El Estado Peruano pretende lograr una modernización en sus estructuras que le permita estar al servicio del ciudadano y gestionar por resultados en una forma eficiente y eficaz, tal como se estableció con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rumbo al 2021, aprobada en el año 2013, cuya visión a puertas del 2021, no ha podido concretarse del todo, así esta política pública orientada a resultados al servicio del ciudadano cuenta con tres ejes transversales como lo son el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la articulación interinstitucional, siendo que el Gobierno Abierto es el que permite al ciudadano obtener fácilmente información relevante y comprensible, para garantizar y promover la transparencia y cuyo reto es asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Es así que, en el año 2017, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Autoridad Nacional), siendo unas de sus funciones principales la de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública como garantía de la existencia de mecanismos que faciliten el acceso a la información pública y del respeto a la normatividad sobre la materia, con ella el Tribunal de Transparencia y acceso a la información (en adelante el Tribunal), contribuyen con la solución de controversias en éste ámbito, siendo importante la revisión de sus pronunciamientos en el marco del derecho de acceso a la información pública.

El presente informe abarca el análisis jurídico de la entrada en vigor de la Ley N° 30230 sobre el expediente administrativo sancionador N° 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, de OEFA contra Minera Barrick Misquichilca S.A. El análisis del expediente aborda cuestionar la validez de la Ley N° 30230 frente a la vulneración del principio administrativo de razonabilidad, principio ambiental de prevención y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Asimismo, al ser un procedimiento excepcional por el cual se impone solo medidas correctivas, a fin de verificar el cumplimiento de las mismas, consideramos que en el presente caso al no cumplir el objetivo trazado por la misma ley, el procedimiento administrativo sancionador pudo ser uno regular y el administrado hubiese sido pasible a una sanción a fin de disuadir el incumplimiento de sus obligaciones ambientales. En ese orden de ideas, el trabajo se justifica en el análisis de los derechos y principios vulnerados en el procedimiento administrativo sancionador, a razón de la entrada en vigor de la Ley N° 30230. Asimismo, se procederá a analizar los conceptos de la potestad fiscalizadora y sancionadora y cómo la entrada en vigor del artículo 19 de la ley en cuestión generó el debilitamiento del contenido de ambas potestades. Por consiguiente, al finalizar el desarrollo del informe se podrá evidenciar el impacto negativo de la ley materia de cuestión. / This report covers the legal analysis of the entry into force of Law No. 30230 on administrative disciplinary proceedings No. 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, of OEFA against Minera Barrick Misquichilca S.A. The analysis of the file seeks to question the validity of Law No. 30230 against the violation of the administrative principle of reasonableness, the environmental principle of prevention and the right to a healthy and balanced environment. . In addition, as it is an exceptional procedure by which only corrective measures are imposed, in order to verify compliance with them, we consider that in the present case, by not fulfilling the objective outlined by the same law, the sanctioning administrative procedure could be a regulated one and the company would have been subject to a sanction in order to deter non-compliance with its environmental obligations. In this order of ideas, the work is justified in the analysis of the rights and principles violated in the administrative sanctioning procedure, due to the entry into force of Law No. 30230. Furthermore, we will proceed to analyze the concepts of the supervisory and sanctioning power and how the entry into force of article 19 of the law in question generated the weakening of the content of both powers. Consequently, at the end of the development of the report, the negative impact of the law in question can be evidenced.

El trabajo de investigación se orienta en torno al análisis sobre los alcances de la modificación del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1256 el cual establece la inaplicación de las barreras burocráticas irracionales con efectos generales declaradas de oficio por la Comisión de Eliminación de Barreras burocráticas de Indecopi. Para cumplir con este objetivo hemos desglosado el trabajo en dos secciones, siendo la primera referida al examen crítico de las repercusiones ante la aplicación de la modificación de artículo señalado previamente considerando las bases doctrinarias sobre disposición administrativa y sus normas infralegales respectivas; asimismo, presentaremos resoluciones emitidas por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas mostrando en primer lugar el caso de Farmacia Universal para dar cuenta que las disposiciones administrativas se manifiestan en diversas normas infralegales adicional a los reglamentos. La segunda sección del trabajo de investigación propone que el alcance de la inaplicación de las barreras burocráticas irracionales contenidas en disposiciones administrativas ocurran en virtud de las denuncias ingresadas a fin de facilitar la labor de Indecopi, sustentando ello, en virtud de una serie de principios del procedimiento administrativo general y realizando un balance de sus ventajas y desventajas. Finalmente, concluimos que la modificación del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1256 fue una decisión acertada en beneficio de los agentes económicos del mercado y los administrados que resulten afectados por las diversas barreras burocráticas irracionales contenidas en disposiciones administrativas; y, que precisamente por ello, su alcance debe extender a las denuncias ingresadas de parte. / The research work is oriented around the analysis of the scope of the amendment of Article 9 of Legislative Decree No. 1256 which establishes the non-application of irrational bureaucratic barriers with general effects declared ex officio by the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers of Indecopi. In order to fulfill this objective, we have broken down the work into two sections, the first one referring to the critical examination of the repercussions of the application of the modification of the article previously mentioned, considering the doctrinal bases on administrative dispositions and their respective infralegal norms; likewise, we will present resolutions issued by the Commission for the Elimination of Bureaucratic Barriers, showing first the case of Farmacia Universal to show that the administrative dispositions are manifested in various infralegal norms in addition to the regulations. / Trabajo académico

El presente artículo aborda las problemáticas relacionadas a la notificación del hecho infractor, tanto en su contenido como en la oportunidad de notificación, las cuales tienen incidencia directa en plena efectividad del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador. Como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, se propone la aplicación del estándar más garante del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, frente a los tradicionales límites-garantías al ius puniendi de la Administración. Así, de la interpretación de la Corte Interamericana se desprende que los Estados deben alejarse del principio de confianza, toda vez que la notificación del hecho infractor requiere transitar por los canales oficiales, en aras de maximizar la vigencia del derecho de defensa. Con todo ello, se dilucida una tarea pendiente del legislador y los administradores de justicia para adecuarse al nuevo estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas relaciones procesales entre el Estado y el privado, en particular, en el procedimiento administrativo sancionador. / This article addresses the problems related to the notification of the infringing act, both in its content and in the opportunity of notification, which have a direct impact on the full effectiveness of the right of defense in the administrative sanctioning procedure. As part of the process of constitutionalization of Administrative Law, the application of the standard plus guarantee of the right to prior and detailed communication of the accusation is proposed, compared to the traditional limitsguarantees to the ius puniendi of the Administration. Thus, from the interpretation of the Inter-American Court it follows that States must move away from the principle of trust, since notification of the infringing act requires going through official channels, in order to maximize the validity of the right of defense. With all this, a pending task for the legislator and the administrators of justice is elucidated to adapt to the new standard established by the Inter-American Court of Human Rights for all procedural relations between the State and the private sector, in particular, in the administrative sanctioning procedure. / Trabajo académico

En el marco del Derecho Administrativo, para enfrentar los casos en los que el administrado no cumpla con aquella obligación impuesta, la Administración Pública tiene la facultad de utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en el TUO de la LPAG, tales como la ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o la compulsión sobre las personas. La ejecución subsidiaria es una herramienta de ejecución forzosa de la Administración Pública como parte de su poder público que permite al Estado ejecutar por sí mismo, directa o indirectamente, el contenido del acto al que estaba obligado el administrado renuente a su cumplimiento, a su costa. Este método de ejecución forzosa generalmente se considera el más ponderado, debido a que no impone ninguna carga o costo adicional al administrado que no estuviera establecido en el acto administrativo primigenio. Se expone un esbozo de propuesta del procedimiento de ejecución subsidiaria a ser ejecutado en el ámbito de la fiscalización ambiental en el Perú, habiéndonos centrado en la definición de principios y garantías que deberán ser incorporados para propiciar la utilización de este mecanismo creado con la finalidad de alcanzar una mayor eficacia en los actos de la autoridad en materia de fiscalización ambiental. / Within the framework of Administrative Law, in order to deal with cases in which the subject does not comply with the obligation imposed, the Public Administration has the power to use the means of forced execution provided for in the TUO of the LPAG, such as coercive execution, subsidiary execution, coercive fine or compulsion on persons. Subsidiary enforcement is a tool of enforcement by the Public Administration as part of its public power that allows the State to execute by itself, directly or indirectly, the content of the act to which the reluctant subject was obliged, at its own expense. This method of enforcement is generally considered to be the most weighted, because it does not impose any additional burden or cost on the person administered that was not established in the original administrative act. An outline of the proposal of the subsidiary enforcement procedure to be executed in the field of environmental control in Peru is presented, having focused on the definition of principles and guarantees that must be incorporated to promote the use of this mechanism created with the purpose of achieving greater effectiveness in the acts of the authority in matters of environmental control. / Trabajo académico

El presente informe analiza los actos administrativos y su vinculación con las reglas del procedimiento para el otorgamiento del título de concesión minera en el Perú. El análisis se realiza a partir del petitorio minero “Dos Amigos II”, el cual fue cancelado por la Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET, en base al informe técnico emitido por el INRENA (actualmente, “SERNANP”). En ese sentido, partir de un análisis normativo y doctrinario, se sustentan las posturas respecto a la naturaleza jurídica y validez de la opinión vinculante del INRENA; asimismo, la validez del acto administrativo de última instancia, mediante el cual el Consejo de Minería declara la nulidad de oficio de la resolución que canceló el petitorio minero; finalmente, la relevancia y falencias de la Compatibilidad y Viabilidad Ambiental para el destrabe del procedimiento administrativo objeto de estudio. / This report analyzes the administrative acts and their relationship with the procedural rules for the granting of the mining concession title in Peru. The analysis is carried out based on the mining request "Dos Amigos II", which was canceled by the Presidency of the Board of Directors of INGEMMET, based on the technical report issued by INRENA (currently, "SERNANP"). In this sense, based on a normative and doctrinal analysis, the positions regarding the legal nature and validity of the binding opinion of INRENA are supported; likewise, the validity of the administrative act of last resort, through which the Mining Council declares the nullity ex officio of the resolution that canceled the mining petition; finally, the relevance and shortcomings of the Compatibility and Environmental Viability for the unblocking of the administrative procedure under study.

Para el desarrollo de este tema, es importante tener presente conceptos fundamentales que nos ayuden a comprender como se viene desarrollando la prueba en el procedimiento administrativo disciplinario en la Ley del Servicio Civil, tomando en cuenta que desde la entrada en vigencia del Reglamento General de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, es aplicable las disposiciones el régimen disciplinario y procedimiento sancionador a todos los servidores de la entidades públicas que se encuentran comprendidos en los Regímenes de los Decretos Legislativos Nros 276, 728 y 1057, en tal sentido esta investigación pretende contribuir un aporte sobre la valoración de los medios de prueba en el procedimiento administrativo disciplinario. La prueba en el procedimiento administrativo disciplinario es fundamental, sobre todo cuando se trata de una investigación a los servidores que va desde un carácter interno de una organización administrativa del estado, hasta el marco general que sirve de aplicación a los regímenes especiales disciplinarios. Por tanto, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario están obligadas a respetar las garantías del debido proceso reconocido en nuestra Constitución Política del Perú como en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En este sentido, podemos decir que la prueba constituye un capítulo de fundamental importancia en la vida jurídica, ya que se puede afirmar que sin su existencia, el orden jurídico sucumbiría a la Ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de ningún conflicto en forma racional (Valera 1990:20).

El informe aborda los principales problemas jurídicos vinculados a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Valentín Hidalgo contra la Municipalidad Distrital de Surco. La pretensión del recurrente es que se declare la nulidad de la Resolución N° 1670-2002-DFC-SSS, mediante la cual se lo sanciona por construir en la vía pública. El municipio sostiene la imputación en base a la Resolución N° 206-96-MLM-DMDU y Plano N° 150-96-MLM-DGO, actos que aprueban la habilitación urbana de la Urbanización Los Jazmines de San Roque y que comprenden una reserva de vía para la ampliación de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes sobre el predio en posesión del Sr. Valentín Hidalgo. Lo interesante del caso es que el demandante alega la posesión del predio de forma pública y pacífica desde 1963; es decir, treinta y tres años antes del proceso de urbanización. El expediente invita a reflexionar sobre la importancia de una adecuada política de planificación urbana, y su directa vinculación con la propiedad pública y privada. Asimismo, nos lleva a explorar instituciones jurídicas como la posesión, la prescripción adquisitiva de dominio, los límites a la propiedad y la expropiación. Respecto del caso en particular, el propósito del informe es identificar la naturaleza jurídica del predio objeto de controversia y determinar la validez de la imputación municipal.

El presente trabajo de investigación busca otorgar una guía jurídica de los aspectos sustanciales y procedimentales implicados en el procedimiento de interpretación a cargo del OSITRAN en el ámbito de los contratos de concesión bajo su competencia, y además, exponer una serie de problemáticas que se han identificado a lo largo del tiempo en el desarrollo normativo y práctico de este procedimiento. Para poder conseguir esto se realiza un minucioso estudio del marco normativo del procedimiento de interpretación y de cada uno de sus elementos que en conjunto componen a su estructura jurídica, además, también se acudirá al análisis de precedentes administrativos y de otras resoluciones emitidas por el regulador. En este sentido, mediante el estudio de la Ley N° 26917, el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo N° 557-154-04-CDOSITRAN, la Ley del Procedimiento Administrativo General, y múltiples resoluciones emitidas por el OSITRAN se construye de la manera más clara posible la composición jurídica del procedimiento de interpretación. En esta se han podido identificar una serie de complicaciones que se pueden clasificar en dos planos de estudio, uno sustancial, y el otro, procedimental. Entre estas complicaciones se encuentran la forma jurídicamente válida de inicio del procedimiento, los límites a su desarrollo procedimental, el alcance de las resoluciones y los efectos de las mismas en relación a las partes involucradas. / The article seeks to provide a legal guide regarding material and procedural aspects involved in the interpretation procedure performed by OSITRAN in concession contracts matter under its competence, and, also, expose multiple problems that have been identified over time in the regulatory and practical development of this procedure. To achieve this, it has been made a meticulous study of the interpretation procedure regulatory framework and every one of its elements that together compose its legal structure, and also, an analysis of administrative precedents and previous resolutions issued by the regulator will also be used. In this order, through the study of Ley N° 26917, Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Lineamientos approved by Acuerdo N° 557-154-04-CD-OSITRAN, Ley del Procedimiento Administrativo General and multiple resolutions issued by OSITRAN, the legal composition of the interpretation procedure is constructed as clearly as possible. Have been identified multiple complications that can be classified into two levels of study, one material, and the other, procedural. Some of these complications are the legally valid way to initiate the procedure, the limits to its procedural development, the resolution’s range of effect and their effects on the parties involved. / Trabajo académico

El presente trabajo me permite identificar como la Administración en algunos casos no actua de acuerdo a la legalidad que rige al Derecho Administrativo Sancionador, esta actuación de Osinergmin no se encuentra acorde a la normativa de la LPAG, donde sus actuaciones debieron estar sujetas a las garantías que le son inherentes al administrado, derechos que deben estar contenidos en el respeto a los principios, la jerarquía de normas, la competencia, donde la aplicación de sanciones de primera instancia debe seguir un cauce previo y formal antes de imponer una sanción, donde el administrado debe saber porque se le sanciona para ejercer su derecho de defensa y ofrecer pruebas que demuestren el grado de veracidad de sus afirmaciones. La determinación de la responsabilidad administrativa debe ser aplicada como un medio, no como un fin, es un medio para la protección de principios y otros derechos, en el caso concreto el administrado considera vulnerados los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimeinto administrativo, el derecho de defensa y el principio del non bis in ídem, los mismos que en el informe se demostrará como éstos han sido vulnerados. Finalmente, la Constitución, la LPAG, el Tribunal Constitucional a traves de jurisprudencia, en doctrina y otros documentos que han servido de sustento para demostrar que el ius punendi que impone el Estado através de sus instituciones estarán sujetas a control y posterior revisión de sus actuaciones, los mismos que de considerarse vulnerados podrán agotar la via administrativa y ser impugnados en la vía judicial.