El presente escrito trata acerca de las dificultades que, durante la vigencia del Código Procesal Constitucional, han impedido que en nuestro país el amparo brinde protección urgente a los derechos constitucionales de las personas. Según el autor, para lograr esta finalidad se requiere una política judicial que implemente de forma completa la justicia especializada en materia constitucional prevista en el código; y modificaciones legislativas que concreten la sumarización necesaria para la tutela jurisdiccional de urgencia correspondiente al proceso de amparo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo tratará sobre un análisis del principio de legalidad, el que hemos escogido por la vital importancia que tiene en materia penal juvenil, como límite a la posibilidad de aplicar sanciones que no se encuentren previamente tipificadas y sancionadas, como límite al poder punitivo del Estado, y lo más importante su función de garante en materia de ejecución de sanciones. Y en específico, analizaremos el 3 cumplimiento de este principio en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro objetivo es determinar si se cumplieron con los objetivos que el legislador tuvo al momento de establecer el procedimiento colectivo en defensa de los intereses de los consumidores, en el caso en estudio, bajos las normas del procedimiento sumario y sus principios rectores. Para esto hemos dividido el trabajo en cuatro capítulos: En el primer capítulo analizaremos los fundamentos y características los procedimientos colectivos en general, para luego estudiar estos mismos aspectos específicamente en la ley N° 19.496 de protección del consumidor. Para esto último, veremos las razones políticas y económicas que motivaron las modificaciones introducidas por la ley N° 19.955 y posteriormente expondremos, etapa por etapa, el procedimiento colectivo en Chile. En el segundo capítulo, analizaremos los principios formativos del procedimiento colectivo en Chile. Para su estudio, los hemos dividido en dos categorías: Principios que inspiran el procedimiento colectivo para la protección de las asociaciones de consumidores y Principios generales aplicables. Estos principios serán un elemento esencial en el análisis del primer caso de juicio colectivo en Chile. En el tercer capítulo, reproduciremos brevemente los hitos más importantes del caso en estudio, señalando solicitudes con sus fundamentos, las resoluciones y los tiempos que demoraron. Para un acertado conocimiento de la causa, hemos dividido su tramitación en seis etapas: Admisibilidad, Avisos, Audiencia de conciliación y contestación, Prueba, Citación a oír sentencia y Sentencia. 11 Finalmente, en el capítulo cuarto hemos hecho un análisis de la tramitación del juicio con los principios expuestos en el capítulo dos, de manera de demostrar qué tan adecuada es la actual legislación nacional en lo referente a los juicios colectivos. Terminamos el capítulo con algunas recomendaciones de lege ferenda al respecto. El presente trabajo termina con nuestras conclusiones respecto de la investigación realizada, que sirve a la vez como una forma de finalizar la investigación de manera satisfactoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de tesis tiene orígenes accidentados. En un principio, el proyecto pretendía otorgar una visión comparada en relación con un aspecto central de lo que había sido el desarrollo de los juicios colectivos hasta esa fecha, los inicios del año 2011. La tesis trataría principalmente sobre uno de los aspectos procesales que más debate había generado en la materia, una institución única en la legislación nacional consistente en la etapa de admisibilidad que presentaban los juicios o procedimientos diseñados para la defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores, institución introducida en la reforma del año 2004 efectuada a la Ley de Protección al Consumidor y que implicaba demoras de hasta más de tres años para entrar recién a la etapa de discusión de este juicio especial. Sin embargo, con el advenimiento del caso La Polar, hecho público en el mes de mayo de 2011, y a pesar que a esas alturas, con siete años de vigencia de la ley, ya se había constatado por algunos la necesidad de un cambio en este aspecto, la preocupación por la materia cambió radicalmente. Este caso generó un cambio en la conducta que hasta la fecha habían mantenido diversas autoridades con influencia en el ramo, cuestión que se vio reflejada en hechos concretos tanto en miembros del poder legislativo como en miembros del poder ejecutivo y servicios descentralizados.

En el siguiente trabajo de investigación, se abordaran aspectos generales relacionados a la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía familiar, para de esta manera ser analizada con profundidad y así finalmente ocuparnos del crédito educativo y otras alternativas de solución al problema de de acceso al derecho a la educación que pretendió solucionar la Ley de Protección a la Economía Familiar. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

Tesis (magíster en derecho) Universidad de Chile, 2017. / En Chile se realizan interceptaciones telefónicas entre abogados defensores y sus clientes imputados en procesos penales. Lo anterior debido, en gran medida, a que el Ministerio Público así lo ordenó a sus fiscales en un Instructivo General de la Fiscalía Nacional (Nº 060-2014). Aunque la ley prohíbe expresamente la simple interceptación de las llamadas entre el imputado y su abogado, en la práctica se interceptan cientos de estas llamadas. La mayoría de estas comunicaciones se graban, después se escuchan, y luego, siguiendo el instructivo de la Fiscalía Nacional, debe determinarse por el fiscal del caso si las materias conversadas entre abogado defensor y cliente son “materias propias del ámbito de defensa”. Hecho esto, y si se trata de materias de defensa según el criterio del fiscal, éste debe informar al Juzgado de Garantía; y, si se trata de eventuales delitos cometidos por parte del abogado, puede iniciar una investigación penal en su contra. Los funcionarios del Ministerio Público y las policías saben que la conducta de “interceptar” comunicaciones entre abogados y sujeto defendido, existiendo una autorización judicial para interceptar las comunicaciones del imputado, es una conducta prohibida legalmente y reprochable jurídicamente, pero aun así se hacen, contando además con una instrucción de la máxima autoridad persecutora que respalda dicho accionar. Se analizará y determinará si esa conducta, prohibida por el legislador pero autorizada por el Fiscal Nacional, es inconstitucional e ilícita. Además, se evaluará si esa conducta puede ser constitutiva de delito. Finalmente, se propondrán soluciones al problema.

La presente sentencia inicia con la demanda de hábeas corpus interpuesta por el señor Pedro Omar Rodríguez Molina con la finalidad de terminar con la detención preventiva ordenada por el Juzgado y confirmada por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal. Manifestando que en este proceso se habían vulnerados derechos como la motivación de resoluciones judiciales y el debido proceso. Argumenta que el mandato de detención emitido por primera instancia no valoró las pruebas presentadas donde se demostraba que no tiene antecedentes penales, judiciales, ni policiales, no cuenta con requisitorias ni existe prueba que demuestre su culpa en algún delito similar. Así mismo manifiesta se omitió valorar las pruebas presentadas con respecto a su arraigo domiciliario a pesar de que este había sido demostrado mediante un documento probatorio (un contrato de arrendamiento y recibos de servicios básicos) así como la constancia de trabajo que prueba su arraigo laboral. El TC resolvió infundada la demanda, analizando que el órgano judicial si cumplió con la exigencia constitucional de la motivación manifestando que si existió una argumentación objetiva y razonable. Otro punto relevante, es el referido a que la configuración del peligro procesal no implica que, de manera simultánea, tengan que concurrir el peligro de fuga y la obstaculización del proceso, o que, respecto del peligro de fuga, tengan que, conjuntamente, concurrir la carencia del arraigo domiciliario, familiar y laboral; puesto que resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos. / Trabajo de suficiencia profesional