La Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal N° 09789-4-2017 evidenció las interrogantes que existían sobre la aplicación en el tiempo del Decreto Legislativo N° 1113, mediante el cual, las notificaciones de las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa fueron establecidas como el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la facultad de la Administración de exigir el pago de la deuda tributaria. A partir de ello, se abrió a discusión sobre si el criterio vinculante establecido por el Tribunal Fiscal era conforme a la normativa y a los principios constitucionales. Por ello, con el objetivo de fijar una interpretación y posición sobre la aplicación en el tiempo de las nuevas modificaciones introducidas, se emitió el Decreto Legislativo N° 1421, el cual contradecía el criterio vinculante establecido por el Tribunal Fiscal, en tanto que, determinaba la aplicación inmediata del nuevo inicio del cómputo del plazo de prescripción a todas las deudas tributarias vigentes, incluidas a aquellas cuyo plazo de prescripción ya había iniciado. En tal sentido, este trabajo pretende sustentar las razones por las que el criterio determinado por el Tribunal Fiscal no es conforme a la normativa ni a la institución jurídica de la prescripción, a través de un análisis en conjunto de las disposiciones normativas vinculantes, doctrina y jurisprudencia. Asimismo, se va a sustentar la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1421 desde la teoría de hechos cumplidos y la propia naturaleza interpretativa de la norma. / The Mandatory Compliance Resolution of the Tax Court N° 09789-4-2017 evidenced the questions that existed about the application in time of Legislative Decree N° 1113, by means of which, the notifications of the Determination Resolutions and Fine Resolutions were established as the beginning of the calculation of the limitation period of the Administration's power to demand payment of the tax debt. From there, a discussion was opened on whether the binding criterion established by the Tax Court was in accordance with the regulations and constitutional principles. Therefore, in order to establish an interpretation and position on the application in time of the new modifications introduced, Legislative Decree N° 1421 was issued, which contradicted the binding criterion established by the Tax Court, insofar as it determined the immediate application of the new start of the calculation of the limitation period to all current tax debts. including those whose statute of limitations had already begun. In this sense, this paper aims to support the reasons why the criterion determined by the Tax Court is not in accordance with the regulations or the legal institution of the statute of limitations, through a joint analysis of the binding regulatory provisions, doctrine and jurisprudence. Likewise, the constitutionality of Legislative Decree N° 1421 will be supported from the theory of fulfilled facts and the interpretative nature of the norm itself.

El plazo para solicitar información durante el procedimiento de fiscalización es distinto al plazo que tiene la Administración Tributaria para ejercer su facultad de fiscalización. Máxime cuando de por medio la materia a fiscalizar está vinculada a la aplicación de normas de precios de transferencia, la cual tiene sus propias reglas. No obstante, en ambos casos están sujetos a un plazo máximo el cual es el plazo de prescripción. Así, en el primer capítulo vinculado al ejercicio de la facultad de fiscalización se busca demostrar que la Sentencia de Casación No.17824-2023 partió de una premisa jurídica errónea al sostener que el caso de las fiscalizaciones parciales vinculados a normas de precios de transferencia, sí tienen un plazo para solicitar información, a pesar de que se desprende del CT que no existe un plazo. De otro lado, en el segundo capítulo vinculado a la prescripción como plazo máximo para ejercer la facultad de fiscalización, se busca evidenciar que en el sistema legal tributario no hay ningún impedimento para que se puede suspender su plazo conforme el inciso f) del numeral 1 del artículo 46 del Código Tributario. Ello debido a que la controversia era determinar si en el caso de las fiscalizaciones parciales vinculadas a normas de precios de transferencia en los cuales no había un plazo para solicitar información, se podía suspender el plazo de prescripción. / The period for requesting information during the audit procedure is different from the period that the Tax Administration has to exercise its audit authority. Especially when the subject matter to be audited is related to the application of transfer pricing rules, which have their own regulations. Nevertheless, in both cases, they are subject to a maximum period, which is the statute of limitations. Thus, in the first chapter related to the exercise of the audit authority, it aims to demonstrate that Cassation Judgment No. 17824-2023 was based on an erroneous legal premise by stating that partial audits related to transfer pricing rules do have a period to request information, despite the fact that the Tax Code implies there is no such period. On the other hand, in the second chapter related to the statute of limitations as the maximum period to exercise the audit authority, it aims to show that in the tax legal system there is no impediment to suspending its period in accordance with subsection f) of numeral 1 of article 46 of the Tax Code. This is because the controversy was to determine whether, in the case of partial audits related to transfer pricing rules where there was no period to request information, the statute of limitations could be suspended.

La presente investigación versa sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015 que resuelven controversias respecto del principio de causalidad del gasto, bajo la hipótesis de que estas no conformaban una doctrina jurisprudencial que contribuya al mejor entendimiento de dicho principio. Para poner a prueba esta última, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad a la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Con esa base conceptual, se procedió a la revisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015, encontrándose tres criterios recurrentes: el de “vinculación entre el gasto y la actividad empresarial del contribuyente”, el de “obligatoriedad del gasto”, y el de “finalidad y/o destino del gasto”. Tales criterios se contrastaron con el marco conceptual propuesto, con lo cual se pudo concluir que en los años 2013 a 2015 se desarrolló una doctrina jurisprudencial que, en efecto, contribuye a un mejor entendimiento del principio de causalidad del gasto.

El presente trabajo parte de la constatación de diversos problemas que se presenta al derecho del contribuyente de poder solicitar un fraccionamiento tributario Art 36° ante la SUNAT cuando existe una falta de capacidad de pago por una deuda tributaria. El objetivo de la tesis es analizar si se están vulnerando aspectos jurídicos de los principios tributarios y administrativos que, son garantías de las que gozan los contribuyentes frente al Estado por requerimientos establecidos en las resoluciones de superintendencia que regulan el fraccionamiento. Asimismo, se analiza los inconvenientes operativos que se presentan al momento de poder acceder al fraccionamiento de forma virtual. La tesis propone mediante una investigación aplicada, soluciones concretas en base al perfil de cada contribuyente además de lo analizado con la legislación comparada de otros países. Además se analiza las mejoras que se han estado realizando ilustrándolo con gráficos estadísticos la evolución de los ingresos antes y durante la reforma del fraccionamiento. La investigación propone explicar el procedimiento tributario del fraccionamiento, en el que se establezcan correctamente requisitos, identifique a cada contribuyente según su cumplimiento de pago y sea eficaz en su atención. Finalmente es poner en evidencia que al existir un equilibrio con los principios tributarios respetando los derechos del contribuyente, éste pueda acceder a pagar su deuda en cuotas mensuales y la Administración pueda también resguardar la recaudación del pago de los impuestos.

Mediante la Sentencia del Expediente No. 00319-2013-PA/TC el TC declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por SASA en contra de la SUNAT, y como consecuencia, decidió inaplicar el artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta y disponer que la SUNAT devuelva el pago adelantado del impuesto a la renta efectuado por SASA. En concreto, la sentencia del TC determinó que la expropiación no es una enajenación, y que por lo tanto no puede ser un hecho imponible del Impuesto a la Renta. El TC fundamenta su decisión argumentando que la indemnización justipreciada es una indemnización y no se puede equiparar a la ganancia de capital, pues no es evidencia de capacidad contributiva de parte del expropiado. Esta investigación se justifica, por un lado, porque analiza profundamente los argumentos del de las partes y las sentencias incluidas en el Expediente respecto a un tema controversial. El objetivo principal de esta investigación es analizar los problemas jurídicos identificados en el expediente desde un enfoque de Derecho Constitucional y Derecho Tributario para proponer soluciones jurídicas a dichos problemas. La hipótesis de la investigación es que en el 2013, era inconstitucional gravar la indemnización justipreciada como ganancia de capital, pues su naturaleza es indemnizatoria. La metodología empleada es una revisión profunda de la doctrina tributaria y constitucional aplicable a la materia. La discusión principalmente se centra en la naturaleza de la indemnización justipreciada recibida como parte del proceso de expropiación, las teorías de las rentas, y los límites constitucionales a la potestad tributaria del Estado.

Las entidades financieras enfrentan el riesgo de que sus clientes incumplan con los pagos de los préstamos que les han sido otorgados. Por esta razón, la normativa del Impuesto a la Renta en Perú permite a éstas deducir provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos, según la regulación establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Actualmente se vienen suscitando controversias entre SUNAT y las referidas empresas en torno a la interpretación y aplicación de las reglas tributarias relacionadas con las comentadas provisiones. Una de ellas se centra en la posibilidad de deducir provisiones específicas de créditos que no conllevan la contabilización de gastos, y también con relación a las deducciones por reversiones de provisiones genéricas de créditos. Nuestra investigación busca determinar si SUNAT está afectando los principios constitucionales de Reserva de Ley y Capacidad Contributiva, al no permitir la deducibilidad de ciertas provisiones específicas de créditos y condicionar la deducibilidad de las reversiones de provisiones genéricas de créditos al cumplimiento de ciertos requisitos. Sobre el primer punto, concluimos que SUNAT está interpretando y aplicando restrictivamente las disposiciones que permiten la deducción de provisiones específicas de créditos, contraviniendo así los principios mencionados. En cuanto al segundo punto, se concluye que la exigencia de requisitos para deducir reversiones de provisiones genéricas de créditos encuentra fundamento en el principio de Razonabilidad; sin embargo, recomendamos la incorporación de una Disposición Transitoria Final en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para evitar posibles arbitrariedades por parte de la SUNAT.

La reducción de capital de una sociedad puede realizarse vía amortización de acciones emitidas o la disminución del valor nominal de estas para poder reestablecer el desequilibrio entre el capital social y el patrimonio neto generado por las pérdidas, ya que se necesita que el capital social refleje la real situación del de una sociedad. No obstante, los efectos tributarios que puedan generarse en cabeza de la sociedad accionista de la sociedad emisora de acciones -que ha reducido su capital para absorber pérdidas- no se han establecido en la legislación tributaria con claridad, así como no se ha generado un consenso a nivel del Tribunal Fiscal y doctrina. Por un lado, se discute la posible deducción de la pérdida que representa la amortización de acciones como gasto del ejercicio o si, por el contrario, corresponde que se reconozca el efecto tributario de la reducción de capital de manera posterior en una eventual enajenación de las acciones remanentes en posesión de la sociedad accionista; es decir, que se vea reflejado en el costo computable de los valores. El objetivo de este trabajo es poder dilucidar el efecto tributario de la reducción de capital para absorber pérdidas vía amortización de acciones en la sociedad accionista y el momento en el cual debe reconocerse el impacto de esta operación. Ante una posición poco clara esgrimida en las resoluciones del Tribunal Fiscal y una Ley del Impuesto a la Renta que no regula esta situación en específico, la correcta aplicación de la norma asume mayor relevancia, la cual deberá ser resuelta en atención a la interpretación conforme a las normas tributarias y reciente jurisprudencia.

En el presente trabajo, se determina cuáles son los criterios necesarios y válidos para considerar a un gasto por pago de incumplimiento contractual proveniente de una cláusula penal como deducible. De esta manera, se dará tratamiento a los alcances que tiene el “Principio de Causalidad” en materia tributaria, desarrollando particularmente cual es el tratamiento respecto al Impuesto a la Renta peruano de tercera categoría y que implica el “Principio de Fehaciencia” en servicio de la deducción de gastos. Ubicándose como punto de debate como es que el pago generado por penalidad contractual puede cumplir con ambos principios a fin de ser deducible, que como se verá consistirá en realizar una correcta interpretación de las normas pertinentes. La estructura a desarrollarse parte de analizar la Sentencia de Casación No. 8327-2015- LIMA, de fecha 18 de mayo de 2017, emitida por la Corte Suprema, en la cual se ve reflejada la posición sobre la problemática tanto de un contribuyente, como la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. De manera que, luego de comentarse los hechos y argumentos en la sentencia, se cuestionará el tratamiento y criterios dados por las partes, al mismo tiempo que se logrará visibilizar cuales son los límites que emanan de las normas respecto a la deducción de gastos en el caso. / In the present work, it is determined which are the necessary and valid criteria to consider an expense for payment of contractual breach from a penal clause as a deductible. In this way, treatment will be given to the scope of the "Principle of Causality" in tax matters, particularly developing what is the treatment regarding third category Peruvian Income Tax and that implies the "Principle of Reliability" in service of the deduction of expenses. Positioning itself as a point of debate as is that the payment generated by contractual penalty can comply with both principles in order to be deductible, which, as will be seen, will consist of making a correct interpretation of the pertinent regulations. The structure to be developed starts from analyzing the “Sentencia de Casación No. 8327-2015-LIMA”, dated May 18, 2017, which reflects the position on the problem of both a taxpayer, such as the Tax Administration, the Court Prosecutor and the Judiciary. Thus, after commenting on the facts and arguments in the judgment, the treatment and criteria given by the parties will be questioned, at the same time that it will be possible to make visible what are the limits that emanate from the rules regarding the deduction of expenses in the case.

El presente informe analiza la Resolución N° 10923-8-2011 del Tribunal Fiscal debido a que contiene diversos problemas jurídicos, siendo el principal la aplicación de la entonces vigente Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario en dos reorganizaciones societarias en las que se transfirieron bloques patrimoniales neutros. La investigación se justifica debido a que el criterio establecido por el Tribunal Fiscal, a nuestro parecer, es contrario a la norma y, sobre todo, no se aplica correctamente la citada Norma VIII. Partimos entonces de la hipótesis de que el criterio establecido por la Administración Tributaria debe ser cuestionado y analizado a la luz de la norma tributaria y societaria y los hechos acontecidos en el caso, a fin de confirmar si aquel es correcto o, de lo contrario, confirmar sus falencias. Asimismo, consideramos como un objetivo adicional pero no menos importante, estudiar los hechos nuevamente considerando la normativa actual, específicamente la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. En ese sentido, considerando que la citada Norma VIII faculta a la Administración Tributaria a aplicar el criterio de calificación económica del hecho imponible y determinar si existe o no simulación relativa, en el presente caso lo primordial es confirmar si ello ocurre o no, es decir, si las escisiones efectuadas por el contribuyente califican como operaciones reales o simuladas. Para ello, analizamos los hechos, la normativa aplicable y la jurisprudencia, llegando a la conclusión que las escisiones realizadas por la contribuyente fueron efectuadas de acuerdo a la normativa societaria, no califican como simuladas, cumpliendo incluso el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en la misma resolución.

El objetivo del trabajo está centrado en determinar si con la adopción de un perfil de cumplimiento tributario a nivel legal se optimiza el principio de igualdad tributaria en las diversas actuaciones que realizan los contribuyentes ante la Administración Tributaria, logrando reducir aquellas situaciones en las cuales buenos como malos contribuyentes reciben el mismo tratamiento jurídico tributario. Para ello, se parte por abordar los conceptos de Estado Social y Democrático de Derecho, los fines constitucionales del tributo, los principios constitucionales tributarios, con énfasis en el principio de igualdad tributaria. Asimismo, se busca comprender las causas del incumplimiento tributario sobre la base de los distintos enfoques y las estrategias que usan las administraciones tributarias para combatirlo, entre las que destaca el perfil de cumplimiento como parte del modelo de gestión de riesgos de cumplimiento. El trabajo utiliza al enfoque comparado para analizar las experiencias de países de la Alianza Pacífico (Chile, Colombia y México), así como Argentina y España, que justifica en mayor medida la propuesta de regulación legal de un perfil de cumplimiento tributario, sus bondades y elementos mínimos que debe contemplar la normativa. Adicionalmente, se analiza si con la adopción de un perfil de cumplimiento a nivel legal se incentiva el cumplimiento tributario voluntario y si dicha propuesta de regulación supera el test de razonabilidad del Tribunal Constitucional, lo que efectivamente sucede y confirma su validez constitucional. Finalmente, se verifica la hipótesis y cumplido los objetivos trazados, se concluye la existencia de la perfecta viabilidad e importantes beneficios en la implementación de la propuesta desarrollada en la presente investigación