El presente trabajo intenta anotar las falencias y/o beneficios que puede tener el nuevo sistema de garantías mobiliarias que se expresa en su novedosa plataforma SIGM (Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias) que al parecer facilitará el proceso de inscripción de este tipo de garantias retirando la calificación registral y la participación del notario. ¿Estamos ante un sistema que cumple con las exigencias de nuestro sistema? ¿Realmente da respuesta al problema de acceso a la garantía mobiliaria como producto? Estas son algunas de las cuestiones que intentaremos resolver verificando si es que cumple con los principios registrales y como es que se va a impactar realmente a las partes que participen de un contrato de garantía mobiliaria, que no necesariamente son siempre los Bancos. / This paper attempts to note the shortcomings and/or benefits of the new SIGM (Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias) platform, which apparently will facilitate the registration process of this type of Guarantee by removing the registry qualification and the participation of the notary. Is this system compliant with the requirements of our system? Does it really provide an answer to the problem of access to the GM as a product? These are some of the questions that we will try to solve by verifying if it complies with the registry principles and how it will really impact the parties that participate in a GM contract, which are not necessarily always the banks other entities of the financial system. / Trabajo académico

Mediante Resolución 580-2022-SUNARP-TR-L el Tribunal Registral de Lima ha reconocido el carácter no inscribible de la cesión de derechos patrimoniales hereditarios en el Registro de Sucesión Intestada; ya que su inscripción únicamente tiene lugar en el Registro de Bienes. El objeto de la cesión de derechos hereditarios es el traslado del derecho de participación sobre la masa hereditaria, de modo que exigir partida registral sobre un bien individualizado desnaturaliza el objeto mencionado, y, en consecuencia, lo que en práctica se está realizando no es nada más que el traslado de dominio sobre bienes. Ello genera restricciones al cesionario en el ejercicio de su posición como acreedor, acceso a las cuentas bancarias, beneficios sociales y a los derechos patrimoniales por derechos de autor del causante La presente investigación ofrece una propuesta de interpretación normativa del Reglamento de Inscripciones de Testamentos y Sucesión Intestada y del Registro de Predios, a fin de considerarlo como acto inscribible, prescindiendo de modificación legislativa alguna. Por todo ello, discrepo con la decisión del Tribunal Registral, toda vez que la inscripción en el Registro de Bienes excluye de publicidad a las situaciones jurídicas desvinculadas a los derechos reales. / In resolution 580-2022-SUNARP-TR-L, the Registry Court of Lima has recognized the non-registrable nature of the assignment of hereditary property rights in the Registry of Intestate Succession; since its registration only takes place in the Property Registry. The object of the assignment of hereditary rights is the transfer of the right of participation over the hereditary estate, so that demanding a registry item on an individualized asset distorts the aforementioned object, and, consequently, what is being done in practice is nothing more than the transfer of ownership over assets. This generates restrictions to the assignee in the exercise of his position as a creditor, access to bank accounts, social benefits and economic rights due to copyright of the deceased. The present investigation offers a proposal for the normative interpretation of the Regulation of Registration of Wills and Intestate Succession and of the Land Registry, in order to consider it as a registrable act, regardless of any legislative modification. For all these reasons, I disagree with the decision of the Registry Court, since the registration in the Property Registry excludes legal situations unrelated to real rights from publicity.

Conocer las actividades que desarrolla una sociedad, no solo permite atraer el capital de futuros inversionistas sino que brinda seguridad a los socios que deciden participar al interior de una sociedad. De igual manera, para la ejecución de las actividades que forman parte del objeto social, es importante conocer qué permisos son necesarios para operar en el mercado y; si buscamos realizar un efectivo control de riesgos, debemos identificar la tipología aplicable al sector en el que opera una sociedad, no solo a partir de las normas de compliance en materia de derecho penal sino también en temas de protección al consumidor y publicidad. Estos momentos, en la historia de una sociedad, son relevantes para demostrar la importancia del contenido del objeto social. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Registral y de acuerdo a la normativa aplicable, existe una tendencia desde hace más de veinte años, a fin de evitar expresiones de carácter genérico en la redacción del objeto social o parte de este, que no permitan identificar las actividades que desarrolla una sociedad y que, podría terminar afectando los intereses de los socios, en especial, de los minoritarios, quienes podrían optar por separarse. En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo demostrar cuáles son las consecuencias negativas que acarrea un objeto social que no está redactado de forma clara, ya sea al interior de la sociedad o frente a terceros, a partir de la casuística presentada en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Asimismo, se busca demostrar cómo la determinación de un objeto social permite establecer un mayor control de riesgos en la sociedad. Es por ello que, a fin de evitar expresiones que no logren identificar las actividades de una sociedad, se formulan recomendaciones y lineamientos para la uniformización de criterios en la redacción del objeto social.

Una vez de constituida u obtenida la Personería Jurídica de una sociedad anónima el problema surge al momento de que los accionistas deciden realizar la transferencia de acciones ya sea a título gratuito u oneroso cuyo acto según el código civil permite la donación, compra venta, permuta etc., en muchas ocasiones no se respeta lo estipulado en el estatuto; asimismo en la praxis por tema de desconocimiento hasta la falta de información este tipo societario no cuentan con el libro de matrícula de acciones y si en caso lo tuviesen no cumplen con el procedimiento de la inscripción o el llenado de dicho libro en la que dejen constancia de las transferencias realizadas, la inscripción de los accionistas actuales, y mucho menos que establezcas y/o suscriban el número de los certificados emitidos; de lo antes mencionado se extrae que la sociedad anónima por ser carácter privado nadie sabe en qué momento se realizó o no una transferencia de acciones más aún si el accionista transferente es casado; por lo que, se deduce una vulneración de derechos del cónyuge ha consecuencia que la transferencia de acciones por no existir una formalidad única se puede realizar mediante un contrato privado; Es por ello que mediante el presente trabajo se busca que las transferencia de acciones de los accionistas casados sea realizado mediante la Escritura Publica pudiendo ser este instrumento protocolar como un mecanismo de seguridad. / The title of this research is: “The public deed as a protection mechanism for the spouse in the transfer of shares of the married shareholder.” The main problem with the transfer of shares of a public limited company comes from the legal uncertainty that the spouses of married marital status shareholders have when they wish to transfer their shares either to the same shareholders or to third parties since in practice these shareholders do not take into account the procedure established according to Peruvian law. Well, according to the literature, shareholders usually transfer informally, omitting the registration book and the process thereof. According to what was mentioned, this work seeks to know the process of transfers made by married shareholders and whether these processes are legal according to Peruvian law. / Trabajo académico

El presente informe jurídico analiza el procedimiento registral iniciado por La Venturosa S.A., en el cual se solicitó inscribir mediante regularización el reglamento interno de una quinta construida previa a la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 22112, sobre cuyo Pasaje de Acceso Común se había constituido servidumbres y este continuaba inscrito a favor del titular originario (El Milagro S.A.), motivo por el cual fue observado en primera instancia. La relevancia del presente caso radica en que previo a que el Decreto Ley Nº 22112 se encontrara vigente, no existía régimen alguno aplicable a las quintas ni norma que definiese que el pasaje de acceso era un bien de dominio común, además la única herramienta regulada para que las unidades inmobiliarias internas tengan acceso a la vía pública era la servidumbre. Ello ocasionó que los pasajes continuasen inscritos a favor del titular originario. Para efectos de analizar las controversias materializadas en el Expediente, buscaremos resolver lo siguiente: (i) si la edificación cumplía con los requisitos de quinta; (ii) los regímenes aplicables a las edificaciones tipo quinta; (iii) si el hecho de que se constituyese servidumbres sobre el Pasaje 1260 representa un impedimento para inscribir el reglamento interno de la quinta vía regularización; (iv) si era necesaria la participación de El Milagro S.A. en marco del procedimiento registral; y, (v) si se vieron vulnerados el principio registral de legitimación y el de tracto sucesivo. La metodología utilizada aborda los problemas desde un enfoque dogmático, a partir de la revisión de la normativa aplicable, la jurisprudencia y la bibliografía jurídica relevante. Lo anterior desde la aplicación y el análisis de las instituciones de los derechos reales – relacionadas con el derecho de propiedad y sus modalidades -, así como del derecho registral y el derecho urbanístico – con atención en los principios registrales de legitimación y tracto sucesivo, y en los requisitos de las edificaciones tipo quinta.

El VII Pleno Casatorio Civil analiza el articulo 2022 en su segundo párrafo, esto se genera debido a un conflicto entre el derecho a la propiedad no inscrito y el embargo anotado preventivamente, ambos de distinta naturaleza. Este análisis busca unificar la línea jurisprudencial dispersa de nuestra corte suprema y doctrina nacional. Cuestión que generó muchas casaciones contradictorias que no otorgaban predictibilidad. Este análisis no es claro y por el contrario es sumamente criticable frente a un tema controversial que genera no solo una nueva incertidumbre, sino un peligro para el sistema registral en el ámbito del derecho de crédito y transferencias de propiedad en nuestro país. Prefiriendo a los que no opusieron su derecho erga omnes frente a los que, si lo hicieron apoyándose en los principios registrales. Se llega a la conclusión de que en la interpretación del articulo 2022 en su segundo párrafo, no se debe excluir al sistema registral, sino por el contrario, se debe incluir a este para llegar a solucionar la oposición entre derechos de distinta naturaleza. En caso contrario se preferirá a cualquier disposición del derecho común que optará por preferir al derecho de propiedad no inscrito sobre el embargo anotado preventivamente, generando una falta de seguridad jurídica en nuestro ordenamiento y colisionando con la finalidad del registro, la oponibilidad

La Sentencia del Tribunal Constitucional materia del presente informe jurídico es emitida a raíz de la demanda de inconstitucionalidad planteada por cinco mil ciudadanos, contra los artículos 5° de la Ley N° 30313, Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 2013° y 2014° del Código Civil y de los artículos 4° y 55° y la quinta y sexta disposiciones complementarias transitorias y finales del decreto legislativo 1049. No obstante la parte accionante argumenta que las consecuencias de dicha norma afectarían, principalmente el derecho constitucional a la propiedad de aquellos propietarios originarios víctimas de suplantación de identidad o falsificación de documentos a fin de ser despojados de sus bienes por mafias inmobiliarias en favor de terceros de buena fe, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda basando su argumentación en la preminencia de la seguridad jurídica, por sobre el contenido privado o civil de la propiedad, el cual debe subyugarse a su contenido constitucional, en favor de los intereses públicos. A pesar de ello, el Tribunal, excediendo sus facultades interpretativas, desarrolla nuevos requisitos a fin de que sean amparados los derechos de propiedad tanto del propietario víctima de un fraude por falsificación documentaria o suplantación de su identidad, como del propio tercero, por sobre las ya establecidas en el ordenamiento jurídico. En base a estos hechos, este informe concluye que la Sentencia materia de análisis ha fallado correctamente al declarar infundada la demanda incoada, pese a ello, los fundamentos que la sostienen carecen del adecuado método de interpretación, al excederse en cuanto a los efectos que tienen las nuevos requisitos para acceder o destruir la fe pública registral, en perjuicio de la propia seguridad jurídica que su fallo desestimatorio dice defender

En el presente caso, mediante Resolución N° 5090-2022-SUNARP-TR, se continúa sosteniendo que la sociedad de gananciales es titular tanto de la edificación como del suelo, siendo este último, en un principio, bien propio de uno de los cónyuges. En los hechos, se deniega la solicitud de la cónyuge titular de rectificar la partida registral de su bien propio, un estacionamiento, debido a que el otro cónyuge suscribió la declaratoria de fábrica de la partida matriz, siendo esto un criterio tomado por el Tribunal Registral como razón suficiente para considerarlo como propietario. En consecuencia, la titularidad recae sobre la sociedad conyugal siempre que la declaratoria de fábrica sea realizada durante la vigencia de la sociedad de gananciales, de conformidad con una interpretación del art. 310 del Código Civil supeditada al art. 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. La interpretación del artículo 310 del Código Civil no es correcta porque el Tribunal Registral se está rigiendo en base a una disposición reglamentaria a fin de aplicar una norma con rango de ley, como lo es el Código Civil, cuyo contenido establece una obligación de reembolso a favor del cónyuge titular y que, lamentablemente, no es exigido en la presente Resolución que prefiere acogerse al Precedente de Observancia Obligatoria CCXX, en lugar de abogar por una apertura de un asiento especial sobre el bien materia de análisis y así se resguarde los intereses legítimos del cónyuge titular sobre el bien que, en un inicio, fue propio. / In the present case, through Resolution No. 5090-2022-SUNARP-TR, it continues to be maintained that the community of property is the owner of both the building and the land, the latter being, initially, the property of one of the spouses. In fact, the request of the owner spouse to rectify the registration item of their own property, a parking lot, is denied because the other spouse signed the factory declaration of the parent item, this being a criterion taken by the Registry Court as sufficient reason to consider it as an owner. Consequently, ownership falls on the marital partnership provided that the factory declaration is made during the term of the community of property, in accordance with an interpretation of art. 310 of the Civil Code subject to art. 79 of the Land Registry Registration Regulations. The interpretation of article 310 of the Civil Code is not correct because the Registry Court is being governed based on a regulatory provision in order to apply a norm with the force of law, such as the Civil Code, whose content establishes a reimbursement obligation to favor of the owner spouse and that, unfortunately, it is not required in this Resolution that prefers to take advantage of the Precedent of Mandatory Observance CCXX, instead of advocating for the opening of a special entry on the asset subject of analysis and thus protect the legitimate interests of the titular spouse on the property that, at the beginning, was his own.

El presente trabajo cuestiona y analiza los Precedentes de Observancia Obligatoria, Resoluciones emitidas por el Tribunal Registral y jurisprudencia relativa a los actos de transferencia de bien inmueble declarados nulos, anulables o ineficaces y su relación con el Registro de Predios. Es importante comentar sobre ellos, debido a que, tienen alcance en los derechos y actos inscritos

En el presente opúsculo académico registral se desarrolla los principales aspectos normativos relacionados con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común regulado en la Ley Nº 27157 y el TUO de su reglamento aprobado por D.S Nº 035-D.S. 2006-VIVIENDA, dentro de éste régimen de propiedad se examina a la junta de propietarios tratando los tópico de su naturaleza jurídica, sus elementos configuradores, la denominada “relativa subjetividad” de la junta de propietarios; igualmente, se desarrolla el estudio de temas importantes como la convocatoria a junta de propietarios, supuestos de acefalía, quórum y mayoría para sus acuerdos. Es así, que con el marco de estudio indicado anteriormente, se analiza como temática central a las sesiones no presenciales reguladas en el ordenamiento jurídico relacionadas con las personas jurídicas (no societarias) y las personas societarias, abordándose como tema crucial a las sesiones virtuales de la junta de propietarios; esta última si bien es cierto no se encuentra positivizada en la norma de rango legal se propone que sí es posible su realización teniendo en consideración la primacía de la manifestación de la voluntad utilizando medios virtuales (artículo 141-A del Código Civil), también se formula en favor de la realización de juntas de propietarios virtuales la pertinencia de aplicar la interpretación analógica del artículo 21- A de la Ley de 26887 que regula las sesiones no presenciales para personas societarias y asimismo argumentamos la factibilidad de aplicar la interpretación dinámica para admitir el uso de medios virtuales, teniendo en consideración que el texto originario de la Ley Nº 27157, promulgada el 20 de julio de 1999, exige que las sesiones sean presenciales. Por último, formulamos las razones y fundamentos para incorporar una modificación legislativa relacionada a la convocatoria y celebración de juntas no presenciales con la finalidad de coadyuvar a la participación de los propietarios de las zonas exclusivas y lograr de manera eficiente y eficaz la inscripción de los actos inscribibles que surgen de los acuerdos de las sesiones de la junta de propietarios, lo cual ira a la par con el avance de la tecnología y con las necesidades de los ciudadanos y como colofón se exponen las conclusiones del presente trabajo académico.