El presente trabajo de investigación analiza la pertinencia de la aplicación del periodo de prueba en el régimen especial de construcción civil a raíz del pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia N° 01807-2010-PA/TC, donde se ha expresado que, a los trabajadores de construcción civil también les es aplicable dicha institución del régimen general establecida en el artículo 10° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sobre el particular, consideramos que esta disposición constituye un error por parte del máximo intérprete de la Constitución, debido a que en la citada sentencia no se han considerado las características propias y esenciales del régimen especial de construcción civil (la eventualidad y la ubicación relativa) que, por el contrario, sí fueron desarrolladas previamente en la sentencia recaída en el Exp. N° 0261-2003- AA/TC. En ese sentido, este precedente puede generar una confusión en los operadores jurídicos sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de construcción civil; por ello se expondrán los argumentos que sustentan nuestra postura respecto a la inaplicación del periodo de prueba en este régimen en virtud a las particularidades del trabajo realizado en dicho sector productivo. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario mencionar que sobre el tema central del trabajo no existen tratados ni ensayos, y que su aplicación jurisprudencial no ha sido la esperada pues no se analizaron las instituciones comprendidas a detalle. Por todo ello, la presente investigación buscará suplir el vacío existente analizando las instituciones comprometidas y ensayando respuestas a las controversias surgidas a partir de la aplicación de una institución general, como lo es el periodo de prueba, a un régimen especial. / Trabajo académico

El presente trabajo busca exponer como se realiza la certificación ambiental de los proyectos de inversión del sector comunicaciones relacionados a las actividades de radio y telefonía otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (en adelante, “DGASA”), y la problemática sobre la evaluación y aprobación en la certificación y su exigibilidad para las actividades de radio las cuales no se habrían realizado de manera adecuada, como si ocurre para las actividades de telefonía. En tanto, de la información recopilada y entregada por la autoridad ambiental confirma la hipótesis de los criterios de evaluación, procedimiento y certificaciones realizadas por actividad de radio y telefonía, lo cual da lugar al planteamiento de solución de mejora, dirigida a salvaguardar la protección del medio ambiente. Asimismo, de la información recopilada se puede tener en consideración los criterios de evaluación que se toman en consideración para los proyectos del sector comunicaciones y la brecha que existe en la certificación ambiental por actividades del mismo sector concerniente a la telefonía y radio, y la problemática para la evaluación y su exigibilidad por el nivel de impacto ambiental que pudiera generar, debiendo realizarse la gestión para la implementación de mecanismos de evaluación sectoriales y el seguimiento del cumplimiento del marco normativo ambiental a través de la aprobación de un Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Comunicaciones. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación persigue la finalidad de proponer los aspectos principales cubiertos por un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. El estudio de los aspectos principales implica una revisión detallada de bibliografía especializada del ámbito jurídico, así como del campo académico de la gestión de negocios y de la ética empresarial. Así, primero se realiza una evaluación de los estándares internacionales para el marco general de los programas de cumplimiento. La guía ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, así como las publicaciones de la Society of Corporate Compliance and Ethics y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos brindan un marco de referencia para entender qué es un programa de cumplimiento y cómo debe gestionarse. Asimismo, se hace una comparación de las propuestas chilena, brasilera y peruana de los aspectos principales de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia. Los aspectos clave para la implementación de un robusto programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia son bastante similares para las autoridades de Chile y Brasil. En Perú, las resoluciones 078- 2016/CLC-INDECOPI y 01 0-2017/CLC-INDECOPI nos dan un alcance de las expectativas de la autoridad peruana respecto a los programas de cumplimiento. Finalmente, se realiza un análisis de los alcances y limitaciones de un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. / Trabajo de investigación

En el Perú, la realización cinematográfica y la comercialización de cervezas artesanales son dos industrias de considerable crecimiento en esta década, pese a los obstáculos que se les presentan. En la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas, presente en la norma sectorial (Ley Nº 28681) aplicada a través de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, hay una traba relevante al desarrollo de ambas, la incertidumbre sobre cómo cumplir con el requisito de la publicidad audiovisual de bebidas alcohólicas de consignar la frase “TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO”, al usar la técnica del product placement o emplazamiento del producto; incertidumbre que inhibe al anunciante de utilizar este tipo de publicidad en una obra cinematográfica, así como a su realizador de obtener el financiamiento proveniente. La investigación tiene como objetivo aclarar el concepto del product placement, por un lado, y detectar las debilidades de las normas antes señaladas, proponiendo reformulaciones normativas que aclaren el modo de cumplimiento del requisito mencionado. Se parte de la premisa de que la normativa actual, que data de la década pasada, no ha asimilado los cambios en cuanto a tecnología y comunicación, y no ayuda a desarrollar una publicidad de ese tipo. Se inicia la investigación con el concepto del product placement, para luego analizar las normas vigentes, para tener en el tercer capítulo de esta investigación, como síntesis, lo referido a la propuesta del cambio normativo (razones, entorno y texto sugerido). Existe un desfase, sobretodo en la norma sectorial, respecto de las modalidades de comunicación, y la necesidad de incluir en las definiciones de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la de product placement; sobre la base de dicha conclusión, se hace la propuesta de modificación para cada cuerpo normativo / Tesis

A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos tomado como referencia determinados hechos históricos que fundamentan la evolución de las instituciones jurídicas estudiadas en esta investigación; sin embargo, somos conscientes que en simultáneo se han ido produciendo otros acontecimientos, que ya no los podremos incluir y que serán objeto de análisis de quien tome la posta en un ulterior intento de continuar con nuestra investigación. / Tesis

En la tutela de derechos que nos brinda un Estado, los derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho al juez natural o predeterminado por ley, derecho al juez imparcial, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, entre otros, son de vital importancia porque sin el ejercicio pleno de éstos no se pueden demandar el cumplimiento de otros derechos llamados materiales. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos muy importante en el país, y su estudio continúa despertando interés en el ámbito jurídico alrededor del mundo. El presente informe tiene por objeto analizar una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió un proceso de anulación de laudo arbitral y busca determinar si el tribunal arbitral trasgredió los principios de imparcialidad e independencia. Luego de narrar los hechos sobre los que versa la controversia, el análisis se sostiene en un marco conceptual citando destacados aportes doctrinales, como los de Carlos Matheus López, John Bishop, Francisco González de Cossío; y además en jurisprudencia arbitral, judicial nacional e internacional. Algunos de los conceptos desarrollados en el presente informe son: principio de independencia e imparcialidad, principio de flexibilidad, deber de revelación y recusación.

Actualmente en el mundo, existe un aumento de la población adulta mayor, que ha ocasionado que diversos países elaboren una figura jurídica que permita incrementar sus ingresos en esta etapa, teniendo como valor activo, la vivienda. Es por ello, que en varios países se ha creado la figura jurídica de la hipoteca inversa, con la finalidad de obtener de la vivienda un valor líquido que permita el solvento de los adultos mayores. En nuestro país, la hipoteca Inversa fue creada el pasado 28 de marzo del 2018, por lo cual es una figura jurídica reciente en nuestra legislación. En ese sentido, hemos considerado conveniente realizar un trabajo de investigación sobre las principales características de la hipoteca inversa regulada en el Perú y sus aspectos registrales. Asimismo, hemos realizado un breve análisis de la regulación de la hipoteca inversa en México y España a fin de dar a conocer algunos aspectos importantes de su regulación que consideramos debieron ser tomados en cuenta en nuestra legislación.

Frente a la lucha por combatir a las mafias existentes que participan en la falsificación de documentos, suplantación de identidad y en el tráfico de terrenos, y en la búsqueda de brindar seguridad a la ciudadanía, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aprobó, mediante la Resolución N° 314-2013-SUNARP/SN, la Directiva N° 008-2013- SUNARP-SN que regula el procedimiento para la inmovilización temporal de las partidas de predios. Sin embargo, este procedimiento generó controversias, siendo objeto de críticas y hasta de una demanda de Acción Popular que fue declarada infundada. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo académico es analizar el origen, contenido y efectos de la citada Directiva, para lo cual se investigó su naturaleza, su compatibilidad con la Constitución Política del Perú y el Código Civil, y sus efectos a partir de lo resuelto por el Tribunal Registral en sus resoluciones. Como resultado de la investigación se obtuvo que mediante la citada Directiva no se creó un nuevo acto inscribible, sino que ella contiene una herramienta de protección que no vulnera la Constitución Política del Perú ni el Código Civil; ya que, al ser un mecanismo de protección no representa una limitación a la propiedad. Asimismo, y a partir del análisis de las resoluciones del tribunal registral se aprecia que como mecanismo de seguridad tiene varias falencias, y que no es la solución final frente a las mafias existentes, sino una solución transitoria que tiene como fin menguar la inseguridad de los usuarios; no obstante, ser ellos quienes asumen los costos de tal mecanismo, por lo cual es imprescindible que el problema de la inseguridad tenga soluciones claras y que ellas sean asumidas por la SUNARP y no por los usuarios.

El presente trabajo académico surge a propósito de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1192 ahora Texto Único Ordenado de la Ley marco de adquisición y expropiación de Inmuebles, y de transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2019-VIVIENDA en fecha 12 de marzo de 2019, y el Decreto Legislativo N°1400 que tiene por objeto regular el Régimen de Garantía mobiliaria en fecha el 10 de setiembre del 2018, en estos decretos se limita el rol encomendado al Registrador Público que es la calificación registral, por lo que el presente trabajo estará enfocado en determinar si se vulnera el derecho de igualdad en la aplicación a la ley, cuando se inscriben actos registrales que devienen de los Decretos Legislativos mencionados al no considerar la calificación registral establecida en el art. 2011 del Código Civil, Art. 3 y 6 de la Ley N° 26366, el Art. V del título Preliminar y concordante con los Art. 31 y 32 del TUO del Reglamento de General de Registros Publicas, asimismo determinar si dichas inscripciones generan seguridad Jurídica.

En nuestro país a lo largo de los últimos años hemos sido testigos que se han suscitado una serie de irregularidades en cuanto respecta a la transferencia y disposición de bienes inmuebles por parte de bandas conformadas por inescrupulosos, que a diestra y siniestra han actuado en perjuicio de aquellos titulares que se encuentran en posesión de sus bienes pero que por uno u otro motivo no han podido regularizar la inmatriculación de su propiedad para alcanzar seguridad jurídica, objetivo este que es perseguido de forma fundamental por los Registros Públicos. El Código Civil en su artículo 2018º exige como requisitos para la inmatriculación de predios que se deba exhibir títulos por un período ininterrumpido de cinco años, o en su defecto, títulos supletorios; sin especificar, cuáles son los demás documentos técnicos que deban adicionarse para lograr tal cometido, razón ésta que ha sido “advertida” y ha causado preocupación en el legislador Peruano, por lo que ha previsto que se regule el Decreto Legislativo Nº 1209 - Decreto Legislativo que establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares en el Registro de Predios, esto con la finalidad de permitir al ciudadano conseguir inscribirse como titular de su propiedad en el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos. En consecuencia, el presente trabajo tiene como finalidad identificar si la entrada en vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1209, “regulará adecuadamente” y “agilizará” la inmatriculación de predios, o generará mayor dilación de tiempo en el caso de suscitarse superposiciones parciales o totales respecto de los predios colindantes o por último si realmente sea una forma efectiva de proteger la propiedad y otorgar seguridad jurídica.