El presente trabajo busca aperturar la discusión sobre como viene sucediendo (hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva norma, Decreto Legislativo 1568, que regula la Propiedad Horizontal y su posterior reglamento), poniendo especial atención a la conformación del título ejecutivo especial, así como la anotación que este genera en el registro de predios. Para eso partimos del análisis del contexto que proporciona la aún vigente Ley N° 27157, pasando por revisar las calificaciones que sufren las decisiones judiciales por los títulos ejecutivos especiales, a fin de efectuar la cobranza de las cuotas impagas, las que, con su aletargada atención, perjudican la administración eficiente de las juntas de propietarios. Seguidamente, se analizará los distintos criterios que reciben las postulaciones judiciales, cuando las juntas de propietarios acuden al órgano jurisdiccional, esto al no haberse establecido de forma precisa en la norma, al título ejecutivo que da merito al inicio de la exigibilidad de las cuotas de administración impagas. En el mismo sentido, se aporta la idea de conformar dicho título, en forma alterna a la vía actual, en sede notarial; quien además de estructurar el título especial en forma adecuada para su ejecución judicial; podrá en forma adicional, anotar el inicio del procedimiento de cobranza de las cuotas impagas en el registro de predios. Esperando que el presente trabajo aporte a la discusión académica, dada la relevancia del cumplimiento oportuno de las cuotas de mantenimiento (ordinarias u extraordinarias) para la junta de propietarios, buscando operativizar y aterrizar los argumentos académicos en busca de una anhelada convivencia “armoniosa” entre los integrantes de un bien sujeto a la propiedad horizontal. / This work seeks to open the discussion on how it has been happening (even before the entry into force of the new norm, Legislative Decree 1568, which regulates Horizontal Property and its subsequent regulations), paying special attention to the formation of the special executive title, as well as the annotation that this generates in the property registry. For this, we analyze the context provided by the still current Law No. 27157, going through reviewing the various judicial decisions on the qualification of special executive titles, to carry out the collection of unpaid fees, which, with their lethargic attention, harm the efficient administration of owners' meetings. Likewise, the different criteria that judicial applications receive will be analyzed, when the owners' meetings go to the jurisdictional body, this as the executive title that gives merit to the beginning of the enforceability of the rights has not been established exactly and precisely in the current norm. unpaid administration fees. In the same sense, the idea of forming said title, in an alternative way to the current route, in a notarial office is provided; who, in addition to structuring the special title in an appropriate manner for its judicial execution; may additionally note the beginning of the collection procedure for unpaid fees in the property registry. Hoping that this work contributes to the academic discussion, given the relevance of timely compliance with maintenance fees for the board of owners, already stopping these long discussions about whether it (is a subject of law or not) and seeking to operationalize and land academic arguments in search of a desired “harmonious” coexistence between the members of a property subject to horizontal property. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el marco del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, y en específico del Tomo V, “Contratos parte General”; la exhaustiva revisión de los dictámenes, tanto de las diferentes Cortes de Apelaciones, como de los veredictos esgrimidos por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, arrojó un sinnúmero de nuevas consideraciones y criterios en la aplicación de los distintas leyes e instituciones jurídicas. Es tarea de esta memoria estudiar y analizar adecuadamente la evolución de la jurisprudencia en materia de responsabilidad contractual desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta nuestros días, de manera tal que los renovados argumentos esgrimidos por los Tribunales de Justicia orienten precisamente a todos aquellos que ejerzan la práctica jurídica. Para esto hemos dividido el amplio espectro de concepciones relacionados a la responsabilidad contractual en 15 diferentes tópicos, a saber: 1) Teoría de la imprevisión, 2) Responsabilidad profesional, 3) Cláusula exoneratoria de responsabilidad, 4) Riesgo, 5) Resolución, 6) Excepción de contrato no cumplido, 7) Intereses, 8) Intervención de terceros, 9) Culpa, 10) Caso fortuito, 11) Mora, 12) Reajustes, 13) Causalidad, 14) exigibilidad de la obligación y 15) Cúmulo de responsabilidad. Esta labor no es sino la fase final de un arduo proceso investigativo que incluyó, en una primera etapa, una búsqueda y recopilación de sentencias ligadas a los temas globales relacionados al área de contratos y obligaciones; y posteriormente un completo estudio, en la forma de fichas de análisis especializadas, que contiene una relación de los hechos y de la historia procesal de cada caso en particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/04/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar si en las causas relativas a violaciones sistemáticas de derechos humanos los tribunales de justicia nacionales han recepcionado y aplicado los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha fijado al respecto. En virtud de ello, se pretende determinar si el Estado de Chile ha cumplido con las obligaciones que ha suscrito en esta materia, y si consecuentemente es posible imputarle responsabilidad internacional. En particular, se estudiarán 10 sentencias dictadas durante los años 2013 y 2014 por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Leopoldo Llanos Sagistrá, en procesos relativos a homicidios y secuestros calificados ocurridos durante la dictadura cívico militar chilena. Para cumplir con los fines descritos, en el primer capítulo se revisarán los estándares internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, en relación con las obligaciones de los Estados frente a casos de transgresiones graves y sistemáticas a los derechos humanos. En el segundo capítulo se identificarán ciertas premisas que el sentenciador consagró en los fallos y que constituyen las ideas base sobre las que descansa su argumentación. Utilizando aquellas premisas como guía, en el tercer capítulo se expondrán los razonamientos entregados por el juez al momento de evaluar las instituciones jurídicas sometidas a su decisión, y utilizando como parámetro los estándares consagrados en el primer capítulo, se evaluará si aquellos criterios efectivamente son adoptados en las sentencias y, en consecuencia, si el Estado chileno cumple debidamente las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido. Finalmente, en el cuarto capítulo, se revisará brevemente la configuración de la responsabilidad internacional, y teniendo en cuenta el análisis de los capítulos recién descritos, se determinará si el Estado es responsable internacionalmente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación tiene por objeto determinar la real factibilidad y conveniencia de la contratación del seguro de caución en Chile, ilustrando sus caracteres más relevantes, y estudiando sus distintos campos de aplicación. Para el logro de dicho cometido, este trabajo comienza con algunas nociones preliminares sobre las garantías y el seguro de caución. En una segunda parte, se analiza la evolución de esta póliza a través del estudio de su historia comparada y del mercado nacional de cauciones. A continuación, se individualizan sus notas características a la luz de la nueva legislación sobre el contrato de seguros que significó la Ley N° 20.667, y se aborda la ineludible discusión sobre su naturaleza jurídica. Finalmente, esta investigación contempla el análisis de los distintos tipos de cobertura que contienen las pólizas autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, para determinar el campo de aplicación de este instrumento y los efectos de las cláusulas más importantes en su contratación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La controversia materia del presente laudo arbitral es la resolución contractual dentro del marco de las contrataciones con el Estado. En este caso, la resolución contractual se rige bajo el cumplimiento de causales tipificadas en la normativa, tal es así que para que pueda proceder la misma basta que exista un incumplimiento de obligaciones contractuales o el haber llegado al monto máximo de penalidades. En ese sentido, la presente trata de la resolución que efectúa el PSI al Consorcio Santa Rosa por supuestamente haber incurrido en 2 causales normativas distintas tales como un supuesto incumplimiento de obligaciones por el hecho de no haber subsanado las observaciones detectadas al informe final previo a la liquidación y por el hecho de haber llegado a tener una penalidad por encima del 10% del monto del contrato principal. Ante ello, bajo el primer supuesto, en el laudo no se llega a acreditar fehacientemente que las observaciones fueron correctamente subsanadas sino más bien el árbitro en su posición de dirimente, se pronuncia sobre este tema sin ser materia controvertida y sin tomar en consideración la afectación de principios y derechos al consorcio. Por otro lado, no se aprecia un análisis exhaustivo al momento de motivar, por parte del árbitro, la aplicación del monto máximo de penalidades que efectúa la Entidad y sin tener en consideración diversos principios que salvaguardan la seguridad jurídica y la razonabilidad del plazo excesivo otorgado por el PSI para subsanar observaciones. / The controversy that is the subject of this arbitration award is the contractual resolution within the framework of contracts with the State. In this case, the contractual resolution is governed by the fulfillment of causes typified in the regulations, so much so that for it to proceed, it is enough that there is a breach of contractual obligations or that the maximum number of penalties has been reached. In that sense, this is about the resolution that the PSI makes to the Santa Rosa Consortium for allegedly having incurred in 2 different regulatory grounds such as an alleged breach of obligations due to the fact of not having corrected the observations detected in the final report prior to the liquidation and the fact of having come to have a penalty above 10% of the amount of the main contract. Given this, under the first assumption, the award does not reliably establish that the observations were correctly corrected, but rather the arbitrator, in his position as settler, pronounces on this issue without being a controversial matter and without taking into account the affectation. of principles and rights to the consortium. On the other hand, an exhaustive analysis is not appreciated at the time of motivating, by the arbitrator, the application of the maximum number of penalties that the Entity carries out and without taking into consideration various principles that safeguard legal certainty and the reasonableness of the excessive term granted. by the PSI to correct observations.

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado. Para sustentar nuestra hipótesis, la Tesis desarrolla: En el capítulo primero, el marco constitucional de la Efectividad de las Resoluciones Judiciales (en adelante, la ERJ); En el capítulo segundo, la vulneración de la ERJ en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado; y, • En el capítulo tercero, nuestras propuestas de solución.

El Estado se constituye como el mayor cliente de bienes y servicios, tanto por sus volúmenes como por su periodicidad, motivo por el cual, para regular las condiciones de dichas operaciones comerciales, se gestióno un sistema administrativo especializado: contratación pública Ahora bien, dicho sistema ha sufrido distintos cambios en el tiempo, por lo tanto, hemos producido cambios positivos que han generado eficiencia, como otros cambios que resultan discutibles; sin embargo, es innegable señalar que esta especialidad se encuentra en constante desarrollo, siendo que los casos individuales como el presente nos permiten enriquecernos de manera práctica. En el presente informe analizaremos la ejecución del contrato N°010-2012-MIDIS-PRONAA (en adelante, el Contrato) que fuese suscrito entre el Consorcio de Alimentos S.A.C (en adelante, el Consorcio) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS (en adelante, el PRONAA). La controversia se suscita en un accidente automovilístico ocurrido al transporte de los bienes del Consorcio, en el que posteriormente los bienes son entregados a la Entidad, aceptados y posteriormente rechazados, lo cual permite analizar distintas figuras jurídicas como la ampliación de plazo, penalidades, resolución parcial y, finalmente un arbitraje. La perspectiva que buscamos presentar mediante el presente informe se da tanto por el lado del empresario, como por parte de la Entidad, pues en el ejercicio de sus obligaciones contractual ambos cometen errores, situación individual que puede mostrar un panorama general de las conductas de los actores de las contrataciones públicas.