El objeto principal del presente informe jurídico es analizar los argumentos emitidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N°169-2021-SUNAFIL con respecto a la naturaleza de la infracción en materia de trabajo infantil contenida en el artículo 25.7 del Reglamento de la Ley General de Inspección del trabajo, calificada como “muy grave”. En base a ello, determinar cuál es el bien jurídico tutelado en dicho artículo, pues presenta un problema de tipicidad y razonabilidad al atribuirle la misma consecuencia jurídica tanto a los incumplimientos administrativos como a las peores formas de trabajo infantil. Para resolver si correspondía -o no- sancionar a la empresa por no contar con la autorización que emite la Autoridad Administrativa de Trabajo para que los adolescentes laboren, se realizará un análisis a la luz de la normativa nacional e internacional en materia de trabajo infantil, la inspección laboral, la seguridad y salud en el trabajo, y los principios del procedimiento sancionador aplicables. Finalmente, se determinará cuál es la naturaleza de la sanción en materia de trabajo infantil, al amparo de una correcta graduación de la sanción, del test de proporcionalidad, y aplicando los principios de razonabilidad y tipicidad para resolver el caso, a efectos de resguardar la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, y garantizar sus derechos como trabajadores, de la mano con la finalidad de la inspección laboral. / The main purpose of this legal report is to analyze the arguments issued by the Labor Inspection Court in Resolution N°169-2021-SUNAFIL about the nature of the child labor infraction contained in Article 25.7 of the Regulation of the General Labor Inspection Law, classified as “very serious”. On this basis, it’s necessary to determine which is the legal right protected in this article, due to the fact that it presents a problem of typicity and reasonableness when attributing the same legal consequence to administrative violations with the worst forms of child labor. In order to resolve whether the company should -or should not- be sanctioned for not having the authorization issued by the Administrative Labor Authority for adolescents to work, an analysis will be made of national and international regulations on child labor, labor inspection, occupational safety and health, and the applicable principles of sanctioning procedure. Finally, the nature of the sanction in the matter of child labor will be determined, under the protection of a correct graduation of the sanction, the proportionality test, and applying the principles of reasonableness and typicality to resolve the case, in order to safeguard the integral children and adolescents’ health and guarantee their rights as workers, with the main purpose of the labor inspection.

La pandemia producida por el COVID-19 ha provocado que las empresas busquen nuevas formas de mantener su liquidez. En el ámbito de los recursos humanos, una modalidad a ser empleada en este nuevo escenario para el incentivo o retribución de los trabajadores puede ser la entrega de acciones. Sin embargo, la ausencia de regulación de esta materia dificulta su aplicación al no existir certeza respecto de las implicancias que estas conllevan, tanto en el ámbito tributario como en el laboral. Sin perjuicio de ello, ya desde hace algún tiempo estas modalidades se han ido abriendo camino en el Perú. En la Resolución N°08143-4-2019, el Tribunal Fiscal se pronuncia sobre una serie de conceptos pagados por el empleador para efectos de determinar si cuentan con naturaleza remunerativa y, por tanto, si deben ser incluidos dentro de la base imponible de las aportaciones al régimen contributivo de la seguridad social en salud, dentro de los cuales se incluye la PAU 2 – que califica como un stock appreciation right – y la PAU 3 – que es la entrega de acciones de la empresa matriz a favor del trabajador. En este sentido, el presente informe jurídico busca determinar, mediante el análisis de la legislación laboral y tributaria vigente, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal y la doctrina especializada en la materia, si estos conceptos pueden ser considerados como remuneración a fin de determinar las implicancias tributarias que esto conlleva.

Actualmente y en nuestro país, existen dudas y desconocimiento respecto a la regulación del esquirolaje interno como una infracción administrativa dada la ausencia de esta práctica en la regulación de la Ley de Inspección del Trabajo. Esta falta de regulación coadyuva al incremento de la informalidad en nuestro país y en su aplicación, dado el desconocimiento en la comisión de dicho acto y por ende, la lesión al derecho a la huelga. Vulneración que tiene lugar dado que es el empresario quien usa determinados mecanismos, a fin de reemplazar a los huelguistas por otros trabajadores o por los que prestan servicios dentro la empresa. Cabe indicar que si no efectúa dicha práctica, existiría una baja en la producción, situación que corresponde al fin licito del ejercicio de toda huelga. Sin embargo, los pronunciamientos administrativos en materia de sustitución de trabajadores, emitidos hasta la fecha, difieren en demasía. Algunas resoluciones administrativas sancionan esta práctica como una infracción muy grave, en virtud a que consideran que el articulo 25.9 es una cláusula de interpretación analógica. No obstante, otros consideran la ausencia de su regulación, dado que si se determina que es una infracción se estaría permitiendo la vulneración de los principios contenidos en el procedimiento administrativo; es decir, el principio de tipicidad y legalidad. Además, el problema no solo abarca estos puntos, también perjudica la labor preventiva de los inspectores del trabajo dado que al no tener una posición univoca en la aplicación de sanciones en esquirolaje interno, estarían desinformando a las empresas en virtud a la no sanción dada la ausencia de regulación. Por lo que, a través del presente trabajo, se pretende demostrar que el esquirolaje interno no se encuentra regulado en ley de inspección del trabajo y que es necesario su regulación dado que afecta el derecho a la huelga, libertad sindical y negociación colectiva. El método que se utilizará en el presente trabajo será el teórico-dogmático. Para ello se utilizará, principalmente, el análisis crítico de la legislación, jurisprudencia y doctrina, nacional y extranjera. Tal análisis será de forma deductivo e inductivo. 1 Finalmente, al concluir la presente investigación, el lector podrá advertir que el esquirolaje interno y su ausencia de regulación, constituye un pilar fundamental en nuestro ordenamiento jurídico laboral dado que permitirá analizar dicho concepto y así, constatar la necesidad de su regulación en la ley de inspecciones dado que esta la entidad que vela por los derechos laborales. Asimismo, si existen otros mecanismos que puedan tutelar debidamente el derecho a la huelga ante la práctica del esquirolaje interno.

La presente investigación describe el fenómeno de la transición de la gestión portuaria. Asimismo, analiza el régimen laboral de los trabajadores portuarios las circunstancias que motivaron el desfase de la regulación laboral en dicho sector. La realidad portuaria es, sin duda, un aspecto de vital preocupación para en nuestro país dado que son los puertos los principales canales de conexión para las importaciones e importaciones en el mundo. En tal sentido, resulta importante para el desarrollo económico del país que las exportaciones sean competitivas en el contexto internacional, lo que, sin duda alguna, requiere de un modelo de gestión de puertos eficiente y con respeto de los derechos laborales de los trabajadores involucrados en tal actividad. Por otro lado, tras el análisis del nuevo modelo de gestión portuaria, el argumento inicial de este trabajo es que la Ley de Trabajo Portuario ha sido superada por este nuevo contexto y que requiere precisiones en cuanto a los aspectos de contratación, el pago de beneficios sociales, el ius variandi, entre otros aspectos importantes. En tal sentido, se propone una nueva legislación que resuelva los aspectos problemáticos identificados en el mismo. En el aspecto personal, la experiencia profesional me permitió profundizar el estudio de las características de este régimen laboral y las posibilidades de mejora del mismo. Adicionalmente, el tener contacto con especialistas con la materia y actores sociales involucrados en el sector portuario me permite no sólo tener una óptica académica sino social de esta problemática. Dentro de la presente investigación se presentarán, en el primer capítulo, las principales particularidades del nuevo modelo de gestión portuario, así como la importancia de las transformaciones en la administración de los terminales portuarios, siendo el principal rasgo de este modelo la tecnología, la modernidad y competitividad de los puertos a nivel nacional e internacional. En el segundo capítulo de la tesis, se analizará la regulación legal del trabajo portuario. Este análisis involucra, no sólo la Ley de Trabajo Portuario y su reglamento sino también otros instrumentos normativos que permiten entender de manera integral la situación actual de los trabajadores portuarios en el país. Por último, en el tercer capítulo se buscará identificar las principales características de los regímenes laborales especial y, en especial, se analizará el régimen laboral portuario a nivel nacional e internacional que tendrá como intención proponer las modificaciones normativas que permitan la adecuación de la Ley de Trabajo Portuario al nuevo modelo de gestión en nuestro país. JUSTIFICACIÓN La presente investigación parte de la descripción de un nuevo modelo de gestión portuaria en determinados terminales portuarios. Así pues, La industria portuaria ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas, dichos cambios son básicamente de tipo tecnológico y destacan dos de ellos: el proceso de contenedorización de la carga y el desarrollo de barcos altamente especializados. Estas transformaciones han obligado a los puertos a modernizar sus infraestructuras y a comprar nuevos equipos capaces de ofertar los nuevos servicios que demandan las compañías de transporte marítimo (Lourdes Trujillo y Gustavo Nombela, 1999, pág. 125) Este fenómeno merece especial atención, pues la modernización de los puertos tiene impacto directo en la economía de los países y en las relaciones laborales. Así pues, el Dr. Manayalle sostiene que: Los puertos juegan un papel especial en el desarrollo de un país. Además de ser instalaciones necesarias para promover el comercio exterior y las exportaciones, están ubicados en zonas estratégicas relacionadas con la seguridad nacional y, usualmente, los sindicatos de trabajadores portuarios representan, en todo el mundo, gremios políticamente muy fuertes y bien organizados. (Chirinos, 2006, pág. 256) En tal sentido, desde el punto de vista económico y social, la investigación resulta interesante dado que la concesión de la infraestructura portuaria tiene repercusiones en el ámbito social y económico que pareciesen encontrarse contrapuestas; por tanto, no resulta una decisión sencilla. Asimismo, la presente tesis analiza los instrumentos normativos que regulan el Sistema Portuario Nacional (SPN), ello debido a que estos, en comparación con la Ley de Trabajo Portuario, parecen pensar en un modelo de gestión portuaria moderno y competitivo a nivel internacional. Evidenciado el desfase antes indicado, resulta necesario reestudiar el régimen laboral de los trabajadores portuarios y su justificación. Ello en atención al principio constitucional de igualdad y derecho a la no discriminación, pues uno de los aspectos que impone el mandato constitucional supone, en palabras del Dr. Mejía, ¿el sometimiento de los ciudadanos a un ordenamiento jurídico igual para todos¿ y el mandato al Estado a ¿dar un trato igual a todos los ciudadanos, salvo que se encuentren en una situación significativamente diferente¿ (Mejía Madrid, 2010, pág. 22). Por su parte, el Dr. Eguiguren afirma que en la práctica estas situaciones no son tan sencillas de identificar y que para ello es necesario realizar un análisis de cada situación particular (Eguiguren Praeli, 1997, pág. 63). Ello incluye, desde nuestro punto de vista, estudiar nuestra legislación laboral en el espacio y tiempo. Luego del estudio de la justificación de la regulación laboral portuaria, se podrá contrastar este nuevo modelo de gestión portuaria con aquel que justificó la creación del régimen laboral de los trabajadores portuarios. Ello, teniendo en consideración la aplicación o no de este nuevo modelo en cada terminal portuario del país. Por último, se plantean algunas recomendaciones atendiendo a este fenómeno principalmente en los aspectos relativos a la contratación y otorgamiento de derechos sociolaborales, las mismas que decantan en un proyecto normativo que modifica la actual Ley de Trabajo Portuario y normas reglamentarias. METODOLOGÍA La metodología de trabajo en la presente investigación es descriptiva en cuanto al estudio del fenómeno de modernización del sistema portuario nacional dado que refleja la evolución normativa y fáctica de la gestión de los terminales portuarios en el país. Por otro lado, la presente investigación plantea una metodología analítica en cuanto a la justificación y análisis de la regulación portuaria y su impacto en las relaciones laborales en dicho sector. Este análisis involucra la visita a terminales portuarios en el país y entrevistas a profesionales especializados en la materia. Por último, se plantean recomendaciones a la regulación portuaria actual frente a este modelo de gestión descrito y se plantea un proyecto normativo.

En el presente estudio nos aproximamos al Procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos a partir de una visión crítica de dicho procedimiento, el mismo que, a nuestro entender, adolece de garantías propias del derecho administrativo. Así, el estudio plantea como objetivo brindar alternativas de solución al curso del procedimiento antes señalado, a fin de brindar contenido y respeto a los derechos de los trabajadores que pudieran ser afectados al término del procedimiento, evitando así el tener que acudir a la judicatura para salvaguardar dichos derechos. En ese sentido, resulta vital que se desarrollen mecanismos jurídicos que permitan a los administrados (en este caso, a los empleadores), obtener un pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo que les genere la seguridad jurídica necesaria a partir de claridad en el mismo procedimiento. Por ello, resulta esencial recurrir a los principios del derecho administrativo a fin de que ilumine el procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos, pues el resultado de este va a repercutir no sólo en los empleadores sino, sobre todo, en los trabajadores. De esta manera, precisar plazos, otorgar contenido a lo requerido por la Autoridad Administrativa de Trabajo, y exigir un cabal cumplimiento de los pasos del procedimiento administrativo, nos permitirá tener las reglas claras en un escenario particularmente complejo como lo es la estabilidad laboral ante la inminente quiebra de una empresa.

El presente trabajo de investigación pretende analizar brevemente la configuración de la potestad de fiscalización del empleador dentro del régimen laboral del teletrabajo, el cual – como característica principal – es que la prestación de servicios a favor del empleador se realiza fuera del centro de trabajo. La primera parte aborda la configuración legal y doctrinaria de la facultad de fiscalización del empleador, así como el desarrollo del derecho a la intimidad, haciendo énfasis en su contenido esencial, con el objeto de poder establece las limitaciones que le genera el derecho a la intimidad a la potestad de fiscalización del empleador. La segunda desarrolla de forma general la configuración del teletrabajo en el marco normativo peruano, en la doctrina y; finalmente, la última parte aborda el análisis de los límites a la fiscalización del empleador dentro del marco del teletrabajo, analizando la normativa nacional, la doctrina y proponiendo casos en los cuales, basados en el test de proporcionalidad, podremos determinar que la limitación a la fiscalización de los teletrabajadores variará en relación a los casos en concreto, toda vez que tanto normativa como objetivamente, la justificación de la necesidad de fiscalización del empleador varía acorde a la actividad de desarrollar por el teletrabajador.

La concurrencia en estado de embriaguez al centro de trabajo es una conducta que a nivel normativo y jurisprudencial ha generado gran controversia, debido a la interpretación extensiva y permisiva de los operadores de justicia. Asimismo, existe una falta de rigurosidad para sancionar esta conducta, ya que nuestra norma solo ampara dos supuestos para la aplicación de la medida disciplinaria del despido, lo cual desvirtualiza la gravedad y el impacto que esta conducta produce por si sola en el ámbito laboral, como es la baja productividad en sus actividades, accidentes de trabajo, rendimiento deficiente, etc. Siendo así, nuestra legislación no valora la afectación al principio de la buena fe laboral que causa este comportamiento, así como a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, que velan por el bienestar físico y mental de todos los trabajadores y los cuales se deben respetar a lo largo de toda la relación laboral. En esa línea, el objetivo principal de este trabajo de investigación es proponer la modificación del inciso e) del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, con la finalidad de establecer parámetros pertinentes que sancionen al trabajador a través del análisis de diversos factores, ya que esta conducta no puede limitarse a ser sancionada legalmente por solo dos supuesto, pues el simple hecho de que el trabajador se encuentre bajo los efectos del alcohol implica, no solo una falta laboral, sino un incumplimiento a los deberes de buena conducta y de seguridad y salud en el trabajo. / Go to the workspace drunkenness is a behavior that has generated great controversy at the legislation and jurisprudential level, due to the extensive and permissive interpretation of judge. Likewise, there is a lack of rigor in punishing this conduct, since our labor law only covers two cases for the application of the disciplinary measure of dismissal, which distorts the seriousness and impact that this behavior cause by itself in the workplace, such as low productivity in their activities, work accidents, poor performance, etc. In fact, our legislation does not value the affectation of the principle of good labor faith caused by this behavior, as well as the safety and health laws at work, which safeguard the physical and mental well-being of all workers and which are must be respected throughout the employment relationship. In this line, the main objective of this research work is to propose the modification of subparagraph e) of article 25 of Ley de Productividad y Competitividad Laboral, with the purpose of establishing pertinent parameters that punish the worker through the analysis of various factors, because this conduct cannot be limited to being legally sanctioned for only two cases, cause the simple fact that the employee is under the influence of alcohol implies, not only a lack of work, but a breach of the duties of good conduct and safety and health at work. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis sobre la incidencia generada en el ámbito de la negociación colectiva, en particular, del arbitraje potestativo, a raíz de la publicación de la última modificación al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Decreto Supremo N° 009-2017-TR. Este tema resulta sumamente relevante, toda vez que, se comprende al arbitraje como un medio de solución pacífico de controversias, cuyo fin es impedir que el conflicto se mantenga abierto y que las partes lleguen a negociar. En virtud de lo señalado precedentemente, la modificación a las reglas previstas para el arbitraje potestativo, puede crear un escenario distinto que no necesariamente conlleve a las partes al resultado esperado.

El interés del Derecho del Trabajo por cautelar la salud de los trabajadores, se manifiesta desde su origen –véase el Preámbulo de la Declaración de Filadelfia- por lo que se generan principios y mandatos que dan sustento a normas de carácter internacional, exigibles y aplicables en las legislaciones nacionales, además de leyes y reglamentos dentro del ordenamiento jurídico de cada país. En este contexto, el presente trabajo de investigación, plantea el estudio de la configuración del Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir del análisis de sus elementos y los principios jurídicos que emanan de los mismos, encontrando sus antecedentes tanto en la doctrina española, como en la normativa emitida por la Organización Internacional de Trabajo, además de la regulación regional sancionada por la Comunidad Andina. Acto seguido y teniendo en cuenta los datos de este análisis, la presente investigación se abocará a estudiar la configuración normativa en sede nacional, del Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo que se procede a un análisis desde el nivel constitucional más básico; esto se refiere al estudio de los derechos fundamentales de la persona, hasta determinados artículos específicos sobre el Derecho al Trabajo, a la Salud y a la Libertad de Empresa, incluyendo un análisis del bloque de constitucionalidad que servirá también para dar sustento y contenido al Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se complementa este análisis con el estudio a nivel legal y reglamentario respectivo. Finalmente, se estudia la Ley N°29783 (y su modificatoria por Ley N°30222) a partir de los elementos que configuran el Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo además el estudio de los principios jurídicos presentados en el Título Preliminar, hasta los artículos más relevantes de dicha norma, con la intención de encontrar en cada una de estas regulaciones, el reflejo de los conceptos hallados en los capítulos primero y segundo que lo anteceden.

Es precisamente esa ausencia de sistematicidad de la parte general del procedimiento administrativo sancionador laboral, la que ocasiona que muchas veces la Autoridad Administrativa de Trabajo tenga que “hacer camino al andar” al momento de resolver los expedientes inspectivos. Ello se traduce en una cierta tendencia a someter los aspectos sustantivos y procesales de la inspección a los vaivenes de las políticas laborales o incluso de las ideologías pro-trabajador o pro-empleador imperantes en determinadas coyunturas (tal como se puede deducir de algunas directivas que han sido emitidas a lo largo de la existencia de la Dirección General de Inspección de Trabajo).