La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto revisar las problemáticas fundamentales que giran en torno a los delitos de omisión impropia. Específicamente se centrará en aquellos delitos en los que interviene un colegio de personas que determina la decisión de omitir por medio de una votación, a partir del caso real del aerosol para cueros o “Lederspray”. Por una parte se analizarán las cuestiones referentes a la causalidad en este tipo de delitos y, por otra, aquellas que dicen relación con la coautoría. El trabajo comienza por un análisis del Caso en el que se revisan los criterios utilizados por el Tribunal Supremo Alemán para condenar a los intervinientes. Luego se explora el problema de la causalidad en las decisiones colegiadas, presentando posturas tanto que apoyan la argumentación del Tribunal como otras que se valen de argumentos diversos. A continuación se trata el problema de la coautoría, explicando los criterios utilizados para afirmarla en el caso concreto, como también presentando posturas alternativas. Finalmente se realiza una apreciación final que consiste en una síntesis de las apreciaciones provisionales y proyecta temas de discusión futura

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal) / Todo acto cruel o inhumano realizado contra los animales, constituye delito, sea que su autor realice acciones u omisiones, cuyo resultado sea afectar el bienestar animal del sujeto pasivo. A nivel doctrinal y jurisprudencial, no ha existido dificultad al considerar que ciertas acciones agresivas en contra de los animales satisfacen el delito de Maltrato o Crueldad Animal, tipificado en el artículo 291 Bis del Código Penal. No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia son deficitarias respecto al desarrollo de las hipótesis de comisión omisiva, que es precisamente la forma más frecuente de atentado lesivo en contra de los animales. Esto se traduce, en definitiva, en la omisión de los deberes de cuidado y de atención que satisfagan las necesidades de cada especie. La presente investigación tiene por objeto defender la idea de que la omisión cruel o abusiva en contra de los animales, es constitutiva del delito de maltrato o crueldad animal; evidenciar la calidad de sujeto de derecho de los animales en la esfera del derecho penal, planteando una posición de garante cuya fuente es la ley, y que en vista a la existencia de un vínculo especial entre un humano y el animal, obliga al primero a impedir la lesión del segundo. Para ello se analizará jurisprudencia de nuestros tribunales, doctrina nacional y extranjera, se indagará el sentido de la ley conforme normas y principios de interpretación; proporcionando una mirada distinta de la posición jurídica de los animales, y las obligaciones que como humanos contraemos con los mismos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y SU RECEPCIÓN EN CHILE. Con la reciente ratificación de Chile al Estatuto de RomaNote1. se abre un proceso que no va a estar exento de complejidad, pero que debiera resultar fructífero para la actualización del Derecho Penal en un Estado que todavía está regido por un Código que sigue siendo en lo fundamental el mismo que se promulgó en 1874. Dicho proceso es el de la recepción de las normas contenidas en el Estatuto de Roma en nuestro Derecho interno. Esto significó hacerse cargo en la parte especial de tipificar aquellos delitos establecidos en el Estatuto de Roma, y que representaban una deuda de nuestro DerechoNote2. , pero también tendrá influencia en nuestra parte generalNote3. . Una de esas implicancias en la parte general será el que es tema de esta investigación y consiste en una adecuada interpretación de la regulación de la responsabilidad de los superiores. El presente trabajo analizará el estado actual de la figura de la responsabilidad por el mando en el Derecho Penal Internacional, de modo de ser una guía en la reciente recepción de la institución que hace el artículo 35 de la ley 20.357 de 18 de Julio de 2009 en los siguientes términos: “Serán sancionados como autores de los delitos previstos en esta ley las autoridades o jefes militares o quienes actúen efectivamente como tales, en su caso, que teniendo conocimiento de su comisión por otro, no la impidieren, pudiendo hacerlo. La autoridad o jefe militar o quien actúe como tal que, no pudiendo impedir el hecho, omitiere dar aviso oportuno a la autoridad competente, será sancionado con la pena correspondiente al autor, rebajada en uno o dos grados.”Note4.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al reflexionar sobre el significado jurídico de la pasividad o inactividad del legislador, parece necesario analizar primeramente, si existe un deber jurídico de legislar en situaciones donde este comportamiento omisivo provoca consecuencias que vulneran el espíritu y la razón del ordenamiento jurídico. En un primer momento del análisis, al referirnos al contenido formal de la estructuración del Estado, podemos dar cuenta de la existencia de ciertas normas y principios que tienen a bien ordenar, dirigir y limitar los poderes que a su turno validan.

Al final de la presente investigación, ha quedado demostrada la existencia de criterios razonables para la aplicación de la atenuación facultativa de la pena del art. 13.2 del código penal al oficial de cumplimiento por lavado de activos, al ser el reproche de su conducta omisiva de menor desvalor respecto a quien ostenta el dominio del hecho delictivo de forma activa, así como también por ser la posición de garantía que ostenta delegada de quien originariamente se encuentra obligado a preservarla. Lo anteriormente señalado en razón de la proliferación masiva del delito de lavado de activos, por lo cual la delimitación de dicho problema y la intención de erradicarlo mediante mecanismos de prevención de dicho delito es trascendental; estos mecanismos de prevención son los denominados Criminal Compliance, que son instrumentos de prevención que radica que al ser de obligatoria implementación a empresas propensas a tener relaciones comerciales derivadas de dicho delito, se busca identificar, desvirtuar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que intervengan en dicho actividad, siendo esta obligación de prevención y fiscalización originariamente de los Directores y Titulares de las Empresas, teniendo la condición de Sujetos Obligados, pero para hacer eficiente su labor es que delegan dichas funciones a los Compliance Officer. La conducta desplegada por el Oficial de Cumplimiento, es un actuar especializado y en el ejercicio de una función principal derivada de una obligación legal por contrato y ley, que constituye una posición de garante, y esta es necesaria para la imputación de una modalidad especial de comisión por omisión del oficial de cumplimiento, a título de autor y de determinar la pena concreta a imponérsele por lavado de activos, realizando un test de proporcionalidad de la atenuación facultativa del art. 13.2 del Código Penal, esta si corresponde aplicarla al oficial de cumplimiento.

El presente artículo de investigación estudia la posibilidad de imputar al superior jerárquico a título de autor por el delito de peculado cometido por sus subordinados, en la modalidad de comisión por omisión. Para ello, a partir de una revisión doctrinal y jurisprudencial, se analizan las bases teóricas que justifican la tipificación de los delitos contra la administración pública como delitos de infracción del deber, los elementos de la comisión por omisión y el principio de confianza. A partir de estos elementos, se determina el bien jurídico protegido y se interpreta la especial vinculación funcional del delito de peculado como un elemento típico de estricta base normativa. Se concluye así que la posibilidad de imputar al superior jerárquico como autor y la aplicación el principio de confianza dependerán de que en el caso concreto se logren establecer la vinculación funcional y la posición de garante de protección de la correcta administración del patrimonio público a partir de la normativa que regula las funciones del superior. / This research article studies the possibility of attributing to the hierarchical superior a title of author for the crime of embezzlement committed by his subordinates, in the modality of commission by omission. For this, based on a doctrinal and jurisprudential review, the theoretical bases that justify the classification of crimes against public administration as crimes of breach of duty, the elements of commission by omission and the principle of trust are analyzed. Based on these elements, the legally protected asset is determined and the special functional link of the crime of embezzlement is interpreted as a typical element with a strict normative basis. Thus, it is concluded that the possibility of imputing the hierarchical superior as the author and the application of the principle of trust will depend on whether, in the specific case, it is possible to establish the functional relationship and the position of guarantee of protection of the correct administration of public assets from the regulations governing the functions of the superior. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La inactividad legislativa inconstitucional corresponde a aquel comportamiento pasivo del legislador frente a un deber de desarrollo legislativo que produce efectos contrarios a la eficacia de algún precepto constitucional. En dicha definición se subsumen diversos aspectos susceptibles de analizar: por una parte, las fuentes de dicho mandato de desarrollo legislativo que encontramos tanto en los principios generales de la Constitución, como en normas de derecho internacional. Por otra parte, cuando dicha inactividad se expresa, generando un efecto adverso a la norma fundamental y se hace visible en el ordenamiento social corresponde aplicar algún mecanismo de control de dicha omisión, que puede abarcar una solución normativa o jurisprudencial al efecto. La finalidad de dichos mecanismos es salvar temporal o definitivamente la norma incompleta a fin de que sus efectos dañosos se reduzcan al mínimo y pueda darse cumplimiento a las normas constitucionales, principalmente a aquellas que versan sobre derechos fundamentales. Nuestro país no ha estado exento de situaciones normativas anómalas donde no existe el mecanismo formal para suplir la omisión legislativa. Es allí donde el Tribunal Constitucional, en estricto respeto a sus facultades ha optado por efectuar recomendaciones al legislador, las cuales evidencian el potencial transgresor a la Constitución que tienen dichas omisiones, pero que no son exigibles, quedando al mero compromiso legislativo. Dicho compromiso ha sido en veces insuficiente para solucionar ciertas situaciones problemáticas a la luz de la norma fundamental; tal es el caso de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal referido acerca del articulo 38 ter de la Ley de ISAPRES que regulaba la denominada “tabla de factores” donde establecía criterios de sexo y edad para aumentar los precios de los planes de salud. Con dicha expulsión del ordenamiento jurídico de la norma en cuestión, se solucionó el efecto inconstitucional de la disposición, sin embargo, subsistió el daño que dicha situación causaba en los particulares: dicha falta de regulación sigue pesando en la creciente judicialización de causas contra las ISAPRES las que se originan a todas luces por la inactividad del legislador al no dictar un cuerpo normativo completo que regule las potestades y limitaciones tanto de los operadores de salud privada como de la Superintendencia de Salud. / 12/04/2019

The business organization of municipal governments allows these entities to be more efficient when performs its role, management and implementation of goods, resources and services for a given community. However, in recent months we have seen various authorities of the district and regional municipalities make use of the business structure of public agencies they belong to commit crimes against the proper functioning of public administration. / La organización empresarial de los gobiernos municipales permite que estas entidades puedan ser más eficientes al momento de cumplir con su rol prestacional de gestión y ejecución de los bienes, recursos y servicios en favor de determinada comunidad. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto como distintas autoridades de los municipios distritales y regionales se valen de la estructura empresarial de los aparatos públicos a los que pertenecen para cometer hechos delictivos en contra del buen funcionamiento de la administración pública.