Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta obra se centra en la revisión del reclamo por vulneración de derechos a partir de la creación del nuevo artículo 8 bis del Código Tributario. Se presenta una revisión de la historia de la ley, la necesidad de su implementación, la legislación existente previa a su creación y sus promotores. Entrega, además, una mirada desde el derecho comparado y cómo otras legislaciones han resuelto esta problemática. Además, se contempla la revisión de cada una de las instituciones que dan forma al procedimiento por vulneración de derechos, entendiéndose por tal, la acción de reclamación, las partes del litigio, la potestad del Juez Tributario y Aduanero, entre otras. También, contiene un análisis de las tareas del Juez Tributario y Aduanero, a través de las fases de conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo resuelto. Luego, junto con estudiar la jurisprudencia nacional, se formula un análisis crítico del procedimiento de reclamo por vulneración derechos a partir de datos estadísticos de los mismos Tribunales Tributarios y Aduaneros. Finalmente, las conclusiones del documento se refieren, primero, a la utilidad de la dictación del artículo 8 bis, segundo, a una evaluación al procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, y por último, a las consideraciones jurisprudenciales extraídas de los fallos en comento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta obra se centra en el estudio de régimen de justificación de inversiones, gastos y desembolsos regulada particularmente en los Artículos 70 y 71 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esta institución es fundamental en el ordenamiento jurídico tributario nacional, por lo que analizar diversas problemáticas prácticas que se suscitarían en su aplicación es el objetivo final de este trabajo. Para llegar a tener un completo entendimiento de este régimen, primeramente se contextualizará esta institución indicando cuáles son las fuentes de información del Servicio de Impuestos Internos, luego el marco normativo y las instrucciones administrativas de la justificación de inversiones. Posteriormente se estudiará el proceso de fiscalización llevado a cabo por el ente tributario y en particular el procedimiento por justificación de inversiones. Luego se analizarán las implicancias de la reforma tributaria, tanto de manera general, como en específico del tema que se estudia, y también las instrucciones administrativas al respecto y su vigencia como asimismo la historia de la ley de los artículos 70 y 71 de la Ley de Impuesto a renta. A continuación se mencionarán las posibilidades de impugnación con las que cuenta el contribuyente, haciendo especial énfasis en el reclamo tributario y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, respecto de los cuales se hará una breve referencia al proceso ante ellos, sus principios y principales modificaciones. Finalmente se concluirá con las distintas interrogantes de aplicación práctica del régimen de justificación de inversiones, a las cuales se les dará el análisis correspondiente a partir de la normativa legal administrativa y los criterios jurisprudenciales

Tesis (grado de magíster en derecho) / La democracia, como régimen político imperante y universalmente aceptado funda su estabilidad en factores los cuales, debidamente administrados, van a dar fuerza y permanencia a sus cimientos más esenciales, permitiendo la existencia de buenos y legítimos gobiernos, con un aparato administrativo que funciona correctamente y que consecuentemente hace perdurable la institucionalidad nacional. Por ello, es legítimo sostener, que la democracia es el único régimen dotado de la capacidad de dar seguridad y garantía a los derechos fundamentales de la personas, y en este contexto debemos entender que las obligaciones estatales dentro del marco democrático no se circunscriben a las relaciones entre los ciudadanos, sino también en cuanto el Estado, detentador un poder punitivo único y que ejerce en razón de que el pueblo se lo ha entregado y acepta que así sea, poder el cual puede presentarse de varias formas según el contexto de su aplicación. Así, en el derecho penal, tenemos al Estado sancionando al infractor de normas que se fundamentan en una idea de paz social, cuyo quebrantamiento está sujeto a las penas legalmente reguladas y mediante un procedimiento también establecido, pero al que la Constitución ha venido en asegurar que debe respetar ciertos parámetros que hacen que el sujeto que será sancionado, lo sea al menos de una forma racional y justa, tanto en cuanto a la sanción propiamente tal, como en la forma como se va a llegar a determinar las circunstancias que configuran su actuar delictual, hasta la sanción que se le habrá de aplicar por aquello. Y este poder punitivo también puede vislumbrarse en otros ámbitos del derecho público, así por ejemplo, la Administración tiene la facultad para aplicar sanciones a hechos que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, de actividades de servicios públicos, en lo que aparece fiscalizando o regulando en virtud de algún título de intervención administrativa; aspectos, los cuales, en que puede relacionarse con los administrados en el ejercicio de su poder punitivo, y que, por cierto, debe hacerlo de un modo que no vulnere las otras garantías que se le han entregado a las personas.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho privado) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto analizar la potestad cautelar del Juez de Familia, investigando si esta facultad jurisdiccional limita o restringe el debido proceso aplicable a las partes, como también una eventual colisión con el principio rector del interés superior del niño. De lo que es posible concluir que tales atribuciones del sentenciador tienen por objeto complementar un proceso racional, justo y legalmente tramitado para la consecución del interés superior que se manifiesta en la máxima realización espiritual, física y material de los niños y adolescentes.

Magíster en derecho con mención en derecho penal / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Según las diversas opiniones surgidas a partir de la dictación de la Ley N° 19.911, se ha afirmado categóricamente la imposibilidad de aplicar sanciones penales a los atentados contra la libre competencia en nuestro país, en particular, a la alteración concertada de precios. A nuestro juicio, tal afirmación es incorrecta, ya que para la defensa de la libre competencia aún subsiste en Chile un modelo de protección conjunta entre normas que establecen sanciones de carácter administrativo con normas que contienen sanciones de carácter penal y que no han sido derogadas. El presente trabajo pretende demostrar nuestra posición, mediante el análisis histórico, sistemático y del derecho comparado referente a la colusión para alterar los precios. PALABRAS CLAVE: libre competencia, prácticas colusorias, alteración concertada de precios, modelo de protección a la libre competencia, legislación de defensa de la libre competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La infancia, como primera etapa de la vida, es relevante para el Derecho, en muchos aspectos. En primer lugar, por el especial tipo de sujeto, que por encontrarse en vías de desarrollo físico, mental y emocional, no está en una situación de igualdad respecto de los adultos. Son estos últimos quienes vulneran sus derechos, y también son ellos, los llamados a protegerlos, por medio de la dictación de normas que les aseguren un desarrollo normal hasta la vida adulta. Por su parte, el Derecho, sin olvidar lo anterior, también ha debido preocuparse del problema que se produce cuando este especial tipo de sujeto, el niño, infringe la ley penal, causando daño a la persona o propiedad de otro, sin olvidar, el máximo principio en materia de infancia: el interés superior del niño, que impera por sobre todos los demás. Es en este complicado escenario, en el que se enfrentan una serie de intereses y principios formando una ecuación compleja para el legislador, que hemos decidido centrar nuestro trabajo, abordando el tema de las medidas cautelares en la Ley N° 20.084, que es la encargada de dar solución a los problemas ocasionados por la infracción de ley en que puedan incurrir los niños y adolescentes en Chile. .A lo largo del presente trabajo se realizará un análisis de carácter comparativo entre el sistema de medidas cautelares establecido en la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y el contemplado para los adultos, esto con la finalidad de establecer las similitudes y diferencias existentes con respecto a esta materia en uno y otro ámbito, y para determinar, en último término, si efectivamente se respetan los fines rehabilitadores plasmados en la Ley N° 20.084, tanto en el aspecto jurídico como en el fáctico. Creemos que es sumamente necesario realizar esta labor, dado que, al día de hoy, no es posible encontrar en el ámbito doctrinario una adecuada sistematización con respecto a esta materia, sumándose a esto la común ocurrencia de los presupuestos fácticos de las medidas cautelares, así es que el esfuerzo investigativo se dirigirá a intentar esclarecer los criterios dominantes de interpretación del sistema de las cautelares contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Para lograr nuestro cometido, se recopilará información atingente al tema que nos convoca, de carácter doctrinario, estadístico y jurisprudencial, para así poder tener una visión más amplia sobre la evolución que ha experimentado el cuerpo legal en estudio, en lo relacionado a la aplicación y ejecución de las medidas cautelares consagradas en él, así como también sobre aquellos aspectos que la acercan y/o alejan del sistema cautelar contemplado para los adultos. En el primer capítulo abordaremos lo que constituye el Marco General en materia de sistemas penales juveniles, realizando un recorrido a través de la historia, que abarcará las distintas etapas que se han dado en el tiempo, incluyendo sus características y fundamentos más esenciales. Asimismo, se expondrán los sistemas de responsabilidad penal adolescente en el derecho comparado, para finalmente, realizar un análisis general en lo referente a la regulación legal de la responsabilidad penal adolescente en Chile, terminando con la enunciación de las principales modificaciones que han sido realizadas a la Ley N° 20.084

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hemos dividido este trabajo en cuatro capítulos: En el primero de ellos, abordaremos la evolución que ha tenido el tratamiento legislativo del los niños, niñas y adolescentes infractores de la Ley penal. De esta forma podremos entender qué fue lo que el legislador intento superar, las críticas que se hacían al antiguo sistema de Justicia de Menores y compararlo con este nuevo procedimiento. En el segundo capítulo analizaremos en detalle el procedimiento contravencional: su génesis legislativa, su ámbito de aplicación, su tramitación y las sanciones que puede aplicar el Juez de Familia. En el tercer capítulo, al ser el procedimiento contravencional de competencia de los Tribunales de Familia y al remitirse este procedimiento a las normas de aplicación general del procedimiento ordinario ante estos tribunales, analizaremos todos aquellos temas que sean aplicables al procedimiento contravencional, esto es: los principios que rigen las Justicia de Familia, las normas generales y las reglas que regulan la prueba En el último capítulo, analizaremos el Procedimiento Contravencional a la luz del debido. Para tal efecto, en primer lugar, brindaremos breves nociones respecto a qué se ha entendido por debido proceso; su consagración en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial las que dicen relación con los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, determinaremos cuáles de esas normas que rigen el debido proceso, están siendo aplicadas al Procedimiento Contravencional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro de los objetivos generales de esta investigación cabe enunciar y desarrollar los principios subyacentes al procedimiento del trabajo anterior a la ley 20.087, y las motivaciones del legislador para introducir la reforma instaurada por la mencionada ley. En lo que refiere a recursos procesales, que es el tema central de esta investigación, se enunciará todos los recursos procesales que proveía nuestra legislación antes de la reforma. También cabe agregar como objetivo general de este trabajo, la indicación de la procedencia de los recursos procesales en materia laboral, luego de la ley 20.087, así como sus posteriores modificaciones introducidas por la ley 20.260, y las motivaciones del legislador para incorporar estos cambios. Y por supuesto, las normas destinadas a esos efectos en segunda instancia y ante el tribunal ad quem. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, el objetivo principal de esta investigación será analizar los cambios introducidos por la ley 20.260, a la ley 20.087, en materia de recursos procesales, y todo a aquello que subyace a esa modificación en dicha materia: la incorporación de nuevos recursos, así como la restricción del recurso de apelación en cuanto a su posibilidad de aplicación. También será objetivo, en la medida que se vayan desarrollando dichos contenidos, realizar un análisis comparativo entre los párrafos relativos a los recursos procesales dispuestos por el Código del trabajo luego de la ley 20.087 y luego de las modificaciones introducidas por la ley 20.260. Será motivo de esta investigación, del mismo modo, establecer si dichas modificaciones ofrecidas por la ley 20.260, regulan de un modo más exhaustivo y completo el régimen de los recursos judiciales, en relación a lo dispuesto por la ley 20.087 en su versión original; resguardando de esta forma los fundamentos de la especialidad de la judicatura laboral. De todo lo expuesto en los párrafos precedentes, mantengo una posición al respecto; la cual consiste en considerar que, pese a la subsistencia de imperfecciones lógicas de toda reforma procesal; en el nuevo procedimiento oral existe un avance importante en diversas materias. Como también sostengo una posición favorable en cuanto a los cambios introducidos por la ley 20.260 al Código del trabajo reformado por la ley 20.087, más precisamente en la nueva regulación del tema de los recursos procesales. Creo que la mencionada modificación al consagrar nuevos recursos y limitar, en consecuencia, la remisión a las normas procesales civiles, está resguardando mejor la especialidad del procedimiento laboral y por consiguiente, la tutela de los derechos del trabajador; superando de este modo a la redacción del artículo 463 del Código del Trabajo anterior a las reformas, el cual disponía que los recursos aplicables en materia laboral serán los establecidos por las normas procesales civiles en todo lo que no ha regulado expresamente la legislación laboral. Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con esta investigación quiero también establecer y demostrar la insuficiencia de esta reforma, en algunos aspectos, en lo que refiere a materias de recursos procesales y a la extensión de los principios que inspira a este procedimiento en una segunda instancia y ante el tribunal ad quem, lo cual va en directo perjuicio de los fines de la reforma e indirectamente atenta contra el principio tutelar del derecho del trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objeto de la presente memoria se centra en destacar la fundamental trascendencia que un eficiente sistema de prestaciones en favor de la familia representa para cualquier sociedad. Con este fin, el primer capítulo expone una descripción doctrinaria de los aspectos más relevantes de la Seguridad Social, además de su importancia y relación con las prestaciones familiares. En el segundo capítulo se aborda directamente el tema de las prestaciones familiares; las diversas opiniones vertidas por los entendidos sobre la materia, tanto nacionales como extranjeros; los importantes aportes funcionales que este beneficio realiza al cumplir sus objetivos; los diversos sistemas que puede revestir, así como el tratamiento que a nivel comparado se le ha dado. Como toda institución que se precie de tal, las prestaciones familiares cuentan con un marco legal que las regula. El tercer capítulo de esta memoria presenta un estudio pormenorizado de estas normas, además de abordar el análisis y regulación de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las que por su estrecha vinculación con el tema, no pueden estar ausentes de esta memoria. El capítulo cuarto, trata acerca de las prestaciones familiares convencionales, la posibilidad que tiene el trabajador de pactar beneficios de esta naturaleza a través de los convenios colectivos de trabajo, así como con las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. ix Por último, en las conclusiones de este trabajo se evalúa la situación actual de las prestaciones familiares, se cuestiona su cabal efectividad y se propone un sistema alternativo con el objeto de optimizar el beneficio.