En el presente caso, se solicitó a la anotación preventiva de ampliación de declaratoria de fábrica y de afectación en uso de un inmueble estatal en el Registro de Predios de Lima, al amparo del ahora derogado Decreto Supremo 130–2001–EF, a favor de la Comisaría de Cieneguilla B, administrada por el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú. Sin embargo, en la partida del referido inmueble se encontraba inscrito el decomiso definitivo, en virtud de una resolución judicial, a favor del Estado; asimismo, el siguiente asiento de dominio aclara que es el Estado peruano, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI (antes Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI) el titular del inmueble en cuestión. La Registradora observa el título, al advertir la discrepancia ente la entidad que inicia el saneamiento (Comisaría de Cieneguilla B – Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú) y la entidad titular del inmueble (PRONABI). La esquela de observación detalla que son aplicables el Decreto Legislativo 1104, el Decreto Supremo 011-2017-JUS modificado por el Decreto Legislativo 1373 y la Directiva 01-2014-SUNARP/SN, pues son las que regulan las actuaciones de PRONABI en cuanto a bienes incautados; además, argumenta que estaríamos vulnerando el principio de prioridad excluyente en tanto el presente título -así sea de fecha anterior- sería incompatible con el dominio ya inscrito. Ante la negativa de anotación, el Tribunal Registral califica el título en vía de apelación, en donde revoca las observaciones de la Registradora, por cuanto los actos rogados encuentran sustento en el Decreto Supremo 130-2001-EF, dispositivo legal que permite a cualquier entidad pública realizar las acciones de saneamiento para lograr que en el Registro Público figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades públicas; además, se argumenta que las normas invocadas en primera instancia con respecto a PRONABI no son aplicables porque el Decreto Supremo 130-2001-EF es una norma especial y la que regula específicamente el procedimiento de saneamiento físico legal del inmobiliario estatal.

El presente informe tiene como finalidad desarrollar y analizar los hechos, los puntos controversiales y los argumentos resolutivos del Expediente N°2573-2012/CPC, el cual trata sobre la denuncia interpuesta por el señor Luis Alberto López de Castilla Bado, quién aduce que existe una falta al deber de idoneidad por la afectación a su expectativa de recibir el departamento N°701 del proyecto de edificación de la Residencial “San Antonio”, cuyo metraje sufrió una presunta reducción de forma unilateral y sin su consentimiento; asimismo, esta afectación se encuentra relacionada a su expectativa de recibir el bien inmueble en la fecha pactada en el “Contrato de Compraventa de bien futuro” suscrito entre las partes el 29 de abril de 2010. Bajo estos argumentos, el denunciante considera que siempre que existe un incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contractuales, se debe sancionar al proveer por la transgresión, vulneración e infracción al deber de idoneidad de los productos y servicio inmobiliario, estipulado en los artículos 18° y 19° en la Ley N°29751, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El Tribunal Registral aprobó en el CIX Pleno Registral el Precedente de Observancia Obligatoria que admite la inscripción de la renuncia del derecho de propiedad sobre un predio y su consecuente desinmatriculación del Registro, siempre que no se vean afectados derechos de terceros. Al respecto, el Tribunal Registral ha omitido considerar que la admisión de esta posibilidad en nuestro ordenamiento trae consigo múltiples incongruencias con la normativa actualmente vigente, además de contravenciones a los derechos de otros. Mediante el presente Informe Jurídico, pretendemos brindar visibilidad a aquellas vertientes como la condición de numerus apertus del artículo 968° del Código Civil, la falta de titular, la afectación a terceros, el objeto jurídicamente posible y la función calificadora del Registrador, así como otras formas de saneamiento registral. Con lo expuesto, argumentaremos las razones por las cuales la inscripción de la renuncia del derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico no es viable y cómo es que resulta ser contingente. Con ello, buscamos realizar un aporte académico y fundamentado en la función social de la propiedad que, aunado al Estado democrático y constitucional que rige nuestro país, motive el examen sobre esta materia tan controversial en la academia y se sienten bases sólidas sobre el particular. / The Registral Tribunal approved in the CIX Plenary Session the Precedent of Mandatory Compliance that allows the registration of the renunciation of property rights over a property and its consequent removal from the Registry, provided that third-party rights are not affected. In this regard, the Registral Tribunal has overlooked that admitting this possibility in our legal system brings about multiple inconsistencies with the current legislation, as well as violations of others rights. Through this Legal Report, we aim to shed light on aspects such as the open numerus condition of article 968° of the Civil Code, lack of ownership, impact on third parties, legally possible object, the Registrar's qualifying function, and other forms of registry regularization. Based on these points, we will argue why the registration of renunciation of property rights in our legal system is not feasible and why it remains contingent. Our goal is to contribute academically and substantiate discussions on the social function of property, aligning with the democratic and constitutional state that governs our country. This aims to prompt examination of this controversial matter in academia and establish solid foundations on the subject matter.

En el presente informe jurídico se estudia la validez y vigencia de dos Adendas celebradas con posterioridad a un Contrato de Arrendamiento entre la Municipalidad Distrital de Jesús María e Inversiones Esparza S.A.C., las cuales fueron declaradas nulas en sede arbitral, en virtud de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este régimen jurídico fue aplicado de manera supletoria a la Ordenanza No.237-2007-MDJM que no previó un procedimiento para realizar modificaciones contractuales mediante Adendas. La situación mencionada desatiende la particularidad del Contrato de Arrendamiento correspondiente a que la Municipalidad Distrital de Jesús María actúa en calidad de arrendadora de un bien estatal de dominio privado. De esa manera, el objetivo principal de este trabajo es plantear un análisis jurídico jerárquico para dilucidar la validez de “Las Adendas” y la competencia del Árbitro para analizar actos administrativos y, de corresponder, declarar su nulidad a efectos de resolver la materia controvertida; asimismo, examinamos la función jurisdiccional del arbitraje para plantear una debida motivación; finalmente, nos pronunciamos sobre el deber de mitigar el daño en los contratos de gestión de bienes municipales. Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha recurrido a la revisión de la normativa correspondiente, jurisprudencia y doctrina académica que permita dilucidar mayores alcances sobre las distintas áreas del Derecho planteadas. Siendo ello así, se ha podido concluir que correspondía acudir supletoriamente a las normas del Derecho Común, específicamente, al Código Civil, y siguiendo esta lógica declarar ineficaces las Adendas, asimismo, que la motivación en las decisiones arbitrales adquiere una mayor rigurosidad por el interés público que los vincula.

La presente investigación, “Implicancias jurídicas de la propiedad y expropiación del Patrimonio Cultural Inmueble: análisis a partir del caso Machupicchu”, tuvo como objetivo analizar las repercusiones jurídicas de la problemática vinculada a la propiedad y expropiación del patrimonio cultural inmueble a partir del Caso Machupicchu, desarrollado bajo el enfoque cualitativo, de tipo básica y teórica, diseño hermenéutico. Se utilizó como técnicas el análisis documental, así como la entrevista y la encuesta, en las cuales participaron 9 expertos que respondieron una guía de entrevista y 119 ciudadanos que respondieron el cuestionario. Resultados: A partir del análisis realizado se infiere que, del tracto sucesivo de la propiedad, se cumple el reconocimiento del derecho a la propiedad para las familias Abrill y Zavaleta en relación a la propiedad de las tierras que albergan el Parque Arqueológico de Machupicchu y la ciudadela Inca de Machupicchu. Según el análisis realizado a la Ley N° 6634, en sus artículos 1 y 5, los monumentos existentes en el territorio nacional eran de propiedad del Estado, pero no lo era de los terrenos que los albergaba, pudiendo ser este de un particular, para lo cual la propiedad en favor del Estado tuvo que tener una previa expropiación del bien, la cual nunca se concretizó por no haber cumplido con la indemnización justipreciada, en consecuencia, se infiere que siguen siendo de propiedad privada. En ese orden de ideas, según lo manifestado por los entrevistados, 3 expertos manifiestan que los terrenos que albergan el Parque Arqueológico de Machupicchu y la ciudadela Inca de Machupicchu fueron de propiedad privada; 1 experto manifiesta que es de propiedad pública y 5 expertos no precisan. En cuanto a la indemnización justipreciada, los entrevistados manifiestan que la expropiación debe realizarse según el procedimiento que exige la Ley, pagando al propietario por el bien expropiado. Por otro lado, se determina que la Ley N° 28296 y el D.L. N° 1192 muestran deficiencias en la regulación de los bienes culturales inmuebles, existiendo un retroceso por la falta de fomento en la preservación de estos. La Ley N° 31770 que modifica a la Ley N° 28296, se presenta como una oportunidad para tratar casos similares de expropiación de patrimonio cultural inmueble y su posterior disposición en favor del bien común de la sociedad. Finalmente, el cuestionario realizado a los 119 ciudadanos, refleja un problema real en la sociedad, por un lado la conservación del patrimonio cultural inmueble, pues el 65,5% considera que el Estado peruano tiene más derecho sobre la propiedad que el mismo propietario, lo que refleja una deconstrucción del concepto de ‘conservación’, pues el derecho a la propiedad es un derecho fundamental el cual el Estado no debería lesionar, limitando el uso y disposición de forma desmedida sobre los bienes donde se halla patrimonio cultural inmueble. / The present research, "Legal Implications of Ownership and Expropriation of Immovable Cultural Heritage: Analysis Based on the Machupicchu Case," aimed to analyze the legal repercussions of the issues related to the ownership and expropriation of immovable cultural heritage, starting with the Machupicchu Case, developed under a qualitative approach, basic and theoretical type, hermeneutical design. Documentary analysis was used as techniques, as well as interviews and surveys, in which 9 experts participated by responding to an interview guide and 119 citizens responded to the questionnaire. Results: From the analysis carried out, it is inferred that, from the successive tract of ownership, the recognition of the right to property for the Abrill and Zavaleta families regarding the land that houses the Machupicchu Archaeological Park and the Inca citadel of Machupicchu is fulfilled. According to the analysis of Law No. 6634, in its articles 1 and 5, the monuments existing in the national territory were property of the State, but not the lands that housed them, which could belong to a private individual. For this, the property in favor of the State had to have a prior expropriation of the asset, which was never realized for not having complied with the fair compensation, consequently, it is inferred that they continue being private property. In that order of ideas, according to what was expressed by the interviewees, 3 experts state that the lands that house the Machupicchu Archaeological Park and the Inca citadel of Machupicchu were private property; 1 expert states that it is public property and 5 experts do not specify. Regarding fair compensation, interviewees state that expropriation should be carried out according to the procedure required by Law, paying the owner for the expropriated property. On the other hand, it is determined that Law No. 28296 and D.L. No. 1192 show deficiencies in the regulation of immovable cultural goods, existing a setback due to the lack of promotion in their preservation. Law No. 31770, which amends Law No. 28296, presents an opportunity to address similar cases of expropriation of immovable cultural heritage and its subsequent disposition in favor of the common good of society. Finally, the questionnaire carried out to the 119 citizens reflects a real problem in society, on one hand the conservation of immovable cultural heritage, since 65.5% consider that the Peruvian state has more right over the property than the owner itself, which reflects a deconstruction of the concept of ‘conservation’, since the right to property is a fundamental right which the State should not injure by limiting the use and disposition excessively on the goods where immovable cultural heritage is located.

El objetivo del presente informe es analizar y cuestionar la Resolución Nº 103- 2019-SUNARP-TR-A, la cual evalúa la excepcional reinscripción de una hipoteca extinguida por caducidad. Al respecto, se exponen las normas relacionadas, los fundamentos de esta procedencia, los plenos sobre el tema y los requisitos de procedencia establecidos por los mismos. De forma adicional, se cuestiona la posición del Tribunal Registral sobre la titularidad del suelo en el cual una sociedad conyugal edifica. / This legal report aims to analyze and question Resolution No. 103-2019- SUNARP-TR-A, which evaluates the exceptional applicability of a mortgage reinscription lifted due to expiration. In this regard, the related rules, the grounds for this applicability, the plenary sessions on the subject, and their applicability requirements are exposed. Additionally, the position of the Registry Court on the title of the own land on which a marital partnership builds a construction is debated.

Uno de los medios alternativos de resolución de conflictos más utilizado por particulares y empresas, cuando se encuentran involucrados bienes inmuebles, es el arbitraje ad hoc, por su dinamismo y otras ventajas frente a procesos judiciales. Es así que el arbitraje ad hoc, nace como un acuerdo entre particulares y para su ejecución requiere la intervención del Estado mediante instituciones como Registros Públicos. Sin embargo, dicho arbitraje fue utilizado y existe el riesgo que siga siendo utilizando por redes criminales para conseguir fines ilícitos; como es el caso de Red Orellana, quien actuó amparándose en la normativa vigente y de forma estructurada con la intervención de árbitros, notarios y trabajadores de Registros Públicos, afectando el derecho de terceros y la seguridad jurídica de la sociedad. Al respecto, los entes notariales y registrales vienen aplicando diversas normas que lejos de contribuir, han encarecido la resolución de conflictos mediante el arbitraje ad hoc, por lo cual, en el presente trabajo se expondrá las debilidades normativas y técnicas del arbitraje ad hoc aplicado a las transferencias de bienes inmuebles; a fin de proponer un registro obligatorio de árbitros ad hoc administrado por Registros Públicos, quien además de velar por el cumplimiento de los requisitos de los árbitros ad hoc, debe realizar un seguimiento continuo a los árbitros ad hoc registrados, además de atender y canalizar las denuncias ciudadanas ante entes jurisdicciones. Con esta propuesta se busca revalorizar el arbitraje ad hoc, evitar la impunidad, promover la participación de la ciudadanía y contribuir con la seguridad jurídica de la sociedad en el trafico inmobiliario. / Tesis

El presente trabajo cuestiona y analiza los Precedentes de Observancia Obligatoria, Resoluciones emitidas por el Tribunal Registral y jurisprudencia relativa a los actos de transferencia de bien inmueble declarados nulos, anulables o ineficaces y su relación con el Registro de Predios. Es importante comentar sobre ellos, debido a que, tienen alcance en los derechos y actos inscritos

En el presente opúsculo académico registral se desarrolla los principales aspectos normativos relacionados con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común regulado en la Ley Nº 27157 y el TUO de su reglamento aprobado por D.S Nº 035-D.S. 2006-VIVIENDA, dentro de éste régimen de propiedad se examina a la junta de propietarios tratando los tópico de su naturaleza jurídica, sus elementos configuradores, la denominada “relativa subjetividad” de la junta de propietarios; igualmente, se desarrolla el estudio de temas importantes como la convocatoria a junta de propietarios, supuestos de acefalía, quórum y mayoría para sus acuerdos. Es así, que con el marco de estudio indicado anteriormente, se analiza como temática central a las sesiones no presenciales reguladas en el ordenamiento jurídico relacionadas con las personas jurídicas (no societarias) y las personas societarias, abordándose como tema crucial a las sesiones virtuales de la junta de propietarios; esta última si bien es cierto no se encuentra positivizada en la norma de rango legal se propone que sí es posible su realización teniendo en consideración la primacía de la manifestación de la voluntad utilizando medios virtuales (artículo 141-A del Código Civil), también se formula en favor de la realización de juntas de propietarios virtuales la pertinencia de aplicar la interpretación analógica del artículo 21- A de la Ley de 26887 que regula las sesiones no presenciales para personas societarias y asimismo argumentamos la factibilidad de aplicar la interpretación dinámica para admitir el uso de medios virtuales, teniendo en consideración que el texto originario de la Ley Nº 27157, promulgada el 20 de julio de 1999, exige que las sesiones sean presenciales. Por último, formulamos las razones y fundamentos para incorporar una modificación legislativa relacionada a la convocatoria y celebración de juntas no presenciales con la finalidad de coadyuvar a la participación de los propietarios de las zonas exclusivas y lograr de manera eficiente y eficaz la inscripción de los actos inscribibles que surgen de los acuerdos de las sesiones de la junta de propietarios, lo cual ira a la par con el avance de la tecnología y con las necesidades de los ciudadanos y como colofón se exponen las conclusiones del presente trabajo académico.

La resolución por intimación es una institución jurídica regulada en el Código Civil, y por su naturaleza, es acto inscribible en los Registros Públicos. Sin embargo, el ingreso de esta institución resulta ser problemático, al punto de que ha llegado a generar una intensa discusión en la doctrina nacional. En el reglamento de inscripciones del registro de predios, no está contemplada la regulación para el ingreso al registro del acto citado, sin embargo, en el reglamento de inscripciones de derechos mineros, si esta regulado, aunque de manera defectuosa. Desde nuestro punto de vista, la resolución por intimación debe inscribirse, no obstante, la regulación actual no nos parece la más adecuada, puesto que genera incertidumbre respecto al objeto de resolución. En ese sentido, es objetivo del presente trabajo académico realizar un análisis de la institución jurídica -resolución por intimación-, teniendo en cuenta sus aristas normativas y doctrinarias. Para después establecer alguna propuesta para su regulación más eficiente, atendiendo a la naturaleza de la citada institución. Llegando a la conclusión, finalmente, de que la figura de anotación preventiva puede servirnos para el acceso de la institución jurídica objeto del presente artículo en los registros púbicos, de una manera adecuada que favorezca a la exactitud registral