El delito de Patrocinio Ilegal es uno de los tipos penales con menor estudio dogmático y con poco desarrollo jurisprudencial. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dotar de significado al elemento constitutivo “patrocinio” del artículo 385° de nuestro Código Penal. Al definir el alcance de este elemento, se aclara si determinadas conductas orientadas a coadyuvar o salvaguardar intereses de particulares ante la Administración constituyen Patrocinio Ilegal, o si configuran otro delito de nuestro Código Penal, una infracción administrativa o, si, en su defecto, se trata de conductas socialmente adecuadas. Esta tesis abarca distintas instituciones de la Parte General del Derecho Penal, tales como el principio de legalidad, el bien jurídico a tutelar, el principio de mínima intervención, entre otras, a fin de poder dar respuesta al problema planteado.

La corrupción en el Perú viene constituyéndose en una práctica frecuente en los tres niveles de gobierno del Aparato Estatal, el cual tiene efectos muy negativos sobre el desarrollo social de una nación, afectando incluso la propia gobernabilidad de un país, siendo considerado como un problema histórico y es interpretado como el abuso del poder de funcionarios públicos en beneficio de terceros. Una de las modalidades de la corrupción es la colusión ilegal, el cual es sancionado por el Código Penal Peruano mediante la aplicación de castigos a los funcionarios públicos que conciertan con terceros para obtener un beneficio particular en perjuicio del Estado. Bajo ese contexto, resulta importante conocer los mecanismos y procedimientos que se producen en los casos de corrupción, lo cual brindará insumos para definir medidas de intervención. Por ello, el objetivo planteado para el presente fue el de comprender la organización de los mecanismos de colusión ilegal en los procesos de selección llevados a cabo en Entidades del Poder Ejecutivo del nivel local, regional y nacional de casos sentenciados en la Corte de Superior de Justicia de Lima. Se parte de los supuestos que los casos de corrupción se producen en las unidades administrativas más críticas para la gestión institucional tales como Administración, Contabilidad, Tesorería y Almacén, aunque no se descarta la participación de las áreas de Supervisión. Del mismo modo, se prevé que, para el desarrollo de estas acciones, son los propios funcionarios quienes buscan infringir las normas en aras de obtener un beneficio particular. Producto de estos, las consecuencias son múltiples, entre los que destacan el deterioro de la confianza en las Entidades Públicas, afectando la gobernabilidad y democracia de un país. Para alcanzar los objetivos propuestos se hace necesario aplicar técnicas y métodos cualitativos, que permitan comprender el objeto de estudio partiendo del análisis de la información disponible. Se concluye que la corrupción no solo afecta la gobernabilidad, sino qué además perjudica la entrega de bienes y servicios que los ciudadanos requieren.

El objeto principal del presente trabajo es analizar los criterios de exclusión de la teoría de imputación objetiva a partir del razonamiento jurídico efectuado por la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Nulidad N° 2124-2018-LIMA, abarcando el proceso penal seguido en contra de personal militar del Ejército del Perú por delito de peculado por apropiación, donde se habrían coordinado y ejecutado una serie de actuaciones con el objeto de apropiarse reiterada y sistemáticamente del combustible asignado a dos dependencias militares durante el año 2006. La Corte Suprema condenó a los altos mandos por incumplir sus deberes de control y supervisión, pese a contar con una posición de garante; mientras que, al personal subalterno los absolvió por mantener competencias limitadas y adoptar conductas neutrales en el curso delictivo. La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo consistió en la búsqueda, revisión y análisis de legislación y jurisprudencia nacionales, así como de doctrina nacional y extranjera respecto de las posturas doctrinarias sobre los criterios de imputación objetiva más representativos. Luego del análisis del Recurso de Nulidad, se concluye que fue adecuada la decisión de no aplicar los criterios de exclusión de principio de confianza y prohibición de regreso a los oficiales de mayor jerarquía; por el contrario, en la decisión de excluir de responsabilidad penal a los subalternos, no se habría considerado los presupuestos de aplicación de las categorías prohibición de regreso y conductas neutrales, conforme a los planteamientos de imputación objetiva que se han adoptado para los fines del presente informe, que niegan la prohibición de regreso para quienes ostentan una posición de garante de protección. / The main purpose of this paper is to analyze the exclusion criteria of the theory of objective imputation, based on the legal reasoning carried out by the Supreme Court of Justice in the Appeal for Annulment No. 2124-2018-LIMA, covering the criminal proceeding followed against military personnel of the Peruvian Army for the crime of embezzlement by appropriation, where they would have coordinated and executed a series of actions with the aim of repeatedly and systematically appropriating the fuel assigned to two military units during the year 2006. The Supreme Court convicted the high command for failing to comply with their duties of control and supervision, despite having a position of guarantor, while the subordinate personnel were acquitted for maintaining limited competences and adopting neutral behaviors in the criminal actions. The methodology used for the development of this work consisted of the search, review and analysis of national legislation and jurisprudence, as well as national and foreign doctrine regarding the doctrinal positions on the most representative objective imputation criteria. After the analysis of the Appeal for Annulment, it is concluded that the decision to not apply the exclusion criteria of the principle of trust and the prohibition of the return of higher-ranking officers was adequate. On the contrary, in the decision to exclude subordinates from criminal liability, the pre-requisites for the application of the categories of prohibition of return and neutral conduct would not have been considered, in accordance with the approaches of objective imputation that have been adopted for the purposes of this paper, which deny the prohibition of return for those who hold a position of guarantor of protection.

En el presente informe analizamos tres problemas jurídicos que posee el Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. El primero enfocado a que es desconocida la teoría que utiliza la Sala para la determinación de la autoría y participación de los involucrados en el delito de colusión, generando no solo inseguridad jurídica, sino también un eventual caso de impunidad. El segundo está relacionado a determinar en qué consiste el aporte esencial que diferencia a la complicidad primaria y secundaria. El último está vinculado a poner en evidencia que la decisión de la Sala, al momento de imponer la pena misma pena para el autor y cómplice secundario, no solo presenta una clara contradicción jurídica, sino que sirve de utilidad para demostrar que también es inadecuado determinar la misma pena para el autor y cómplice primario en casos de delitos especiales. Ahora bien, para plantear nuestras propuestas de solución, recurrimos a la doctrina nacional y extranjera, como también a la jurisprudencia nacional. Por esta razón, llegamos las siguientes conclusiones. El primero enfocado a que la teoría de infracción de deber es la más idónea para resolver casos de delitos especiales. El segundo relacionado a que el concepto “aporte esencial” debe estar acorde a la combinación de la teoría de los bienes escasos y a teoría de la necesidad referida al “si” y al “cómo” de la ejecución en el caso concreto. Finalmente, que el autor y el cómplice primario no deben tener la misma pena en delitos especiales. / In this report we analyze three legal problems of the Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima. The first one is focused on the fact that the theory used by the Chamber to determine the authorship and participation of those involved in the crime of collusion is unknown, generating not only legal uncertainty, but also a possible case of impunity. The second is related to determine what is the essential contribution that differentiates primary and secondary complicity. The last is linked to highlighting that the decision of the Chamber, at the time of imposing the same penalty for the perpetrator and secondary accomplice, not only presents a clear legal contradiction, but also serves to demonstrate that it is also inadequate to determine the same penalty for the perpetrator and primary accomplice in cases of special crimes. Now, in order to present our proposed solutions, we turn to national and foreign doctrine, as well as to national jurisprudence. For this reason, we reached the following conclusions. The first one focused on the fact that the breach of duty theory is the most suitable to solve cases of special crimes. The second is that the concept of "essential contribution" must be in accordance with the combination of the theory of scarce goods and the theory of necessity referring to the "if" and "how" of the execution in the specific case. Finally, that the perpetrator and the primary accomplice should not have the same penalty in special crimes.

El presente artículo analiza como problema principal a la legitimidad de las influencias simuladas en el delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, en la primera sección describimos las principales características del delito, como la conducta típica y la consumación del delito. Asimismo, conceptualizamos y se diferencian sus modalidades; y posteriormente, se elabora un detalle de las posturas más importantes respecto a cuál es el bien jurídico protegido. En el segundo apartado comenzamos por brindar alcances del principio de lesividad, continuamos con el principio de mínima intervención y con lo explicado analizamos la jurisprudencia y doctrina en relación a la legitimidad de las influencias simuladas para tomar una postura al respecto de si superan el riesgo penalmente permitido. / This article analyzes the legitimacy of simulated influences in the crime of influence peddling as the main problem. Therefore, in the first section we describe the main characteristics of the crime, such as typical behavior and the consummation of the crime. Likewise, we conceptualize and differentiate its modalities; and subsequently, a detail of the most important positions is elaborated regarding which is the protected legal asset. In the second section we begin by providing scope of the principle of harm, we continue with the principle of minimum intervention and with what has been explained we analyze the jurisprudence and doctrine in relation to the legitimacy of simulated influences to take a position on whether they overcome the criminal risk permitted. / Trabajo académico

La figura de los funcionarios públicos que ejercen cargos de poder ha jugado un rol importante en el crecimiento de los índices de corrupción en nuestro país. En este sentido, un tema necesario de desarrollo es la responsabilidad penal del superior jerárquico en los delitos contra la administración pública, desde la imputación objetiva. Ello con la finalidad de realizar un análisis respecto a la aplicación del principio de confianza en este tipo de delitos que se desarrollan dentro de una estructura jerárquica organizada. / The figure of public officials who hold positions of power has played an important role in the growth of corruption rates in our country. In this sense, a necessary topic for development is the criminal responsibility of the hierarchical superior in crimes against the public administration, from objective imputation. This is in order to carry out an analysis regarding the application of the principle of trust in this type of crimes that take place within an organized hierarchical structure. / Trabajo académico

La función de coordinación en el sector público tiene un alto nivel de influencia respecto a la articulación de políticas públicas y sus objetivos. El Estado presenta escasos mecanismos formales para que los funcionarios públicos estén orientados a cooperar. La coordinación pública multinivel posee avances en relación a espacios en donde las autoridades de la Alta Dirección del Poder Ejecutivo dialoguen con otros actores de la Alta Dirección del sector público. Uno de estos mecanismos es el Gore Ejecutivo, espacio en el que los Ministros y Gobernadores Regionales junto a sus respectivos equipos técnicos, tienen la oportunidad de solicitar acuerdos, intercambiar conocimientos y fortalecer las relaciones de confianza. La presente investigación busca identificar y comprender la relevancia de los diversos factores que facilitan la coordinación multinivel desde el año de su creación, 2016, hasta el 2020. En vista a ello, la metodología se fundamenta en una revisión bibliográfica y 25 entrevistas semiestructuradas, empleando las metodologías de triangulación de fuentes y estudio de caso que ayudaron a estructurar y sistematizar los hallazgos de la investigación. En base a los autores y la teoría recogida, se logró establecer 3 categorías, de las cuales se pudieron descomponer 5 variables y 20 factores para examinar y comprender la influencia que poseen estos para facilitar la función de coordinación. La categoría “personales” identifica las características atribuibles a las personas como elemento clave para la coordinación multinivel. La categoría “información y comunicación” explica los mecanismos de intercambio de información y las reglas y responsabilidades que este conlleva. Finalmente, la categoría “política” muestra cómo las ventajas políticas podrían influir en la función de coordinación. Los factores de cada categoría son calificados en base al impacto y relevancia para facilitar la función de coordinación. Basado en los hallazgos, la investigación concluye en que los factores que facilitaron la función de coordinación en los Gore Ejecutivo entre el año 2016 y 2020 fueron la Capacidad de Alta Gerencia y el Valor profesional, ambas de la categoría personal, y las Reglas y responsabilidades claramente definida por los actores, de la categoría información y comunicación. En la primera categoría mencionada resaltan las variables de capacidad de negociación y la comprensión sistemática del Gore Ejecutivo, en el que se reconocen en mayor medida el nivel de preparación de los participantes de este espacio. Respecto a la segunda categoría mencionada, denota que no se aplicaron incentivos ni castigos para promover la eficiencia de este espacio y que la única meta clara fue la de solicitar presupuesto.

La Apelación N° 12-2019 de la Sala Permanente de la Corte Suprema es el proceso por el cual, el ex juez superior Luis Alberto Vásquez Silva, fue sentenciado por el delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada. En la sentencia, la Sala profundiza en la prueba indiciaria sobre ofrecimiento de influencias; por lo cual, en el presente informe jurídico analizaremos la resolución con el objetivo de conocer cuáles son los lineamientos para la valoración de la prueba indiciaria como elemento generador de convicción en dicho delito. En razón a ello, en primer lugar, describimos el tipo penal del delito de tráfico de influencias para; posteriormente, encontrar su vinculación con la prueba indiciaria y explicar su importancia, sus límites frente al principio de presunción de inocencia y el principio de debida motivación, y sus requisitos de validez para; en tercer lugar, con lo desarrollado en las dos primeras secciones, evaluaremos la postura de la Corte respecto a los alcances y la valoración de la prueba indiciaria en el ofrecimiento de influencias en el caso concreto como medio para otorgar credibilidad y desvirtuar la inocencia del imputado, mediante el análisis de los indicios recopilados y fundamentados por la Sala como parte del razonamiento para su decisión

El presente artículo aborda las formas de participación del delito de negociación incompatible, a fin de determinar si puede es posible admitir la complicidad en este tipo penal. El estudio analiza la estructura típica del delito y las tres modalidades de participación reguladas, sustentándose que es posible la participación del extraneus bajo la modalidad de intervención indirecta. Para sostener ello, se desarrolla lo señalado en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema y doctrina nacional, y se incorpora una propuesta personal. Asimismo, se incide en la incorrecta subsunción fáctica realizada en el caso en concreto, motivo por el cual se desarrolla una cadena de indicios capaz de fundamentar la responsabilidad de los intervinientes que acredita el acuerdo colusorio entre los funcionarios representantes de SERPAR Lima y Tomás Raúl Encinas Vilquimichi como representante de Perny’s E.I.R.L. El principal objetivo del presente trabajo es contribuir a contrarrestar aquellos espacios de riesgo que se presentan dentro de la Administración Pública - sobre todo en el contexto de contratación estatal - y que perpetúan la impunidad de aquellos que, si bien no ostentan la cualidad especial de funcionarios o servidores públicos, participan en el acto corruptor y contribuyen a lesionar el bien jurídico general protegido: el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Esta investigación surge por la necesidad de profundizar en el fenómeno de la corrupción desde el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, tratando de llenar el vacío de estudios formales desde un enfoque de análisis relacional y de captura del Estado. Así, se busca generar un análisis de los modus operandi y los factores institucionales que generaron un desenlace como el del caso. Al respecto, se ha aterrizado el presente estudio bajo un enfoque de captura del Estado, tomando en consideración las complejidades de las relaciones sociales desde una metodología de Social Network Analysis y entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran que la red se estructuró en base al funcionamiento orgánico de las instituciones judiciales, con una intención legitimadora y hegomonizadora que tenía como finalidad el copamiento del sistema judicial a partir de una red ilícita conformada por jueces, fiscales, empresarios y políticos que conformaron su grupo desde una identidad colectiva común y el objetivo de ascender socialmente mediante la carrera judicial pública. De este modo, este análisis es una primera mirada a los fenómenos de corrupción de altos funcionarios desde el sistema judicial, siendo los mismos funcionarios los captores del aparato estatal. / This investigation arises from the need to delve into the phenomenon of corruption from the case of Los Collars Blancos del Puerto, trying to fill the gap of formal studies from a perspective of relational analysis and capture of the State. Thus, it seeks to generate an analysis of the modus operandi and institutional factors that generated an outcome such as the one in the case. In this regard, the present study has been landed under a State capture approach, taking into account the complexities of social relations from a Social Network Analysis methodology and semi-structured interviews. The results show that the network was structured based on the organic functioning of the judicial institutions, with a legitimizing and hegomonizing intention that had the purpose of taking over the judicial system from an illegal network made up of judges, prosecutors, businessmen and politicians who formed his group from a common collective identity and the objective of social promotion through the public judicial career. In this way, this analysis is a first look at the phenomena of corruption of high officials from the judicial system, the officials themselves being the captors of the state apparatus.