En el presente informe se evalúan los aspectos concernientes a la inmatriculación de predios urbanos en zonas que aún no se han levantado catastro y el problema de no tener un procedimiento administrativo adecuado en las municipalidades distritales para el cabal cumplimiento de los requisitos solicitados por la Superintendencia Nacional de los Registros Púbicos. Para ello, se desarrollan temas preliminares como el del catastro de predios, donde se observa su funcionalidad y los problemas que causa el no tener un sistema adecuado; la conceptualización de los predios no inscritos y acerca de los que son considerados como urbanos; asimismo, se revisa a la inmatriculación y la regulación de esta en el sistema jurídico nacional. Finalmente, con los conceptos desarrollados se procede con el análisis de los problemas primarios y secundarios que arrojan al examinar la Resolución N° 65-2019- SUNARP-TR-L. Se debe tener en consideración que el acto administrativo revisado no agota la vía administrativa y es por ello que también se estudia la Resolución N° 1337-2019- SUNARP-TR-L, que es la que el Tribunal Registral resuelve ante la segunda apelación del solicitante de la inmatriculación y con la que se llega al agotamiento de los recursos administrativos, donde se confirma la decisión inicial, sin embargo se realiza un cambio en el criterio que justifica la negativa en el otorgamiento de la primera de dominio, que es la postura que finalmente adopto como posición.

Con la llegada del Código Civil de 1984, vigente en la actualidad, se regula en su artículo 1429, la posibilidad de poder resolver una relación jurídica contractual de forma extrajudicial. Ello implica que, una relación puede quedar resulta sin que la parte perjudicada por el incumplimiento, tenga que enfrascarse en un proceso judicial que duraría varios años. Ahora bien, el presente estudio ha tenido por objetivo determinar si esta forma de resolución extrajudicial puede ser materia de inscripción en el Registro de Predios, a la luz de lo actualmente regulado por nuestro ordenamiento jurídico peruano. En tanto, a nivel doctrinario, existen posturas que sostienen que sí es posible dicha posibilidad y otros que la niegan. Al respecto, se concluye que la resolución por intimación no es un acto pasible a ser inscrito en el Registro de Predios, debido a que no lograr cumplir con lo dispuesto por el principio de titulación pública o auténtica. En tanto, el título que dará mérito a su inscripción en dicho Registro sería la carta notarial que la parte perjudicada envía a su contraparte (la parte deudora) de la relación contractual, el cual deviene en documento privado, y, no se cuenta con norma jurídica expresa que permita su inscripción de forma excepcional. Finalmente, se propone que, mediante una modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, se incorpore un artículo que permite su inscripción. / With the advent of 1984 Civil Code, currently in use, Article 1429 regulates the possibility of being able to resolve a contractual legal relationship out of court. This means that a relationship can be settled without the party injured by the breach having to engage in a judicial process that would last several years. Therefore, the purpose of this study is to determine whether this form of extrajudicial resolution can be subject to registration in the Land Registry, in light of what is currently regulated by our Peruvian legal system. At the doctrinal level, there are positions that maintain that such possibility is possible and others that deny it. In this regard, it is concluded that the resolution by intimation is not an act that can be registered in the Land Registry, since it does not comply with the principle of public or authentic title. Meanwhile, the title that will give merit to its registration in said Registry would be the notarized letter that the injured party sends to its counterpart (the debtor party) of the contractual relationship, which becomes a private document, and there is no express legal rule that allows its registration on an exceptional basis. Finally, it is proposed that, by means of an amendment to the Land Registry Registration Regulations, an article should be incorporated to allow its registration. / Trabajo académico

La presente investigación tuvo como propósito establecer una propuesta normativa respecto a la rectificación de los asientos registrales en los supuestos de disposición del bien social por parte de uno de los cónyuges, cooperando de tal modo con la debida regulación de situaciones que se dan actualmente en el Registro Público. Por tal razón, fue indispensable explicar e interpretar la rectificación de los asientos registrales y su procedimiento, puesto que muchas veces existen discrepancias entre lo registrado y la realidad; y segundo, analizar doctrinal y jurisprudencialmente cómo se están resolviendo estos tipos de actos donde existe un tercero registral, sin que ello implique un desconocimiento de este, pues la decisión de la jurisprudencia peruana ha traído consigo incertidumbre e inseguridad jurídica al que no participó del acto y al tercero registral. El englobado de este estudio, nos suscitó trazar nuestro problema de investigación, asignando un enfoque metodológico social y normativo encaminado en proteger a este tercero por medio de ciertas características que posee, mediante las propuestas normativas justificadas en el estudio de principios y preceptos que normalizan el actuar de los usuarios cuando acuden al Registro.

El presente trabajo se enfoca en analizar la actuación del Registrador Público frente a los casos de inhibición en sede registral. Para ello, se analiza el procedimiento registral en su conjunto, a partir del cual se derivan las limitaciones, prohibiciones y responsabilidades del Registrador, analizando a la par si existe un procedimiento adecuado que le permita tomar conocimiento de un proceso judicial en trámite, que acción le corresponde luego de ello y cuál es la consecuencia de una no inhibición A partir de las consideraciones anteriores, se evalúa también si es necesario que la inhibición se encuentre regulada en el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos de forma especial y no solo en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que actualmente no se cuenta con un procedimiento establecido a seguir por la primera instancia registral frente a un supuesto caso de inhibitoria.

El presente informe parte del debate mantenido en el CCXXVII Pleno del Tribunal Registral, teniendo como propósito realizar un análisis comparativo entre la normativa nacional vigente y la previa al año 2018 respecto de las personas con discapacidad neurológica severa diagnosticada al nacer; y de otro lado, un análisis sobre los requerimientos que les son aplicables para la disposición y afectación de bienes en el Perú en el ámbito patrimonial. El objetivo es demostrar cómo la figura actual de apoyos y salvaguardias, incluso cuando quien es designado como apoyo a nivel judicial pueda contar con facultades de representación, es insuficiente para proteger ciertos derechos de este grupo de personas, como lo son estos derechos patrimoniales, y por ello surge la necesidad urgente de poder otorgar representación legal a los apoyos y de establecer facilidades procesales que permitan que una persona con discapacidad neurológica severa diagnosticada al nacer cuente con la posibilidad y asistencia necesaria para disponer y/o afectar sus bienes con el fin de salvaguardar su bienestar y necesidades específicas. Finalmente, también se evaluará la razón de ser de la modificación antes mencionada, que deriva del modelo social de discapacidad, apoyándose de la doctrina nacional e internacional que resulte pertinente para luego establecer las formalidades para disponer y afectar bienes en el Perú y las consecuencias y dificultades para este grupo de personas y su entorno al momento de salvaguardar sus derechos y su bienestar integral / This paper refers to the debate held in the CCXXVII Plenary of the Registry Court, with the purpose of carrying out a comparative analysis between the current national regulations and those prior to the year 2018 regarding people with severe neurological disabilities diagnosed at birth; and on the other hand, an analysis of the requirements that are applicable to them for the disposition and affectation of assets in Peru in the patrimonial field. The objective is to demonstrate how the current figure of supports and safeguards, even when whoever is designated as support from a judge may have powers of representation, is insufficient to protect certain rights of this group of people, such as these patrimonial rights. For this reason, there is an urgent need to grant legal representation to the supports and to establish procedural facilities that allow a person with a severe neurological disability diagnosed at birth to have the possibility and necessary assistance to dispose of and/or affect their assets in order to safeguard their well-being and specific needs. Finally, the reason for the aforementioned modification, which derives from the social model of disability, will also be evaluated, relying on the national and international relevant doctrine, to later establish the formalities to dispose of and affect assets in Peru and the difficulties and consequences for this group of people and their environment when it comes to safeguarding their rights and their integral well-being

En nuestro ordenamiento jurídico, dentro de las personas jurídicas, se encuentra las personas jurídicas creadas por ley, las cuales son muy poco abordadas en la doctrina y jurisprudencia registral. Debido a la falta de profundidad sobre el tema, en el año 2005 se emitieron dos resoluciones contradictorias, por una parte, se afirmaba que para la creación de una persona jurídica creada por ley se requería una norma que no necesariamente tenga rango de ley (Resolución 0100-2005- SUNARP-TR-L), mientras que la otra concluía que solo se pueden crear mediante una ley o una normal con rango de ley (Resolución 065-2005-SUNARP-TR-T). Esto generó una controversia que no fue superada por completo en el XIII Pleno Registral. Debido a ello analizaré esta figura legal desde su naturaleza, hasta las cuestiones registrales que abarca. Se busca advertir las carencias del precedente y de la norma en la cual fue incluida en el reglamento, para visualizar posibles problemas que generaría la inscripción de personas jurídicas con otras normas que no tengan rango de ley. Es ahí donde apreciaremos las posibles interpretaciones que se le puede dar a la ley donde en primacía se debe entender el rango y fuerza de ley que recaen sobre la creación de una persona jurídica creada por ley. / In our legal system, within legal persons, there are legal persons created by law, which are very little addressed in registry doctrine and jurisprudence. Due to the lack of depth on the subject, in 2005 two contradictory resolutions were issued, on the one hand, it was stated that for the creation of a legal entity created by law, a norm was required that did not necessarily have the force of law (Resolution 0100-2005-SUNARP-TR-L), while the other concluded that they can only be created by means of a law or a normal one with the force of law (Resolution 065-2005-SUNARP-TR-T). This generated a controversy that was not completely overcome in the XIII Registry Plenary. Due to this, I will analyze this legal figure from its nature, to the registration issues it covers. It seeks to warn the deficiencies of the precedent and of the norm in which it was included in the regulation, to visualize possible problems that the registration of legal persons with other norms that do not have the force of law would generate. It is there where we will appreciate the possible interpretations that can be given to the law where in primacy the rank and force of law that fall on the creation of a legal person created by law must be understood.

Uno de los debates más apasionantes surgidos en el seno del sistema registral español es el que gira en torno a la contingente existencia de dos terceros registrales distintos, nacidos, cada uno, a partir de los principios registrales de fe pública registral y de inoponibilidad. Sin embargo, el sistema registral peruano, a pesar de ser heredero directo del sistema hipotecario español, no ha tenido presente en lo absoluto dicho debate, con excepción de las pocas referencias doctrinales al mismo realizadas por algunas las voces más autorizadas en la materia. Lo cual se debe, entre otras cuestiones, a la falta de discusión a nivel jurisprudencial del mismo y su, consecuente, falta de aplicación práctica. No obstante, el VIII Pleno Casatorio Civil ha empezado a cambiar el derrotero descrito, pues al resolver la cuestión principal del remedio aplicable al problema de la disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges, ha hecho mención, indirectamente, al debate sobre el dualismo hipotecario abriendo tímidamente la puerta a la discusión del mismo y su posible empleo pragmatista. El presente artículo busca analizar el VIII Pleno Casatorio Civil a partir de la perspectiva del debate alrededor de las tesis monista y dualista del tercero hipotecario para determinar, en última instancia, la suscripción de la Corte Suprema a alguna de las tesis señaladas. Para dicho objetivo se parte de la exposición de las tesis monista y dualista de boca de sus más grandes defensores tanto a nivel ibérico como peruano, para luego descender a los votos tanto en mayoría y minoría y su vinculación con las tesis aludidas. Finalmente se estima que el voto en mayoría de la Corte Suprema se adhiere tácitamente a una tesis monista.

El presente trabajo académico tiene como finalidad realizar un análisis del actual tratamiento de la inscripción de los fideicomisos y los efectos registrales que genera la transferencia de bienes en dominio fiduciario. Como se podrá apreciar, se ha regulado la inscripción de los fideicomisos a través de la Directiva SUNARP N° 007-2008 en la que se establecen los principales lineamientos a seguir que serán objeto de comentario en el presente trabajo. Asimismo, esta investigación se encuentra enfocada en el análisis de la normativa legal y reglamentaria aplicable a la inscripción de los fideicomisos. En ese sentido, a través de la revisión de las resoluciones del Tribunal Registral se busca brindar una aproximación respecto a su posición sobre las implicancias que genera la transferencia en dominio fiduciario. Lo antes indicado se realizará adicionalmente considerando la actual posición de la doctrina nacional al respecto. De esta forma, se desea mostrar que la inscripción de fideicomisos aún es un tema objeto de controversias en sede registral. Los principales temas por analizarse debido a los pronunciamientos del Tribunal Registral están referidos a: (i) la transferencia de bienes a favor del patrimonio fideicometido y (ii) la disposición de bienes que se encuentra en dominio fiduciario incluyendo el supuesto en el que el fiduciario realice la transferencia.

La presente investigación busca responder al cuestionamiento sobre la posibilidad de que se inscriba una declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio a favor de un solo cónyuge. Sostenemos que la declaración de prescripción no responde al criterio de gratuidad, por el contrario, en el caso en cuestión, tiene que ver más bien con el momento en el que se consolida la usucapión. Del mismo modo, sobre el procedimiento de prescripción notarial, el título que sostiene la solicitante no puede ser considerado como prueba fehaciente del derecho de propiedad. A efectos de la usucapión, este únicamente tendrá valor probatorio para determinar con certeza cuándo es que inició el cómputo del plazo prescriptorio. Así mismo, al margen de ello, no consideramos que el criterio sobre el momento de adquisición deba ser uno que se aplique de manera generaliza sin tomar en cuenta las particularidades de cada caso en concreto. Por otro lado, sostenemos que también hay un problema sobre el entendimiento de la calificación registral de los títulos de declaración de prescripción, sobre los cuales el Tribunal Registral no ha conseguido adoptar un criterio unánime, y que podría ser salvado por los registradores, considerando los hechos de cada caso en concreto, pero que desafortunadamente no ocurre. / The present investigation seeks to answer the question about the possibility of registering a notarial declaration of domain acquisition prescription in favor of a single spouse. We maintain that the statute of limitations does not respond to the criterion of gratuitousness, on the contrary, in the case in question, it has to do more with the moment in which the usucapion is consolidated. In the same way, regarding the notarial prescription procedure, the title held by the applicant cannot be considered as reliable proof of property rights. For the purposes of usucapion, this will only have probative value to determine with certainty when the calculation of the statute of limitations began. Likewise, apart from this, we do not consider that the criterion on the moment of acquisition should be one that is applied in a general way without taking into account the particularities of each specific case. On the other hand, we maintain that there is also a problem regarding the understanding of the registry qualification of prescription titles, on which the Registry Court has not been able to adopt a unanimous criterion, and that could be saved by the registrars, considering the facts of each specific case, but which unfortunately do not occur.

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los criterios jurídicos viables y necesarios para establecer la incorporación de la inscripción en registros públicos de la resolución de pleno derecho ya que en la actualidad el reconocimiento de la realidad registral no tiene certidumbre en este aspecto y esto podría tener consecuencias negativas. Para ello es necesario, en primer lugar, definir y conocer la situación actual de la resolución de pleno derecho de tal manera que podamos conocer sus alcances y limitaciones y así poder compararlo con la legislación y jurisprudencia extranjera. Seguidamente se analiza los criterios y viabilidad de la inscripción de la resolución de pleno derecho y así poder determinar el rubro correspondiente en que deba proceder la inscripción. Finalmente, se expone los criterios jurídicos que son necesarios y que avalan su incorporación en nuestro ordenamiento legal.