Cada año las consecuencias negativas que produce la corrupción en nuestro país resultan siendo más graves, al grado de generar un debilitamiento profundo en las autoridades, instituciones públicas, desconfianza en la ciudadanía hacía los poderes públicos y en la actualidad llegando a vulnerar y afectar nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución. En esa medida diversos organismos internacionales y Estados nacionales han manifestado su preocupación inmediata llegando a concebir la idea de constituir un nuevo derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción enfocado dentro de un nuevo constitucionalismo transformador que traiga consigo un enfoque sobre corrupción basado en los derechos humanos. Frente a lo manifestado, la presente investigación se encuentra orientada a determinar si las políticas públicas anticorrupción y modificaciones legislativas ejecutadas por el Estado vienen dando resultados para combatir la lucha contra la corrupción durante los últimos años, y que en cuya consecuencia, resulta necesaria o no, la incorporación de un artículo expreso en nuestra Constitución que garantice el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción, atendiendo a que el Estado tiene como obligación y deber principal el velar y garantizar el respeto a la dignidad humana y a los demás derechos estipulados en la constitución procurando para ello crear o instituir un ambiente en el cual puedan disfrutarse de aquellos derechos señalados, y actuando obligatoriamente frente a cualquier amenaza de estos derechos. / Every year the negative consequences of corruption in our country become more serious, to the point of generating a profound weakening of the authorities, public institutions, mistrust among citizens towards the public authorities and, at present, even violating and affecting our human rights established in the Constitution. To this extent, various international organisations and national states have expressed their immediate concern and have even conceived the idea of creating a new human right to live in a corruption-free society, focused on a new transformational constitutionalism that brings with it a human rights-based approach to corruption. In view of the above, this research is aimed at determining whether the anticorruption public policies and legislative amendments implemented by the State have been producing results in the fight against corruption in recent years, and whether or not it is necessary to include an express article in our Constitution that guarantees the right to live in a corruption-free society, The main obligation and duty of the State is to ensure and guarantee respect for human dignity and the other rights stipulated in the constitution, by trying to create or institute an environment in which the aforementioned rights can be enjoyed, and by taking mandatory action in the face of any threat to these rights. / Trabajo académico

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal el análisis de la autoría y participación en el delito de peculado doloso desde la posición de la Corte Suprema del Perú en el Recurso de Nulidad Nº 615-2015, sobre el cual versa el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori Fujimori por haber ordenado el desvío de fondos públicos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para la compra de diversos titulares de diarios nacionales, llamados “Diarios Chicha”, con el fin de favorecerlo en su campaña de reelección presidencial. Respecto a ello, la Corte Suprema determina que Alberto Fujimori Fujimori no puede ser autor del delito de peculado, dado que como delito de infracción de deber requiere la existencia de un deber positivo institucionalizado que lo vincule a ello, en ese sentido, en su condición de Presidente de la República, no presenta ningún deber establecido respecto a la adminstración o custodia de los caudales del SIN. La metodología empleada requirió la revisión y análisis de jurisprudencia nacional, así como de doctrina extranjera y nacional relevante para la materia tratada. Tras el desarrollo se concluye que dada la postura asumida por el Tribunal Supremo siempre tendríamos que remitirnos a un deber específico indentificado que le compete al funcionario público para ser imputado como autor de peculado. No obstante, esta posición no resulta la más adecuada y genera que se vuelva una imputación administrativa de un delito y no sea coherente con la protección de bienes jurídicos establecida en nuestro ordenamiento penal. / The main objective of this academic paper is the analysis of the authorship and participation in the crime of intentional “embezzlement” from the position of the Supreme Court of Peru in the Nullity Appeal Nº 615-2015, which is the subject of the criminal proceedings against Alberto Fujimori Fujimori for having ordered the diversion of public funds to the National Intelligence Service (SIN) for the purchase of various headlines in national newspapers, called "Diarios Chicha", in order to favor him in his presidential reelection campaign. In this regard, the Supreme Court determines that Alberto Fujimori Fujimori cannot be the perpetrator of the crime of “embezzlement”, since as a crime of breach of duty he requires the existence of a positive institutionalized duty that links him to it, in this sense, as President of the Republic, it does not present any established duty regarding the administration or custody of SIN funds. The methodology used required the review and analysis of national jurisprudence, as well as foreign and national doctrine relevant to the subject matter. After the development it is concluded that given the position taken by the Supreme Court we would always have to refer to an identified specific duty that belongs to the public official to be charged as the perpetrator of “embezzlement”. However, this position is not the most ADE and generates that it becomes an administrative imputation of a crime and is not consistent with the protection of legal assets established in our penal system.

El caso por el cual Aurelio Pastor Valdivieso, reconocido político peruano, fue sentenciado en primera y segunda instancia por la comisión del delito de tráfico de influencias y absuelto por la Casación 374-2015 Lima es un antecedente muy importante para comprender cómo en nuestro país se ha venido entendiendo la naturaleza de este delito, en especial, la modalidad de “influencias simuladas”. Es así como buscaremos, en primer lugar, identificar el bien jurídico tutelado por el tipo penal “tráfico de influencias” mediante el análisis de las distintas posturas al respecto, así como presentar los elementos necesarios para su configuración. En segundo lugar, evaluaremos si el ejercicio legítimo de la profesión de abogado podría ser tomado como una causa justificante para el delito de tráfico de influencias simuladas, conforme a lo señalado por la Corte Suprema, amparándose en que los actos por los que Aurelio Pastor fue sentenciado corresponderían a gestiones de intereses que los abogados estarían autorizados a hacer en búsqueda de cumplir con el derecho a la defensa de sus patrocinados. Por último, el presente informe jurídico buscará identificar si en el caso específico existió una incitación por parte del tercero interesado en la ejecución de las influencias invocadas configurando un delito provocado. / The case for which Aurelio Pastor Valdivieso, renowned Peruvian politician was sentenced in first and second instance for the commission of the crime of influence peddling and acquitted by the Cassation 374-2015 Lima is a very important precedent to comprehend how the nature of this crime has been understood in our country, especially in the “simulated influences” modality. In this way we pretend to, in first place, identify the protected juridical good by the crime of influence peddling by analyzing the different positions in this regard, as well as presenting the necessary elements for its configuration. In second place, we will evaluate whether the legitimate exercise of the legal profession could be taken as a justifying cause for the crime of simulated influence peddling, in accordance with the Supreme Court, based on the fact that the acts for which Aurelio Pastor was sentenced would correspond to interest management that lawyers would be authorized to do in order to comply with the right to defense of their clients. Finally, this legal report will seek to identify whether in the specific case there was an incitement by the third party interested in the execution of the pleaded influences, configuring a provoked crime.

Este trabajo de investigación pretende abordar el análisis del régimen tributario aplicable a los funcionarios y agentes que forman parte de las instituciones de la Unión Europea, detectando las cuestiones problemáticas que plantea y aportando posibles soluciones. Tras hacer un recorrido por las normas de Derecho internacional, europeo e interno que tienen incidencia en su fiscalidad, analizaremos de manera particular el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea, Anexo 7º del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y su desarrollo reglamentario, que es la norma que concentra las reglas que dibujan la singularidad del status que se les aplica. Así nos detendremos en el análisis del artículo 12 que crea una figura impositiva netamente europea de imposición directa, que somete a gravamen los salarios y demás emolumentos de estos empleados públicos, exonerándolos de tributación de los impuestos que los Estados tienen establecidos en sus legislaciones domésticas con el fin de gravar las rentas del trabajo. Examinaremos igualmente el artículo 13 del citado Protocolo que, en relación con los impuestos de la renta, patrimonio y sucesiones, contempla el establecimiento de un Régimen especial de determinación de la residencia fiscal, resultando de interés conocer tanto las razones que inspiran esta regla, como si su existencia otorga, en comparación con el resto de contribuyentes, un trato más ventajoso que permita calificarlo como de privilegio. Además de explorar cuáles son las notas características de este singular tratamiento fiscal, profundizaremos en los conflictos que por la aplicación por los Estados pueda estar produciendo, poniendo especial énfasis en si España está incurriendo en algún tipo de vulneración del Derecho europeo por infracción de los principios de no discriminación y las libertades de circulación de personas y capitales reconocidas a los contribuyentes.

El delito de colusión es un ilícito que últimamente ha cobrado suma importancia, pues, dentro de la gama de aquellos contemplados en nuestro ordenamiento, entre ellos los delitos de corrupción de funcionarios, es el de mayor índice estadístico y el que ha generado mayor detrimento al erario nacional. Esto en razón que los funcionarios públicos en contubernio con los proveedores de bienes, obras y servicios han encontrado en la hacienda pública un botín para acrecentar su patrimonio ilícitamente, perjudicando directamente a la ciudadanía en general, pues ven truncadas sus aspiraciones de obtener servicios públicos de calidad. Para combatir este flagelo, se ha implementado una serie de herramientas normativas que involucran las denominadas “delaciones”, convirtiéndose en mecanismos útiles para la investigación del crimen organizado vinculados a la corrupción, pues, el uso de esta técnica ha permitido denunciar a muchos funcionarios, incluso de alto nivel como ex presidentes, ex ministros, congresistas y otros, en razón de los beneficios penitenciarios ofrecidos legalmente a los aspirantes involucrados en dichos procesos. No obstante, para la utilización de esta técnica se requiere fortalecer el Programa de Protección de Testigos y Colaboradores, a fin de que se torne atractivo para los aspirantes a dicho programa, reduciendo los riesgos a estarían expuestos en contra de su integridad personal y la de su entorno cercano. Si bien es cierto, el programa es útil, también se ha constatado que existen deficiencias en los denominados análisis de riesgo y su aplicación integral, los cuales serán abordados en el presente trabajo, proponiéndose un prototipo que pueda agilizar y mejorar el procedimiento de análisis elaborando informes de riesgo que cuenten con sustento técnico objetivo, con valoración a cada criterio de evaluación. / The crime of collusion is an offense that has recently gained great importance, since, within the range of those contemplated in our system, among them the crimes of corruption of officials, it is the one with the highest statistical index and the one that has generated the greatest detriment to the national treasury. This is because public officials in collusion with the suppliers of goods, works and services have found in the public treasury a loot to increase their assets illicitly, directly harming citizens in general, since they see their aspirations to obtain public services cut short quality To combat this scourge, a series of regulatory tools have been implemented that involve the so-called “reports”, becoming useful mechanisms for the investigation of organized crime linked to corruption, since the use of this technique has allowed many officials to be denounced, even high-level ones such as former presidents, former ministers, congressmen and others, due to the prison benefits legally offered to the candidates involved in said processes. However, to use this technique, it is necessary to strengthen the Witness and Collaborator Protection Program, so that it becomes attractive to applicants for said program, reducing the risks they would be exposed to their personal integrity and that of others. their close environment. Although it is true that the program is useful, it has also been found that there are deficiencies in the so-called risk analysis and its comprehensive application, which will be addressed in this work, proposing a prototype that can streamline and improve the analysis procedure by developing risk reports that have objective technical support, with assessment of each evaluation criterion.

Si bien no es posible dar con un concepto de corrupción, ello debido a la complejidad y extensión de este fenómeno, sí se puede afirmar que, en toda sociedad, la corrupción pública se traduce en el desgobierno, el nepotismo, la anarquía y el trasvase de los caudales públicos a bolsillos privados, entre otras funestas consecuencias. Una de las formas para combatir este fenómeno es la tipificación penal de conductas lesivas a la administración pública. No obstante, desde los medios de comunicación, que a su vez influyen notablemente en la actuación del legislador y del poder judicial, a menudo se plantea que este fenómeno criminal debe ser combatido sin restricción alguna. Se parte de la premisa de que el fin justifica los medios y, por ende, es del todo justificable el alejamiento de los derechos fundamentales, así como de los principios y garantías del Derecho Penal (entre ellos el principio de legalidad) si se trata de combatir este y más problemas que perturban el orden político-social. En tal sentido, resulta necesario tratar de definir, así como analizar a fondo, a uno de los protagonistas de los delitos contra la administración pública y que justamente es uno de los partícipes en los actos de corrupción, nos referimos al funcionario público. En este orden de ideas, se destaca que uno de los problemas que existe en la conceptualización de dicho sujeto es la asunción de la noción de funcionario de hecho en el ámbito penal, figura de origen administrativo y que ha sido acogido por la jurisprudencia en el ámbito penal, la cual plantea, tal y como estudiaremos a lo largo de la presente tesis, un cúmulo de problemas para el Derecho Penal.

El presente trabajo pretende analizar el ordenamiento sancionador público en el Perú, poniendo en evidencia algunos problemas y limitaciones que lo aquejan, en cuanto a la aplicación respetuosa de las garantías que rigen, desde la Constitución, para toda norma sancionadora. En particular, se analiza la problemática que afecta a una manifestación de ese ordenamiento sancionador público: el Derecho Administrativo Sancionador peruano. Admitir que el Derecho Administrativo Sancionador patrio muestra hoy características muy similares a las de aquél derecho represivo prebeccariano, al que hace referencia el texto citado, no es una ligereza. Como sucedía en aquél contexto en España, el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú no tiene un desarrollo teórico, normativo o jurisprudencial, que respete las exigencias de un Estado Social y Democrático de Derecho. Contrariamente, se evidencia un claro desorden y falta de sistematicidad de las normas que regulan la imposición de sanciones de carácter administrativo.

La presente investigación está relacionada con un tema de gestión pública que atañe al Derecho porque trata sobre la forma de aplicación de las normas legales, pero también porque, como consecuencia de dicha aplicación, afecta derechos fundamentales de un importante grupo de servidores públicos. Todo Estado moderno establece mecanismos para su Administración Pública sea eficiente y eficaz. Ello, significa que la Administración no sólo debe dar un buen servicio, sino también que para ello debe hacer un buen uso de sus recursos. Con la reducción de la estructura del Estado y del número de sus servidores, se esperaba, además de reducir el gasto público, contar con una administración más ágil. Esta meta no llegó a concretarse, aún cuando en octubre del 2001 entró en vigencia la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyas disposiciones han significado un verdadero avance en la protección de los derechos ciudadanos en materia de justicia administrativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.

En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT. / Tesis