundizarse en la importancia de la revocación como figura jurídica de protección a los inversionistas, independientemente si estos son inversionistas extranjeros o nacionales y promover que su regulación sea especifica respecto a la indemnización por revocación. En ese sentido, el presente artículo académico da a conocer al lector un panorama acerca de en qué consiste la revocación como figura institución de derecho administrativo, bajo qué supuestos esta cubre la regulación de expropiación indirecta y ahonda en su relevancia como figura de protección para los inversionistas privados.

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar la expropiación del predio “Pampa Libre” o “Puente Piedra”, realizada durante la Reforma Agraria. Este tendrá por finalidad principal determinar si dicho procedimiento se dio de conformidad con la normativa entonces vigente, así como en concordancia con las garantías previstas durante dicho periodo. Para ello, recurriremos a base normativa entonces vigente, revisión de diversos pronunciamientos judiciales de realizados durante dicha época, así como la revisión de bibliografía de la época y actual. Posteriormente, sobre la base de las conclusiones alcanzadas y algunos elementos adicionales, propondremos algunas posibles alternativas que consideramos coadyuvarían a tutelar los intereses de los titulares de los entonces titulares del predio, ya sea en el marco del proceso de mejor derecho de propiedad, planteado en contra de la empresa Los Portales S.A. o a través de un nuevo proceso / The main purpose of this paper is to analyze the expropriation of the "Pampa Libre" or "Puente Piedra" property, carried out during the Agrarian Reform. Its main purpose is to determine whether this procedure was carried out in accordance with the regulations in force at the time, as well as in accordance with the guarantees provided during that period. For this purpose, we will resort to the normative basis then in force, review of several judicial pronouncements made during that period, as well as the review of the bibliography of that time and the current one. Subsequently, on the basis of the conclusions reached and some additional elements, we will propose some possible alternatives that we consider would help to protect the interests of the then owners of the property (the Schneidewind family), either within the framework of the process of better property rights, filed against the company Los Portales S.A. or through a new process

Yo no llegué a la Historia del Derecho, ella llegó a mí. Apareció una mañana mientras llevaba un curso de latín en los Estudios Generales Letras de mi casa de estudios, la PUCP, en el año 2008. El profesor Vélez, como colonialista que es, lanzó un comentario acerca de la falta de académicos que estudien el Derecho colonial con seriedad. En ese momento se abrió una puerta para conjugar mis diversas vocaciones con el Derecho. Al semestre siguiente, realicé mi primera investigación de Historia del Derecho, aún en los Estudios Generales. Gracias a este trabajo, que trató sobre el Código Civil de 1852, pude conocer algunos clásicos de la Historia del Derecho de nuestro país, como: La idea de Derecho en el Perú republicano del siglo XIX de Fernando de Trazegnies, Historia del derecho civil peruano de Carlos Ramos y la Historia del derecho peruano de Jorge Basadre. Asimismo, conocí fuentes legales históricas como la “Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias” o las “Partidas del rey Alfonso el Sabio”. La lectura de cada uno de estos textos ampliaba mi visión –aún intuitiva– del Derecho. Antes de llegar a la facultad de Derecho, ya lo había empezado a conocer desde una perspectiva interdisciplinaria que marcó el resto de mi carrera. Los diversos cuestionamientos que se plantearon a lo largo de mi estancia en la facultad, siempre estuvieron marcados por la perspectiva histórica, inclusive aquellos que se mantienen actualmente en la discusión jurídica, como los referentes a las comunidades y pueblos indígenas.

El fideicomiso es una antigua institución jurídica cuyo nacimiento se atribuye al derecho romano, con una gran influencia del trust anglosajón. Para el Perú resulta ser una institución con poco más de 23 años de aplicación desde su incorporación a nuestra legislación, allá por el año 1993. Actualmente contamos con los “fideicomisos bancarios”, denominados así por encontrarse regulados en la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y los fideicomisos de titulización, regulados en la Ley del Mercado de Valores. La presente tesis centra su análisis sobre los “fideicomisos bancarios”. Es innegable la contribución del fideicomiso a brindar seguridad jurídica a las transacciones entre particulares e incluso en las relaciones y contratos en los que interviene el Estado, ya que a través de él una persona denominada fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo bajo la administración de un tercero (el fiduciario) quien se encarga de cumplir con el encargo señalado por el fideicomitente, en su beneficio o de un tercero denominado fideicomisario. Distintos autores han resaltado su versatilidad y adaptabilidad a distintos negocios y diversas finalidades queridas por los intervinientes.

Una de las peores formas de exclusión social y económica existentes en las ciudades de nuestro país es aquella que padecen los habitantes de predios urbanos tugurizados. Éstos viven literalmente en la miseria más profunda, hacinados en espacios reducidos, construidos con material endeble y deteriorado por el paso de los años, espacios que no cuentan con ventilación ni con servicios públicos mínimos que les procuren una vivencia adecuada a su dignidad de seres humanos. Producto de este proceso acelerado de degradación urbana, que se expresa en las áreas tugurizadas de las ciudades, día a día se viene luchando, sin mucho éxito, contra la promiscuidad, la delincuencia, la criminalidad, la prostitución, la contaminación ambiental, la creación de focos de enfermedades y el atraso de nuestras ciudades en todo sentido. Encontrar una solución a la problemática de la tugurización y de la decadencia física y social de numerosas ciudades de nuestro país es una tarea de largo aliento. La Renovación Urbana supone, en este contexto, un esfuerzo deliberado por regenerar y poner en valor áreas deterioradas de las ciudades a través de procesos concertados y dinámicos de remodelación, rehabilitación o recuperación de las mismas, teniendo por objetivo tanto la sustitución de las “estructuras físicas” de las áreas problema como la recomposición de las “estructuras socio - económicas” de los grupos humanos afectados.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Demuestra la dificultad para acreditar el derecho de propiedad del terreno superficial de la comunidad nativa, afectando la libertad de empresa a la pequeña minería y minería artesanal en Madre de Dios. La metodología aplicada para el estudio es de carácter socio-jurídica, de tipo descriptiva que utiliza el análisis documental proveniente de la doctrina, normativa, jurisprudencia e informe, vinculado a derechos de los pueblos indígenas. La propuesta para solucionar el problema, es que el Estado otorgue a la comunidad nativa título de propiedad a su terreno superficial, cuyo impacto producirá inclusión social, con beneficios sociales, civiles, económicos y laborales. / Tesis

En el presente informe jurídico se realiza un análisis crítico de los argumentos y la decisión adoptada por la Primera Sala del Tribunal Registral de Lima en la Resolución N° 235-2021- SUNARP-TR, de fecha 13 de mayo de 2021. En esta resolución, el Tribunal Registral resolvió el caso en concreto, realizando una interpretación extensiva del primer precedente de observancia obligatoria, aprobado en el Centésimo Noveno Pleno del Tribunal Registral, que se refiere a la cancelación del asiento registral donde consta inscrita el derecho de propiedad de un predio, y su posterior desinscripción, por renuncia al derecho de propiedad. Mediante el presente informe jurídico, el autor pretende cuestionar el criterio del Tribunal Registral en la mencionada resolución, en la medida que ratifica lo dispuesto en el precedente de observancia obligatorio antes referido, obviando considerar que dicho precedente resulta inexacto en su contenido. No solo ello, sino también, aplica erróneamente dicho precedente, generando incertidumbre e impredecibilidad en el sistema registral. En ese sentido, el autor analizará tres problemas jurídicos relevantes que se identificaron en dicha resolución, los cuales serán abordados en el presente informe desde una perspectiva crítica. El autor resalta la importancia de que el Tribunal Registral revise nuevamente el criterio admitido en el precedente de observancia obligatorio antes mencionado, limitándose a realizar una interpretación restringida de la renuncia al derecho de propiedad predial, en la medida de que no existe un marco normativo vigente en nuestro ordenamiento jurídico nacional que permita su desarrollo y viabilice su adecuado desenvolvimiento en el ámbito del derecho civil. Además, considera que el hecho de permitir la desinmatriculación de un predio en nuestro sistema contraviene nuestra normativa nacional vigente. / In this legal report, a critical analysis is made of the arguments and the decision adopted by the First Chamber of the Registry Court of Lima in Resolution No. 235-2021-SUNARP-TR, dated May 13, 2021. In this resolution, the Registry Court resolved the specific case, making an extensive interpretation of the first precedent of mandatory observance, approved in the One Hundred and Ninth Plenary Session of the Registry Court, which refers to the cancellation of the registry entry where the property right of a property is registered, and its consequent de-registration, due to waiver of the property right. Through this legal report, the author intends to question the analysis adopted by the Registry Court in the mentioned resolution, to the extent that it ratifies the provisions of the mandatory compliance precedent, ignoring to consider that said precedent is not clear in its content. Not only this, but also, it erroneously applies said precedent, generating uncertainty and unpredictability in the registration system. In this sense, the author will analyze four relevant legal problems that were identified in said resolution, which will be analyzed in this report from a critical perspective. The author highlights the importance that the Registry Court review again the criterion adopted in the mandatory compliance precedent, limiting itself to making a restricted interpretation of the waiver of the property right, to the extent that there is no current regulatory framework in our national legal system that allows and enables its development in the area of civil law. In addition, the author considers that the fact of allowing the deregistration of a property in our system contravenes our current national regulations.

La sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos se materializa con la participación en el procedimiento administrativo del titular del predio donde yace el recurso hídrico. El objetivo general del trabajo es determinar la necesaria participación del titular del predio en el procedimiento administrativo de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, de lo cual hemos concluido que es determinante para la eficiencia de la normatividad relaciona al aprovechamiento del recurso hídrico, y así evitar conflictos sociales y judiciales que suspendan paralicen o hagan inviable los proyectos, ello desde la metodología cualitativa, donde hemos analizado la normatividad especial y general, esto es la Ley de recursos hídricos y la ley general de procedimiento administrativo, así como la doctrina nacional y extranjera. La normatividad ambiental en el aprovechamiento de los recursos hídricos debe ser medido como instrumento de resolución de problemas y no desde una medición de cumplimiento como hoy en día se mide la participación del titular del predio en el procedimiento (la no participación) que a nuestro criterio representa una pieza principal, antes durante y después en el desarrollo del proyecto, conjuntamente con las comunidades, esto último reflejado en la participación ciudadana o consulta previa según corresponda. / Sustainability in the use of water resources is materialized with the participation in the administrative procedure of the owner of the property where the water resource lies. The general objective of the work is to determine the necessary participation of the owner of the property in the administrative procedure for the execution of water availability studies, from which we have concluded that it is decisive for the efficiency of the regulations related to the use of water resources, and thus avoid social and judicial conflicts that suspend or make the projects unviable, this from the qualitative methodology, where we have analyzed the special and general regulations, this is the Law of water resources and the general law of administrative procedure, as well as the national and foreign doctrine. Environmental regulations in the use of water resources must be measured as a problemsolving instrument and not from a measurement of compliance as today the participation of the property owner in the procedure (non-participation) is measured, which in our opinion It represents a main piece, before, during and after, in the development of the project, together with the communities, the latter reflected in citizen participation or prior consultation as appropriate.