The paper assesses the widespread use of the test of proportionality in fundamental rights adjudication. While constitutional and human rights courts all over the world appear to be consistently engaged in deploying the test of proportionality in order to assess the permissibility of a given rights limitation, this approach is under severe criticism insofar as it is considered an attack to the very idea of fundamental rights. The paper will discuss this criticism of the use of proportionality, and will provide a defense of its use by courts in light of some basic features of the contemporary discourse of fundamental rights. / El artículo evalúa el uso generalizado de la prueba de proporcionalidad en la adjudicación de derechos fundamentales. Mientras que los tribunales constitucionales y de derechos humanos de todo el mundo parecen estar constantemente involucrados en el despliegue de la prueba de proporcionalidad para evaluar la permisibilidad de una determinada limitación de derechos, este enfoque está sometido a severas críticas en tanto que se considera un ataque a la idea misma de Derechos fundamentales. El artículo discutirá esta crítica al uso del principio de proporcionalidad y ofrecerá una defensa de su uso por los tribunales a la luz de algunas características básicas del discurso contemporáneo de los derechos fundamentales.

La presente investigación busca abordar la problemática de la discriminación en la ciudad de Ica, como vulneración a los principios y derechos de la igualdad y no discriminación, a través de sus diversas manifestaciones como son la discriminación por origen, lugar de residencia, racismo, homofobia, entre otros. Asimismo, se verifica las hipótesis planteadas: i) de que en la sociedad iqueña, se vive de manera muy profunda la discriminación en sus diversas manifestaciones, y que la misma ciudadanía trata de verlo como una situación "normal" y muchos no aceptan su existencia o haber sufrido en algún momento un trato discriminatorio; y, ii) la falta de denuncias formales es debido al desconocimiento de las normas que nos protegen de todo tipo de discriminación, así como la ausencia de políticas públicas contra la discriminación. / Tesis

La presente investigación busca esclarecer si los Estados tienen deberes específicos en relación a la protección del derecho a la identidad de las personas trans en virtud de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, se hará un análisis sobre la manera en la que ha ido evolucionando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para tutelar la identidad de género de las personas trans y se determinará cuáles son los estándares sobre este tema que vinculan actualmente a todos los Estados. De esta manera, el presente trabajo busca reflexionar sobre las necesidades que tiene la población trans en relación a su derecho a la identidad y la manera en la que viene respondiendo el Derecho para tutelar esta situación. El trabajo parte de la hipótesis de que producto del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos los Estados tiene dos obligaciones específicas en relación al derecho a la identidad de las personas trans. En primer lugar, el deber de reconocer la identidad de género de las personas dentro de los en los documentos de identificación otorgados por el Estado. En segundo lugar, la obligación de disponer en sus instituciones de salud la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales y terapias de afirmación de género para que toda persona pueda ejercer y vivir su identidad sin discriminación. A lo largo del presente trabajo se buscará corroborar este planteamiento inicial. / Tesis

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU / Tesis

Tesis para optar al grado de Magíster en Comunicación Política / Los últimos 20 años Chile ha vivido un progresivo proceso de privatización de servicios como salud, educación y previsión. El Estado chileno adscribe a diversos tratados internacionales que lo obligan a garantizar derechos mínimos, sin embargo, en el marco de Estado subsidiario, lo hace a través de bonos y subsidios que no afectan las políticas macroeconómicas que profundizan la desigualdad, mala distribución de los ingresos y segregación social. El año 2009 se crea la red de protección social, la cual en sus intenciones expresas se encuentra garantizar derechos mínimos para todos los chilenos. Propone un cambio de enfoque en las prestaciones del Estado y políticas públicas: antes con un enfoque asistencialista, ahora con un enfoque de derechos. Por otro lado, se puede afirmar que la sociedad actual se encuentra altamente mediatizada. Los medios de comunicación –televisión, prensa radio y publicidad- se configuran como articuladores de la vida social, económica y política: son referentes sociales y valóricos que contribuyen en la construcción de la realidad social. La publicidad estatal es un medio efectivo de comunicación entre el Estado (y/o gobierno) y las personas, capaz de informar, educar y transmitir valores consecuentes con los valores de la nación. Es en este sentido que la campaña publicitaria de la ‘Red Protege’ tuvo la posibilidad de promover el cambio de enfoque -desde uno asistencialista a otro de derechos- y de derechos ciudadanos a través de la representación que se hizo en las piezas publicitarias de las prestaciones, de los usuarios, y de la racionalidad narrativa general de la campaña. La presente investigación sometió las piezas de la campaña a un análisis semiótico, intentando determinar si las representaciones de la red de protección social en su campaña de lanzamiento son coherentes con la intención manifiesta de los creadores de la ‘Red Protege’ de promover la garantía de derechos ciudadanos, con un enfoque de derechos. Los resultados arrojaron el posicionamiento de ‘marca’ de la Red Protege. Es decir, se propone una interpelación emocional, que incentiva la atracción hacia la campaña a través de una 4 interpelación afectiva con poco anclaje en lo real, y se incentiva a su vez el “consumo” de las piezas publicitarias sin ofrecer información sobre las características de esta red. El análisis de la campaña demuestra finalmente la dificultad de promover derechos sociales a través de un formato y herramienta propia del mercado (publicidad), y de esta manera se testimonia y explicita la dificultad de combinar el actuar restrictivo de un Estado subsidiario con la garantía de derechos.

Magíster en Estudios Internacionales / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La investigación, realiza un análisis de las “otras formas de reparación” impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enmarcadas en la llamada doctrina de las obligaciones positivas. Apuntando además a que estas medidas representan una evolución en el carácter progresivo de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, dado su carácter innovador y la dinámica entre el derecho interno y el derecho internacional. Asimismo, se demuestra cómo estas formas de reparación, elevan los estándares mínimos en materia de reparaciones, apuntando a que su objetivo es abarcador e integral con miras a la sociedad como conjunto y no solo a las víctimas directas de violaciones de Derechos Humanos. Lo anterior se estudia con base en las “otras formas de reparación” dictadas en 44 sentencias de la Corte Interamericana, su grado de cumplimiento en los países latinoamericanos y el compromiso que los mismos Estados han demostrado con la ya mencionada progresividad de los derechos humanos, a pesar de la falta de poder coactivo de la Corte.

Magíster en Estudios Internacionales / Este trabajo busca estudiar la vinculación que existe entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reconstrucción de la memoria histórica en América Latina. En este sentido, se centrará en el estudio de las sentencias de este Tribunal Internacional respecto a violaciones masivas de derechos humanos cometidas por parte de los distintos Estados de la región. En concreto se estudiarán las reparaciones dictaminadas en estas sentencias, aquellas que van más allá de la reparación pecuniaria y que como se demostrará en este trabajo atienden a reparar la memoria dañada de las víctimas y las sociedades donde se cometieron estas violaciones. Además del estudio de estas reparaciones, otro de los puntos esenciales es vincular el trabajo jurídico de la CIDH con la reconstrucción de la Memoria Histórica, en el sentido de entender como estas “otras formas de reparar” ayudan a sanar el trauma profundo que generan las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para eso se demostrará la relación existente entre el juez y el historiador en la búsqueda de una memoria colectiva que atienda a los conceptos de: Verdad Justicia y Reparación.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo tiene por objeto realizar un análisis de nuestra legislación en materia de derechos del trabajador como ciudadano al interior de la empresa, tras la reforma al Código del Trabajo de la ley 19.759, para ello se realiza un análisis de cada uno de estos abarcando el derecho al respeto de la dignidad del trabajador, a no ser discriminado en las relaciones laborales abordando cada uno de los factores considerados por la ley como sospechosos de discriminación, otros derechos que se tratan son la libertad ideológica, el derecho a la vida privada, a la intimidad y a la honra. En un segundo capitula se analizan los convenios internacionales y su relación con estos derechos del trabajador, además de la fuerza obligatoria de los mismos en la legislación nacional. Por último se aborda la tutela de estos derechos y los medios propiciados por la ley para que el trabajador pueda obtener su protección, siendo en este aspecto donde se observan las mayores falencias de la ley en materia de derechos fundamentales del trabajador frente a su empleador.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / La presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene por objeto proporcionar al lector un estudio sistematizado sobre el derecho a defensa estipulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su aplicación en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de los años 2004 a 2012. Posteriormente, utilizando esta base, la comparamos con la legislación y alguna jurisprudencia chilena, para conocer la aplicación e interpretación de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico. La metodología empleada es la siguiente: a) recopilación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, extraída desde la página de internet oficial del tribunal de los años 2004 al 2012 y la selección de fallos atingentes; b) confección de extractos de las sentencias seleccionada; c) análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la materia; d) investigación de legislación nacional ordinaria y especial relativa al derecho a defensa; e) recopilación de cierta jurisprudencia nacional relacionada con la materia; f) comparación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la legislación y jurisprudencia nacional; y g) conclusiones del estudio. El trabajo busca contribuir con un tema poco estudiado como es el derecho a defensa y su análisis a partir de las sentencias de la Corte IDH y su relación con la legislación y jurisprudencia nacional, con el objeto de determinar si nuestro ordenamiento se enmarca dentro de las normas y jurisprudencia del derecho internacional de los DDHH, de forma de contribuir al análisis de nuestro sistema en pos del respeto y aseguramiento de los DDHH