Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como pilar fundamental el análisis de los conflictos que se suscitan entre consumidores y proveedores y los métodos de resolución que se han aplicado para resolverlos. De esta forma, se intentó afirmar la siguiente hipótesis: “el arbitraje es un método eficaz y eficiente para resolver conflictos en sede de consumo que es factible de ser establecido en Chile”. Para contextualizar se ha debido introducir el tema caracterizando el conflicto de consumo, describiendo en qué consiste un acto de consumo, los sujetos que participan de él y las normas y principios sustantivos que rigen en esta materia, para luego aportar información sobre la experiencia comparada de Argentina, España y México respecto de los cuales se ha realizado un análisis legal, doctrinario y jurisprudencial en materia de arbitraje de consumo: sus ventajas y desventajas, procedimiento previsto, cómo ha sido acogido por los sujetos de los actos de consumo y cómo conviven los distintos métodos de resolución de conflictos. La investigación se realizó conforme al método dogmático tradicional, combinado con metodologías propias de la investigación cualitativa, realizándose entrevistas semi-estructuradas a juristas del ámbito nacional e internacional. Como resultado se formulan propuestas susceptibles de ser aplicadas en la legislación chilena, además de servir de base para nuevas investigaciones y proyectos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo se enmarcó dentro del Proyecto de Investigación Fondecyt elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad, a cargo del Dr. Claudio Nash: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y jurisprudencia nacional en Chile: el proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto de protección de grupos discriminados”. El objetivo de esta Memoria es determinar la forma en que se utiliza el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia nacional. Para esto, primero se buscó comprender en qué consiste dicho derecho, la necesidad de su existencia, y qué comprende (Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Belém do Pará, Convenios OIT y estándares derivados de jurisprudencia de la CIDH y la Corte IDH). Posteriormente, se realizó una recopilación de jurisprudencia nacional que utilizaba estándares contenidos en instrumentos internacionales sobre el derecho de las mujeres y se analizó el modo en que era utilizado por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Finalmente, se realizó ese mismo análisis con sentencias emanadas de los tribunales superiores de México, Colombia y Argentina, con el objetivo de vislumbrar la posible utilización sustantiva del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres por la jurisprudencia.

El presente trabajo constituye un aporte de investigación a un tema que por su naturaleza es un evento privado, pero por su implicancia es de acción penal pública. La violencia sexual infantil representa una trasgresión de los derechos de la víctima que repercute negativamente en el desarrollo del niño, niña o adolescente violentado sexualmente. El artículo 170° del Código Penal Peruano regula el tipo base de los delitos contra la libertad sexual, el cual la doctrina penal la denomina como “violación real”, “violencia carnal”, delitos sobre el cual el aparato punitivo del Estado, mediante Ley No. 27115, ha establecido la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual. En los delitos de violación de la libertad sexual, la tutela penal prevista en nuestro ordenamiento jurídico penal es la libertad sexual de la víctima, es decir, la capacidad de actuación sexual, y tratándose de menores de edad, la norma considera que la libertad de la víctima resulta irrelevante protegiendo por lo tanto la “intangibilidad o indemnidad sexual de ésta” La presencia de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal sobre delitos contra la libertad sexual, ponen a la luz importantes problemas que se reflejan no sólo en la identificación de los mecanismos probatorios que creen convicción en el Juzgador sobre el delito y la responsabilidad del presunto agresor, sino en la necesidad de realizar la ponderación de los intereses en conflicto dentro de un marco constitucional.

El presente trabajo de investigación se sustenta en el análisis de Resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú que a criterio del investigador han generado efectos sobre la aplicación de las normas que regulan las instituciones del Derecho de ejecución penal, como Los deberes y derechos del interno, el trabajo y la educación penitenciaria, la concesión y revocatoria de los beneficios penitenciarios de Prelibertad, condiciones de vida, la disciplina penitenciaria, el tratamiento penitenciario, la aplicación temporal de las normas de derecho de ejecución penal, entre otros, asimismo, se sustenta la presente investigación en base a la contrastación de encuestas dirigidas y realizadas a la muestra de 200 internos entre detenidos y sentenciados de los establecimientos penitenciarios de la Dirección Regional de Lima que representan al Universo de Población carcelaria activa para el presente estudio. Comprende también las entrevistas realizadas a especialistas en el Campo del Derecho así como el análisis y comentario de bibliografía, legislación y documentación que ha sido clasificada de forma debida por el investigador y que considera es relevante para cumplir con el objetivo del estudio. La presente investigación, se divide en los siguientes capítulos: El primero, se refiere al problema de investigación donde se ha identificado la realidad problemática, formulado el problema, los objetivos, justificación e importancia así como la hipótesis y variables a fin de contrastar y comprobar las hipótesis de estudio planteadas. El segundo, se desarrolla el análisis teórico y conceptual de la investigación. El tercero, comprende la metodología empleada de la investigación, donde se precisa el tipo, diseño, método, la población y muestra así como las técnicas e instrumentos de recolección y tratamiento de datos. El cuarto, se refiere a la comprobación de las hipótesis y resultados. Asimismo, se han formulado las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, con el fin de presentar en forma clara los diversos capítulos que conforman este estudio. En el presente trabajo de investigación pretendemos determinar cuál es el impacto de las sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que se emiten en aplicación de las normas de derecho de ejecución penal (Código de ejecución penal y las leyes especiales) en los diferentes casos que se presentan ante los entes administrativos y jurisdiccionales en el sistema penitenciario nacional.

El presente trabajo de investigación se titula: “INCERTIDUMBRE JURÍDICA COMOCONSECUENCIA DE LA NUEVA LEY DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL No 29062” es para obtener el grado académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política. Los docentes nombrados que laboran en las instituciones educativas en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, tienen su ley de Carrera Pública donde constan sus derechos, deberes, sanciones, etc. Muchos de ellos ignoran la legislación educacional al que cual pertenecen, conllevando ello a problemas administrativos entre otros. Los docentes del sistema educativo peruano deben tener conocimientos básicos de legislación Educativa, es decir deben de tener conocimientos de sus derechos y deberes, ya que un docente se caracteriza por dedicarse a la formación de estudiantes en todos los niveles del sistema educativo peruano. El presente trabajo de investigación se encuestó a docentes que laboran en la provincia de Atalaya, región de Ucayali, conociendo así los conocimientos básicos de legislación educativa en los docentes de dicha provincia. Se ha formulado el siguiente problema principal de investigación: ¿Cuáles son los principales aspectos de incertidumbre jurídica como consecuencia de la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial No 29062? El objetivo general propuesto de la investigación es determinar los principales aspectos de incertidumbre jurídica como consecuencia de la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial No 29062. La hipótesis principal de la investigación es: Los principales aspectos de la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial No 29062, producen incertidumbre jurídica. Alcanzando como conclusión, que la teoría de la reducción de la incertidumbre, aporta los elementos necesarios para tener en cuenta que el mensaje debe ser emitido con responsabilidad de parte del emisor; considerando la concreción y la significación evitando dar diversos mensajes sobre un solo hecho. La presente investigación está dividida de la siguiente manera: en el primer capítulo abordamos el planteamiento del problema y el contexto. En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico apoyados, de investigaciones previas y el desarrollo de cada una de las variables planteadas, describiendo cada una, con los indicadores. En el tercer capítulo cumplimos con la formalidad de la investigación explicando la metodología empleada para la recolección de la información. En el cuarto capítulo los resultados y la discusión. Finalmente las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos.

En el desarrollo de la actividad profesional, se tuvo la oportunidad de conocer cuatro eventos relacionados con la actividad corporativa que sembraron la inquietud de investigar respecto de su frágil desarrollo en nuestra patria, el primero, la constitución de sociedades, en especial anónimas, con un capital social no congruente con la envergadura del negocio que se pretendía realizar (objeto social); el segundo, la existencia de un considerable número de establecimientos comerciales que ante la más leve crisis coyuntural económica del país cerraron sus negocios y salían en los hechos del mercado, perjudicando a sus acreedores, que les dieron crédito considerando el tipo de sociedad (anónima) y en algunas otras consideraciones de índole personal; el tercer hecho observado en diversas sociedades anónimas, es la negación injustificada y sistemática del reparto de utilidades propiciada por los accionistas controladores, lógicamente cuando sus balances arrojan utilidades, política que llevó a la imposibilidad de recurrir a dichos accionistas u otros accionistas para obtener nuevos recursos ante las posteriores exigencias del mercado, o sea la necesidad de crecer, quedándole únicamente los préstamos bancarios y endeudamiento con proveedores, que finalmente los llevaron a la crisis y posterior liquidación; por último, el cuarto evento observado se presentó, cuando un grupo de accionistas, que controlaba una sociedad anónima, carentes de la tolerancia para coexistir con otros accionistas opuestos a su gestión social, sin motivación justificada o bajo aparente justificación, buscaron diluir la participación de estos incómodos accionistas e inclusive intentaron, posteriormente, adquirir sus acciones a precios diminutos, antecedentes que luego les imposibilitó, ante la apertura del mercado, obtener socios estratégicos, debiendo salir del mercado.

Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. / Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de 31 sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. El momento en el que un adolescente necesita más de sus derechos y tal vez más lejos los tiene, es cuando ingresa al sistema penal, pues su vulnerabilidad de sujeto en proceso de desarrollo se ve acentuada intensamente por la circunstancia en la que se encuentra. Lamentablemente, los derechos humanos del adolescente que infringe la ley son las más de las veces, difícilmente respetados y garantizados. Esta situación, cuestiona el mismo concepto de estado de derecho, pues no podemos afirmar la existencia de un estado de derecho cuando pese al reconocimiento lírico que hace la ley de los derechos humanos que le corresponden al adolescente como parte de la infancia, categoría jurídico social diferenciada; dicho reconocimiento legal, no se traduce en el respeto de sus garantías, ni capacidad jurídica en el día a día y más aún cuando el estado le pide cuentas frente a la comisión de un delito o falta. La presente tesis persigue el cuestionamiento de la vigencia de los derechos humanos específicos, desde el respeto del debido proceso, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, analizando el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus derechos dada la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran por encontrarse sometidos al sistema penal. La hipótesis de trabajo que hemos manejado es que a pesar de que nuestro país se ha adscrito a un modelo garantista en la Justicia Penal Juvenil, basado en la doctrina de la Protección Integral; la práctica nos permite observar que el modelo teórico por el que la legislación ha optado dista mucho de la realidad. Cuatro interrogantes desarrollan la formulación anterior, y son objeto de verificación en la presente investigación: 1.- ¿Se respeta el debido proceso en la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes? 32 2.- La redacción de la legislación peruana en materia de adolescentes infractores posibilita una interpretación garantista del debido proceso. 3.- ¿Cómo incide la intervención de los operadores de derecho en el respecto, inobservancia del debido proceso? 4. ¿Cuáles son los niveles de participación del adolescente en el proceso y su incidencia en el respeto del debido proceso? En el primer capítulo de esta investigación desarrollamos, la forma como ha evolucionado la visión del adolescente en conflicto con la ley penal, desde la doctrina de la situación irregular y la forma como la doctrina de la protección integral, se complementa con las categorías del derecho penal de mínima intervención. En el segundo capítulo hacemos un análisis del proceso penal seguido al adolescente en conflicto con la ley penal, y el largo camino recorrido hacia la consagración del debido proceso como derecho humano específico, elemento dinámico de la protección de sus derechos, ensayando una línea a de interpretación trasversal desde la doctrina de la protección integral. En el tercer capítulo y siendo la finalidad de toda tesis la solución de un problema no solo teórico y sobre todo fáctico y teniendo en cuenta además que en el campo jurídico especializado, se han hecho pocos estudios sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores sobre la base del análisis de expedientes judiciales abordamos el contenido del debido proceso y su funcionamiento dentro de la práctica judicial, y desde la perspectiva de los mismos adolescentes. En este sentido, hemos aplicado una ficha documental como instrumento de medición sobre una muestra 64 expedientes Judiciales en ejecución del año 2004, (32 de cada juzgado y 16 de cada secretaría) del distrito Judicial de Lima, para determinar, las principales causas de la inobservancia del debido proceso, la posible conexión de la misma con la ineficiente legislación procesal en la materia, a fin de describir la problemática y explorar alternativas de solución que posibiliten su respeto. Finalmente en el cuarto capítulo, señalamos los aspectos que deben ser tomados en cuenta teniendo como elemento central a la observancia del debido proceso, para la reconstrucción del modelo de intervención penal juvenil. Agradecemos la oportunidad que hemos tenido de enriquecer nuestro trabajo con el aporte valioso y espontáneo de los mismos adolescentes sometidos a la Justicia Penal Juvenil, mediante la aplicación de una encuesta y una reunión Focus Group. De este modo hemos identificado su nivel de comprensión y participación en el proceso judicial y recogido sus opiniones sobre el sistema penal juvenil. Asimismo, agradecemos la valiosa colaboración de los Jueces del Distrito Judicial de Lima, Dres. Elizabeth Minaya Huayaney Juez Titular del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal y Dr. Carlos Suárez Chávez, Juez Titular del Quinto Juzgado de Familia Especializado en lo Penal, así como de los Especialistas Legales Doctores Carla Valera, Edita Huamán, Maria Izquierdo y Betsabeth Santiago por las facilidades brindadas en la ejecución de la investigación, así como al Director del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Profesor Garamendia y al Asesor del mismo, Miguel Ordóñez por facilitarnos la comunicación personal y espontánea con los adolescentes. Nuestro especial reconocimiento al Dr. Victor Cubas Villanueva, asesor de esta tesis, por su comprensión, sus valiosas sugerencias, por la confianza y el apoyo brindados en el desarrollo de esta investigación.

En esta investigación refutamos estas afirmaciones por considerar que parten de una excesiva simplificación e idealización de la protectoría de indios, que imposibilitan la comprensión de los aspectos más funcionales y pragmáticos a nivel de interacción entre protectores e indígenas. Si su labor de defensa hubiera sido totalmente ineficaz como se ha sostenido por un sector mayoritario de la historiografía, el cargo no hubiera pervivido hasta las postrimerías de la presencia hispánica en América. La protectoría de indios, a nuestro entender, sí cumplió una labor de defensa de los derechos indígenas, pero no en los términos ideales que la norma y la Corona anhelaban, ni tampoco en los términos que la crítica y las buenas intensiones hubieran deseado.

El origen de la presente tesis tiene como base el análisis de la cruenta realidad de los centros penitenciarios en el Perú, pero al profundizar en la investigación resultó ser sólo era la punta del iceberg; la crisis del sistema de justicia en el Perú y en el caso concreto de Lima metropolitana encierra un sin fin de problemas y consecuencias sociales. Se comprueba a diario que en los procesos penales de Lima metropolitana se omiten los derechos que se deberían defender; nos encontramos pues ante un proceso penal deshumanizado que ve al inculpado como un objeto, un expediente, y no el ser social, integrante de una familia; El aparato judicial peruano, como otros sistemas latinoamericanos, recoge en su código penal y procesal penal doctrinas de altas cunas jurídicas, donde la aplicación de las leyes penales se inician y concluyen con la prisión. Para agravar más la situación, los centros penitenciarios en el Perú no constan con una política de rehabilitación y reinserción social, por lo contrario, dichos establecimientos son el núcleo de las más terribles violaciones de los derechos fundamentales de la persona, incluidos en estos la propagación de enfermedades venéreas e infecto contagiosas entre los detenidos, lo cual se ve incrementado debido a la sobrepoblación existente.