En el desarrollo del presente informe se procederá con el análisis de 2 expedientes: uno del ámbito privado y uno de la esfera pública. El primero de ellos se trata de una demanda de desalojo por ocupante precario, a través de la cual, la demandante pretende que el demandado desocupe un inmueble ubicado en el distrito del Callao para que éste sea puesto a disposición de esta misma. Es importante también indicar que en este caso, también actúa como litisconsorte pasivo necesario la persona jurídica que subarrendó el bien inmueble al demandado. Por los hechos que se expondrán más adelante, la relevancia jurídica del primer expediente se centra en: (i). El concepto de precario, y si el contrato de subarrendamiento constituye título suficiente que legitime la posesión de la demandada sobre el inmueble. (ii). La figura del subarrendamiento de un bien sin autorización expresa del propietario (arrendador original) y sus alcances para configurar la ineficacia del acto jurídico. (iii). Las sentencias contradictorias de primera y segunda instancia, así como la interpretación dirimente en Casación de los hechos. Por otra parte, el segundo expediente, de índole pública, tiene como eje principal de la controversia una demanda contencioso administrativa planteada por la demandante contra el Gobierno Regional del Callao, toda vez que dicha entidad, mediante Resolución Jefatural N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP, declaró la resolución del contrato de adjudicación de un lote de terreno perteneciente al Programa Especial “Ciudad de Pachacútec” basándose en el hecho de que la demandante había incumplido con la cláusula sexta del referido contrato, en el cual se señalaba expresamente que el no fijar domicilio habitual en el predio adjudicado en el término de tres años a partir de la entrega constituía una causal de resolución del mismo. Por los hechos que se expondrán más adelante, la relevancia jurídica del segundo expediente se centra en: (i). Determinar si el Gobierno Regional del Callao resolvió de acuerdo a ley el Contrato de Adjudicación suscrito con la demandante. (ii). Las sentencias contradictorias de primera y segunda instancia, así como la interpretación dirimente en Casación de los hechos. / Trabajo de suficiencia profesional

En el caso materia del expediente privado, que tiene por pretensión el desalojo por ocupación precaria, el mismo que se tramita en la vía del proceso sumarísimo, teniendo como partes procesales a dos personas naturales. Dicho bien inmueble es fruto de una sucesión intestada y sobre el mismo se siguió una división, partición y adjudicación. Además, debemos tener en cuenta que durante el trámite del proceso se acompaña procesos contenciosos administrativos, así como antecedentes registrales a fin de acreditar su posesión. No obstante, es importante indicar que en la sentencia emitida a nivel de Juzgado no se pronunció sobre los puntos controvertidos fijados en la audiencia única. Del mismo modo, a nivel de Sala Civil se llega a resolver el proceso haciendo una valoración inadecuada sobre el título a lo que refiere en el presente proceso, que no hace referencia a un título de propiedad. En este sentido en ambas instancias se ha incurrido en la infracción al principio de la debida motivación lo cual conlleva a la vulneración de un debido proceso. Sin embargo, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de casación cuya resolución fue declarar fundado el recurso, casaron la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada que declara improcedente la demanda y reformándola la declararon infundada. En consecuencia, el fallo emitido por la Corte Suprema fue acorde a derecho y reafirmó lo señalado en el IV Pleno Casatorio Civil, en el presente caso. / Trabajo de suficiencia profesional

El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano, desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha falta hace en la lucha contra la criminalidad. / Organized crime and activities related to serious crimes, generate a criminal or unlawful property consisting of movable and immovable property, products, actions, companies, and other property rights, where the effectiveness of criminal law, beyond personal sanction, seizure or confiscation, fails to deprive and affect that criminal heritage or property rights that are intended for illicit activities, leaving a sense of impunity. That is why States are constantly seeking to combat this scourge that causes profound socio-economic damage. An important tool, which seeks to strike and affect the assets of criminal organizations and criminal groups, is the termination of dominance, which is independent of criminal action, does not seek personal sanction; seeks to extinguish property rights of illicit origin or for illicit purposes, without any consideration in favor of the State. However, we propose that its recent implementation and adaptation to Peruvians legal system, since the second half of 2018, could highlight some anti-constitution regulatory provisions such as due process, the presumption of innocence, among others, which could ultimately directly affect the right to property, which have a constitutional basis, while the domain-extinguishing figure does not. Therefore, our goal is to make an analysis of the fundamental right to property, in the face of the process of termination of dominance and to notice some inconsistencies and deficiencies in the experience of Latin American countries such as Colombia and Mexico that have modified their fundamental letters and complemented their maturity through their Supreme Courts, to avoid arbitrariness and ensure the full validity of the fundamental right to property and other fundamental rights within a rule of law and continue with the autonomy of the much-needed domain extinction process in the fight against crime.

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar los mecanismos para sanear físico y legal los predios en posesión del Estado inscritos a nombre de particulares. A propósito de la normativa (Ley N° 29151) pues dicha norma nos deja claro los procedimientos a seguir para lograr sanear físico y legalmente los predios del Estado inscritos o no a nombre de este, es decir el saneamiento físico legal de propiedad del Estado, sin embargo para sanear físico y legalmente los predios en posesión del Estado inscritos a nombre de particulares nos remite a las normas de derecho común, frente a ello el presente trabajo estará enfocado en determinar si es viable el saneamiento del predio en posesión del Estado a favor de este por la causal de abandono por el titular registral, determinar si es viable el saneamiento físico legal del predio en posesión del Estado a favor de este mediante prescripción adquisitiva notarial y determinar si es viable el saneamiento físico legal del predio en posesión del Estado a favor de este mediante permuta. Asimismo, se analiza la importancia de contar con predios en el Estado debidamente saneados física y legalmente. Finalmente desarrollo los mecanismos que resultan aplicables frente a diversas situaciones que pueden surgir o viene presentando el Estado. / The objective of this work is to develop the mechanisms of legal physical sanitation of properties in possession of the State registered in the name of individuals. Regarding the regulations (Law No. 29151), since said regulation makes it clear to us the procedures to follow to achieve the legal physical sanitation of the State's properties registered or not in its name, that is, the legal physical sanitation owned by the However, regarding the legal physical cleaning of properties in the possession of the State registered in the name of individuals, it refers us to the norms of common law, in view of this the present work will be focused on determining if the cleaning of the property in possession of the State is feasible. in favor of this due to the cause of abandonment by the registry owner, determine if the legal physical sanitation of the property in possession of the State is viable in favor of the latter through acquisitive prescription notarial and determine if the legal physical sanitation of the property in possession of the State in favor of it is feasible by means of an exchange. Likewise, we will analyze the importance of having properties in the State that are properly cleaned up physically and legally. Finally, we will develop the mechanisms that are applicable to various situations that may arise or are being presented by the State.

El tema de investigación se encuentra circunscrito principalmente a dilucidar los principales aspectos del procedimiento de inmatriculación de predios en nuestro sistema registral y específicamente se centra en el análisis de la primera inscripción de inmuebles rurales en el Registro de Predios. La inmatriculación constituye el inicio del historial jurídico de un inmueble, el ingreso de una finca en el registro o el inicio de la vida e historia registral de las titularidades jurídicas referidas a un predio, por ende, contribuye de forma extraordinaria a publicitar titularidades jurídicas existentes y hacerlas oponibles a terceros de conformidad con la vocación del acto, a fin de su incorporación en el tráfico y el mercado de bienes inmuebles, lo que a su vez atrae múltiples posibilidades de comercialización y/o explotación económica. Asimismo, la inmatriculación permite identificar y modificar un bien, de modo que este sea definido bajo los estándares del registro y pueda ser saneado física y legalmente, lo que atiende a una necesidad de nuestra realidad social, la misma que se encuentra compuesta por predios urbanos y rurales que se encuentran fuera del Registro y que requieren del análisis y desarrollo de un procedimiento vital para el acceso al sistema registral con el fin de otorgar a los ciudadanos de un título de propiedad que permita: (i) la defensa del inmueble, (ii) la inversión y (iii) explotación económica sobre el mismo, entre otras

La Extinción de Dominio ha surgido como una gran herramienta de política criminal para prevenir y luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada, excluyendo del sistema legal todos los activos de procedencia o destinación ilícita, para evitar, precisamente, que estos sean introducidos al comercio nacional. No obstante, siendo este un instituto reciente en el ordenamiento peruano, la norma actual aún no ha sido capaz de abordar adecuadamente los aspectos más importantes, como, por ejemplo, la situación de los terceros de buena fe (problema de interpretación de la norma). Comenzando con que se requiere por Ley que la buena fe esté debidamente acreditada, pero sin explicar qué implica esto, ni qué posibilidad hay de afectaciones a los derechos de los terceros que creen haber actuado bajo un nivel de probidad o debida diligencia. El propósito de este artículo es justamente ello, plantear en principio qué se debe entender como tercero de buena fe, y con ello determinar qué zonas grises se mantienen en la norma peruana actual. De esa forma llegar a propuestas válidas y efectivas para un instituto en ascenso que, aplicándolo bien, conseguiría alcanzar sus propósitos. En ese sentido, recurriendo a la experiencia colombiana, determinar qué es lo que requiere nuestra propia norma de extinción de dominio para que, en el tema de los terceros de buena fe, se tenga muy bien regulados los supuestos y no se deriven situaciones que perjudiquen a inocentes. / Domain Extinction has emerged as a great criminal policy tool to prevent and fight corruption and organized crime, excluding from the legal system all assets of illicit origin or destination, precisely to prevent them from being introduced into national commerce. However, as this is a recent institute in the Peruvian legal system, the current standard has not yet been able to address adequately the most important aspects, such as, for example, the situation of third parties in good faith (problem of interpretation of the rule). Starting with the fact that good faith is required by law to be duly accredited, but without explaining what this implies, or what possibility there is of affecting the rights of third parties who believe they have acted under a level of probity or due diligence. The purpose of this article is precisely this, to propose in principle what should be understood as a third party in good faith, and thereby determine which gray areas are maintained in the current Peruvian standard. In this way, arrive at valid and effective proposals for a rising institute that, applying it well, would achieve its purposes. In this sense, using international experiences such as the Colombian one, determine what our own rule of domain extinction requires so that, in the matter of third parties in good faith, the assumptions are very well regulated and that they do not derive situations that harm innocent people.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se enmarca en el proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, el cual tuvo como objetivo adecuar dicho texto a los nuevos pronunciamientos de nuestros tribunales superiores de justicia durante el periodo que va entre el año 1995 y el año 2010. Esta tesis es parte de la actualización realizada al Libro II del Código Civil “De los Bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce” y de las leyes complementarias contenidas en el mismo Código relacionadas con el tema. Se desarrollan en particular las prestaciones mutuas, tratadas en el título XII “De la reivindicación”, en los artículos 904 a 915, así como también las acciones posesorias especiales, reglamentadas en el título XIV “De algunas acciones posesorias especiales”, en los artículos 930 a 950. El trabajo de actualización constó de varias etapas; la recopilación de jurisprudencia relevante en materia de bienes y sus leyes complementarias, la elaboración de fichas técnicas correspondientes a los fallos relevantes, la actualización y análisis del Repertorio y finalmente, una monografía centrada en los temas que han tenido un mayor desarrollo jurisprudencial. En la introducción vi de esta tesis se detalla con mayor precisión la metodología utilizada para la actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia. Por último y en cuanto a su estructura, cabe señalar que el presente trabajo se compone de tres grandes secciones. La primera corresponde a la monografía de los temas en que se centra este trabajo, esto es, prestaciones mutuas y acciones posesorias especiales, la cual contiene un estudio y desarrollo pormenorizado de los temas señalados, con especial preocupación de su tratamiento a nivel jurisprudencial y doctrinal en relación a los fallos analizados del Repertorio actual, así como también respecto de los nuevos fallos recopilados desde el año 1995 a 2010. En segundo lugar, este trabajo incluye además los extractos actualizados del Repertorio y finalmente, se incluye un anexo que contiene las ciento dieciséis fichas técnicas de análisis de sentencia

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Estudia y expone un tema altamente discutido no sólo a nivel doctrinal sino también –y principalmente- a nivel jurisprudencial, lo que ha generado un clima de preocupación e incertidumbre entre los justiciables y los operadores del derecho. Es decir al tema de la oponibilidad de derechos subjetivos que recaen sobre un mismo bien inscrito y, particularmente, al conflicto que se suscita en la denominada tercería de propiedad, esto es, la colisión entre un derecho de propiedad no inscrito y un derecho de crédito inscrito en forma de embargo. En efecto, desde ya hace bastante existe una perniciosa contradicción resolutiva entre las Salas Civiles de la Corte Suprema –y ni qué decir a nivel de las primeras instancias- en las tercerías de propiedad sobre inmuebles inscritos. Así, mientras la Sala Civil Transitoria suele declarar fundadas las tercerías planteadas por el propietario cuyo derecho no ha sido inscrito, argumentándose que al ser la propiedad un derecho real –con oponibilidad egra omnes- y el embargo un derecho personal –con oponibilidad inter partes-, prevalece la primera en aplicación de las disposiciones del Derecho Común. Ejemplo de ello son las casaciones Nº 964-98-Lima, Nº 06-01-Arequipa, Nº 62-2001-Lima, Nº 403-2001-Piura, Nº 638-2006-Lima, Nº 1776-2009-Lambayeque, entre muchas otras. Por su parte, la Sala Civil Permanente consistentemente ha venido rechazando las tercerías sobre el mismo tema, sosteniendo que el embargo inscrito prima en aplicación del principio registral de prioridad y a fin de dar seguridad al tráfico comercial-inmobiliario. A modo de ejemplo pueden verse las casaciones Nº 527-2003-Lima, Nº 403-2001-Piura y Nº 333-2003-Lambayeque; 4325-2006-Arequipa. Ante éste panorama en el que los justiciables se ven enfrentados a una justicia de doble discurso, casi una moneda al aire (dependiendo de la Sala Suprema que resolviera la controversia o, en todo caso, del criterio adoptado por el Juzgado o la Sala Superior que tramite su causa) pese a encontrarnos ante un tema de gran trascendencia socio-económica; nos hemos visto motivados a proponer –por medio del presente trabajo- una solución coherente y consecuente con nuestra normativa sustantiva y procesal, solución que dicho sea de paso se aleja por completo de los fundamentos que hasta el momento se han venido sosteniendo tanto en el formante jurisprudencial como en el doctrinal. / Tesis

En el presente informe se evaluará y analizará los argumentos, medios probatorios y motivaciones presentados en un proceso civil sobre Desalojo por la causal de Ocupación Precaria, desarrollada entre los señores Mosquera Vásquez Melani Betsi (Demandante) y Cruz Muñoz Celestino (Demandado). Asimismo, se evaluará el pronunciamiento de todas las instancias judiciales a las que han recurrido las partes (Juez y Sala Superior de Justicia) a fin de precisar si estos se han realizado acorde a ley y derecho; la jurisprudencia vigente y la doctrina pertinente. Finalmente, de la evaluación del caso en concreto se emitirá una opinión analítica a fin de determinar si se encuentra un soporte legal adecuado para la resolución de la litis o controversia. / Trabajo de suficiencia profesional

El informe aborda los principales problemas jurídicos vinculados a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Valentín Hidalgo contra la Municipalidad Distrital de Surco. La pretensión del recurrente es que se declare la nulidad de la Resolución N° 1670-2002-DFC-SSS, mediante la cual se lo sanciona por construir en la vía pública. El municipio sostiene la imputación en base a la Resolución N° 206-96-MLM-DMDU y Plano N° 150-96-MLM-DGO, actos que aprueban la habilitación urbana de la Urbanización Los Jazmines de San Roque y que comprenden una reserva de vía para la ampliación de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes sobre el predio en posesión del Sr. Valentín Hidalgo. Lo interesante del caso es que el demandante alega la posesión del predio de forma pública y pacífica desde 1963; es decir, treinta y tres años antes del proceso de urbanización. El expediente invita a reflexionar sobre la importancia de una adecuada política de planificación urbana, y su directa vinculación con la propiedad pública y privada. Asimismo, nos lleva a explorar instituciones jurídicas como la posesión, la prescripción adquisitiva de dominio, los límites a la propiedad y la expropiación. Respecto del caso en particular, el propósito del informe es identificar la naturaleza jurídica del predio objeto de controversia y determinar la validez de la imputación municipal.