La presente tesis es una investigación descriptiva y sigue la línea de investigación de la argumentación jurídica propuesta por la maestría en Política Jurisdiccional de la PUCP. Tiene como principal objetivo estudiar un aspecto poco conocido de la argumentación jurídica que realizan los registradores públicos de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cuando sus inscripciones son cuestionadas en la vía administrativa y judicial, tanto en materia civil y penal y en este último punto teniendo en cuenta las investigaciones que se hacen también solo a nivel del Ministerio Público. A lo largo de la tesis demostraremos la existencia de una argumentación jurídica registral diferente a la argumentación judicial y legislativa. Hemos establecido que esta argumentación tiene características propias en cuanto a la finalidad de la argumentación y que a su vez la argumentación post inscripción registral también lo tiene en relación a ésta última en la medida que es una argumentación que se realiza fuera del procedimiento y registral y que engloba solo un aspecto de toda la argumentación que realiza el registrador en la fase de la calificación de los títulos. Arribaremos a la conclusión que la argumentación post inscripción registral es una variante de la argumentación jurídica ya que se hace al margen del procedimiento y porque tiene como finalidad la defensa de inscripción y teniendo como trasfondo salvar de cualquier responsabilidad funcional del registrador.

El sistema notarial es de suma importancia para nuestra sociedad, la función del notario cumple un papel protagónico en la formalización de la voluntad de las partes a través de contratos, el notario es la persona encargada por ley, de dar fe a cada acto o contrato. Todos los actos vinculados al rubro empresarial tienen que pasar a través de un notario para su formalización, en algunos casos requieren la formalidad solemne, es decir que sea elevado a Escritura Pública e inclusive sea inscrito en Registros Públicos, de acuerdo a lo establecido en la Ley; estos actos van desde la constitución de una empresa, su vigencia en el tiempo, en la que puede surgir diferentes modificaciones de estatuto ya sea por la denominación social, el objeto social, el capital social hasta la disolución, liquidación y extinción de la misma. El notario es la persona encargada de brindar la seguridad jurídica a todos los participantes en la formalización de las Escrituras Públicas de cada uno de los contratos que son celebrados frente a él, esté instrumento público protocolar adiciona un nivel de confianza y garantía para cada uno de los intervinientes, asegurando que se cumplan conforme a ley y protegiendo los intereses de todas las partes involucradas. En el camino de la vida notarial se ha podido verificar de qué estamos expuestos a riesgos, afectación de derechos, falsificaciones, adulteraciones, estafas, y mucha corrupción, y en algunos casos una excesiva demora en algunos procesos, ello hace que nos pongamos analizar, evaluar y buscar la forma para reducir, mitigar o eliminar todos esos problemas. El sistema notarial como tal aún no contempla avances tecnológicos significativos y no ha ido de la mano con la innovación, es por eso que buscamos un sistema tecnológico que aumente la seguridad jurídica como parte esencial del sistema notarial y que permita a intervinientes tener una mayor confianza de realizar cualquier acto, de manera transparente, reduciendo tiempo y costos, buscamos adaptar un sistema trascendente a través del Blockchain, que es una tecnología que ayuda a ejercer confianza y que maximiza la eficiencia de múltiples procesos y qué mejor manera de adaptarlo al sistema notarial que es de suma importancia para nuestra sociedad, es por eso que en la presente investigación se decidió analizar el proceso notarial en el rubro empresarial e implementar el Blockchain.

El Saneamiento Físico Legal (SFL) de las Comisarias PNP es una vieja deuda en el campo de la infraestructura policial, expresado en el no registro formal de los terrenos y locales policiales en los registros de propiedad correspondientes. En este proyecto de innovación hemos tomado en cuenta el SFL de las comisarías, que en su mayoría se han creado a partir de la entrega de las comunidades o centros poblados de locales o predios a la Policía Nacional del Perú (PNP) para el funcionamiento de una comisaría, procedimiento que desde sus inicios administrativos tuvo el vicio de no contar con la documentación adecuada propia de una propiedad legal. Las Comisarias de Lima Metropolitana son un total de 111. De esta cantidad, 59 (53.2%) cuentan con SFL y las 52 (46.8%) dependencias restantes no cuentan con SFL. El Proyecto ha tomado en cuenta como experiencias nacionales el SFL de Predios Urbanos Desarrollado por la Dirección Regional de Vivienda y Construcción del Cusco y el SFL de las instituciones educativas de Jicamarca de Lima. Como experiencias internacionales se ha tomado en cuenta la experiencia de Villavicencio, en Nueva Colombia II, Bogotá, y el caso del Asentamiento Humano Altos de Israel en Barranca Bermejo, Santander, Colombia, en el 2018. El problema original fue definido como la “carencia del SFL de las Comisarias PNP de Lima Metropolitana”, siendo sus causas las siguientes: a) la instalación improvisada de locales de la PNP por necesidad del servicio policial, b) la escasa coordinación e iniciativa por los funcionarios encargados de resolver el problema, c) la inexistencia de un Departamento especializado con personal profesional y técnico experto en SFL, d) el escaso presupuesto para el equipamiento de unidades de SFL. Como consecuencia de lo anterior, se han originado los efectos siguientes: a) inadecuada infraestructura de las comisarias, b) imposibilidad legal para proyectos de mantenimiento y remodelación de comisarías y c) afectación de la calidad y cantidad de los servicios policiales. Como causa prioritaria se seleccionó la inexistencia de un Departamento especializado con personal profesional y técnico experto en SFL, que se convirtió en el desafío priorizado. El Departamento estará dentro de la División de Infraestructura PNP y se dedicará exclusivamente a las gestiones administrativas y operativas del SFL de las unidades policiales. Se proyecta que el nuevo Departamento tenga acceso directo al Jefe de la División y plantee las mejores acciones para el SFL, priorizando los trámites y gestiones que conlleven al SFL. Asimismo, que sea dotado de personal profesional y tecnología relacionada al quehacer funcional. Para el testeo de la innovación, luego de plantear la solución de baja resolución, se realizaron entrevistas al personal policial, que conjuntamente con las fichas de resumen bibliográfico y la consulta de textos académicos, configuraron la solución final, la creación de un Departamento en la DIVINFRA PNP, que se dedique exclusivamente a las funciones del saneamiento de los locales policiales, con el objetivo de ser beneficiado con los Proyectos de Inversión, para mejorar la infraestructura de las comisarias, y consiguientemente brindar un mejor servicio a la comunidad. / The Physical-Legal Sanitation (SFL) of the PNP Police Stations is an old debt of the police infrastructure, consisting of the non-registration of police stations in certain territorial jurisdictions. In this innovation project we are going to take into account the SFL of police stations, which have been installed due to the handing over by communities or population centers of premises or land to the State for the operation of a police station, a procedure that from its administrative beginnings did not have the proper documentation to regularize the legal ownership. Of this number, 59 (53.2%) have an SFL and the remaining 52 (46.8%) do not have an SFL. The Project has taken into account as national experiences the SFL of urban properties developed by the Regional Directorate of Housing and Construction of Cusco and the SFL of the educational institutions of Jicamarca Anexo 8, Lima. As international experiences, the design of a guide for the sanitation of private property in Villavicencio, in Nueva Colombia II, Bogota, and the diagnosis and legalization of the Altos de Israel Human Settlement in Barranca Bermejo, Santander, Colombia, in 2018 have been taken into account. The original problem was defined as the "lack of the SFL of the PNP Police Stations in Metropolitan Lima, being its causes the following: a) the improvised installation of PNP premises due to the need of the police service, b) the scarce coordination and initiative of the officers in charge of solving the problem, c) the inexistence of a specialized department with professional and technical personnel expert in SFL, d) scarce budget for the equipment of SFL units. As a consequence of the above, we have the following effects: a) inadequate infrastructure of police stations, b) legal impossibility for maintenance and remodeling projects of police stations, and c) affectation of the quality and quantity of police services. The non-existence of a specialized department with professional and technical personnel with expertise in SFS was selected as a priority cause, which became the prioritized challenge. The Department will be part of the PNP Infrastructure Division and will be dedicated exclusively to the administrative and operational management of the SFL of police units. It is planned that the new Department will have direct access to the Chief of the Division and will propose the best actions for the SFL, prioritizing the procedures and steps that lead to the SFL. It is also planned that it will be staffed with professional personnel and technology related to its functional tasks. For the testing of the innovation, after proposing the low resolution solution, interviews were conducted with police personnel, which together with the bibliographic summary sheets and the consultation of academic texts, configured the final solution, the creation of a Department in the DIVINFRA PNP, which is dedicated exclusively to the functions of the sanitation of police premises, with the objective of benefiting from the Investment Projects, to improve the infrastructure of the police stations, and consequently provide a better service to the community.

El presente trabajo se dirige a analizar la Casación 248-2017 LIMA que trata del control judicial de la motivación en los laudos arbitrales. Así, debido a las distintas posiciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales a nivel nacional que permiten una alta tasa de demandas de anulación de laudo arbitral sustentadas en algún defecto de motivación, es pertinente analizar el problema consistente en la identificación del estándar de control judicial de la debida motivación en el arbitraje. Para ello, se analiza la replicación y adaptación del derecho fundamental de la debida motivación en el arbitraje; y, posteriormente, se busca determinar un parámetro de control judicial de este derecho. De esta manera, se realiza un análisis dogmático para identificar la naturaleza de la debida motivación como derecho fundamental y replicarlo en el arbitraje considerando sus especiales características, por lo que se puede obtener un parámetro que puede ser utilizado para su control judicial. Es así como se puede recurrir al análisis de la justificación interna y externa de la decisión arbitral, tal que solo sería posible controlar judicialmente la justificación interna de la misma en el caso de una demanda de anulación de laudo sustentada en algún defecto de motivación. Adicionalmente, entre los hallazgos de la investigación, se concluye que la Corte Suprema, como corte de vértice, perdió una oportunidad de fijar criterios respecto a este problema que contribuyan a dotar de seguridad jurídica al sistema y evitar que se solicite un control sobre el fondo de la decisión arbitral, así como se propone una modificación al Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje que incluya a la indebida motivación como causal de anulación de laudo arbitral

En el presente informe, se analiza si la legislación establecida para combatir el fraude inmobiliario es lo suficientemente exhaustiva para ello. Para ende, se procederá a exponer las principales normas sobre la materia. En suma, mediante la Resolución N°0600-2024-SUNARP-TR (NSIR-T) se explorará la aplicación de dichas normas en sede registral, realizando un análisis de los principios registrales vinculados y la aplicación de la norma que efetúa el Tribunal Registral. Despúes de comprender que existe normativa vigente ¿es preciso preguntarnos por qué aún ocurren supuestos de fraude inmobiliario por suplantación de identidad o falsificación documentaria? Se concluye que es importante remitirse a lo ocurrido previo extraregistralmente por lo que una efectiva validación de la identidad de las personas por parte de notario es de suma importancia y tambíen poner en disposción del ciudadano herramientas que lo ayuden a tener conocimiento de que han sido de fraudados, pero no solo limitarlas a su existencia, sino a su correcta difución e implementación. / In this report, we analyze whether the legislation established to combat real estate fraud is comprehensive enough for this purpose. To that end, we will present the main rules on the subject. In summary, through Resolution No. 0600- 2024-SUNARP-TR (NSIR-T), we will explore the application of these rules in the registry context, conducting an analysis of the related registry principles and the application of the norm carried out by the Registry Tribunal. After understanding that there is existing legislation, is it necessary to ask why cases of real estate fraud due to identity theft or document forgery still occur? It is concluded that it is important to refer to what happened prior to extraregistrally, so effective validation of individuals’ identity by a notary is of utmost importance. Additionally, providing citizens with tools to be aware of being defrauded is crucial, not only limiting them to their existence but also ensuring their proper dissemination and implementation.

Conocer las actividades que desarrolla una sociedad, no solo permite atraer el capital de futuros inversionistas sino que brinda seguridad a los socios que deciden participar al interior de una sociedad. De igual manera, para la ejecución de las actividades que forman parte del objeto social, es importante conocer qué permisos son necesarios para operar en el mercado y; si buscamos realizar un efectivo control de riesgos, debemos identificar la tipología aplicable al sector en el que opera una sociedad, no solo a partir de las normas de compliance en materia de derecho penal sino también en temas de protección al consumidor y publicidad. Estos momentos, en la historia de una sociedad, son relevantes para demostrar la importancia del contenido del objeto social. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Registral y de acuerdo a la normativa aplicable, existe una tendencia desde hace más de veinte años, a fin de evitar expresiones de carácter genérico en la redacción del objeto social o parte de este, que no permitan identificar las actividades que desarrolla una sociedad y que, podría terminar afectando los intereses de los socios, en especial, de los minoritarios, quienes podrían optar por separarse. En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo demostrar cuáles son las consecuencias negativas que acarrea un objeto social que no está redactado de forma clara, ya sea al interior de la sociedad o frente a terceros, a partir de la casuística presentada en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Asimismo, se busca demostrar cómo la determinación de un objeto social permite establecer un mayor control de riesgos en la sociedad. Es por ello que, a fin de evitar expresiones que no logren identificar las actividades de una sociedad, se formulan recomendaciones y lineamientos para la uniformización de criterios en la redacción del objeto social.

El presente informe jurídico versará sobre el análisis de la Resolución N° 2377- 2021-SUNARP-TR de fecha 05 de noviembre de 2021, mediante el cual se establece que se requiere se requiere un nuevo informe de verificación emitido por el verificador responsable para levantar las cargas técnicas impuestas debido a observaciones en el informe técnico, las cuales supuestamente infringieron normativas de edificación al usar una normativa técnica no vigente durante la ejecución de la fábrica objeto de regularización. Asimismo, el tribunal determinó que las declaraciones del verificador, emitidas bajo su responsabilidad, se basan en aspectos técnicos que el Registro no debe evaluar. Determinar si existen violaciones a las normativas urbanísticas o de edificación es responsabilidad exclusiva de los verificadores, como parte de su función detallada anteriormente. Además, indicó que el Registro no debe cuestionar las normativas legales o reglamentarias utilizadas por el verificador para certificar que los predios cumplen con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes al momento de la construcción. En el presente informe se abordarán las limitaciones que sobre la calificación registral en el caso específico del informe técnico de verificación expedido por el verificador responsable en el contexto de la regularización de edificaciones conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 27157. / This legal report will focus on the analysis of Resolution No. 2377-2021- SUNARP-TR dated November 5, 2021, which establishes the requirement for a new verification report issued by the responsible verifier to lift technical burdens imposed due to observations in the technical report, allegedly violating building regulations by using a non-current technical standard during the execution of the factory subject to regularization. Furthermore, the tribunal determined that the verifier's statements, issued under their responsibility, are based on technical aspects that the Registry should not evaluate. Determining whether there are violations of urban planning or building regulations is the exclusive responsibility of verifiers, as part of their detailed function mentioned above. Additionally, it indicated that the Registry should not question the legal or regulatory standards used by the verifier to certify that properties comply with urban planning and building parameters in force at the time of construction. This report will address the limitations on registry qualification specifically concerning the verification technical report issued by the responsible verifier in the context of building regularization under the provisions of Law 27157.

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de exponer la aplicación del artículo 95 del Reglamento General de los Registros Públicos. Dicha norma cumple una función esencial en el Registro, la cual es depurar los asientos bajo los supuestos que se establecen en ella. Es crucial considerar las implicancias de los efectos de las inscripciones, ya que el artículo en mención enerva dichos efectos. No obstante, es importante destacar que esta depuración se realiza de manera justificada, dado que no siempre acceden al Registro asientos que hayan sido parte de una calificación regular. En este contexto, resulta fundamental delimitar cuándo se puede o no cancelar un asiento en atención al artículo 95 del Reglamento General de los Registros Públicos. Esta delimitación es vital para garantizar la integridad y fiabilidad del Registro, asegurando que solo permanezcan inscripciones que cumplen con los criterios legales y reglamentarios establecidos.

En el contexto actual, donde las operaciones económicas empresariales buscan ser más dinámicas y competitivas, es fundamental garantizar una posición sólida en el mercado. Esta investigación aborda la transformación de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) en situación irregular, debido a la falta de transferencia de derechos del titular fallecido a sus herederos dentro del plazo estipulado por el artículo 34 del Decreto Ley N.° 21621. El análisis se centra en la viabilidad jurídica de que los Registros Públicos admitan la inscripción de la transformación de la E.I.R.L., considerando que el estado de disolución automática no necesariamente extingue la capacidad jurídica de la entidad. Se exploran argumentos que apoyan la posibilidad de que el negocio continúe bajo una nueva estructura societaria, basados en una interpretación flexible de la normativa. La investigación concluye que la inscripción es viable, dado que los herederos inscribieron la declaratoria de herederos en el Registro de Sucesiones Intestadas y, antes del plazo de cuatro años, optaron por una de las alternativas permitidas por el artículo 31 del Decreto Ley N.° 21621. Esto asegura la continuidad de la empresa bajo una nueva forma societaria, respetando las disposiciones legales y protegiendo los derechos de los herederos. / In the current context, where business economic operations seek to be more dynamic and competitive, it is essential to ensure a solid market position. This research addresses the transformation of an Individual Limited Liability Company (EIRL) in an irregular situation, due to the failure to transfer the deceased owner’s rights to their heirs within the deadline stipulated by article 34 of Decree Law No. 21621. The analysis focuses on the legal viability of the Public Registries admitting the registration of the EIRL's transformation, considering that the state of automatic dissolution does not necessarily extinguish the entity's legal capacity. Arguments are explored that support the possibility of the business continuing under a new corporate structure, based on a flexible interpretation of the regulations. The research concludes that the registration is viable, as the heirs registered the declaration of heirs in the Intestate Succession Registry and, before the four-year deadline, opted for one of the alternatives permitted by article 31 of Decree Law No.21621. This ensures the continuity of the business under a new corporate form, respecting legal provisions and protecting the heirs’ rights.

Uno de los medios alternativos de resolución de conflictos más utilizado por particulares y empresas, cuando se encuentran involucrados bienes inmuebles, es el arbitraje ad hoc, por su dinamismo y otras ventajas frente a procesos judiciales. Es así que el arbitraje ad hoc, nace como un acuerdo entre particulares y para su ejecución requiere la intervención del Estado mediante instituciones como Registros Públicos. Sin embargo, dicho arbitraje fue utilizado y existe el riesgo que siga siendo utilizando por redes criminales para conseguir fines ilícitos; como es el caso de Red Orellana, quien actuó amparándose en la normativa vigente y de forma estructurada con la intervención de árbitros, notarios y trabajadores de Registros Públicos, afectando el derecho de terceros y la seguridad jurídica de la sociedad. Al respecto, los entes notariales y registrales vienen aplicando diversas normas que lejos de contribuir, han encarecido la resolución de conflictos mediante el arbitraje ad hoc, por lo cual, en el presente trabajo se expondrá las debilidades normativas y técnicas del arbitraje ad hoc aplicado a las transferencias de bienes inmuebles; a fin de proponer un registro obligatorio de árbitros ad hoc administrado por Registros Públicos, quien además de velar por el cumplimiento de los requisitos de los árbitros ad hoc, debe realizar un seguimiento continuo a los árbitros ad hoc registrados, además de atender y canalizar las denuncias ciudadanas ante entes jurisdicciones. Con esta propuesta se busca revalorizar el arbitraje ad hoc, evitar la impunidad, promover la participación de la ciudadanía y contribuir con la seguridad jurídica de la sociedad en el trafico inmobiliario. / Tesis